El British Medical Journal (BMJ), en una muy reciente investigación publicada el 26 de agosto, analiza el caso del cardiólogo británico Kim Fox, quien recibió más de £50 millones entre 2006 y 2015 de compañías farmacéuticas, entre ellas Servier, fabricante de la ivabradina, un medicamento utilizado para tratar la angina. Fox también recibió pagos por asesoramiento relacionado con la ivabradina y participó en ensayos clínicos sobre el medicamento.

El problema adquiere otra dimensión porque Fox fue posteriormente presidente de la European Society of Cardiology (ESC) y participó en la elaboración de las guías clínicas de la organización que recomendaban la ivabradina, mientras mantenía vínculos económicos con la industria que comercializaba el medicamento.

Fox sostiene que no hizo nada ilegal y que declaró sus intereses económicos conforme a las reglas de la ESC. Sin embargo, la propia ESC terminó considerando que su conducta constituía una falta grave por incumplimiento de sus normas sobre conflictos de interés.

Fox significa zorro en inglés.

Y hay otro elemento que no debería pasar inadvertido: el BMJ señala que Fox habría sido cardiólogo de la reina Isabel II. Un antecedente que, sin demostrar por sí mismo ninguna conducta indebida, contribuye a explicar el enorme prestigio y autoridad que acumuló dentro de la medicina británica.

Declarar el conflicto no es suficiente

Este es el punto central que plantea el BMJ: declarar un conflicto de interés no hace desaparecer el conflicto.

Una persona que mantiene intereses financieros con una industria no debería integrar un comité encargado de elaborar guías clínicas que puedan favorecer los productos de esa misma industria.

El problema no es solamente si el médico puede actuar objetivamente. Es también si debe estar en una posición en la que sus intereses económicos puedan entrar en conflicto con las decisiones que está llamado a tomar.

El BMJ señala que existe evidencia de que los conflictos financieros están asociados con recomendaciones más favorables hacia medicamentos y dispositivos en guías clínicas, informes de comités asesores, artículos de opinión y revisiones narrativas.

Por eso reclama políticas mucho más estrictas: quienes tengan intereses financieros relevantes deberían quedar fuera de los comités encargados de elaborar guías clínicas, independientemente de su prestigio, experiencia o de que declaren sus vínculos.

Pero ¿qué ocurre con el propio BMJ?

El BMJ recibe ingresos publicitarios de la industria farmacéutica. La revista sostiene que mantiene una separación estricta entre sus áreas comerciales y editoriales y que sus decisiones editoriales no están influidas por esos ingresos.

Pero la contradicción merece ser planteada.

Si declarar un conflicto de interés no alcanza para garantizar la independencia de un médico que participa en una guía clínica, ¿por qué debería ser suficiente la declaración de independencia de una publicación que recibe dinero de la misma industria?

¿Y qué sabemos de la ivabradina?

El caso Fox obliga a formular una pregunta elemental todavía más incómoda: ¿qué ocurre con los pacientes que reciben ese medicamento basándose en una guía elaborada bajo las condiciones expuestas?

Porque el problema no termina cuando se descubre el conflicto de interés.

El problema empieza ahí.

La revista independiente Prescrire ha cuestionado severamente el balance beneficio-riesgo de la ivabradina y advierte sobre sus efectos cardiovasculares adversos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, también revisó el medicamento y advirtió sobre riesgos cardiovasculares, señalando además que, en la angina, la ivabradina no había demostrado reducir el riesgo de infarto ni de muerte cardiovascular. Esto es: la ivabradina produce lo mismo que dice tratar…

Es decir, el debate no se limita a quién recibió dinero y cuánto recibió. También importa cuántos pacientes son tratados hoy a partir de recomendaciones viciadas por ese conflicto de interés.

Uruguay tampoco está al margen

La ivabradina está disponible en Uruguay, por lo menos, bajo los nombres comerciales Procoralan y Anginodil. Este mismo año ASSE realizó una compra directa de Procoralan para distribuir a sus pacientes tratados con ella. Ni siquiera por licitación. Por eso, el caso Kim Fox no es un episodio lejano.

Surge otra pregunta incómoda: ¿qué mecanismos existen en Uruguay para garantizar que las decisiones sobre medicamentos estén realmente protegidas de los conflictos de interés de quienes elaboran las recomendaciones que orientan su utilización?

Respuesta: ninguno. De hecho, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que recibe financiamiento de fabricantes de vacunas, integra con voz y voto la comisión de vacunas del MSP y desde allí promueve más dosis para su público objetivo: la infancia. Las vacunas también se adquieren por compra directa: a GSK, el patrocinador histórico de la SUP.

Si quienes tienen intereses económicos en la industria integran organismos que elaboran recomendaciones, el conflicto de interés deja de ser un problema privado del médico y se convierte en un problema de salud pública.

Cuando autoridades o medios de información “garganteen” con supuestos estudios científicos arbitrados por pares y publicados en revistas especializadas para justificar recomendaciones sanitarias, recordá al zorro encubierto del BMJ.

Si conocés a alguien en tratamiento con ivabradina, compartile este informe. Tal vez le salves la vida, hoy, en manos de un zorro...

En noviembre de 2025 se notificaron casos de sarampión en habitantes de Río Negro que habían regresado del exterior. Es decir: casos importados de sarampión. La noticia se amplificó y mediatizó como si el virus estuviera radicado en Uruguay. No hubo ni un fallecimiento entre esos casos de sarampión.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), con avieso oportunismo, se apresuró a convocar una jornada nacional de vacunación contra el sarampión para capitalizar su popularidad entre la población, para el sábado 6 de diciembre de 2025. A partir de entonces, se desplegó en todo el país una intensa campaña que se extendió durante el verano de 2026.

Hay que tener presente que no existe la vacuna monovalente contra el sarampión: la protección contra esta enfermedad integra la triple viral (SRP, sarampión, rubéola y paperas) en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) desde 1982 para la población de 12 meses de edad.

La campaña no se limitó a los menores que tenían dosis pendientes según el CEV: también alcanzó a los nacidos a partir de 1967, es decir, a varias generaciones de adultos.

¿Por qué? Porque en 1992, se agregó una segunda dosis a los 5 años. De ese modo, personas que habían recibido una sola dosis décadas atrás fueron convocadas a recibir una segunda. Como si hubiera que saldar, retroactivamente, una deuda sanitaria.

Pero surge una pregunta elemental: ¿acaso la inexistencia de sarampión en Uruguay no constituye la mejor evidencia de que una sola dosis confiere protección suficiente, incluso para quienes, vacunados, fueron expuestos al virus fuera del país y regresaron sanos al país?

La presión llegó incluso al ámbito laboral: hasta el carné de salud fue utilizado como instrumento para exigir la acreditación del esquema de vacunación completo de dos dosis contra sarampión.

Una alerta. Una campaña. Una población que debía completar casilleros. Sin embargo…

Hay un dato que el MSP no advierte y que no debería perderse de vista. El último brote importante de sarampión en Uruguay ocurrió en 1998, 31 años después de 1967. Por lo tanto, varias generaciones de adultos pueden haber adquirido inmunidad natural de por vida y no deben vacunarse. Teniendo en cuenta que la historia clínica digital se inició en 2012 y que no hay registros de sarampión en ella, no es necesario probar haber padecido sarampión para rechazar la re vacunación con la triple viral, que además suma las vacunas contra paperas y rubéola a la del sarampión.

Sin embargo, ¿cuántas personas fueron revacunadas sin conocer siquiera si ya habían adquirido inmunidad natural y de por vida contra el sarampión? ¿Y cuántas, habiendo padecido alguna de las tres enfermedades, fueron vacunadas innecesariamente y expuestas a los posibles efectos adversos de la vacunación, como una reacción hiperinmune?

Meningitis: nueva alerta para generar otra temporada de vacunación

Terminado el verano, la alerta por el sarampión se esfumó hasta de los medios agitadores. En mayo se informó del fallecimiento de un bebé por meningitis y se desató una fuerte alarma pública alrededor de esta enfermedad, conforme entraba el invierno y las patologías habituales de esa temporada, entre ellas, la enfermedad meningocócica. Poco después se amplió la población destinataria de la vacunación antimeningocócica incorporada al CEV.

Se abrió la agenda en julio. Comenzó la vacunación masiva para la población entre 9 y 15 años de edad con una vacuna experimental desarrollada para África y sólo en uso en Nigeria desde 2023. Nuevamente se convocó a otra jornada nacional de vacunación, esta vez contra el meningocUco.

Y, mientras avanzaba la campaña antimeningocócica ampliada en pleno invierno, las noticias dramáticas que habían instalado la alarma comenzaron a desaparecer de los medios.

¿Desapareció el riesgo o desapareció la alarma?

Hay además un dato que no debería perderse de vista: la meningitis no presenta una incidencia uniforme durante todo el año. Algunas formas de la enfermedad tienen mayor circulación durante los meses de invierno.

¿Cuántos vacunados contra meningitis sufrieron efectos adversos graves y hasta la muerte como consecuencia de la vacunación antimeningocócica en Uruguay? No son reportados por el MSP pero sabemos que los hay. Porque una campaña de vacunación masiva no termina cuando se aplica la vacuna. También debería comenzar allí la farmacovigilancia. Y más aún si se trata de una vacuna experimental como es la MenFIVE que se está aplicando a los menores entre 6 y 15 años.

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Desde 1982, son solo ocho las vacunas establecidas por ley para la población. Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha actualizado el CEV para incorporar nuevas vacunas obligatorias mediante decretos. Ese mecanismo es una violación flagrante del artículo 10 de la Constitución.

Hasta ahora, nadie había resistido ese proceder inconstitucional de la autoridad sanitaria.

El último fue el Decreto 266/025, mediante el cual se incorporaron las vacunas antimeningocócicas, la hexavalente y la nueva contra el VPH.

Esta vez decidimos actuar y recurrirlo, como una forma de poner un límite a este mecanismo abusivo y defender los derechos de la ciudadanía.

Con apenas los 10 días hábiles para eso, logramos reunir a cuatro familias que pusieron su firma, patrocinadas por un equipo de abogados cuya asistencia estamos sosteniendo desde LSuy. Ver factura.

Vencido el plazo sin que el MSP se expidiera, el 28 de agosto se presentó la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra el MSP. Se puede hacer su seguimiento consultando la ficha 587 del año 2026 en este link.

Para iniciar esta acción fueron abonados $36.600 en concepto de adelanto de honorarios y gastos. Ver factura.

Ahora necesitamos recuperar ambos importes y reunir los recursos para afrontar los costos hasta el fin del proceso.

El gasto ya está hecho y las facturas abonadas.

Si querés contribuir a sostener esta acción, las vías disponibles son las cuentas oficiales de LSuy en:

Cada aporte ayuda a sostener esta acción histórica cuyo resultado trascenderá a las familias que la iniciaron para beneficio de toda la ciudadanía.

Si valorás el trabajo que hacemos, este es el momento de colaborar.

Gracias a quienes vienen sosteniendo este camino y haciendo posible que podamos llegar hasta acá.

Y gracias también a quienes hoy decidan sumarse.

Se promueve la vacunación como prevención de las enfermedades transmisibles. “Las vacunas salvan vidas” es el mantra o conjuro como si de una suerte de agua bendita se tratara para librarnos de la enfermedad y de la muerte.

Pero ¿qué significa realmente prevenir?

Prevenir es actuar antes de que ocurra un evento, con el propósito de evitarlo o reducir la probabilidad de que ocurra. La prevención opera sobre el riesgo y no sobre la ocurrencia del evento.

Usar el cinturón de seguridad, por ejemplo, evita que una persona sea eyectada de su asiento cuando el sistema de transporte en el que está sujeta experimenta una aceleración o desaceleración brusca. No tiene nada que ver con la medicina que asiste a los accidentados. Tiene que ver sólo con las condiciones de seguridad con que se fabrican y utilizan los sistemas de transporte.

¿Qué ocurre con las vacunas?

Tomemos como ejemplo Bexsero, la vacuna contra el meningococo B que se aplica en los bebés uruguayos. En el prospecto del fabricante publicado en el sitio web del MSP se describen estudios en los que se obtuvieron muestras de sangre antes de la primera dosis y posteriormente, una vez completado el esquema, para determinar los niveles de anticuerpos bactericidas y comparar la situación previa con la respuesta inmunológica obtenida después de la vacunación.

Es decir, la medición de una característica inmunológica es considerada relevante para la protección frente al patógeno. La vacunación provoca una respuesta inmunológica y los ensayos miden esa respuesta, mediante la determinación de anticuerpos bactericidas.

Entonces las vacunas no previenen nada. Son tan solo un tratamiento contra una carencia o insuficiencia inmunitaria. El tratamiento (vacuna) prepara el sistema inmune para que reaccione cuando se enfrente a determinados agentes infecciosos.

Pero esta forma de probar la eficacia de una vacuna está traída de los pelos, porque no prueba que el vacunado no contraerá la enfermedad ni la padecerá.

¿Cómo es esto?

Hay una diferencia conceptual entre tratar una enfermedad ya presente y prevenir una enfermedad que todavía no ocurrió.

Valoramos un tratamiento como eficaz cuando el estado del paciente mejora: desaparecen o disminuyen los síntomas, se recuperan funciones o se modifica favorablemente su estado de salud. En definitiva, cuando pasamos del estado enfermedad al saludable y recuperamos la calidad de vida.

Pero con la vacunación, todo eso no ocurre. La persona vacunada está sana de la enfermedad contra la que se vacuna. Si la vacuna cumple su supuesto cometido, la persona jamás tendrá la experiencia de lo que supuestamente previno. Generar o aumentar los anticuerpos no constituye por sí mismo un cambio clínico vivible en la vida de una persona sana. El supuesto beneficio consiste precisamente en que algo no suceda.

Para demostrar directamente el beneficio de la vacunación habría que observar qué ocurre cuando la persona vacunada se enfrenta al agente infeccioso. Pero esa prueba no puede hacerse deliberadamente: sería antiético exponer a los vacunados al agente infeccioso para contabilizar cuántos contraen la infección o desarrollan la enfermedad. ¿Y si la vacuna no funciona?

Es una diferencia fundamental respecto de probar un medicamento destinado a curar a un enfermo.

No sería éticamente aceptable darle a un paciente con cáncer un placebo simplemente para comprobar si otro paciente, tratado con el medicamento experimental, se cura. Del mismo modo, no sería aceptable provocar deliberadamente la exposición de una persona sana a un agente infeccioso para comprobar si la vacuna la protege.

En el primer caso, sin embargo, el efecto terapéutico puede observarse directamente en el propio paciente: el tumor disminuye, desaparece la enfermedad, mejoran los síntomas o se recuperan funciones. En el segundo, el supuesto beneficio preventivo es necesariamente contrafáctico: la persona nunca puede saber experimentalmente si habría enfermado de no haber sido vacunada.

Y allí aparece el problema que nos interesa: ¿cómo se demuestra aquello que nunca puede observarse directamente en el individuo?

Entonces, ¿cómo se pasa de medir anticuerpos a afirmar que se ha prevenido una enfermedad y evitado la muerte? Mediante una inferencia. Se mide una respuesta inmunológica y se la convierte en un supuesto indicador de protección. Es lo que declara el fabricante en el prospecto publicado por el MSP: “La eficacia de BEXSERO no ha sido evaluada a través de ensayos clínicos. La eficacia de la vacuna se ha deducido demostrando la inducción de respuestas de anticuerpos bactericidas…”. Además la EMA dice que no se realizaron estudios de eficacia durante el desarrollo clínico de Bexsero y que, por razones prácticas, los ensayos de eficacia contra meningococo en poblaciones no epidémicas no se consideraban factibles. Por eso la solicitud de autorización se basó en un marcador serológico sustituto de protección. En cambio la FDA no autoriza Bexsero en menores de 10 años.

Pero una cosa es medir anticuerpos y otra muy distinta es observar que una persona no contrajo la infección, no desarrolló la enfermedad o no murió a causa de ella. Entre ambas cosas hay una cadena de inferencias que debe ser demostrada, no simplemente proclamada.

Y aquí es donde la retórica de la vacunación empieza a parecerse peligrosamente a un acto de fe: se toma un marcador biológico, se le atribuye capacidad protectora, se presume que esa protección se traducirá en un determinado resultado clínico y, finalmente, se presenta todo el proceso bajo el mantra “las vacunas previenen enfermedades y salvan vidas”.

Eso no es una demostración experimental del resultado que se pretende obtener. Es una inferencia. Y una inferencia puede ser razonable cuando está sólidamente respaldada por evidencia. Pero cuando la cadena de razonamiento contiene incertidumbres, supuestos y extrapolaciones, no puede transformarse mágicamente en una certeza por repetición institucional.

Mucho menos puede convertirse esa certeza presunta en una obligación jurídica impuesta sobre el cuerpo de una persona.

Y si a esa cadena insostenible sobre la protección individual se le agrega el otro mantra —el supuesto efecto rebaño de la vacunación masiva—, la cadena de suposiciones se hace todavía más larga: de una presunta protección individual se deriva en una protección colectiva invocada para justificar la intervención sobre todos. El efecto rebaño ni siquiera está reportado en los prospectos de las vacunas, ni en Uruguay ni en el mundo.

Los efectos adversos que producen las vacunas, en cambio, sí constituyen acontecimientos clínicos observables y registrables, que sistemáticamente se ocultan y especialmente se niegan cuando un vacunado afectado sugiere una relación temporal entre la vacunación y sus consecuencias. Muchas veces hasta se citan cifras de personas salvadas por vacunas, lo cual es especulación pura. En cambio los afectados por vacunas tienen nombre y apellido.

Cuando la evidencia dañosa se niega y se prioriza la inferencia a favor del supuesto beneficio, cuando se reemplazan las inferencias por presunciones y las presunciones por dogmas, la ciencia deja de ser ciencia y se convierte en religión: el brujo de la tribu levanta un frasco, pronuncia unas palabras incomprensibles y declara que, porque apareció el signo esperado, el mal ha sido conjurado.

En una sociedad que pretende regirse por la razón, la fe vacunal no puede ser el fundamento de una obligación médica.

En 2021, en plena pandemia de COVID-19, la OMS lanzó su hoja de ruta mundial “Hacia un mundo sin meningitis”, con horizonte 2030. El documento puede consultarse aquí.

La estrategia apunta específicamente a combatir la meningitis bacteriana aguda prevenible mediante vacunación. Entre sus objetivos, la OMS plantea:

1. “Reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50%”.
2. En materia de prevención y control de epidemias, “lograr una mayor cobertura vacunal entre la población”.

¿Epidemia en Uruguay?

La propia OMS establece que existe una epidemia de meningitis cuando la incidencia acumulada supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes durante un año en una población determinada.

¿Estamos cerca de ese escenario?

Según el último Boletín Epidemiológico del MSP correspondiente a 2025, disponible aquí, la incidencia acumulada de meningitis y enfermedad meningocócica fue apenas de 1,17 casos por cada 100.000 habitantes.

Es decir: menos de 2 casos frente a más de 100 casos por cada 100.000 que la OMS utiliza como referencia para una situación epidémica. Claramente no hay epidemia en Uruguay con una incidencia que se encuentra decenas de veces por debajo de ese umbral.

¿Y la vacunación masiva preventiva?

Aquí la cuestión es todavía más reveladora.

La OMS clasifica la incidencia de enfermedad meningocócica invasiva de la siguiente manera:

Uruguay, con apenas 1,17 casos por 100.000 habitantes en 2025, se encuentra incluso por debajo del nivel que la OMS clasifica como baja endemicidad.

Y en 2026 tampoco aparece una situación compatible con una epidemia nacional: a la semana epidemiológica 31, la incidencia acumulada publicada por el MSP era de 0,78 casos por cada 100.000 habitantes. Ver boletín 31 aquí.

¿Cuántos niños y adolescentes sufrirán efectos adversos graves, incluida la muerte, debido la vacunación contra el meningocuco para prevenir una enfermedad cuya incidencia se encuentra en niveles de tan baja endemicidad?

Entonces, ¿por qué la alarma sanitaria?

No hay 100 casos de meningitis por 100.000 habitantes. Ni 10. Ni siquiera 2.

Hay 0,78.

Y, sin embargo, se está impulsando una campaña masiva de vacunación contra el meningocuco.

¿Cuál es exactamente el criterio epidemiológico que la justifica?

Porque una cosa es prevenir una enfermedad grave y otra muy distinta es presentar como amenaza epidémica una enfermedad cuya incidencia se encuentra muy por debajo de los niveles que la propia OMS utiliza para caracterizar escenarios de alto riesgo.

Si los números no muestran una epidemia, si la incidencia permanece en niveles extremadamente bajos y si tampoco se alcanzan los niveles de incidencia que la OMS asocia con estrategias preventivas de vacunación a gran escala, entonces la explicación ya no puede encontrarse simplemente en la epidemiología.

La CNAV había recomendado la vacuna antimeningocócica ACWY, que cuenta con las aprobaciones de la FDA y la EMA. Sin embargo, el nuevo gobierno en 2025 incorporó MenFive, la vacuna ACWXY, que agrega el serogrupo X.

¿Quién, cómo y por qué tomó la decisión de aplicar en Uruguay esa vacuna desarrollada especialmente para el cinturón de la meningitis de África, donde se han registrado tasas de hasta 1.000 casos por 100.000 habitantes, esto es, el 1% de la población?

Erradicar la meningitis en un país con menos de 2 casos por 100.000 habitantes al año es sencillo frente al desafío que supone hacerlo en el cinturón africano de la meningitis. Pero puede ser un mérito muy conveniente para quien aspire a proclamarse campeón mundial de la lucha contra la meningitis y artífice del primer país en erradicarla, de cara a las elecciones nacionales de 2029 y a la agenda de la OMS hacia 2030.

Además las vacunas son importadas y no son gratuitas: son productos comerciales adquiridos con dinero público.

Entonces…

¿Existen vínculos entre quienes impulsan activamente en Uruguay esta campaña masiva de vacunación antimeningocócica, los medios que amplifican la supuesta alerta epidemiológica, los fabricantes y los proveedores de las vacunas?

Esa pregunta no es antivacunas. Es control ciudadano sobre las decisiones que se toman en nombre de la salud pública. Porque cuando los datos no muestran una epidemia, cuando la incidencia está por debajo incluso del nivel de baja endemicidad y cuando la vacuna utilizada no es la recomendada por la CNAV sino una en etapa EXPERIMENTAL de la OMS la sociedad que paga las vacunas con sus impuestos tiene derecho a saber por qué se está haciendo lo que se está haciendo, quién lo decidió y a quién beneficia.

En 2025, Uruguay incorporó al Certificado Esquema de Vacunación dos vacunas antimeningocócicas: Bexsero, contra el serogrupo B, y MenFive, contra los serogrupos A, C, W, X e Y. El Ministerio de Salud Pública (MSP) aún no publicó el reporte de efectos adversos correspondiente a 2025 para todas las vacunas administradas en Uruguay o ESAVI (por evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización).

Bexsero cuenta con la aprobación de la EMA para ser aplicada a personas desde los 2 meses de vida pero la FDA sólo la autoriza a partir de los 10 años. MenFive no está autorizada por la FDA ni por la EMA. Sólo cuenta con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otorgada en julio de 2023. Tampoco estuvo en consideración de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del MSP.

Al no estar aprobada por los principales organismos reguladores del hemisferio norte, no existe un uso comercial autorizado de la vacuna MenFive que genere farmacovigilancia post comercialización. Es decir, no hay reportes en VAERS ni en EudraVigilance de efectos adversos por la administración de esa vacuna en Estados Unidos y Europa, por no estar aprobado su uso. Esto imposibilita investigar la seguridad post comercialización y por lo tanto la única información disponible es la provista por el fabricante como resultado de los posibles ensayos que haya realizado.

Como la MenFive tiene la precalificación de OMS, fuimos a buscar los efectos adversos registrados en la base de datos de farmacovigilancia de la OMS: VigiAccess.

Y nos llevamos una sorpresa.

Aparecen 162.296 reportes de efectos adversos. El repositorio los informa por continente, sin detallar el país de procedencia. Las barras muestran que la mayoría de los eventos se reportaron en Europa y América. Pero, si MenFive no estaba aprobada por la FDA ni la EMA, ¿cómo explicar la existencia de reportes en Europa y América?

Entonces por pura curiosidad fuimos a buscar los reportes correspondientes a los efectos adversos de la vacuna Bexsero:

Y aquí aparece la gran sorpresa: se obtiene exactamente el mismo resultado que para MenFive. Se exponen los mismos 162.296 eventos, la misma gráfica de barras y el mismo desglose de efectos adversos. Todo igual.

Esto permite comprobar cómo funciona el sistema: VigiAccess no muestra los reportes correspondientes a una marca específica, sino que los agrupa bajo al mismo principio activo, en este caso “Meningococcal vaccine”. Los 162.296 eventos totalizan los correspondientes a las vacunas antimeningocócicas en general.

En consecuencia, VigiAccess no permite determinar cuántos de esos reportes corresponden a MenFive y cuántos a otras vacunas antimeningocócicas. Por lo tanto, es imposible investigar específicamente la seguridad de MenFive.

Así como los datos no se exponen desagregados por país sino agregados por continente, tampoco se exponen desagregados por vacuna y fabricante: se presentan todos los eventos agregados por principio activo, unificando diferentes vacunas bajo una misma categoría. Esta presentación de los datos existentes impide que las estadísticas permitan identificar específicamente los reportes correspondientes a cada vacuna.

¿Cómo estamos seguros de que los datos existentes en el repositorio de OMS son más ricos que los presentados? Porque para reportar a OMS un efecto adverso ocurrido en Uruguay, se debe acceder desde el sitio web del MSP (ver aquí) y porque el informe del MSP de los ESAVI en 2024 revela que obtuvo los datos de la base de la OMS (esavi 2024).

De modo que los datos disponibles en el repositorio de la OMS, la única institución que ha otorgado una condición regulatoria a MenFive, no son confiables para investigar la seguridad de esa vacuna.

La precalificación de OMS no es garantía de nada. Su repositorio es un artilugio para desinformar.

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El Decreto 41/2012 establece la notificación obligatoria de los eventos sanitarios definidos en el Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria. El MSP publica boletines semanales en su sitio web donde da cuenta de todos estos eventos. En cada boletín compara los datos del presente año con los del año anterior. Los boletines del 2025 con datos del 2025 y 2024 aún están disponibles para poder compararlos con los del 2026, semana a semana.

A partir de estos datos se elabora el cuadro que permite comparar 2024, 2025 y 2026 en relación con los casos de meningitis y enfermedad meningocócica. El último boletín publicado corresponde a la semana 30, la última del mes de julio.

Como se puede apreciar, los casos de meningitis y enfermedad meningocócica en la semana 30 de 2026 (26) superan a la de 2025 (19) pero se mantienen por debajo de la de 2024 (29). ¿Cómo se explican esas diferencias?

En julio de 2025 comenzó la vacunación masiva con las dos vacunas antimeningocócicas contra neisseria meningitidis. Hay dos aspectos distintos que requieren una explicación.

Por un lado, está el dato cuantitativo: en 2025 los casos bajaron con respecto a 2024 sin vacunación masiva (lo que resulta llamativo si, según el relato oficial, la vacunación era necesaria precisamente para hacer bajar los casos, pero estos bajaron sin que hubiera un aumento de la vacunación).

Luego, en 2026, los casos volvieron a subir pese a que ya se estaba vacunando mucho más (lo cual resulta contradictorio, ya que se supone que una mayor vacunación debería traducirse en menos casos, pero en este caso ocurrió lo contrario: aumentó la vacunación y también aumentaron los casos).

Además, aunque los casos aumentaron de 2025 a 2026, la cantidad registrada en 2026 siguió siendo menor que la de 2024. Por lo tanto, el número de casos, tomado por sí solo, no parece suficiente para explicar por qué en 2026 sería necesaria una ampliación masiva de la vacunación.

Por otro lado, existe una cuestión conceptual diferente: si en 2024 el nivel registrado ese año fue considerado suficientemente preocupante como para decidir la incorporación de las vacunas al CEV, resulta necesario explicar con qué criterio un nivel menor en 2026 justifica ahora una ampliación todavía mayor de la vacunación.

¿Qué relación habrá entre los efectos supuestamente atribuíbles a vacunación e inmunización (ESAVI)?

La vacunación antimeningocócica ya existía en Uruguay pero fuera del certificado esquema de vacunación (CEV); es decir, las vacunas debían ser pagadas por quienes optaban por recibirlas. Por eso existe registro de ESAVI en los reportes anuales del MSP: por la MenACWY y por la Bexsero (antimeningocócica B). Entre 2020 y 2023, pandemia mediante, se publicó un único reporte que resume esos cuatro años:

Esavi total	2020–2023	2024
MenB (Bexsero)	23	6
MenACWY	2	2

Y hasta hay ESAVI graves registrados por la Bexsero, que se aplica a los bebés:

esavi grave	2020-2023	2024
MenB (Bexsero)	3	0
MenACWY	0	0

Los ESAVI correspondientes a 2025 aún no han sido publicados al 30/7/2026, según respuesta recibida del MSP. En ese reporte deberían constar, entre otros, los producidos por la vacuna MenFive (antimeningocócica pentavalente ACWXY), cuyo impacto en términos de seguridad se desconoce porque, al no estar aprobada por la FDA ni por la EMA, no existen registros de ESAVI en el VAERS de Estados Unidos ni en el registro EudraVigilance de Europa.

Pero hay algo aún más grave: la incorporación de la vacuna MenFive en el CEV no fue puesta a consideración de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP. Si la Comisión no la aprobó, ¿quién evaluó la seguridad de la nueva vacuna? Como en la pandemia, que se evitó reportar anualmente los ESAVI sobre las vacunas anticovid experimentales, ¿será que se están ocultando los ESAVI de otra vacuna por ser experimental?

En julio de 2025, el Ministerio de Salud Pública (MSP) incorporó dos vacunas antimeningocócicas al Certificado Esquema de Vacunación (CEV) para determinados grupos etarios. A los demás grupos también se las indican los pediatras, pero deben pagarlas de su bolsillo.

En 2026, cuatro niños fallecieron por meningitis. Los casos fueron ampliamente difundidos por los medios porque no estarían vacunados y contribuyeron a instalar un clima de alarma pública. Las autoridades hablaron de un «aumento inusual de casos», eufemismo para “brote”. Como ya informáramos, el aumento de casos respecto a 2025 es inferior al nivel de 2024.

El efecto fue concreto: la población se movilizó para reclamar que la vacunación gratuita se extendiera a más menores. Poco después, el MSP anunció la llegada de más de 340.000 dosis con el objetivo de vacunar a todos los menores de 18 años.

Los prestadores privados se sumaron rápidamente a la promoción de la campaña. Uno de ellos, del interior del país, utilizó la imagen de un conocido artista en un video viral, a quien presentó como pediatra: el Dr. Gabriel Peluffo.

Como hacemos habitualmente, recurrimos al registro oficial de títulos para verificar sus acreditaciones.

Y allí apareció el primer dato llamativo.

El registro mostraba apenas dos acreditaciones del Dr. Peluffo: una como médico general y otra como «Magíster en Dirección de Empresas de Salud».

No figuraba la especialidad en Pediatría.

Ese mismo día difundimos la información en redes sociales, junto con el enlace al registro oficial, para que cualquiera pudiera comprobarla por sí mismo. La publicación generó un intenso debate. Y, sin verificar nada, muchas personas cuestionaron nuestro proceder.

Entonces decidimos ir directamente a la fuente. Presentamos ante el MSP un pedido de acceso a la información para conocer qué títulos tenía registrados el Dr. Gabriel Peluffo, qué especialidades y formaciones figuraban oficialmente en sus antecedentes y cuáles de ellas reconocía el MSP a efectos de su habilitación profesional. Y entonces ocurrió algo llamativo. Ese mismo día, el registro oficial de títulos fue actualizado.

A partir de ese momento, Peluffo aparecía efectivamente como pediatra. Pero todavía faltaba otro título. En diversas fuentes se lo presentaba además como egresado de la «Diplomatura en Infectología Pediátrica». Esa formación tampoco figuraba en el registro oficial del MSP. El dato no era menor porque se trataba precisamente de una formación que reforzaba su autoridad profesional como pediatra en el contexto de una campaña de vacunación infantil.

Finalmente, el MSP respondió nuestro pedido de acceso a la información.

Según la respuesta oficial, el Dr. Peluffo está habilitado para ejercer con cuatro títulos: médico general, director de empresa de salud, pediatra e Infectología Pediátrica.

Y aquí aparece el dato central: el título de Infectología Pediátrica fue incorporado al registro entre nuestra solicitud y la respuesta oficial del organismo.

La pregunta es inevitable: ¿Por qué aparecieron esos títulos después de que solicitamos oficialmente la información?

Mientras el registro de Peluffo en el MSP se transformaba, su imagen estaba siendo utilizada por un prestador privado que se prestigiaba con ese perfil, para promocionar una campaña de vacunación infantil: imagen profesional de una figura conocida de la música popular para algunos adultos, capaz de generar confianza en ellos que en su rol como padres, deciden por sus hijos.

Confianza para vacunar.
Confianza para no preguntar.
Confianza para no dudar.

¿Y qué se está promoviendo? Una vacuna que no cuenta con aprobación de la FDA ni de la EMA ni por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) del MSP. En efecto, la vacuna recomendada por la CNAV en 2024, según acta pública, fue otra: la tetravalente ACWY. Pero las nuevas autoridades que asumieron en 2025 (y sin convocar a la CNAV) optaron por la pentavalente ACWXY: una vacuna desarrollada para las necesidades de África. Entonces la pregunta cambia. Ya no se trata solamente de saber por qué el registro fue actualizado después de nuestro pedido. Se trata de entender cómo opera esa imagen reforzada de Peluffo en el marco de la campaña por una vacuna experimental.

¿Para convertir cuatro títulos profesionales en una garantía que la propia vacuna no tiene ante los dos principales organismos regulatorios que mencionamos ni por el propio MSP?

Porque una cosa es informar.

Otra muy distinta es construir una imagen de autoridad para obtener confianza ciega.

Y si el Estado refuerza esa imagen para promover en niños una vacuna que no cuenta con aprobación de la FDA ni de la EMA ni de la CNAV, mientras el propio registro oficial incorpora títulos que antes no mostraba, tenemos derecho a preguntar:

¿Están experimentando con los niños uruguayos?

Mientras el mundo prioriza el consentimiento informado de los padres y excluye las vacunas antimeningocócicas, Uruguay somete a niños y adolescentes a un experimento sanitario.

El lunes 10 de agosto de 2026 marca un antes y un después en las políticas de vacunación infantil en Estados Unidos. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que modifica el calendario nacional de vacunación infantil. Ver fuente aquí.

El objetivo es abandonar el modelo de un calendario universal y avanzar hacia un sistema con mayor participación de los padres, acompañado por la recomendación personalizada del médico tratante.

La orden intenta pasar de un modelo de “calendario universal, vacunas combinadas y múltiples aplicaciones en una visita” a otro de “calendario personalizado, vacunas separadas en más visitas y mayor decisión parental”.

También cuestiona el modelo basado en mandatos de vacunación. Sostiene que otros países desarrollados alcanzan altas coberturas mediante confianza, información y educación.

Da especial relevancia a las excepciones médicas y filosóficas frente a los requisitos estatales y reclama una mayor protección de la autonomía de los padres.

Cuestiona asimismo el modelo de vacunación simultánea: propone estudiar la administración de vacunas en visitas diferentes y desarrollar alternativas a las vacunas combinadas. Como ejemplo emblemático, plantea separar la triple viral (MMR en inglés, SRP en español) en vacunas individuales contra sarampión, paperas y rubéola, aunque para ello deberían existir productos disponibles y autorizados para su utilización.

La administración estadounidense sostiene que las recomendaciones deben alinearse a la tendencia mundial de las prácticas de otros países desarrollados y reclama más investigación para establecer un calendario basado en lo que denomina “gold standard science” o “ciencia de referencia”.

La orden dispone además una revisión de los perfiles de riesgo y beneficio de las vacunas infantiles, utilizando datos estadounidenses e internacionales. Solicita estudiar sistemáticamente beneficios, riesgos, eficacia, momento y secuencia de administración, incluyendo estudios controlados y estudios observacionales de largo plazo.

Uno de los cambios más significativos es la reducción de 18 a 11 enfermedades para las que se recomienda la vacunación universal. Eso reduce las inyecciones y las dosis de acuerdo al siguiente esquema:

Vacunas	Antes	Ahora
Enfermedades	18	11
Inyecciones	57	23
Dosis	84	23

Las siete enfermedades cuyas vacunas dejan de integrar el esquema son: hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, influenza, COVID-19, VRS y meningococo. Sí, meningococo.

Este cambio plantea un gran interrogante para Uruguay. Mientras Estados Unidos deja de considerar universal la vacunación antimeningocócica, Uruguay está ampliando su estrategia de vacunación con dos vacunas: a los adolescentes con MenFive, que no tiene la autorización de la FDA ni de la EMA y a los bebés con Bexsero, que no está aprobada por la FDA para menores de 10 años.

Es decir: Uruguay aplica vacunas que no integran las recomendaciones actuales de Estados Unidos ni de Europa. Uruguay es el laboratorio.

En definitiva, la orden ejecutiva representa un cambio de paradigma en la política federal de vacunación infantil en todo Estados Unidos: reduce el número de vacunas recomendadas universalmente, promueve una mayor individualización de las decisiones, cuestiona la administración simultánea y las vacunas combinadas, propone más investigación científica y coloca la decisión de los padres y la relación médico-paciente en el centro del nuevo modelo.

Ya son muchas las quejas que hemos recibido de padres por maestros que usan el grupo de chat para exponer a los niños que carecen de carné de vacunas. Por eso hoy, 7/8/2026, presentamos una denuncia por bullying docente ante la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Y ya fue ingresada con el número de expediente 2026-25-1-002925: