De 2020 a 2022, el mundo vivió la pandemia de COVID-19, los encierros y el lanzamiento de una vacuna presentada como la gran solución para salvar a la humanidad. Sin embargo, la vacunación presentó severos efectos adversos que durante un tiempo fueron minimizados, cuestionados o no detectados por los sistemas de vigilancia. Hoy, nuevas investigaciones están sacando a la luz información que permite volver sobre aquellas decisiones y preguntarse si realmente se hizo todo lo posible para proteger la seguridad de la población.

En abril de 2021, se investigaban los reportes de miocarditis tras la vacunación contra la COVID-19 que se acumulaban, especialmente en varones jóvenes y después de la segunda dosis de las vacunas de ARNm.

El 9 de julio de 2021, la OMS advirtió que la evidencia disponible sugería una probable asociación causal entre las vacunas de ARNm y la miocarditis y pericarditis.

Pero en Estados Unidos el sistema oficial de vigilancia no detectaba esa señal.

¿Cómo salió todo esto a la luz?

En 2026, una investigación del Senado estadounidense permitió obtener cientos de documentos internos de la FDA y otras agencias. El British Medical Journal (BMJ), a partir de esos documentos, reconstruyó y publicó esta historia el 16 de septiembre de 2026.

¿Cómo funcionaba el monitoreo del VAERS?

El algoritmo GPS, desarrollado por el estadístico William DuMouchel para la detección de señales de seguridad en los sistemas de registro como VAERS, había sido publicado a fines de los años noventa y posteriormente evolucionó hacia el MGPS. En 2012, DuMouchel y otros investigadores publicaron una nueva versión denominada RGPS.

Por tanto, cuando comenzó la vacunación contra la COVID-19, no se estaba ante una metodología experimental creada para las vacunas COVID. Existía una larga historia de desarrollo de métodos aplicados a la farmacovigilancia.

Durante febrero y marzo de 2021, Ana Szarfman, médica de la FDA especializada en farmacovigilancia que había trabajado con DuMouchel, advirtió dentro de la FDA que el MGPS utilizado por la agencia no representaba el estado del arte y que el método actualizado de DuMouchel, RGPS, era más adecuado.

El 25 de abril de 2021, Szarfman reiteró que RGPS identificaba mejor que MGPS determinadas señales de eventos cardíacos asociados con las vacunas de Pfizer y Moderna.

En mayo de 2021, se le indicó a Szarfman que dejara de producir y distribuir los análisis realizados con RGPS. La FDA mantuvo su vigilancia del VAERS mediante MGPS.

Pero había otro dato.

Desde antes de la pandemia, la FDA y el CDC habían previsto utilizar dos métodos diferentes para la detección de señales en el VAERS: el CDC usaba PRR y la FDA usaba el MGPS. La idea era que ambos métodos se complementaran y que las dos agencias compartieran y discutieran sus resultados sobre la vigilancia.

Sin embargo, durante 2021 la FDA y el CDC decidieron apoyarse sólo en el método de la FDA, por considerarlo “más robusto”. Un eufemismo para “opacidad”, como se verá.

El CDC, en junio de 2021 había encontrado cientos de casos de miocarditis, pericarditis o miopericarditis. Sin embargo, el análisis de la FDA seguía sin reportarlos.

El CDC conocía, por tanto, la discrepancia entre su método y el de la FDA. Entonces en 2022, el CDC comenzó a aplicar el PRR que había estado previsto desde el comienzo. Y aparecieron cientos de señales que alcanzaban los criterios establecidos por la propia agencia, entre ellas miocarditis, pericarditis, parálisis de Bell y tinnitus.

El mismo sistema VAERS. Los mismos reportes de casos. Otro método de análisis.

Y desde entonces ya no se pudo ocultar la verdad.

El algoritmo no “falló” en el vacío.

La FDA había sido advertida de que su método podía estar ocultando señales. Recibió análisis que demostraban el problema y una metodología para corregirlo. Y, aun así, mantuvo el método “fallado” y ordenó detener los análisis que advertían sobre sus limitaciones, mientras seguían llegando reportes sobre los eventos que no “detectaba”.

Pero el CDC tampoco puede lavarse las manos. Conocía el problema. Conocía los casos. Conocía la ausencia de señales en el sistema de la FDA. Y, pese a que estaba previsto que realizara su propio análisis mediante PRR, no lo hizo hasta 2022. Durante ese período, ambas agencias siguieron apoyándose sólo en el método de la FDA.

El CDC fue cómplice del sistema que permitió que la ausencia de señal se mantuviera. Encubrió a la FDA que se negaba a rectificar su método.

La investigación del BMJ muestra que la FDA y el CDC a sabiendas ocultaron la información sobre los efectos adversos de la vacunación anticovid mientras desde todas las estructuras de poder y mediática se seguía desacreditando las opiniones que se levantaban en contra. Y acusando ciudadanos de conspiranoicos, antivacunas y espoletas; de viralizar fakenews para desinformar; etc.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilita el bloqueo puberal a partir de los 9 años en las niñas y de los 10 años en varones. Eso consta en la nueva versión de la guía para profesionales de la salud sobre «Salud y Diversidad Sexual», edición 2025, publicada el 3 de setiembre en el sitio del MSP.

Alerta a las familias

La novedad en la nueva guía es el capítulo 8, «Infancias, adolescencias y diversidad sexual«. Es preocupante la abolición de la patria potestad que declara en página 251: «Desmantelar la idea de familia tradicional es clave para posicionarnos desde una atención centrada en la persona«. A partir de eso, la guía no considera el consentimiento de los padres sino la autonomía de la «persona» para consentir, esto es, de un menor de edad en etapa escolar.

«Desmantelar la idea de familia tradicional» ¿no es acaso un discurso de odio contra parte de la sociedad?

Al promover la hormonización de los menores para intervenir sobre su desarrollo biológico, la autopercepción de género diferente al sexo de nacimiento es considerada un problema de salud pública por el MSP. Una cuestión de identidad y experiencia personal es trasladada al terreno médico y se crea la necesidad de intervenir sobre el cuerpo desde el inicio del desarrollo mediante hormonas y controles. Así en lugar de tratar la disforia de género, se medicaliza la pubertad. En la página 268 dice:

«Para el uso del tratamiento se debe constatar clínicamente el inicio de la pubertad (Tanner 2), definido por el crecimiento incipiente mamario (botón mamario), en las personas asignadas niñas en el nacimiento, y el aumento del tamaño de los testículos (volumen testicular mayor o igual a 4 ml con el orquidómetro de Prader), en quienes fueron asignados niños.»

Es llamativo que la medicina, aún usando una escala biológica para distinguir los sexos, adhiera al lenguaje artificial que caracteriza ese discurso deformante de la naturaleza humana («asignado» al nacer) para forzar un tratamiento que simule lo que no es.

Una de las autoras de ese capítulo es la prosecretaria del Comité de Sexualidad y Diversidad Sexual de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), que como ya informamos en publicaciones anteriores, recibe financiamiento de la industria farmacéutica.

Cuando se analizaba el proyecto de la ley trans, un grupo de médicas endocrinólogas alertó que varios estudios internacionales concluyen que la gran mayoría de los niños trans se amigan con su sexo biológico una vez superada la pubertad. La acción natural de las hormonas sexuales correspondientes al sexo biológico durante la adolescencia hacen que la auto-percepción de pertenecer al género opuesto desaparezca. El tratamiento médico bloquea el desarrollo sexual, impide que las hormonas actúen y, por lo tanto, se inhibe la realineación espontánea que se da en la mayoría de los casos.

Medicalización y iatrogenia

Medicalizar significa convertir un asunto, situación o conducta en un problema definido y tratado como médico, sometiéndolo a diagnósticos, controles o intervenciones propias de la medicina.

La medicalización ocurre cuando la medicina extiende su ámbito de intervención a aspectos de la vida que antes se consideraban normales, sociales, personales o propios de otras esferas.

De esta forma, situaciones normales como el desarrollo puberal son convertidas en patologías que requieren diagnóstico, control e intervención médica.

Una persona sana no es un paciente. No necesita ser diagnosticada, tratada ni sometida a intervenciones médicas por el solo hecho de estar sana. La medicalización rompe esa frontera: convierte al sano en paciente y al paciente en cliente dependiente del sistema de salud.

Las intervenciones médicas no son inocuas. Todas tienen efectos secundarios no esperados. A veces se informan para que el paciente junto con el médico tratante decidan en función del costo-beneficio. Pero no siempre se declaran. Muchas veces se ocultan.

La iatrogenia es el daño causado por la propia intervención médica. Es habitual en adultos que siendo sanos se someten a chequeos médicos para supuestamente detectar precozmente ciertas patologías. Una cosa es la iatrogenia en adultos pero si es a sabiendas en menores de edad, es perverso y antiético. Y esta es la novedad en la guía del MSP que habilita esa práctica para niñas desde 9 años y niños desde los 10.

Convertir menores sanos en pacientes hormonizados constituye una vil explotación del cuerpo infantil por parte del cuerpo médico que trata la infancia: los pediatras.

Y aquí aparece una de las grandes zonas de incertidumbre de este modelo: ¿qué ocurre con quienes más tarde se arrepienten? Hay quienes interrumpen los tratamientos y detransicionan. Pero las consecuencias a largo plazo de esas decisiones todavía no están adecuadamente estudiadas. La evidencia disponible es limitada y, en muchos casos, carece de períodos de seguimiento suficientemente prolongados. Hasta puede afectar la salud mental porque cuando una persona descubre que una decisión produjo consecuencias que ya no puede revertir, la carga psicológica es enorme.

Medicalización y fidelización

Cuando la salud se convierte en mercado, el paciente deja de ser solamente una persona que necesita atención: se convierte en cliente. El incentivo económico es evidente: cuanto mayor sea el universo de personas consideradas pacientes, mayor será el universo de clientes de consultas, controles, medicamentos, tratamientos y procedimientos. Y la cronificación de una patología fideliza al paciente como cliente.

Tratar sanos como enfermos no corresponde a un problema sanitario. Es un mecanismo deliberado para obtener beneficios que evidencia la corrupción de la medicina: secuestrar la salud de personas sanas, convertirlas en pacientes crónicos desde la infancia y, al medicalizarlas, provocar la iatrogenia que crea las condiciones para que se conviertan en consumidores permanentes de tratamientos y más intervenciones médicas que jamás necesitarían.

¿Qué posición hay en el mundo desarrollado sobre este tratamiento?

Desde 2024 en Inglaterra está prohibida la venta y el suministro de estas hormonas a menores de 18 años. La fuente es oficial. Pero ¿qué ocurre si a los padres se les advierte eso y se les informa de que la evidencia sobre las consecuencias a largo plazo, el arrepentimiento y la detransición es todavía limitada? ¿Qué ocurre si se les dice claramente que ni siquiera conocemos adecuadamente qué sucede con quienes posteriormente se arrepienten de haber iniciado estos tratamientos? ¿Que la capacidad reproductiva se puede ver afectada? Tal vez no aceptarían esa intervención. Y cuestionarían la falacia de atribuir a un menor de 9-10 años una autonomía suficiente para decidir sobre intervenciones médicas de consecuencias imprevisibles. La información adecuada podría llevarlos a rechazar la medicalización de un proceso que ellos mismos transitaron en forma natural. Sin médicos. Sin fármacos.

Y en plena campaña de vacunación masiva de niños y adolescentes contra el meningocuco, surge una cuestión adicional: si se les reconoce la autonomía progresiva para decidir sobre su autopercepción de género, ¿se les permite decidir sobre la vacunación?

¿Por qué, con agendas médicas ya saturadas, se crean pacientes para intervenir innecesariamente? Y aún peor: la medicación que se destina a los menores de 9 y 10 años para el bloqueo puberal se financia con los mismos recursos que los medicamentos de alto precio retaceados a pacientes que los necesitan y mueren sin acceder a ellos. Así como los recursos que se destinan a las cirugías de cambio de sexo son los mismos que para la cirugía reconstructiva de tantos casos dramáticos.

Este gobierno dice tener como bandera la lucha contra la pobreza infantil. Pero ¿qué tiene que ver la hormonización de menores con sacar a un niño de la pobreza? ¿Es esta una prioridad para la infancia uruguaya vulnerada? Desmantelar una idea de familia, ¿no es una forma vulnerar la infancia?

La inversión de las prioridades en el sistema de salud es escandalosa: mientras se destinan recursos públicos para medicalizar menores saludables de familias desmanteladas por los médicos, hay pacientes muriendo que esperan una decisión judicial para acceder a tratamientos que necesitan para vivir.

El British Medical Journal (BMJ), en una muy reciente investigación publicada el 26 de agosto, analiza el caso del cardiólogo británico Kim Fox, quien recibió más de £50 millones entre 2006 y 2015 de compañías farmacéuticas, entre ellas Servier, fabricante de la ivabradina, un medicamento utilizado para tratar la angina. Fox también recibió pagos por asesoramiento relacionado con la ivabradina y participó en ensayos clínicos sobre el medicamento.

El problema adquiere otra dimensión porque Fox fue posteriormente presidente de la European Society of Cardiology (ESC) y participó en la elaboración de las guías clínicas de la organización que recomendaban la ivabradina, mientras mantenía vínculos económicos con la industria que comercializaba el medicamento.

Fox sostiene que no hizo nada ilegal y que declaró sus intereses económicos conforme a las reglas de la ESC. Sin embargo, la propia ESC terminó considerando que su conducta constituía una falta grave por incumplimiento de sus normas sobre conflictos de interés.

Fox significa zorro en inglés.

Y hay otro elemento que no debería pasar inadvertido: el BMJ señala que Fox habría sido cardiólogo de la reina Isabel II. Un antecedente que, sin demostrar por sí mismo ninguna conducta indebida, contribuye a explicar el enorme prestigio y autoridad que acumuló dentro de la medicina británica.

Declarar el conflicto no es suficiente

Este es el punto central que plantea el BMJ: declarar un conflicto de interés no hace desaparecer el conflicto.

Una persona que mantiene intereses financieros con una industria no debería integrar un comité encargado de elaborar guías clínicas que puedan favorecer los productos de esa misma industria.

El problema no es solamente si el médico puede actuar objetivamente. Es también si debe estar en una posición en la que sus intereses económicos puedan entrar en conflicto con las decisiones que está llamado a tomar.

El BMJ señala que existe evidencia de que los conflictos financieros están asociados con recomendaciones más favorables hacia medicamentos y dispositivos en guías clínicas, informes de comités asesores, artículos de opinión y revisiones narrativas.

Por eso reclama políticas mucho más estrictas: quienes tengan intereses financieros relevantes deberían quedar fuera de los comités encargados de elaborar guías clínicas, independientemente de su prestigio, experiencia o de que declaren sus vínculos.

Pero ¿qué ocurre con el propio BMJ?

El BMJ recibe ingresos publicitarios de la industria farmacéutica. La revista sostiene que mantiene una separación estricta entre sus áreas comerciales y editoriales y que sus decisiones editoriales no están influidas por esos ingresos.

Pero la contradicción merece ser planteada.

Si declarar un conflicto de interés no alcanza para garantizar la independencia de un médico que participa en una guía clínica, ¿por qué debería ser suficiente la declaración de independencia de una publicación que recibe dinero de la misma industria?

¿Y qué sabemos de la ivabradina?

El caso Fox obliga a formular una pregunta elemental todavía más incómoda: ¿qué ocurre con los pacientes que reciben ese medicamento basándose en una guía elaborada bajo las condiciones expuestas?

Porque el problema no termina cuando se descubre el conflicto de interés.

El problema empieza ahí.

La revista independiente Prescrire ha cuestionado severamente el balance beneficio-riesgo de la ivabradina y advierte sobre sus efectos cardiovasculares adversos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, también revisó el medicamento y advirtió sobre riesgos cardiovasculares, señalando además que, en la angina, la ivabradina no había demostrado reducir el riesgo de infarto ni de muerte cardiovascular. Esto es: la ivabradina produce lo mismo que dice tratar…

Es decir, el debate no se limita a quién recibió dinero y cuánto recibió. También importa cuántos pacientes son tratados hoy a partir de recomendaciones viciadas por ese conflicto de interés.

Uruguay tampoco está al margen

La ivabradina está disponible en Uruguay, por lo menos, bajo los nombres comerciales Procoralan y Anginodil. Este mismo año ASSE realizó una compra directa de Procoralan para distribuir a sus pacientes tratados con ella. Ni siquiera por licitación. Por eso, el caso Kim Fox no es un episodio lejano.

Surge otra pregunta incómoda: ¿qué mecanismos existen en Uruguay para garantizar que las decisiones sobre medicamentos estén realmente protegidas de los conflictos de interés de quienes elaboran las recomendaciones que orientan su utilización?

Respuesta: ninguno. De hecho, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que recibe financiamiento de fabricantes de vacunas, integra con voz y voto la comisión de vacunas del MSP y desde allí promueve más dosis para su público objetivo: la infancia. Las vacunas también se adquieren por compra directa: a GSK, el patrocinador histórico de la SUP.

Si quienes tienen intereses económicos en la industria integran organismos que elaboran recomendaciones, el conflicto de interés deja de ser un problema privado del médico y se convierte en un problema de salud pública.

Cuando autoridades o medios de información “garganteen” con supuestos estudios científicos arbitrados por pares y publicados en revistas especializadas para justificar recomendaciones sanitarias, recordá al zorro encubierto del BMJ.

Si conocés a alguien en tratamiento con ivabradina, compartile este informe. Tal vez le salves la vida, hoy, en manos de un zorro...

En lo que va de 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha generado dos alertas sanitarias y patrocinado dos campañas de vacunación masiva: una en verano, contra el sarampión; otra en invierno, contra la enfermedad meningocócica.

Ambas vacunas integran el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) y, por lo tanto, son gratuitas para toda la población, tenga o no prestador de salud, sea este público o privado.

Además la población objetivo de las vacunas en su mayoría son los menores de edad y por eso son los más vacunados. Tanto los destinatarios de los planes contra la pobreza infantil como todos los demás. Es decir: alcanza a todos los menores de edad y sus familias.

Pero también alcanza a ese ciudadano adulto que mañana puede ser contactado por un encuestador y consultado sobre si aprueba o desaprueba al gobierno, lo haya votado o no.

Y también alcanza a los potenciales votantes de todos los partidos que lleguen a las urnas en 2029.

La campaña masiva de vacunación en 2021 contra covid-19 con 10 millones de dosis aplicadas supera a todas las campañas juntas que el gobierno actual se empeñe en encarar en estos cinco años de gobierno.

Pero parecería que alguien estuviera manejando los hilos para emular aquella operación sin precedentes. Es que la vacunación masiva tiene amplio rédito político: constituye un botín político demasiado tentador.

Las campañas de vacunación masiva admiten varias lecturas. Hay una, sin embargo, que rara vez aparece en el debate: la vacunación como una forma de asistencialismo, el sanitario.

El Estado compra las vacunas con recursos públicos, organiza su distribución, financia su aplicación y las ofrece gratuitamente a la población.

Gratis para quien la recibe. La cuenta, en cambio, la paga el Estado. Y el Estado somos todos.

Pero el asistencialismo no tiene solamente un costo económico. También genera rédito político.

Una prestación gratuita, visible y de alcance masivo permite al gobierno presentarse como proveedor de soluciones, particularmente cuando la población ha sido previamente colocada bajo la amenaza de una determinada enfermedad mortal.

Alarma. Necesidad. Campaña. Prestación gratuita.

Una secuencia casi perfecta: las autoridades con la complicidad de los medios instalan el peligro, construyen la necesidad y mágicamente el gobierno aparece oportunamente con la solución.

El círculo se cierra.

El gobierno aparece como quien detecta el peligro, quien dispone la respuesta y quien garantiza gratuitamente la protección.

Y esa puesta en escena puede convertirse en aprobación, respaldo y capital político. No solamente frente a la ciudadanía, como herramienta para marcar diferencias con la oposición, sino también dentro de la propia interna del partido de gobierno, donde mostrar capacidad de gestión, movilizar recursos y ocupar la agenda pública también tiene su precio —y su premio— político.

Por eso, cuando se anuncian cientos de miles de dosis, la pregunta no debería limitarse a cuántas personas necesitan vacunarse. También habría que preguntar:

¿Cuánto cuesta cada campaña y cuánto rédito político producen?

Porque cuando la política sanitaria se convierte en espectáculo de gestión, la vacuna puede terminar funcionando no solamente como herramienta sanitaria, sino también como herramienta de legitimación política. Aunque parece que no aprendieron de la pandemia: a pesar del gran despliegue vacunal en 2021, el resultado de 2024 fue el contrario al esperado; al año siguiente hubo cambio de partido en el gobierno.

Las vacunas no compran votos. El asistencialismo vacunal es un balazo en el pie.

En noviembre de 2025 se notificaron casos de sarampión en habitantes de Río Negro que habían regresado del exterior. Es decir: casos importados de sarampión. La noticia se amplificó y mediatizó como si el virus estuviera radicado en Uruguay. No hubo ni un fallecimiento entre esos casos de sarampión.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), con avieso oportunismo, se apresuró a convocar una jornada nacional de vacunación contra el sarampión para capitalizar su popularidad entre la población, para el sábado 6 de diciembre de 2025. A partir de entonces, se desplegó en todo el país una intensa campaña que se extendió durante el verano de 2026.

Hay que tener presente que no existe la vacuna monovalente contra el sarampión: la protección contra esta enfermedad integra la triple viral (SRP, sarampión, rubéola y paperas) en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) desde 1982 para la población de 12 meses de edad.

La campaña no se limitó a los menores que tenían dosis pendientes según el CEV: también alcanzó a los nacidos a partir de 1967, es decir, a varias generaciones de adultos.

¿Por qué? Porque en 1992, se agregó una segunda dosis a los 5 años. De ese modo, personas que habían recibido una sola dosis décadas atrás fueron convocadas a recibir una segunda. Como si hubiera que saldar, retroactivamente, una deuda sanitaria.

Pero surge una pregunta elemental: ¿acaso la inexistencia de sarampión en Uruguay no constituye la mejor evidencia de que una sola dosis confiere protección suficiente, incluso para quienes, vacunados, fueron expuestos al virus fuera del país y regresaron sanos al país?

La presión llegó incluso al ámbito laboral: hasta el carné de salud fue utilizado como instrumento para exigir la acreditación del esquema de vacunación completo de dos dosis contra sarampión.

Una alerta. Una campaña. Una población que debía completar casilleros. Sin embargo…

Hay un dato que el MSP no advierte y que no debería perderse de vista. El último brote importante de sarampión en Uruguay ocurrió en 1998, 31 años después de 1967. Por lo tanto, varias generaciones de adultos pueden haber adquirido inmunidad natural de por vida y no deben vacunarse. Teniendo en cuenta que la historia clínica digital se inició en 2012 y que no hay registros de sarampión en ella, no es necesario probar haber padecido sarampión para rechazar la re vacunación con la triple viral, que además suma las vacunas contra paperas y rubéola a la del sarampión.

Sin embargo, ¿cuántas personas fueron revacunadas sin conocer siquiera si ya habían adquirido inmunidad natural y de por vida contra el sarampión? ¿Y cuántas, habiendo padecido alguna de las tres enfermedades, fueron vacunadas innecesariamente y expuestas a los posibles efectos adversos de la vacunación, como una reacción hiperinmune?

Meningitis: nueva alerta para generar otra temporada de vacunación

Terminado el verano, la alerta por el sarampión se esfumó hasta de los medios agitadores. En mayo se informó del fallecimiento de un bebé por meningitis y se desató una fuerte alarma pública alrededor de esta enfermedad, conforme entraba el invierno y las patologías habituales de esa temporada, entre ellas, la enfermedad meningocócica. Poco después se amplió la población destinataria de la vacunación antimeningocócica incorporada al CEV.

Se abrió la agenda en julio. Comenzó la vacunación masiva para la población entre 9 y 15 años de edad con una vacuna experimental desarrollada para África y sólo en uso en Nigeria desde 2023. Nuevamente se convocó a otra jornada nacional de vacunación, esta vez contra el meningocUco.

Y, mientras avanzaba la campaña antimeningocócica ampliada en pleno invierno, las noticias dramáticas que habían instalado la alarma comenzaron a desaparecer de los medios.

¿Desapareció el riesgo o desapareció la alarma?

Hay además un dato que no debería perderse de vista: la meningitis no presenta una incidencia uniforme durante todo el año. Algunas formas de la enfermedad tienen mayor circulación durante los meses de invierno.

¿Cuántos vacunados contra meningitis sufrieron efectos adversos graves y hasta la muerte como consecuencia de la vacunación antimeningocócica en Uruguay? No son reportados por el MSP pero sabemos que los hay. Porque una campaña de vacunación masiva no termina cuando se aplica la vacuna. También debería comenzar allí la farmacovigilancia. Y más aún si se trata de una vacuna experimental como es la MenFIVE que se está aplicando a los menores entre 6 y 15 años.

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Desde 1982, son solo ocho las vacunas establecidas por ley para la población. Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha actualizado el CEV para incorporar nuevas vacunas obligatorias mediante decretos. Ese mecanismo es una violación flagrante del artículo 10 de la Constitución.

Hasta ahora, nadie había resistido ese proceder inconstitucional de la autoridad sanitaria.

El último fue el Decreto 266/025, mediante el cual se incorporaron las vacunas antimeningocócicas, la hexavalente y la nueva contra el VPH.

Esta vez decidimos actuar y recurrirlo, como una forma de poner un límite a este mecanismo abusivo y defender los derechos de la ciudadanía.

Con apenas los 10 días hábiles para eso, logramos reunir a cuatro familias que pusieron su firma, patrocinadas por un equipo de abogados cuya asistencia estamos sosteniendo desde LSuy. Ver factura.

Vencido el plazo sin que el MSP se expidiera, el 28 de agosto se presentó la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra el MSP. Se puede hacer su seguimiento consultando la ficha 587 del año 2026 en este link.

Para iniciar esta acción fueron abonados $36.600 en concepto de adelanto de honorarios y gastos. Ver factura.

Ahora necesitamos recuperar ambos importes y reunir los recursos para afrontar los costos hasta el fin del proceso.

El gasto ya está hecho y las facturas abonadas.

Si querés contribuir a sostener esta acción, las vías disponibles son las cuentas oficiales de LSuy en:

Cada aporte ayuda a sostener esta acción histórica cuyo resultado trascenderá a las familias que la iniciaron para beneficio de toda la ciudadanía.

Si valorás el trabajo que hacemos, este es el momento de colaborar.

Gracias a quienes vienen sosteniendo este camino y haciendo posible que podamos llegar hasta acá.

Y gracias también a quienes hoy decidan sumarse.

En marzo de 2020, Alemania estaba gobernada por Angela Merkel, en su cuarto y último mandato como canciller hasta diciembre de 2021. El país atravesaba, además, un período de desgaste de los grandes partidos tradicionales y de creciente fragmentación política.

En plena pandemia de COVID-19, cuando en muchos países se aplicaron medidas drásticas para supuestamente contener la expansión del virus, en Alemania surgió una voz que prometía llevar a los responsables ante un «Segundo Nüremberg«. Esa voz era la del abogado Reiner Fuellmich.

El Comité Corona fue una iniciativa privada alemana creada en Berlin en 2020, durante la pandemia de COVID-19, con el propósito declarado de investigar y documentar las medidas adoptadas frente a la pandemia.

Fuellmich convirtió rápidamente al Comité Corona en una plataforma internacional de crítica a las políticas oficiales frente a la pandemia. En sus intervenciones hablaba de un «Nürenberg 2.0», expresión que posteriormente se convirtió en una de las consignas asociadas a su actividad.

En 2021 Fuellmich dio el salto a la política. Se incorporó a dieBasis, el partido surgido en 2020 en torno al movimiento de protesta contra las medidas adoptadas durante la pandemia. Para las elecciones federales de setiembre de 2021, Fuellmich fue candidato de la formación y, pocos días antes de los comicios, fue elegido mediante el procedimiento interno de la organización como candidato a canciller para suceder a Merkel.

La aventura política de Fuellmich no tuvo continuidad electoral: dieBasis obtuvo el 1,4 % de los votos de lista en las elecciones federales de 2021.

Pero el capítulo más controvertido de la historia de Fuellmich no llegó desde la política ni desde sus investigaciones sobre la pandemia. Llegó desde el dinero.

Surgieron conflictos internos relacionados con el manejo de los fondos del Comité Corona. Esos conflictos terminaron en un proceso penal contra Fuellmich.

¿Qué era exactamente esa organización, quién la financiaba y por qué Fuellmich fue condenado?

Hay que separar tres cosas que con frecuencia aparecen mezcladas: el Comité Corona como iniciativa de investigación, la estructura jurídica que lo sostenía y el conflicto por el dinero.

1. ¿Qué era exactamente el Comité Corona?

Fue creado en julio de 2020 por cuatro abogados: Reiner Fuellmich, Viviane Fischer, Justus Hoffmann y Antonia Fischer.

No era una comisión oficial del Parlamento alemán ni un organismo estatal. Era una iniciativa privada que organizaba sesiones públicas con expertos y testigos, las transmitía por internet y publicaba sus contenidos.

Su objetivo declarado era investigar distintos aspectos de la pandemia: el origen y las características del virus, las pruebas PCR, las medidas sanitarias, los confinamientos, las vacunas, los daños económicos y las posibles responsabilidades jurídicas.

Desde sus primeras sesiones, el comité adoptó una posición fuertemente crítica respecto de las políticas oficiales de COVID-19. La expresión «Nüremberg 2.0» terminó asociándose a la expectativa de llevar a juicio a quienes, según esa corriente, habían cometido delitos durante la pandemia.

2. ¿Quién lo financiaba?

Fundamentalmente, donantes particulares. El capital inicial había sido apenas de 500 euros. La organización tenía gastos de funcionamiento, producción audiovisual, traducciones, proveedores y otros servicios, por lo que solicitaba públicamente donaciones para financiar sus actividades.

La iniciativa nunca llegó a inscribirse como la fundación que pretendían crear. La propia escritura establecía que los ingresos generados por las donaciones debían utilizarse para los fines de la sociedad y posteriormente transferirse a la fundación proyectada.

Por tanto, no se trataba simplemente de cuatro abogados realizando entrevistas sin estructura económica detrás. Existía una organización con cuentas, gastos y fondos provenientes de donaciones.

3. ¿Qué ocurrió con el dinero?

El tribunal regional de Göttingen determinó que Fuellmich había utilizado para fines propios 700.000 € provenientes de fondos destinados al Comité Corona. Los hechos juzgados correspondían a 2020 y 2021. Fuellmich fue detenido y encarcelado el 13 de octubre de 2023, tras ser devuelto desde México a Alemania.

Según la acusación y las pruebas examinadas durante el proceso, el dinero había llegado a su patrimonio mediante dos operaciones principales: aproximadamente 500.000 € a una cuenta de Fuellmich y unos 200.000 € a una cuenta de su esposa.

Fuellmich negó haber cometido administración desleal. Reconoció que el dinero se había puesto a salvo de posibles acciones del Estado y que él tenía derecho a disponer de esos fondos. También sostuvo que se trataba de una reserva de liquidez y que tenía intención de devolverla.

El tribunal no aceptó esa explicación y el 24 de abril de 2025 lo condenó por administración desleal en dos casos a una pena conjunta de 3 años y 9 meses de prisión. El tribunal consideró probado que los fondos habían sido utilizados en perjuicio del Comité Corona.

Y hay una actualización importante: la condena ya no está pendiente de revisión. El 25 de agosto de 2026, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania examinó el recurso presentado por Fuellmich y confirmó la decisión del tribunal de Göttingen. La condena quedó así firme.

El verdadero foco de la condena

Hay una distinción importante: la condena penal se refiere al manejo de los fondos. No significa que el tribunal haya declarado fraudulentas todas las actividades, entrevistas o investigaciones realizadas por el Comité Corona.

La historia que había comenzado en 2020 con la promesa de investigar la pandemia y llevar a sus responsables ante un «Segundo Nüremberg» terminó, en cambio, con su principal impulsor condenado por el manejo fraudulento de los fondos del propio movimiento que había contribuido a construir y perjudicando a quienes habían confiado en él.

¿Qué pasó con el Comité Corona?

El Comité Corona no desapareció completamente: se reconvirtió en el ICIC (International Crimes Investigative Committee). El sitio del ICIC informa que Fuellmich y su equipo están desarrollando el trabajo iniciado en el Comité Corona, ahora bajo el formato de “investigaciones internacionales”, mientras alrededor de su principal figura se construye otra narrativa: la del líder perseguido, convertido en símbolo y mártir de la propia disidencia.

Fuellmich no fue condenado por investigar la pandemia. Lo fue por malversar fondos en su beneficio y así estafar a sus socios, patrocinadores y seguidores.

Fuellmich nunca devolvió el dinero. Aún está en prisión.

Y lo más triste de todo es que nunca hubo Segundo Nüremberg. Sólo unos pocos juicios exitosos promovidos por personas afectadas por la vacunación contra la COVID-19 en algunos países.

Porque ningún profeta va a salvarnos. Cuando la disidencia se convierte en culto a un líder, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en espectadores y operadores. Y mientras esperamos que otro actúe, quienes deciden avanzan atropellando.

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En 2008 se publicó un inventario de los mamógrafos operativos en Uruguay. Su autora, la Dra.Rosario Berterretche, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), había constatado la existencia de 62 mamógrafos en todo el país y relevado su estado.

La mayoría habían sido adquiridos de segunda mano y muchos funcionaban sin garantía del fabricante y/o sin mantenimiento. Mientras en Montevideo la mayoría de los mamógrafos habían sido comprados nuevos, en el interior, la mayoría eran usados. El más viejo del país estaba instalado en el departamento de San José y tenía 35 años de funcionamiento.

Según Berterretche, la European Coordination Committee of the Radiological and Electromedical Industries, diseñó reglas para evaluar la edad de los equipos médicos:

De acuerdo a esas reglas, los 62 mamógrafos de 2008 se clasificaban asì:

Dieciséis años después

En octubre de 2024, con motivo del mes de concientización sobre el cáncer de mama, quisimos saber qué había pasado con los 62 mamógrafos del inventario de 2008. Solicitamos información al MSP y publicamos un informe sobre la cantidad y la antigüedad de los mamógrafos existentes en Uruguay, 16 años después. La respuesta fue que al 2024 había 84 mamógrafos en todo el país. De 7 de ellos no se disponía de datos, el más nuevo tenía 1 año de antigüedad y el más viejo 34 años.

HOY

En 2026 decidimos solicitar nuevamente al MSP la misma información, con la expectativa lógica de obtener una actualización. Y aquí aparece lo insólito. El MSP nos contestó con la misma información de 2024. Sí: dos años después, la misma información y así tal cual lo expresa. Los mismos 84 mamógrafos, pero ahora, naturalmente, dos años más viejos. Entonces el más nuevo tiene 3 años y el más viejo 36, con los mismos 7 mamógrafos sin datos.

La siguiente tabla resume ambas situaciones y las compara con las reglas de la comisión europea que Uruguay ni siquiera alcanzaba en 2024:

¿Dos años de evolución y la misma base de datos aún con 7 equipos sin datos? ¿Qué fiscalización realiza el MSP sobre los mamógrafos?

Pero hay algo todavía más llamativo.

Durante estos dos años hubo cinco nuevos mamógrafos puestos en servicio: dos en instituciones privadas y tres en instituciones oficiales. Veamos:

Año	Fecha	Institución	Localidad	Fuente
2024	01/07/2024	Círculo Católico	Playa Pascual	Círculo Católico
2024	20/08/2024	COMERO	Rocha	Canal 9
2025	31/10/2025	Hospital Policial	Montevideo	Ministerio del Interior
2026	05/02/2026	Hospital Central de las FF.AA.	Montevideo	Sanidad de las FF.AA.
2026	10/08/2026	ASSE – Hospital de Treinta y Tres	Treinta y Tres	Presidencia / ASSE

El mamógrafo adquirido este año por el HFFAA sustituyó el anterior que, ya con 12 años de antigüedad, en lugar de ser descartado fue reparado y trasladado al Centro de Especialidades C.A.P. Nº 13, Durazno. Hay noticia con bombos y platillos.

Cinco equipos nuevos. Otro reciclado. Seis anuncios públicos. Y, sin embargo, el MSP sigue informando los mismos 84 mamógrafos de 2024 y exactamente en la misma situación.

Y no estamos hablando de cualquier equipamiento

Los mamógrafos aplican radiación ionizante para obtener la imagen de la mama, sea con tecnología analógica o digital. Una mamografía consiste en 4 imágenes: 2 en cada mama. La dosis de radiación aplicada a una mama equivale a la aplicada en una radiografía de tórax. Por lo tanto una mamografía concentra en las mamas la dosis de radiación de 4 radiografías de tórax.

La radiación produce cáncer. El recuerdo de Chernobil, a 40 años del desastre que en tiempos de paz convirtió una ciudad al estilo de Hiroshima y Nagasaki, no es caprichosa.

La mamografía es el test de screening del cáncer de mama. El screening del cáncer de cuello de útero se hace con el PAP. El screening del cáncer de próstata con el PSA. El screening del cáncer colorrectal con el fecatest. El de mama es el único que se hace con lo mismo que produce cáncer: la radiación ionizante. La mamografía se exige en el carné de salud cada dos años a las mujeres a partir de los 50. Pero los ginecólogos la indican anualmente a partir de los 40. ¿Cuánta radiación recibe una mujer fiel al mandato médico?

Pero lo más relevante de todo es ¿cuántos mamógrafos producen imágenes con la calidad necesaria para detectar correctamente un cáncer de mama?

Porque aquí no estamos hablando de una planilla burocrática que puede quedar dos años sin actualizar. Estamos hablando de mamografías. De imágenes a partir de las cuales se toman decisiones médicas. De falsos negativos, falsos positivos, diagnósticos, biopsias, tratamientos agresivos, pelucas y hasta prótesis para reparar amputaciones.

Y, en definitiva, de la vida, el cuerpo y la salud de miles de uruguayas.

El miércoles 16 de setiembre de 2026, a pocos días de las vacaciones de primavera, el Ministerio de Salud Pública (MSP) llegó con la vacunación antimeningocócica a la enseñanza media, esto es, liceos, centros de UTU y CECAP, como parte de la estrategia del MSP para distribuir las dosis.

Y llega con un plan de despliegue completo: material que los docentes deben utilizar para el adoctrinamiento de los estudiantes y hasta el formulario de autorización que debe ser devuelto firmado por sus padres para que puedan recibir la vacuna.

La vacunación en los centros educativos se suma a los otros dos canales disponibles: la agenda electrónica y las jornadas especiales de vacunación. Además de administrar la vacuna contra el meningococo, los equipos revisarán el esquema de vacunación de cada estudiante para aplicar dosis «atrasadas», sin información de cuáles vacunas se pueden aplicar junto con la antimeningocócica.

Hay algo que llama poderosamente la atención. Para la hormonización de menores, desde los 9 años en niñas y desde los 10 en varones, basta la manifestación del menor, como ya informáramos. Pero para vacunar adolescentes, se exige la autorización de los padres.

¿La vacunación en liceales requiere autorización parental, pero la hormonización de escolares puede prescindir de ella? La pregunta no es menor.

¿Dónde está la epidemia?

Para analizar si esta vacunación masiva está justificada por la situación epidemiológica del país, basta con mirar los propios datos de Uruguay: los boletines epidemiológicos semanales publicados en el sitio web del MSP.

Pero hay otro detalle muy relevante: la actual directora de la Salud del MSP la Dra. Laura Llambí, reconoce que la enfermedad meningocócica “no es muy frecuente y la probabilidad de adquirirla hoy es baja”.

En Uruguay mueren más niños por ahogamiento sólo en verano que de enfermedad meningocócica en todo el año.

Entonces ¿por qué se está vacunando masivamente hoy a toda una población contra una enfermedad infrecuente? Porque la OMS estableció como meta a 2030 una hoja de ruta mundial para “derrotar la meningitis”.

Y en ese marco aparece la vacuna experimental MenFive que se está aplicando a los adolescentes uruguayos. Dicha vacuna fue precalificada por la OMS, pero carece de las aprobaciones de la FDA y de la EMA. Al no aparecer en los registros de efectos adversos VAERS ni Eudravigilance, no se puede investigar su seguridad.

MenFive fue desarrollada específicamente para África. Su primer despliegue tuvo lugar en Nigeria en 2024, donde las epidemias de enfermedad meningocócica han afectado hasta el 1% de su población. Uruguay es el primer país del mundo en probarla fuera de África. El 1% de la población uruguaya son 35.000 habitantes. Eso está muy lejos de los 30 casos que se registraron al 5/9/2026. En los países donde fue creada, es fabricada y comercializada no se aplica.

Casualmente los síntomas de la enfermedad meningocócica coinciden con los efectos adversos de la vacuna: dolor de cabeza, fiebre, vómitos y somnolencia. Y el MSP ni siquiera realiza análisis propios e independientes de los viales antes de su administración, como lo mandata su ley orgánica.

Una estrategia mundial puede tener objetivos legítimos. Pero ¿por qué esta estrategia es necesaria hoy en Uruguay?

Uruguay no tiene una epidemia de enfermedad meningocócica. Con una población de apenas 3,5 millones de habitantes, registra, según el propio MSP, casos poco frecuentes. En todo el 2025 hubo 42 casos con 5 fallecidos (12% de letalidad). Hasta el 5 de setiembre de este año, se notificaron 30 casos y 8 fallecidos, esto es, 27% de letalidad. La vacunación masiva ¿aumenta la letalidad?

Entonces: ¿estamos ante una política sanitaria diseñada a partir de la realidad epidemiológica del Uruguay o ante la oportunidad de cumplir con un objetivo internacional perfectamente mensurable?

Porque si el objetivo es llegar a 2030 presentando como erradicada una enfermedad poco frecuente en un país de apenas 3,5 millones de habitantes, el tinglado está montado para exhibir la gran épica sanitaria que encubre aspiraciones personales.

¿Política sanitaria o monumento a la propia gestión?

Se promueve la vacunación como prevención de las enfermedades transmisibles. “Las vacunas salvan vidas” es el mantra o conjuro como si de una suerte de agua bendita se tratara para librarnos de la enfermedad y de la muerte.

Pero ¿qué significa realmente prevenir?

Prevenir es actuar antes de que ocurra un evento, con el propósito de evitarlo o reducir la probabilidad de que ocurra. La prevención opera sobre el riesgo y no sobre la ocurrencia del evento.

Usar el cinturón de seguridad, por ejemplo, evita que una persona sea eyectada de su asiento cuando el sistema de transporte en el que está sujeta experimenta una aceleración o desaceleración brusca. No tiene nada que ver con la medicina que asiste a los accidentados. Tiene que ver sólo con las condiciones de seguridad con que se fabrican y utilizan los sistemas de transporte.

¿Qué ocurre con las vacunas?

Tomemos como ejemplo Bexsero, la vacuna contra el meningococo B que se aplica en los bebés uruguayos. En el prospecto del fabricante publicado en el sitio web del MSP se describen estudios en los que se obtuvieron muestras de sangre antes de la primera dosis y posteriormente, una vez completado el esquema, para determinar los niveles de anticuerpos bactericidas y comparar la situación previa con la respuesta inmunológica obtenida después de la vacunación.

Es decir, la medición de una característica inmunológica es considerada relevante para la protección frente al patógeno. La vacunación provoca una respuesta inmunológica y los ensayos miden esa respuesta, mediante la determinación de anticuerpos bactericidas.

Entonces las vacunas no previenen nada. Son tan solo un tratamiento contra una carencia o insuficiencia inmunitaria. El tratamiento (vacuna) prepara el sistema inmune para que reaccione cuando se enfrente a determinados agentes infecciosos.

Pero esta forma de probar la eficacia de una vacuna está traída de los pelos, porque no prueba que el vacunado no contraerá la enfermedad ni la padecerá.

¿Cómo es esto?

Hay una diferencia conceptual entre tratar una enfermedad ya presente y prevenir una enfermedad que todavía no ocurrió.

Valoramos un tratamiento como eficaz cuando el estado del paciente mejora: desaparecen o disminuyen los síntomas, se recuperan funciones o se modifica favorablemente su estado de salud. En definitiva, cuando pasamos del estado enfermedad al saludable y recuperamos la calidad de vida.

Pero con la vacunación, todo eso no ocurre. La persona vacunada está sana de la enfermedad contra la que se vacuna. Si la vacuna cumple su supuesto cometido, la persona jamás tendrá la experiencia de lo que supuestamente previno. Generar o aumentar los anticuerpos no constituye por sí mismo un cambio clínico vivible en la vida de una persona sana. El supuesto beneficio consiste precisamente en que algo no suceda.

Para demostrar directamente el beneficio de la vacunación habría que observar qué ocurre cuando la persona vacunada se enfrenta al agente infeccioso. Pero esa prueba no puede hacerse deliberadamente: sería antiético exponer a los vacunados al agente infeccioso para contabilizar cuántos contraen la infección o desarrollan la enfermedad. ¿Y si la vacuna no funciona?

Es una diferencia fundamental respecto de probar un medicamento destinado a curar a un enfermo.

No sería éticamente aceptable darle a un paciente con cáncer un placebo simplemente para comprobar si otro paciente, tratado con el medicamento experimental, se cura. Del mismo modo, no sería aceptable provocar deliberadamente la exposición de una persona sana a un agente infeccioso para comprobar si la vacuna la protege.

En el primer caso, sin embargo, el efecto terapéutico puede observarse directamente en el propio paciente: el tumor disminuye, desaparece la enfermedad, mejoran los síntomas o se recuperan funciones. En el segundo, el supuesto beneficio preventivo es necesariamente contrafáctico: la persona nunca puede saber experimentalmente si habría enfermado de no haber sido vacunada.

Y allí aparece el problema que nos interesa: ¿cómo se demuestra aquello que nunca puede observarse directamente en el individuo?

Entonces, ¿cómo se pasa de medir anticuerpos a afirmar que se ha prevenido una enfermedad y evitado la muerte? Mediante una inferencia. Se mide una respuesta inmunológica y se la convierte en un supuesto indicador de protección. Es lo que declara el fabricante en el prospecto publicado por el MSP: “La eficacia de BEXSERO no ha sido evaluada a través de ensayos clínicos. La eficacia de la vacuna se ha deducido demostrando la inducción de respuestas de anticuerpos bactericidas…”. Además la EMA dice que no se realizaron estudios de eficacia durante el desarrollo clínico de Bexsero y que, por razones prácticas, los ensayos de eficacia contra meningococo en poblaciones no epidémicas no se consideraban factibles. Por eso la solicitud de autorización se basó en un marcador serológico sustituto de protección. En cambio la FDA no autoriza Bexsero en menores de 10 años.

Pero una cosa es medir anticuerpos y otra muy distinta es observar que una persona no contrajo la infección, no desarrolló la enfermedad o no murió a causa de ella. Entre ambas cosas hay una cadena de inferencias que debe ser demostrada, no simplemente proclamada.

Y aquí es donde la retórica de la vacunación empieza a parecerse peligrosamente a un acto de fe: se toma un marcador biológico, se le atribuye capacidad protectora, se presume que esa protección se traducirá en un determinado resultado clínico y, finalmente, se presenta todo el proceso bajo el mantra “las vacunas previenen enfermedades y salvan vidas”.

Eso no es una demostración experimental del resultado que se pretende obtener. Es una inferencia. Y una inferencia puede ser razonable cuando está sólidamente respaldada por evidencia. Pero cuando la cadena de razonamiento contiene incertidumbres, supuestos y extrapolaciones, no puede transformarse mágicamente en una certeza por repetición institucional.

Mucho menos puede convertirse esa certeza presunta en una obligación jurídica impuesta sobre el cuerpo de una persona.

Y si a esa cadena insostenible sobre la protección individual se le agrega el otro mantra —el supuesto efecto rebaño de la vacunación masiva—, la cadena de suposiciones se hace todavía más larga: de una presunta protección individual se deriva en una protección colectiva invocada para justificar la intervención sobre todos. El efecto rebaño ni siquiera está reportado en los prospectos de las vacunas, ni en Uruguay ni en el mundo.

Los efectos adversos que producen las vacunas, en cambio, sí constituyen acontecimientos clínicos observables y registrables, que sistemáticamente se ocultan y especialmente se niegan cuando un vacunado afectado sugiere una relación temporal entre la vacunación y sus consecuencias. Muchas veces hasta se citan cifras de personas salvadas por vacunas, lo cual es especulación pura. En cambio los afectados por vacunas tienen nombre y apellido.

Cuando la evidencia dañosa se niega y se prioriza la inferencia a favor del supuesto beneficio, cuando se reemplazan las inferencias por presunciones y las presunciones por dogmas, la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en religión: el brujo de la tribu levanta un frasco, pronuncia unas palabras incomprensibles y declara que, porque apareció el signo esperado, el mal ha sido conjurado.

En una sociedad que pretende regirse por la razón, la fe vacunal no puede ser el fundamento de una obligación médica.