Desde 2024, somos contactados por familias judicializadas por no vacunar a sus hijos. En todos los expedientes, los denunciantes son los prestadores de salud —ASSE y las mutualistas— que invocan el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) bajo el argumento de que los padres vulneran los derechos de sus hijos al impedirles el acceso a vacunas gratuitas.

Sin embargo, la invocación del “interés superior del niño” funciona aquí más como coartada que como motivación real. Lo que parece estar en juego no es la protección de la infancia, sino el cumplimiento de las llamadas “metas asistenciales”, por las cuales los prestadores reciben incentivos económicos al alcanzar determinados indicadores fijados por el MSP. No es un dato menor que, para el bienio 2024–2025, se haya incorporado un indicador específico orientado a mejorar la cobertura del esquema vacunal en menores de hasta 5 años (ver Indicador 1.4, “Cobertura vacunal del esquema obligatorio” en el instructivo, págs. 17 a 22). Casualmente, todos los niños involucrados en los expedientes judiciales pertenecen a ese rango etario.

Un caso paradigmático es el de Tacuarembó. En febrero, la sentencia de primera instancia desestimó los argumentos de los padres y les otorgó un plazo de 15 días para completar el esquema de vacunación de su hijo. En caso de incumplimiento, el juez dispuso el ingreso provisorio del niño al INAU, con el objetivo de asegurar su vacunación. Esta resolución se apoyó, entre otros elementos, en el testimonio de la experta designada por el MSP, la Dra. Catalina Pírez.

No obstante, la defensa apeló y, el 3 de junio, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno revocó la sentencia en todos sus términos: tanto la obligación de vacunar como la eventual internación compulsiva en el INAU. El Tribunal fue claro: ni los informes técnicos ni la propia declaración de la experta acreditaron que la vacunación fuera indispensable para preservar la vida o la integridad física del menor, condición exigida por el propio CNA para justificar intervenciones de carácter compulsivo.

La sentencia de segunda instancia no solo corrige el fallo anterior, sino que deja al descubierto la trama de corrupción en el ámbito sanitario. El análisis del caso revela la existencia de conflictos de interés que comprometen la legitimidad de las actuaciones. Por un lado, ASSE actuó como denunciante en un contexto donde tiene incentivos económicos directos asociados al aumento de la cobertura vacunal. Por otro, la Dra. Catalina Pírez compareció en representación de la Unidad de Inmunizaciones del MSP —que dirige— y, al mismo tiempo, integra la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP. Paralelamente, es la tesorera del Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, cuyos eventos son patrocinados por los fabricantes de vacunas que proveen al propio MSP. La superposición de roles es un hecho muy grave: compromete la independencia técnica y erosiona la imparcialidad que debería regir en este tipo de procesos.

En este contexto, el fallo del Tribunal marca un límite. Porque lo que queda en evidencia no es un exceso aislado, sino un modo de funcionamiento: prestadores que judicializan para cumplir metas, peritajes contrarios al estándar legal exigido y decisiones de primera instancia que avanzan sobre derechos sin base suficiente. Este precedente fija un criterio que difícilmente pueda ser ignorado en los casos en curso, así como desestimular el inicio de nuevos casos.

La infancia es la población que más vacunas recibe y por eso es la que más efectos adversos presenta en los reportes anuales que publica el MSP. El problema de fondo no es la utilidad de las vacunas, sino la legitimidad de los medios empleados para imponerlas. Cuando quienes denuncian tienen incentivos económicos y cuando los expertos tienen vínculos que condicionan su independencia, el discurso sanitario deja de ser una política de salud para convertirse en una práctica coercitiva. Y en ese escenario, la infancia deja de ser sujeto de protección para pasar a ser instrumento de intereses enfocados a medicalizarla con fines de lucro.

Comprometidos con las familias que están resistiendo estos atropellos, felicitamos a los abogados que las patrocinan.

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4 ÚNICAS FUNCIONES!!

Sábados 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio a las 22hs en Teatro Stella D’Italia. Dirección: Mercedes y Tristán Narvaja.

ENTRADAS EN VENTA EN RedTickets y en la boletería del Teatro. https://redtickets.uy/evento/Cabalgar-el-tigre/29325/

Mundo distópico, poder, ciencia y moral en debate.

Entre la startup y la vaquita solidaria

Durante la pandemia de COVID-19, Gonzalo Moratorio fue elevado a la categoría de referente científico y vocero legitimador de la estrategia sanitaria. Su trabajo en tests diagnósticos y su rol en el Institut Pasteur de Montevideo lo colocaron en el centro de la escena pública, desde donde promovió activamente la vacunación masiva, en sintonía con el discurso oficial.

En junio de 2025 anunció que padecía un tumor cerebral “muy agresivo”. La enfermedad no tardó en mostrar su crudeza: pérdida de funciones motoras y sensitivas, cirugías, tratamientos complejos en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.

Pero hay un elemento que marca una diferencia estructural difícil de ignorar: Moratorio no solo es paciente; también es parte del sistema que produce conocimiento y eventualmente soluciones. Su startup biotecnológica —Guska, cofundada con Pilar Moreno— reorientó líneas de investigación hacia tumores cerebrales a partir de su propio caso. Tiene, al menos en teoría, la posibilidad de empujar investigación sobre la enfermedad que lo afecta.

Ahora bien, incluso con acceso a ciencia, redes y capacidad de investigación, la urgencia clínica termina dependiendo de tratamientos disponibles en el mercado global.

Pero al intentar acceder a esos tratamientos de altísimo costo fuera del esquema estándar del SNIS, el Ministerio de Salud Pública le dijo que no. La respuesta fue la vía judicial. Con asesoramiento legal, presentó un recurso de amparo y logró lo que miles no consiguen: que el sistema se doblegue.

La Justicia falló a su favor, invocando el derecho a la salud, el riesgo vital y la evidencia médica. En los hechos, confirmó algo incómodo: en Uruguay, el acceso a tratamientos excepcionales no depende solo de la necesidad clínica, sino de la capacidad de litigar, de visibilizar y de incidir.

Otro uruguayo, Ayrton Olivera Luján, sin tribuna, sin aparato, sin ninguna posibilidad de incidir en la producción de conocimiento sobre su propia condición y, sobre todo, condenado por el negacionismo del desastre de la vacuna de Pfizer, también lucha por su vida.

Ayrton era un adolescente de Nueva Palmira que entrenaba para ingresar al liceo militar en plena pandemia. Pero debía cumplir con un requisito excluyente: vacunarse contra el COVID-19. En 2021 recibió la vacuna de Pfizer, a pesar de que ese requisito discriminatorio era contrario al Código de Nüremberg porque se trataba de una vacuna experimental como había informado el GACH.

Seis semanas después, su vida cambió de forma brutal. Sin presentar antecedentes ni síntomas previos de ningún tipo, desarrolló una encefalitis severa, asociada a un cuadro tipo Guillain-Barré, asistida durante dos meses en CTI. Desde entonces padece secuelas neurológicas permanentes: parálisis parcial, dificultades en el habla, dependencia para tareas básicas. Un quiebre total en su proyecto de vida, tan sólo a partir de una vacunación experimental a la que se sometió por la coacción estatal.

En febrero de 2022, su médico tratante reconoció la vinculación con la vacunación y el caso habría sido reportado como evento adverso severo. Y sin embargo, ahí se terminó la respuesta del sistema.

No hubo investigación orientada a su caso. Así como tampoco hubo investigación ninguna para explicar el record de muertes en 2021, claramente derivadas de la vacunación anti COVID-19. Un típico caso de ceguera estructural: la incapacidad —o resistencia organizada— de una institución, grupo o sistema para mirar aquello que, si fuera reconocido, pondría en crisis sus propios objetivos, intereses, relatos legitimadores o formas de funcionamiento. Es la ceguera que aparece cuando ver la verdad obligaría a cuestionar la estructura que sostiene a quien mira.

No hubo reparación. No hubo acompañamiento estructural. No hubo alternativa terapéutica de vanguardia. No hubo nada.

Uruguay no tiene un sistema de compensación para daños por vacunas. El resultado es brutalmente simple: si te toca, suertempila.

La familia de Ayrton enfrenta sola los gastos, las secuelas y el abandono. En agosto de 2022 fue sometido a una craneoplastia para colocarle una placa de titanio. Hoy sigue en tratamiento, sosteniendo una lucha cotidiana contra limitaciones severas.

Mientras tanto, la única red concreta ha sido la solidaridad: un colectivo en Abitab a nombre de su madre, María Eugenia Luján, número 123132.

Dos historias. Dos respuestas del mismo sistema.

Cuando hay capital simbólico, visibilidad y acceso a herramientas legales, el sistema puede flexibilizarse, reinterpretarse, incluso contradecirse. Cuando no, se vuelve rígido, burocrático y distante.

No es solo una cuestión de salud. Es una cuestión de poder.

Y la pregunta incómoda sigue ahí: ¿el derecho a la salud es realmente universal, o depende —en la práctica— de quién lo reclame y con qué fuerza?

Desde 2024 empezaron a contactarnos familias porque la policía les entregaba cedulones judiciales obligándolas a comparecer ante un juez para acreditar la vacunación de sus hijos por supuesta vulneración de sus derechos.

Algunas, que rechazan la vacunación, lograron frenar el avance presentando cartas fundamentadas, y sus casos no prosperaron. Pero otras no tuvieron la misma suerte: fueron judicializadas. A la fecha tenemos conocimiento de al menos siete procesos en curso. Se trata de familias que, ejerciendo su derecho al previo consentimiento informado establecido por ley, deciden rechazar la vacunación como una imposición automática en función de la información provista por los fabricantes y del registro de efectos adversos que publica el mismo Ministerio de Salud Pública (MSP).

El dato clave no tardó en aparecer: todas las denuncias parten del mismo origen: el prestador de salud donde se atienden los niños.

Entonces surgen preguntas incómodas: ¿por qué? ¿Qué cambió?

La respuesta está en las “metas asistenciales” que son incentivos económicos que el MSP otorga a los prestadores de salud por el cumplimiento de objetivos concretos orientados a mejorar la calidad de la atención. Establecidas en la ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se revisan y actualizan periódicamente —habitualmente cada dos años— en función de las prioridades sanitarias y los resultados observados. En las metas del bienio 2024-2025, que coincide con las denuncias presentadas ante los juzgados, se introdujo un indicador específico para medir el esfuerzo de cada prestador por lograr aumentar su tasa de cobertura del esquema vacunal. Ver instructivo, págs. 17 a 22: “Indicador 1.4) COBERTURA VACUNAL DEL ESQUEMA OBLIGATORIO”.

Es decir: se instala un incentivo económico directo para los prestadores que aplican las vacunas indicadas por el MSP.

A la luz de esto, el relato del “interés superior del niño” empieza a resquebrajarse. Lo que se presenta como protección de derechos encubre, en los hechos, un mecanismo de presión institucional donde ASSE y prestadores como CAMEC tienen un interés concreto en aumentar sus indicadores. Y cuando ese objetivo no se cumple, aparece la denuncia y, detrás, el aparato judicial como herramienta de coerción.

No estamos ante casos aislados. Estamos ante un patrón. Frente a esto, los abogados que defienden esas familias, se organizaron en un colectivo que al compartir conocimiento y estrategias, consolidaron un equipo experto.

Un sistema donde la decisión médica deja de ser un vínculo clínico y pasa a estar mediada por métricas, incentivos y sanciones. Donde el desacuerdo de una familia no se discute: se judicializa.

Frente a esta situación, el 30 de abril presentamos una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para poner en evidencia el conflicto de interés estructural que atraviesa todos estos casos.

No se trata solo de decisiones clínicas ni de protección de derechos: están en juego intereses institucionales concretos de los prestadores y del propio MSP.

Un ejemplo que detallamos en la denuncia lo deja en claro. En uno de los procesos judiciales, el MSP mandató a declarar a la directora de la Unidad de Inmunizaciones —integrante además de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones— para defender la vacunación. Lo hizo sin que se transparentara un elemento clave: su rol simultáneo como tesorera del Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que recibe financiamiento de los fabricantes de vacunas. Ver afiches de sus actividades entre 2016 y 2024 con los logos de los laboratorios, aquí.

Es decir, quien comparece como “voz técnica” no es una figura neutral, sino una persona inserta en estructuras que promueven activamente la política vacunal y en otras con respaldo de los proveedores de las vacunas.

Cuando quienes diseñan, promueven y evalúan una política son, al mismo tiempo, quienes la defienden en sede judicial sin declarar sus vínculos con la industria, el problema deja de ser individual. Pasa a ser institucional.

Y en ese terreno, hablar de “interés superior del niño” sin exponer estos entramados no es una garantía de derechos: es, como mínimo, una omisión grave. El derecho del niño no habilita al sistema a someter a padres presentes y responsables vulnerando la patria potestad y usurpando su rol protector.

El 6 de mayo fuimos convocados por el equipo de Denuncias de la INDDHH. La delegación de LSuy estuvo integrada por uno de los asesores letrados que conforman el equipo constituido por los que patrocinan los casos denunciados. La denuncia quedó registrada por expediente identificado con el número 2026/1/38/0000540. El texto está disponible aquí.

Para estar informado, seguinos acá y en las redes.

Esto recién empieza.

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El proyecto de ley para crear la aplicación de identidad digital SOY.UY murió antes de nacer: su autor no tuvo la precaución de registrar el dominio soy.uy.

Libertad Sanitaria Uruguay pagó la suscripción anual para tener el derecho exclusivo de su uso. De esta forma el proyecto perdió su propia identidad.

Ahora la dirección https://soy.uy redirige a LS.uy.

LSuy en acción desde 2016, se ha abocado al compromiso pacífico por la defensa del derecho de las personas a la soberanía sobre su cuerpo y su identidad. Para colaborar con la financiación de esta y otras movilizaciones pacíficas pero contundentes, ¡te invitamos a ser patrocinador! => AQUÍ

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carta por Rafael Colombo Pini, Montevideo (fuente)

En los últimos años, el sistema de salud mutual del Uruguay ha crecido en tamaño, pero no necesariamente en calidad de atención. Quienes hemos pasado por una internación, o acompañado a un familiar en esa situación, conocemos de cerca las grietas que el sistema prefiere ignorar.

Uno de los problemas más graves es la omisión de la medicación habitual del paciente al momento de la internación. Personas que toman medicamentos diarios por indicación médica ven interrumpido su tratamiento, sin explicación, sin consulta, sin aviso. Esto no es un detalle menor: puede tener consecuencias serias para la salud. Sin embargo, sucede con una frecuencia que debería alarmar a las autoridades.

Otra falla recurrente es la falta de comunicación y coordinación entre los turnos del personal de salud. El médico de la mañana, muchas veces, no sabe lo que ordenó el de la noche. La enfermera que recibe al paciente no tiene información clara sobre lo que sucedió en las horas anteriores. Cada turno parece empezar de cero, y el paciente queda atrapado en esa desconexión. A esto se suma el desconocimiento de la historia clínica o a buena parte de ella. Los profesionales atienden sin tener acceso completo al historial del paciente. Se repiten estudios, se ignoran antecedentes, se toman decisiones con información incompleta, y a veces, hasta contradictoria.

En la era digital, cuando toda la información podría estar al alcance de un clic, seguimos funcionando como si el papel fuera el único soporte posible. Pero quizás, lo más doloroso es el trato. El paciente y su familia son recibidos, atendidos y derivados como objetos que pasan por una línea de producción. No hay mirada, no hay escucha, no hay empatía. Se responde a preguntas con respuestas automáticas. Se ignora el miedo, la angustia, la necesidad de entender lo que está pasando. La enfermedad ya es difícil, el trato deshumanizado la hace insoportable.

El problema también llega por vía administrativa. Cobros mal hechos, cobros duplicados, facturas que no coinciden con lo convenido. Cuando el afiliado intenta reclamar, se encuentra con una burocracia que parece diseñada para agotar. Empleados que no conocen el sistema, derivaciones infinitas y esperas interminables. Lo que debería ser una simple corrección, se transforma en una odisea que consume tiempo y paciencia.

Y está también el tema de los traslados en ambulancia. Pacientes que son movidos sin los recaudos necesarios, sin la compañía adecuada, sin la atención que su estado requiere. El traslado es parte del tratamiento, no un trámite menor, a veces se lo trata como si fuera un encargo más, sin considerar quién va adentro.

No se trata de culpar a los trabajadores de la salud, que, en su mayoría, hacen lo que pueden con lo que tienen.

Se trata de un sistema que ha perdido de vista lo esencial: que detrás de cada cama hay una persona y detrás de esa persona hay una familia, que merece respeto, información y buen trato.

Uruguay se enorgullece de su sistema mutual de salud. Pero el orgullo debe estar acompañado de autocrítica. Si no reconocemos los problemas, no podemos solucionarlos. Y si no los solucionamos, seguimos fallando a quienes más lo necesitan.

Es hora de que las instituciones de la salud escuchen a los pacientes, a las familias, a la gente que todos los días confía su salud y su vida en un sistema que muchas veces los defrauda. La salud no es un negocio más; es un derecho. Y los derechos se cuidan, se respetan y se defienden con palabras y también con cartas como ésta.

Hay proyectos de ley que no fallan por mala intención, sino por mala comprensión. SOY.UY es uno de ellos. Fue presentado ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología el 26/2/2026 con la firma solitaria de un legislador suplente del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. No es un detalle menor: la iniciativa no aparece entre los proyectos destacados del sector ni del partido, lo que sugiere que carece de respaldo político orgánico. Más que una política pública madura, el proyecto parece responder a una lógica de instalación en agenda sin sustento técnico suficiente.

Se presenta como un avance en “identidad digital”. No lo es. Es, en el mejor de los casos, un «portadocumentos» digital: una aplicación para mostrar documentos en el celular. Nada más. Llamarlo identidad digital no es una simplificación: es un error.

La identidad digital no consiste en “ver” un documento en pantalla. Consiste en probar quién sos, con seguridad, con garantías técnicas y con validez jurídica. Y eso Uruguay ya lo tiene. Existen sistemas como TuID, las cuentas verificadas del portal gub.uy y la firma electrónica. Ese ecosistema ya permite operar, validar identidad y realizar trámites con respaldo legal.

Entonces, ¿qué problema viene a resolver SOY.UY? Ninguno claro. En cambio, crea varios. Primero, introduce confusión. Mezcla conceptos básicos y presenta como innovación algo que no lo es. Segundo, fragmenta. Agrega una nueva capa sin integrarse claramente a la arquitectura existente, debilitando el modelo de confianza en lugar de fortalecerlo. Y tercero, aumenta el riesgo: más superficie de ataque en un país que ya ha tenido incidentes vinculados a sistemas de identificación estatal, como los asociados a la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Pero hay un problema todavía más básico: la app ni siquiera tiene con qué funcionar correctamente. SOY.UY pretende “integrar” documentos. Pero en la práctica, ninguno de esos documentos están disponibles en formato digital accesible desde los sistemas de sus propios organismos emisores. Entonces, ¿qué integra exactamente?

Sin una infraestructura previa de digitalización, interoperabilidad y validación en origen, la app no integra: simula integrar. Y eso abre dos escenarios, ambos problemáticos:

• o se limita a mostrar versiones estáticas
• o depende de mecanismos no estandarizados

En ambos casos, se pierde lo esencial: la garantía de autenticidad en tiempo real.

En el mundo financiero, ninguna app integra todos los medios de pago de forma plena y universal. Ni siquiera plataformas altamente desarrolladas pueden centralizar completamente tarjetas, cuentas y sistemas de distintos emisores sin acuerdos, estándares y disponibilidad real de datos. Entonces, la pregunta es obvia: si ni siquiera el sector financiero —con incentivos claros y sistemas digitales avanzados— logra integrar completamente los medios de pago, ¿por qué el Estado integraría documentos que ni siquiera están disponibles digitalmente en sus propios sitios web?

La respuesta es incómoda: no puede.

Una billetera digital sin fuentes confiables y verificables no es una solución. Es una interfaz vacía. Pero el problema más grave no es técnico. Es político, social… y también de soberanía.

SOY.UY parte de una ficción: que todos tienen smartphone, conexión y habilidades digitales. No es así. En Uruguay hay miles de personas —especialmente mayores— que no usan estas tecnologías o no pueden usarlas con autonomía y son los más vulnerables a las estafas digitales.

Para ellos, esta app no es una mejora. Es una exclusión.

Y acá aparece el punto más incómodo: SOY.UY divide a la sociedad.

Crea, de hecho, dos categorías de ciudadanos:

• los que tienen smartphone, conectividad y habilidades digitales
• y los que no

Los primeros acceden más rápido, más fácil, más “moderno”.
Los segundos quedan relegados, dependientes o directamente afuera.

Es la institucionalización de una brecha: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, definida por el acceso a tecnología privada.

Pero hay algo más profundo. El smartphone no es solo un dispositivo privado. Es una plataforma controlada por corporaciones extranjeras como Apple y Google, cuyos sistemas operativos, tiendas de aplicaciones y servicios:

• almacenan datos fuera del país
• responden a otras jurisdicciones
• recolectan y procesan información de los usuarios

En otras palabras: el proyecto propone que un componente del sistema de identificación dependa, en la práctica, de infraestructuras que el Estado uruguayo no controla. Eso no es un detalle técnico. Es un problema de soberanía.

Y hay antecedentes que obligan a ser especialmente cautelosos.

La experiencia con la aplicación Coronavirus UY dejó más dudas que certezas en materia de transparencia. Al solicitar su código fuente al amparo de la Ley Nº 18.381, el propio Estado —a través de AGESIC— lo declaró reservado. El sistema no pudo ser auditado públicamente.

Aunque el proyecto proponga que la app Soy.uy sea opcional, la experiencia demuestra otra cosa: cuando el Estado crea un canal digital, ese canal termina volviéndose el estándar de hecho. Lo que empieza como alternativa termina como requisito. Y ahí el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un problema de derechos.

Ningún ciudadano debería depender de tener un dispositivo privado —y mucho menos de plataformas extranjeras— para poder identificarse.

Además, concentrar documentos personales en una única aplicación estatal no es modernización: es crear un objetivo atractivo para cualquier atacante. Un punto único de falla con impacto potencial masivo. Y todo esto sin que el propio proyecto defina con claridad estándares robustos de autenticación, validación o seguridad.

Y hay un antecedente aún más sensible.

El caso del pasaporte otorgado en 2022 a Sebastián Marset en Montevideo y entregado en Dubai mostró que incluso los procesos más críticos de identificación pueden ocurrir con niveles de opacidad preocupantes.

También de 2022 fue el caso de la expedición de pasaportes falsos a supuestos rusos nacionalizados uruguayos.

En 2024 se denunció a los futbolistas profesionales que falsificaron los carnés de salud y un año después a los sindicalistas del puerto por lo mismo.

Recordar de 2025 el caso del municipio del interior que expidió tres veces más licencias de conducir que habitantes censados.

La pregunta es inevitable: si esos procesos hubieran estado mediados por una app como SOY.UY, ¿habrían sido más transparentes… o simplemente más invisibles? Digitalizar no garantiza transparencia. A veces, la oculta mejor.

Y tampoco es un problema teórico.

Ya ocurrió en la región, con antecedentes documentados en medios y reportes técnicos. Aplicaciones similares como Mi Argentina y gov.br han enfrentado problemas relevantes en materia de seguridad y protección de datos.

En Argentina, investigaciones periodísticas y reportes de especialistas (incluyendo análisis difundidos por medios como Infobae y La Nación) señalaron debilidades en los mecanismos de validación de identidad de Mi Argentina, incluyendo riesgos en la verificación mediante DNI y biometría facial, así como exposición potencial de datos personales.

En Brasil, el sistema gov.br fue objeto de múltiples cuestionamientos públicos, incluyendo advertencias sobre accesos indebidos a cuentas y debilidades en los procesos de autenticación, reportados por medios como Folha de São Paulo y O Globo, además de análisis de expertos en ciberseguridad.

No se trata de escenarios hipotéticos: los riesgos ya se materializaron en países comparables.

Si en contextos con mayor escala y recursos estos sistemas han presentado fallas, ¿sobre qué base se asume que en Uruguay funcionarían sin enfrentar los mismos problemas?

SOY.UY no resuelve un problema. Crea varios: conceptuales, técnicos, institucionales, sociales y de soberanía tecnológica.

Confunde un canal con un derecho. Y ese no es un detalle menor.

Porque una app es un canal. La identidad es un derecho. Y cuando el Estado mezcla ambas cosas, el resultado no es innovación. Es improvisación con consecuencias.

La tecnología puede ser una herramienta poderosa. Pero mal usada, también puede ser una forma elegante de excluir.

SOY.UY no moderniza el Estado. Lo complica, lo fragmenta y —lo más grave— pretende construir confianza sobre sistemas opacos, dividiendo a la sociedad en ciudadanos de primera y de segunda.

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Hay dos novedades relevantes sobre la vacuna anticovid-19 Cominarty de Pfizer que el MSP está aplicando en conjunto con la antigripal en Uruguay, sin informar adecuadamente a la población.

Sin voluntarios por Comirnaty

El fabricante de vacunas Pfizer/BioNTech suspendió un ensayo a gran escala en Estados Unidos de su vacuna actualizada contra la COVID-19 en adultos sanos de entre 50 y 64 años, alegando que la participación en los ensayos había sido demasiado baja para generar los datos requeridos por las nuevas disposiciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

El año pasado la FDA elevó los estándares de los requisitos de la vacuna contra la COVID-19, para incluir la exigencia de ensayos a gran escala controlados con placebo en el grupo de edad de 50 a 64 años. El motivo era que el beneficio de las dosis anuales repetidas para adultos sanos era incierto después de varios años de circulación del virus y disponibilidad de vacunas. «Queremos saber más sobre los efectos de estos productos, especialmente a medida que avanzamos hacia la séptima, octava y novena dosis«, afirmó Vinay Prasad, director del programa de vacunas de la FDA.

Pfizer y BioNTech informaron a Reuters que habían notificado a la FDA su intención de suspender el estudio de la vacuna contra la COVID-19, debido a las dificultades para conseguir suficientes participantes. El objetivo era reclutar entre 25.000 y 30.000 participantes. «Este estudio no finaliza por motivos de seguridad ni por problemas de relación beneficio-riesgo. Tenemos la intención de interrumpir el estudio debido a la lenta captación de participantes y, por lo tanto, a la imposibilidad de generar datos relevantes posteriores a la comercialización», declararon las empresas.

Vinay Prasad, quien había impulsado los ensayos controlados con placebo en adultos y niños sanos, fue cesado de la FDA a partir de este mes de abril.

La suspensión del estudio de Pfizer-BioNTech se produce antes de la reunión prevista para mayo del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA, que utilizaría los datos del estudio para orientar las decisiones sobre la selección de cepas para las vacunas contra la COVID-19 este otoño (del hemisferio norte).

Dos fuentes de empresas que gestionan 18 de los 208 centros de ensayos clínicos afirmaron que Pfizer les comunicó a principios de marzo que debían detener el reclutamiento de participantes. El ensayo tenía como objetivo evaluar la eficacia, la respuesta inmunitaria y la seguridad de una vacuna actualizada contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech en adultos sanos de entre 50 y 64 años. La FDA exigió que los participantes no padecieran enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes. «Es una población muy difícil de reclutar«, dijo un ejecutivo de una organización de investigación por contrato involucrada en el ensayo, que habló bajo condición de anonimato. «Incluso cuando los pacientes están dispuestos a participar en estudios sobre la COVID-19, más del 80 % no superan la evaluación previa porque no cumplen con los criterios de salud. Ha sido un verdadero desafío reclutar suficientes pacientes, sobre todo dada la magnitud de estos ensayos», declaró el ejecutivo.

Actualmente, ninguna vacuna contra la COVID-19 cuenta con la aprobación completa de la FDA para adultos sanos de entre 50 y 64 años. Comirnaty, de Pfizer está aprobada para adultos de 65 años o más, así como para personas más jóvenes con mayor riesgo de padecer COVID-19 grave. En Uruguay la vacuna contra covid-19 que se está aplicando es la Comirnaty de Pfizer, carece del certificado de habilitación y venta de especialidad farmacéutica del MSP.

Alemania investiga la Comirnaty

El parlamento alemán conformó la comisión para la «Revisión de la pandemia Corona». En la audiencia del 19 de marzo el perito Helmut Sterz, antiguo toxicólogo jefe de Pfizer Europa, expuso ante la comisión datos relevantes sobre la autorización de emergencia que obtuvo la vacuna de ARNm Comirnaty de Pfizer/BioNTech en la pandemia de Covid-19. El video doblado al español está disponible en esta fuente.

Sterz reconoce que no se evaluó la carcinogenicidad de la vacuna antes de su autorización. Sobre el descenso en la natalidad en la población vacunada, refiere a que se había hecho un estudio en ratas pero en forma inadecuada: “Esto significó que no existían datos confiables sobre la eficacia de la vacuna sobre el embarazo o el desarrollo de los hijos. No se había aprendido nada de la tragedia de la Talidomida”. Y agrega: “El informe post comercialización de Pfizer mencionaba casos sospechosos de muerte en el plazo de apenas 2 meses después de su aprobación. Este fue el último momento en el que se debería haber retirado Comirnaty del mercado.” Reconoce que debido a que las notificaciones de los casos de muerte son espontáneas hay un subregistro importante debido a la falta de notificación y que para estimar la cifra real hay que multiplicar por 30. Además reconoce que “Comirnaty no se diseñó para prevenir casos de enfermedad grave o fallecimiento”.

Ante la pregunta “¿Disminuyó la mortalidad ajustada por edad en Alemania tras el inicio de esta campaña de vacunación?”, Sterz responde: “No. Las tasas de mortalidad aumentaron en 2021 y 2022 en comparación con 2020. Si la relación costo-beneficio hubiera sido favorable, la mortalidad habría sido menor, cuando la vacuna estuvo disponible a principios de 2021.”

Ante la pregunta “¿Recibió la población durante las campañas de vacunación el principio activo que Pfizer probó en el procedimiento abreviado de aprobación de emergencia?” Dr. Helmut Sterz responde: “No. Para las pruebas clínicas antes de la aprobación, se utilizó una sustancia altamente pura. Era demasiado caro para una producción masiva. La población recibió una vacuna que se produjo con ayuda de la bacteria Escherichia coli. El resultado es una contaminación significativa con ADN bacteriano, y esto podría suponer un aumento significativo del riesgo de cáncer.” Claramente esto constituye un fraude alevoso, pero no es la primera vez en la fabricación de vacunas. Antes sucedió con la antigripal, como informáramos al respecto. Por algo el contrato de adquisición de esta vacuna se mantiene confidencial más allá de la pandemia.

El fracaso evidente de esta vacuna explica por qué Pfizer no atrae voluntarios para ensayarla. Lo que no se entiende es por qué el parlamento uruguayo se niega a emular su par alemán, por todo lo ocurrido en la pandemia y en el marco del conflicto de interés que las autoridades actuales del MSP presentan en relación a esta vacuna, como reportamos en la publicación anterior.

Y como reflexión final, surge la duda de si los uruguayos que se vacunan con Comirnaty no estarán siendo participantes involuntarios del ensayo detenido en Estados Unidos. Hay antecedentes documentados. El ensayo de otra vacuna de Pfizer en embarazadas uruguayas sigue su curso sin que se haya cumplido la normativa vigente sobre investigación médica en seres humanos.

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Se lanzó la campaña de vacunación contra la gripe. Pero detrás del mensaje oficial hay algo más: se impulsa, al mismo tiempo, la vacunación contra COVID-19. No es casual. Es una decisión.

La propia directora de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Dra. Catalina Pírez, lo deja claro en su discurso público: convoca a aplicarse ambas vacunas y justifica que no se requiera receta médica porque “son vacunas inactivadas”. El mensaje baja alineado, sin matices.

La vacuna contra COVID-19 que se administra es la Comirnaty, de Pfizer, de acuerdo al prospecto publicado por el MSP en su sitio web. El dato no es menor. Menos aún cuando el contrato con ese laboratorio sigue siendo confidencial. Sí: confidencial. El actual presidente denegó la información a una periodista.

Pero hay más. Mucho má$.

La Dra. Catalina Pírez no solo forma parte del organismo estatal que define y ejecuta la política de vacunación. También integra y ocupa un rol directivo en el Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) como informa el sitio web de dicho comité:

Es su tesorera. Y esa misma sociedad recibe financiamiento de Pfizer, como muestran las convocatorias a sus actividades académicas:

Es decir: quien recomienda, quien decide y quien participa en estructuras vinculadas a organizaciones financiadas por el proveedor… es la misma persona.

¿Conflicto de interés? Como mínimo, una situación que exige explicaciones claras. Eso se denomina transparencia.

La pregunta ya no es solo si vacunarse o no. La pregunta es otra: ¿quién decide y con qué intereses se sienta a en la mesa?

El MSP anunció que ya llegó la nueva vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y que desde la semana siguiente a la de Turismo estaría disponible en los vacunatorios.

La Dra. Catalina Pírez, entrevistada en su calidad de directora de la Unidad de Inmunizaciones del MSP por un canal de TV abierta, explicó quiénes la recibirían gratuitamente: principalmente las personas entre 11 y 26 años.

Tanto la ministra Dra. Cristina Lustemberg como la Dra. Catalina Pírez son pediatras afiliadas a la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), como surge de su padrón de afiliados al 2025. La infancia es la población que recibe más vacunas: 21 vacunas repartidas en 24 pinchazos en varias dosis repetidas entre el nacimiento y los 11 años.

La SUP recibe financiamiento de los fabricantes de vacunas, como surge de las publicaciones de sus actividades académicas que lucen al pie los logos de sus patrocinadores: GSK, Pfizer, Sanofi y Cibeles. Ver detalle aquí.

Como informáramos en una publicación anterior, la vacunación contra el VPH carece de sustento científico, porque esa infección de transmisión sexual no está incluida en el decreto 41/012 que establece la notificación obligatoria de ciertas enfermedades, como sí lo está la sífilis y el VIH. En otras palabras, no existe un registro sistemático de su incidencia en Uruguay y surgen interrogantes inevitables: ¿sobre qué base empírica se promueve la vacunación contra el VPH? Si se desconoce las personas con VPH, ¿qué sentido tiene la vacunación masiva contra VPH? ¿Cómo se evalúa su impacto? ¿Cómo se justifica su costo?

El objetivo de esta vacuna, como explica Pírez, es evitar ciertos cánceres con los cuales está asociado estadísticamente el VPH. Pero tampoco existen registros del impacto de esta vacuna en la incidencia del cáncer desde que se introdujo en Uruguay en 2007–2008.

Lo que esconde la política del MSP de vacunación masiva contra VPH es que sus autoridades presentan un serio conflicto de interés. En efecto, Lustemberg y Pírez participaron de la sesión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del 20/8/2025 como surge del acta. Además Pírez participó de las sesiones del 10/10/2025 y 3/12/2025 en su calidad de directora de la Unidad de Inmunizaciones del MSP. El conflicto de interés surge porque además Pirez es la tesorera del Comité de Vacunas de la SUP, como informa el sitio web de dicho comité:

De modo que Pírez participa en la toma de decisiones públicas sobre vacunas mientras gestiona los recursos económicos de una estructura que recibe financiamiento de los laboratorios que se benefician de esas decisiones.

Cuando quienes diseñan la política sanitaria mantienen vínculos con los actores económicos que lucran con ella, la suspicacia es inevitable y la confianza pública se erosiona.

No es un detalle técnico. Es el corazón del problema: el MSP está siendo cogobernado por la $UP.