Hay proyectos de ley que no fallan por mala intención, sino por mala comprensión. SOY.UY es uno de ellos. Fue presentado ante la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología el 26/2/2026 con la firma solitaria de un legislador suplente del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. No es un detalle menor: la iniciativa no aparece entre los proyectos destacados del sector ni del partido, lo que sugiere que carece de respaldo político orgánico. Más que una política pública madura, el proyecto parece responder a una lógica de instalación en agenda sin sustento técnico suficiente.
Se presenta como un avance en “identidad digital”. No lo es. Es, en el mejor de los casos, un «portadocumentos» digital: una aplicación para mostrar documentos en el celular. Nada más. Llamarlo identidad digital no es una simplificación: es un error.
La identidad digital no consiste en “ver” un documento en pantalla. Consiste en probar quién sos, con seguridad, con garantías técnicas y con validez jurídica. Y eso Uruguay ya lo tiene. Existen sistemas como TuID, las cuentas verificadas del portal gub.uy y la firma electrónica. Ese ecosistema ya permite operar, validar identidad y realizar trámites con respaldo legal.
Entonces, ¿qué problema viene a resolver SOY.UY? Ninguno claro. En cambio, crea varios. Primero, introduce confusión. Mezcla conceptos básicos y presenta como innovación algo que no lo es. Segundo, fragmenta. Agrega una nueva capa sin integrarse claramente a la arquitectura existente, debilitando el modelo de confianza en lugar de fortalecerlo. Y tercero, aumenta el riesgo: más superficie de ataque en un país que ya ha tenido incidentes vinculados a sistemas de identificación estatal, como los asociados a la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Pero hay un problema todavía más básico: la app ni siquiera tiene con qué funcionar correctamente. SOY.UY pretende “integrar” documentos. Pero en la práctica, ninguno de esos documentos están disponibles en formato digital accesible desde los sistemas de sus propios organismos emisores. Entonces, ¿qué integra exactamente?
Sin una infraestructura previa de digitalización, interoperabilidad y validación en origen, la app no integra: simula integrar. Y eso abre dos escenarios, ambos problemáticos:
- o se limita a mostrar versiones estáticas
- o depende de mecanismos no estandarizados
En ambos casos, se pierde lo esencial: la garantía de autenticidad en tiempo real.
En el mundo financiero, ninguna app integra todos los medios de pago de forma plena y universal. Ni siquiera plataformas altamente desarrolladas pueden centralizar completamente tarjetas, cuentas y sistemas de distintos emisores sin acuerdos, estándares y disponibilidad real de datos. Entonces, la pregunta es obvia: si ni siquiera el sector financiero —con incentivos claros y sistemas digitales avanzados— logra integrar completamente los medios de pago, ¿por qué el Estado integraría documentos que ni siquiera están disponibles digitalmente en sus propios sitios web?
La respuesta es incómoda: no puede.
Una billetera digital sin fuentes confiables y verificables no es una solución. Es una interfaz vacía. Pero el problema más grave no es técnico. Es político, social… y también de soberanía.
SOY.UY parte de una ficción: que todos tienen smartphone, conexión y habilidades digitales. No es así. En Uruguay hay miles de personas —especialmente mayores— que no usan estas tecnologías o no pueden usarlas con autonomía y son los más vulnerables a las estafas digitales.
Para ellos, esta app no es una mejora. Es una exclusión.
Y acá aparece el punto más incómodo: SOY.UY divide a la sociedad.
Crea, de hecho, dos categorías de ciudadanos:
- los que tienen smartphone, conectividad y habilidades digitales
- y los que no
Los primeros acceden más rápido, más fácil, más “moderno”.
Los segundos quedan relegados, dependientes o directamente afuera.
Es la institucionalización de una brecha: ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, definida por el acceso a tecnología privada.
Pero hay algo más profundo. El smartphone no es solo un dispositivo privado. Es una plataforma controlada por corporaciones extranjeras como Apple y Google, cuyos sistemas operativos, tiendas de aplicaciones y servicios:
- almacenan datos fuera del país
- responden a otras jurisdicciones
- recolectan y procesan información de los usuarios
En otras palabras: el proyecto propone que un componente del sistema de identificación dependa, en la práctica, de infraestructuras que el Estado uruguayo no controla. Eso no es un detalle técnico. Es un problema de soberanía.
Y hay antecedentes que obligan a ser especialmente cautelosos.
La experiencia con la aplicación Coronavirus UY dejó más dudas que certezas en materia de transparencia. Al solicitar su código fuente al amparo de la Ley Nº 18.381, el propio Estado —a través de AGESIC— lo declaró reservado. El sistema no pudo ser auditado públicamente.
Aunque el proyecto proponga que la app Soy.uy sea opcional, la experiencia demuestra otra cosa: cuando el Estado crea un canal digital, ese canal termina volviéndose el estándar de hecho. Lo que empieza como alternativa termina como requisito. Y ahí el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un problema de derechos.
Ningún ciudadano debería depender de tener un dispositivo privado —y mucho menos de plataformas extranjeras— para poder identificarse.
Además, concentrar documentos personales en una única aplicación estatal no es modernización: es crear un objetivo atractivo para cualquier atacante. Un punto único de falla con impacto potencial masivo. Y todo esto sin que el propio proyecto defina con claridad estándares robustos de autenticación, validación o seguridad.
Y hay un antecedente aún más sensible.
El caso del pasaporte otorgado en 2022 a Sebastián Marset en Montevideo y entregado en Dubai mostró que incluso los procesos más críticos de identificación pueden ocurrir con niveles de opacidad preocupantes.
También de 2022 fue el caso de la expedición de pasaportes falsos a supuestos rusos nacionalizados uruguayos.
En 2024 se denunció a los futbolistas profesionales que falsificaron los carnés de salud y un año después a los sindicalistas del puerto por lo mismo.
Recordar de 2025 el caso del municipio del interior que expidió tres veces más licencias de conducir que habitantes censados.
La pregunta es inevitable: si esos procesos hubieran estado mediados por una app como SOY.UY, ¿habrían sido más transparentes… o simplemente más invisibles? Digitalizar no garantiza transparencia. A veces, la oculta mejor.
Y tampoco es un problema teórico.
Ya ocurrió en la región, con antecedentes documentados en medios y reportes técnicos. Aplicaciones similares como Mi Argentina y gov.br han enfrentado problemas relevantes en materia de seguridad y protección de datos.
En Argentina, investigaciones periodísticas y reportes de especialistas (incluyendo análisis difundidos por medios como Infobae y La Nación) señalaron debilidades en los mecanismos de validación de identidad de Mi Argentina, incluyendo riesgos en la verificación mediante DNI y biometría facial, así como exposición potencial de datos personales.
En Brasil, el sistema gov.br fue objeto de múltiples cuestionamientos públicos, incluyendo advertencias sobre accesos indebidos a cuentas y debilidades en los procesos de autenticación, reportados por medios como Folha de São Paulo y O Globo, además de análisis de expertos en ciberseguridad.
No se trata de escenarios hipotéticos: los riesgos ya se materializaron en países comparables.
Si en contextos con mayor escala y recursos estos sistemas han presentado fallas, ¿sobre qué base se asume que en Uruguay funcionarían sin enfrentar los mismos problemas?
SOY.UY no resuelve un problema. Crea varios: conceptuales, técnicos, institucionales, sociales y de soberanía tecnológica.
Confunde un canal con un derecho. Y ese no es un detalle menor.
Porque una app es un canal. La identidad es un derecho. Y cuando el Estado mezcla ambas cosas, el resultado no es innovación. Es improvisación con consecuencias.
La tecnología puede ser una herramienta poderosa. Pero mal usada, también puede ser una forma elegante de excluir.
SOY.UY no moderniza el Estado. Lo complica, lo fragmenta y —lo más grave— pretende construir confianza sobre sistemas opacos, dividiendo a la sociedad en ciudadanos de primera y de segunda.
