En 2024 fuimos contactados por un equipo de abogados que representaba a una familia de Atlántida en un proceso de separación. El objetivo era ratificar la tenencia de su único hijo a favor de la madre.

El juez había dispuesto una defensora de oficio para el menor y la familia había solicitado el patrocinio del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. Sin embargo, cuando al expediente se incorporó el informe de la asistente social de ASSE, quedó de manifiesto que el niño no había sido vacunado. Había sido una decisión conjunta de ambos progenitores desde su nacimiento. El Consultorio comunicó que cesaba el patrocinio del caso debido al rechazo de la madre a vacunar a su hijo.

La decisión plantea interrogantes que exceden a este caso. El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República no es un estudio privado: es el ámbito donde se forman los futuros abogados y una herramienta de acceso a la justicia para quienes no pueden costear una defensa. ¿Qué mensaje transmite que el patrocinio cese cuando el cliente adopta una decisión lícita, aunque controvertida? ¿Cuál fue el fundamento jurídico de esa decisión? Son preguntas que merecen una respuesta pública.

La familia se vio obligada a contratar defensa particular. Entonces ocurrió un hecho difícil de comprender: el juez dispuso que los padres también debían asumir los honorarios del defensor de oficio designado por él para representar al menor, cuya actuación era contraria a la posición de la familia. Como no podían afrontar ese costo, LSuy se hizo cargo. En los hechos, financiamos al abogado que impulsaba la vacunación del niño y sostenía una postura opuesta a la de nuestros propios patrocinados.

Durante meses, el expediente giró en torno a obtener del MSP información sobre las vacunas que supuestamente debía recibir el niño.

Dos años después, el escenario cambió: dos sentencias de los Tribunales de Apelaciones de Familia que habían revocado fallos del juez de Tacuarembó en causas iniciadas por ASSE contra familias que no habían vacunado a sus hijos. Ver informe. A la luz de esos antecedentes, la propia defensora del menor modificó su criterio y solicitó el archivo del expediente IUE 640-309/2024.

El desenlace resulta, cuanto menos, paradójico. La asesora letrada designada por el juez para representar los intereses del menor y cuyos honorarios la propia familia debió afrontar, terminó sosteniendo la misma posición jurídica que ellos. Una ironía difícil de pasar por alto: al final parecía que habíamos «comprado» a la defensora del menor. Menos mal que no era el juez.

Este caso instala una incógnita institucional. El Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, ¿continúa considerando que una familia que decide no vacunar a su hijo no merece su patrocinio, aun cuando Tribunales de Apelaciones de Familia hayan revocado decisiones judiciales que pretendían imponer esa conducta? ¿Ha revisado sus criterios a la luz de esta nueva jurisprudencia? Sería saludable que la institución lo aclarara públicamente. Al fin y al cabo, allí se forman los futuros abogados del país y también se define, en buena medida, cómo se concibe el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.

Este es el tercer caso de familias judicializadas por no vacunar a sus hijos que concluye favorablemente para los niños y sus padres. No será el último. Aún quedan otros procesos en trámite. Tarde o temprano, quienes deban resolverlos deberán medirse con la jurisprudencia que ya empezó a marcar el camino y que se perfila como una referencia ineludible.

Agradecemos a todos los generosos colaboradores de LSuy que hacen posible esta iniciativa. Gracias a su aporte económico fue posible defender los derechos de esta familia y contribuir a un precedente relevante para muchas otras.

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Este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) inició la campaña de vacunación antigripal en marzo. Sin embargo, cuando ya había transcurrido casi la mitad de 2026, la ministra de Salud Pública,, Dra. Cristina Lustemberg, admitía públicamente sentir «vergüenza como pediatra» porque apenas el 14 % de los niños de entre seis meses y cinco años había recibido esa vacuna.

En la historia clínica de un bebé constan reiteradas indicaciones de su pediatra para que recibiera la vacuna antigripal. Sin embargo, esa vacuna nunca fue administrada. Esta discrepancia pone de manifiesto la falta de integración entre la historia clínica y el registro oficial de vacunación, lo que permite que el vacunador se aparte de la prescripción del profesional tratante sin siquiera dejar constancia formal de esa decisión mediante su firma en el certificado de vacunación que expide.

Pero las inconsistencias no terminan allí.

En la parte superior del Certificado de Vacunación (CV) expedido por el MSP, figura el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) aplicable. Ese esquema fue modificado en 2025 por el Decreto Nº 266, que incorporó las vacunas hexavalente y antimeningocócicas. Sin embargo, al día de hoy, consigna la leyenda «actualizado 2022«.

Surge una contradicción llamativa porque, según ese CEV incorporado al CV, el menor debía recibir determinadas vacunas. No obstante, registra la administración de otras que no figuran en el CEV que exhibe como vigente a 2022 y aplicable.

A ello se suma otra desviación: para la edad del menor al momento de las últimas inoculaciones, el CEV tampoco prevé la administración de dosis. Si el vacunador decidió apartarse del calendario allí establecido para regularizar un eventual atraso en la vacunación, debería existir una justificación documentada que explique el criterio aplicado. El CV, sin embargo, no contiene ninguna.

Tantas irregularidades acumuladas plantean interrogantes sobre la confiabilidad del registro. Si el CV expedido por el propio MSP no refleja las indicaciones médicas y, además, contradice el propio CEV que incorpora, ¿qué garantías ofrece de que registra las vacunas efectivamente administradas? Pero, sobre todo, ¿qué garantías existen de que cada persona reciba las vacunas que necesita?

Tal vez estos defectos pasen inadvertidos para la mayoría de las personas que salen caminando de un vacunatorio. La situación cambia radicalmente cuando un fallecimiento obliga a reconstruir, con precisión, qué vacunas fueron administradas, cuándo, quién, con qué lote y conforme a qué criterio técnico.

El CEV fue creado a partir del decreto-ley 15272 sobre vacunación obligatoria. El CV es el documento público expedido por el MSP que certifica el estricto cumplimiento de dicha normativa por parte de su titular. Es requerido para la obtención de otros documentos como el carné de salud, la licencia de conducir profesional y la residencia legal. Además, es exigido por los jueces en procesos promovidos por los prestadores de salud contra padres que no vacunan a sus hijos.

Precisamente por el valor jurídico que el propio Estado le atribuye, ese documento debe reflejar con exactitud los hechos que certifica. Si el certificado contiene información incompatible con las indicaciones médicas, incorpora un esquema de vacunación que no coincide con las vacunas registradas, omite justificar apartamientos del calendario oficial y carece de elementos que permitan reconstruir adecuadamente el acto vacunatorio, la cuestión deja de ser una mera desprolijidad administrativa. Surge entonces un serio cuestionamiento acerca de si el documento está certificando hechos distintos de los realmente ocurridos, es decir, si incurre en una falsificación ideológica de un documento público.

En esas condiciones, su aptitud para acreditar el cumplimiento del régimen de vacunación obligatoria —tanto dentro del país como ante autoridades extranjeras cuando se exige para viajar o satisfacer requisitos sanitarios internacionales— queda seriamente comprometida.

Lejos de fortalecer la confianza pública, esta grave situación contribuye a erosionar aún más la credibilidad en las políticas de vacunación.

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El Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida es una iniciativa de 240 artículos presentada por el Poder Ejecutivo al Legislativo. Según su exposición de motivos, su objetivo es reducir los precios de la canasta básica, disminuir los costos de gestión estatal mediante la desburocratización y la digitalización, y promover la libre competencia. El texto introduce modificaciones en materia de trámites administrativos, comercio exterior, defensa de la competencia e inversiones.

Durante la presentación, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sostuvo que «la salud no es solo una política social, sino también una política de desarrollo», y afirmó que «un país más saludable es más competitivo y productivo».

Sin embargo, al llegar al final del articulado aparecen disposiciones que poco o nada tienen que ver con esos objetivos declarados.

Bajo el último apartado, «4.4.8: Promoción de la investigación clínica», se declara de interés nacional el desarrollo de la investigación clínica en Uruguay y se crea un régimen de incentivos fiscales para esa actividad. Además, se promueve la integración regional para facilitar la participación en experimentos colaborativos y se impulsa la creación de un Plan Nacional de Capacitación en Investigación Clínica.

La inclusión de este apartado plantea una pregunta evidente: ¿qué relación guarda la investigación clínica con la reducción del costo de vida, la baja de los precios de la canasta básica o la simplificación de trámites estatales?

El proyecto no establece mecanismos que garanticen que los eventuales beneficios comerciales derivados de esos ensayos se traduzcan en acceso preferencial, reducción de precios o ventajas concretas para quienes participan en ellos o para la población uruguaya en general.

Tampoco aborda de forma específica las garantías para quienes participan en las investigaciones. En los países desarrollados donde se realizan ensayos clínicos existen mecanismos obligatorios de cobertura o compensación frente a lesiones y daños derivados de la investigación. Sin embargo en Uruguay eso quedaría fuera de esta ley, puesto que este proyecto no incorpora disposiciones en ese sentido y sólo concentra sus esfuerzos en atraer inversores para esta actividad. Cabe preguntarse si la Comisión Nacional de Ética de Investigación del Ministerio de Salud Pública fue consultada para elaborar esta iniciativa. ¿O fue tratada con la misma consideración que la comisión que intervino en el caso Miralles?

La pregunta de fondo sigue abierta: si el objetivo es reducir el costo de vida de los uruguayos, ¿por qué un proyecto con ese título termina dedicando sus últimos artículos a promover y subsidiar la experimentación con seres humanos, tratados como simples sujetos de investigación y no como verdaderos socios con derecho a participar de las ganancias que contribuyen a generar?

¿Qué quiso decir exactamente Lustemberg cuando afirmó que la salud también es una política de desarrollo? ¿Desarrollo para quién? ¿Para los pacientes, para el sistema sanitario nacional o para una industria global que busca reducir costos y reclutar más participantes para sus experimentos? En Uruguay no se puede comercializar con sangre, órganos, óvulos ni esperma. Sin embargo, esta propuesta macabra convierte al uruguayo entero en moneda de cambio.

Esta iniciativa aparece sospechosamente vinculada al proyecto de ley que prevé la incorporación de Uruguay al Instituto Internacional de Vacunas. Al mismo tiempo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría —una organización que mantiene vínculos de financiamiento con la industria farmacéutica— integra la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública, con voz y voto en las decisiones sobre la incorporación de vacunas al esquema nacional, todas las dirigidas a niños y hasta a las embarazadas. Paralelamente, la Comisión Nacional de Ética en Investigación autoriza ensayos clínicos sobre esas mismas poblaciones. Todo ello ocurre en un contexto de limitada transparencia pública, donde el acceso a la información sobre deliberaciones, fundamentos y eventuales conflictos de interés continúa siendo insuficiente para una adecuada rendición de cuentas.

¿Qué posición adoptarán los legisladores cuando llegue el momento de votar estos artículos? En pandemia se sacaban fotos con el brazo descubierto recibiendo la vacuna, como símbolo de confianza y cercanía con la gente. ¿Podrán sostener ese mismo gesto ahora con la investigación clínica, al aprobar una ley que, en nombre de la competitividad, se aparta de su propio objetivo ya desde el título: «reducir el costo de vida» del pueblo que representan?

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El Poder Legislativo uruguayo tiene previsto aprobar el ingreso de Uruguay y su sumisión al Instituto Internacional de Vacunas (IIV).

El IIV es una organización internacional con sede en Seúl, creada en 1997 bajo auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su foco principal ha sido el desarrollo, evaluación y distribución de vacunas, sobre todo para países de ingresos bajos y medios.

Constituye el mayor laboratorio de ensayos clínicos de vacunas en países subdesarrollados previo a su comercialización en los desarrollados.

Financiamiento

El IIV ha recibido financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Es socio técnico en programas de vacunación impulsados por GAVI (la Global Alliance for Vaccines and Immunization), que financia la compra y distribución de vacunas en países pobres. IIV ha trabajado generando evidencia o apoyando implementación de campañas.

Ha participado en proyectos vinculados a preparación frente a brotes con CEPI (la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) que financia el desarrollo exprés de vacunas ante epidemias. Es decir: colaboración en I+D (investigación y desarrollo) y preparación pandémica.

Un dato políticamente relevante

Existe una fuerte concentración de influencia alrededor de un núcleo de organizaciones (Gates, Gavi, CEPI, OMS y socios asociados), debido a los flujos de financiamiento cruzados y la participación recurrente de las mismas instituciones en consejos asesores, programas y proyectos.

Por otro lado, los defensores de este modelo sostienen que esas alianzas permiten coordinar recursos, investigación y acceso a vacunas a escala mundial, especialmente en países con menos capacidad científica o financiera.

En otras palabras, la existencia de vínculos entre IIV, Gates, Gavi y CEPI es un hecho documentado; lo que genera debate es cómo interpretar el alcance e impacto de esos vínculos en la formulación de políticas sanitarias globales.

La acción del IIV mantiene dependencia de un sistema global donde la tecnología y decisiones siguen concentradas. En particular, preserva el sistema de patentes sobre las fórmulas y procesos de fabricación. Las alianzas globales de las que se vale el IIV no eliminan patentes, sino que:

• negocian precios,
• financian acceso,
• coordinan distribución.

Es decir: fomentan la permanente introducción de nuevas vacunas como otra forma de esquilmar a los países mediante contratos secretos.

Como en cualquier área con mucho dinero y política pública, existen zonas sensibles:

• Lobby o incidencia: reuniones, asesoramiento técnico, promoción de políticas.
• Puertas giratorias: personas que pasan de organismos internacionales a gobiernos o viceversa.
• Conflictos de interés: expertos vinculados a industria o financiadores.

Esto es reconocido incluso por organismos internacionales. Han existido casos de corrupción en las compras públicas en distintos países. Esto agrega intermediarios lo que genera sobreprecios en adquisiciones irregulares. Es un ejemplo de eso, la compra directa de la vacuna contra la meningitis en 2025 por 2 millones de dólares a GSK, el patrocinador histórico de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), de la cual es socia la Ministra Dra. Cristina Lustemberg. Además la directora de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, Dra. Catalina Pírez, que junto a Lustemberg integra la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP es simultáneamente la tesorera del Comité de vacunas de la SUP. Y hete aquí que este proyecto de ley tiene la firma de Lustemberg.

El MSP de Uruguay está obligado por ley a controlar la preparación de las vacunas. Sin embargo el fallo de la vacuna contra la varicela, reconocido por las autoridades en enero, evidencia que eso no se cumple y que en Uruguay las vacunas se prueban en la población.

La OMS registra sistemas para indemnizar a los dañados por vacunas en varios países del mundo desarrollado. En los países laboratorio, como Uruguay, no hay garantías para la gente cuando experimenta los efectos adversos de vacunas falladas.

Desde LSuy apelamos al respeto de legisladores a la soberanía de la población a la que representan, desprotegida ante tantas irregularidades, para que rechacen ese proyecto de ley que convertiría ciudadanos uruguayos en cobayos del mundo.

El 17 de junio se conoció la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2.º Turno en un nuevo caso de una familia de Tacuarembó judicializada desde 2024 a instancias de ASSE.

Este nuevo fallo vuelve a poner en evidencia la actuación irregular del organismo denunciante. De la propia sentencia surge que la judicialización de la familia estuvo asociada al interés de alcanzar las metas asistenciales vinculadas al cumplimiento de la cobertura del esquema de vacunación obligatorio.

Al igual que en la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1.er Turno, este tribunal cuestiona la imparcialidad del testimonio de la Dra. Catalina Pírez, principal referente del MSP en materia de vacunas, debido al conflicto de interés derivado de su condición simultánea de integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP y tesorera del Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, institución que recibe financiamiento de laboratorios fabricantes de vacunas que son, a su vez, proveedores del propio Ministerio.

Este fallo establece expresamente que “en el caso, no surge informe alguno que consigne que la aplicación de las vacunas del esquema nacional de vacunación sea imprescindible para preservar la vida e integridad fisica«.

Asimismo sostiene «el cuidado de la salud es un deber que el estado le impone a sus habitantes, en el caso de los hijos, ese deber lo asumen los padres, que lo tienen impuesto en forma directa por la primera de las normas mencionadas» y esta es: el artículo 41 de la Constitución. 

Estas consideraciones evidencian un cambio de criterio respecto de una concepción de Estado protector que, en la práctica, desplazaba el ejercicio de la patria potestad e imponía decisiones sanitarias por encima de la voluntad de los padres. Este fallo, por el contrario, reafirma que la responsabilidad primaria sobre el cuidado de los hijos corresponde a los padres y reconoce su derecho a adoptar decisiones en materia de vacunación.

Dos tribunales de apelaciones han señalado aspectos que afectan la credibilidad de quienes pretenden imponer decisiones sanitarias mediante la vía judicial. Estos pronunciamientos obligan a abrir un debate serio sobre la transparencia, los conflictos de interés y la utilización del aparato estatal para presionar a las familias.

Cuando la Justicia comienza a cuestionar prácticas que durante años se consideraron incuestionables, corresponde a la ciudadanía exigir explicaciones y reclamar responsabilidades. La defensa de los derechos de los niños y de las familias requiere instituciones independientes, funcionarios libres de intereses contrapuestos y políticas públicas sometidas al escrutinio público.

La salud pública no puede construirse sobre la opacidad ni sobre la coerción. Es tiempo de poner fin a los conflictos de interés y defender, con firmeza y sin miedo, los derechos y las garantías de todos los uruguayos. La transparencia, la independencia y el respeto a las garantías constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés corporativo.

Entrevista a la Dra. Fanny Saad, abogada de ambas familias de Tacuarembó.

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A la fecha, en Uruguay existen tres pronunciamientos judiciales relevantes que limitan el alcance de la vacunación obligatoria en menores de edad, todos ellos originados a partir de denuncias promovidas por ASSE contra familias que optaron por no vacunar a sus hijos.

Lejos de consolidar un criterio de imposición absoluta, estas resoluciones marcan un rumbo claro: el ejercicio de la patria potestad y las decisiones parentales no pueden ser desplazados sin más por la autoridad sanitaria.

A continuación, se exponen en orden cronológico los tres casos, cuyo valor resulta significativo para otras familias que enfrenten situaciones similares:

1. Año 2022 – Juzgado de Colonia (IUE 239-59/2019)
La jueza Dra. Mariana Capurro resolvió archivar la denuncia presentada por ASSE, estableciendo:
“Se entiende en principio respetar la opción de sus padres de no vacunar a sus hijos por sus creencias y filosofía de vida.”
El decreto 2214/2022 de fecha 5/4/2022 reconoce explícitamente el peso de las convicciones familiares en la toma de decisiones sobre la salud de los hijos.

2. Año 2025 – Tribunal de Apelaciones de Familia de 3er Turno
El Tribunal revocó parcialmente la sentencia de primera instancia dictada por la Dra. Stefania Vittori (Carmelo), dejando sin efecto la medida que habilitaba el uso de la fuerza pública para conducir a la niña a un vacunatorio.
Este pronunciamiento establece un límite claro: el Estado no puede recurrir a la coerción física para imponer la vacunación. El expediente no fue archivado aún, por eso omitimos su IUE.

3. Año 2026 – Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno
Se revocó la sentencia del juez Dr. Oscar Suárez (Tacuarembó), que había ordenado la vacunación compulsiva de un niño y, en caso de incumplimiento, su internación en INAU para ejecutar la medida.
El Tribunal rechazó este criterio, descartando tanto la vacunación forzada como la separación del niño de su familia con ese fin. Este expediente tiene reserva, por eso omitimos su IUE.

Conclusión

Estos fallos permiten afirmar, con fundamento, que en Uruguay:

• La negativa a vacunar a los hijos no implica, por sí sola, la pérdida de la patria potestad.
• No es legítimo el uso de la fuerza pública para imponer la vacunación.
• No corresponde la institucionalización de menores en INAU como mecanismo para ejecutar dicha práctica.

De modo que las vacunas en la infancia no son obligatorias en Uruguay.

En definitiva, la jurisprudencia reafirma un principio esencial: las decisiones sobre la salud de los hijos, en ausencia de riesgo inminente y debidamente probado, pertenecen primariamente al ámbito de responsabilidad de los padres.

Este conjunto de precedentes no solo protege derechos individuales, sino que también actúa como un límite necesario frente a intervenciones estatales desproporcionadas.

La Agencia Europea de Medicamentos también cometió mala praxis científica.

A continuación compartimos un resumen de la reciente publicación de Peter C. Gøtzsche, autor del libro “Cómo Merck y los reguladores de medicamentos ocultaron daños graves de las vacunas contra el VPH”.

La demanda, Robi v. Merck, BC628589, del Tribunal Superior de California, Condado de Los Ángeles, se presentó en 2016. Dejó en evidencia que Merck no advirtió adecuadamente a los pacientes y a los médicos sobre los riesgos de trastornos graves.

Jennifer Robi, una exatleta, terminó en silla de ruedas después de ser vacunada con tres dosis de Gardasil cuando era adolescente, hace 15 años. Este mes, junio de 2026, se anunció que Merck llegó a un acuerdo con ella, y que dicho acuerdo involucra más de 200 demandas por más de 50 millones de dólares, pero la cantidad no se puede verificar, ya que las condiciones del acuerdo son confidenciales.

El caso de Robi tenía el potencial de presentar ante un jurado las pruebas de seguridad de Gardasil. Merck prefirió pagar para cerrar estos casos antes que correr el riesgo de perder en la Corte Suprema.

Otra ventaja de llegar a un acuerdo es que la empresa evita admitir culpabilidad y puede seguir promocionando la “seguridad y eficacia” de su producto.

Gøtzsche explica que esto también lo hizo Eli Lilly hace años. Los antidepresivos pueden causar violencia y homicidios. En 1989, un mes después de comenzar a tomar fluoxetina, un hombre mató a tiros a 8 personas, hirió a otras 12 y se suicidó. A lo largo de la década de 1990, mientras juraba públicamente que la fluoxetina no aumentaba el riesgo de suicidio o violencia, a pesar de que claramente lo hacía, Lilly resolvió discretamente demandas extrajudicialmente y mantuvo ocultas las pruebas incriminatorias obteniendo órdenes judiciales para sellar los documentos.

Gøtzsche critica los ensayos clínicos de Gardasil porque:

• No se usaron placebos “verdaderos” sino comparadores con adyuvantes u otras vacunas.
• Esto habría ocultado o minimizado efectos adversos.
• Algunos problemas posteriores fueron clasificados de forma que no parecieran efectos secundarios.
• El seguimiento de seguridad fue insuficiente.

Además, el autor extiende sus críticas a los organismos reguladores, en particular a la European Medicines Agency (EMA), a la que acusa de:

• Fallas éticas y conflictos de interés en la evaluación de la seguridad de las vacunas contra el VPH.
• Falta de independencia frente a la industria farmacéutica.
• Evaluaciones que no investigaron adecuadamente señales de posibles daños.

En 2017, tres niñas en Dinamarca recibieron cada una 135.000 euros como compensación por daños neurológicos tras la vacuna contra el VPH, procedentes de fondos públicos, concretamente del Fondo de Compensación al Paciente.

En resumen:

Los acuerdos judiciales con Merck evidencian y encubren problemas serios de seguridad de Gardasil que no se hicieron públicos y que los reguladores fallaron en su responsabilidad de proteger a la población.

En Uruguay el MSP publica anualmente los efectos adversos por vacunas. Pero internacionalmente se estima que los registros como el VAERS, EudraVigilance y el de nuestro MSP, son un subregistro de los casos reales: apenas un 1%.

En Uruguay ni siquiera existe un sistema de indemnización por daños de vacunas a cargo de un Fondo de Compensación al Paciente, como informa OMS que existen en otros países del mundo, además de Dinamarca.

Desde 2024, somos contactados por familias judicializadas por no vacunar a sus hijos. En todos los expedientes, los denunciantes son los prestadores de salud —ASSE y las mutualistas— que invocan el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) bajo el argumento de que los padres vulneran los derechos de sus hijos al impedirles el acceso a vacunas gratuitas.

Sin embargo, la invocación del “interés superior del niño” funciona aquí más como coartada que como motivación real. Lo que parece estar en juego no es la protección de la infancia, sino el cumplimiento de las llamadas “metas asistenciales”, por las cuales los prestadores reciben incentivos económicos al alcanzar determinados indicadores fijados por el MSP. No es un dato menor que, para el bienio 2024–2025, se haya incorporado un indicador específico orientado a mejorar la cobertura del esquema vacunal en menores de hasta 5 años (ver Indicador 1.4, “Cobertura vacunal del esquema obligatorio” en el instructivo, págs. 17 a 22). Casualmente, todos los niños involucrados en los expedientes judiciales pertenecen a ese rango etario.

Un caso paradigmático es el de Tacuarembó. En febrero, la sentencia de primera instancia desestimó los argumentos de los padres y les otorgó un plazo de 15 días para completar el esquema de vacunación de su hijo. En caso de incumplimiento, el juez dispuso el ingreso provisorio del niño al INAU, con el objetivo de asegurar su vacunación. Esta resolución se apoyó, entre otros elementos, en el testimonio de la experta designada por el MSP, la Dra. Catalina Pírez.

No obstante, la defensa apeló y, el 3 de junio, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er Turno revocó la sentencia en todos sus términos: tanto la obligación de vacunar como la eventual internación compulsiva en el INAU. El Tribunal fue claro: ni los informes técnicos ni la propia declaración de la experta acreditaron que la vacunación fuera indispensable para preservar la vida o la integridad física del menor, condición exigida por el propio CNA para justificar intervenciones de carácter compulsivo.

La sentencia de segunda instancia no solo corrige el fallo anterior, sino que deja al descubierto la trama de corrupción en el ámbito sanitario. El análisis del caso revela la existencia de conflictos de interés que comprometen la legitimidad de las actuaciones. Por un lado, ASSE actuó como denunciante en un contexto donde tiene incentivos económicos directos asociados al aumento de la cobertura vacunal. Por otro, la Dra. Catalina Pírez compareció en representación de la Unidad de Inmunizaciones del MSP —que dirige— y, al mismo tiempo, integra la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP. Paralelamente, es la tesorera del Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, cuyos eventos son patrocinados por los fabricantes de vacunas que proveen al propio MSP. La superposición de roles es un hecho muy grave: compromete la independencia técnica y erosiona la imparcialidad que debería regir en este tipo de procesos.

En este contexto, el fallo del Tribunal marca un límite. Porque lo que queda en evidencia no es un exceso aislado, sino un modo de funcionamiento: prestadores que judicializan para cumplir metas, peritajes contrarios al estándar legal exigido y decisiones de primera instancia que avanzan sobre derechos sin base suficiente. Este precedente fija un criterio que difícilmente pueda ser ignorado en los casos en curso, así como desestimular el inicio de nuevos casos.

La infancia es la población que más vacunas recibe y por eso es la que más efectos adversos presenta en los reportes anuales que publica el MSP. El problema de fondo no es la utilidad de las vacunas, sino la legitimidad de los medios empleados para imponerlas. Cuando quienes denuncian tienen incentivos económicos y cuando los expertos tienen vínculos que condicionan su independencia, el discurso sanitario deja de ser una política de salud para convertirse en una práctica coercitiva. Y en ese escenario, la infancia deja de ser sujeto de protección para pasar a ser instrumento de intereses enfocados a medicalizarla con fines de lucro.

Comprometidos con las familias que están resistiendo estos atropellos, felicitamos a los abogados que las patrocinan.

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Sábados 30 de mayo, 6, 13 y 20 de junio a las 22hs en Teatro Stella D’Italia. Dirección: Mercedes y Tristán Narvaja.

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Mundo distópico, poder, ciencia y moral en debate.

Entre la startup y la vaquita solidaria

Durante la pandemia de COVID-19, Gonzalo Moratorio fue elevado a la categoría de referente científico y vocero legitimador de la estrategia sanitaria. Su trabajo en tests diagnósticos y su rol en el Institut Pasteur de Montevideo lo colocaron en el centro de la escena pública, desde donde promovió activamente la vacunación masiva, en sintonía con el discurso oficial.

En junio de 2025 anunció que padecía un tumor cerebral “muy agresivo”. La enfermedad no tardó en mostrar su crudeza: pérdida de funciones motoras y sensitivas, cirugías, tratamientos complejos en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.

Pero hay un elemento que marca una diferencia estructural difícil de ignorar: Moratorio no solo es paciente; también es parte del sistema que produce conocimiento y eventualmente soluciones. Su startup biotecnológica —Guska, cofundada con Pilar Moreno— reorientó líneas de investigación hacia tumores cerebrales a partir de su propio caso. Tiene, al menos en teoría, la posibilidad de empujar investigación sobre la enfermedad que lo afecta.

Ahora bien, incluso con acceso a ciencia, redes y capacidad de investigación, la urgencia clínica termina dependiendo de tratamientos disponibles en el mercado global.

Pero al intentar acceder a esos tratamientos de altísimo costo fuera del esquema estándar del SNIS, el Ministerio de Salud Pública le dijo que no. La respuesta fue la vía judicial. Con asesoramiento legal, presentó un recurso de amparo y logró lo que miles no consiguen: que el sistema se doblegue.

La Justicia falló a su favor, invocando el derecho a la salud, el riesgo vital y la evidencia médica. En los hechos, confirmó algo incómodo: en Uruguay, el acceso a tratamientos excepcionales no depende solo de la necesidad clínica, sino de la capacidad de litigar, de visibilizar y de incidir.

Otro uruguayo, Ayrton Olivera Luján, sin tribuna, sin aparato, sin ninguna posibilidad de incidir en la producción de conocimiento sobre su propia condición y, sobre todo, condenado por el negacionismo del desastre de la vacuna de Pfizer, también lucha por su vida.

Ayrton era un adolescente de Nueva Palmira que entrenaba para ingresar al liceo militar en plena pandemia. Pero debía cumplir con un requisito excluyente: vacunarse contra el COVID-19. En 2021 recibió la vacuna de Pfizer, a pesar de que ese requisito discriminatorio era contrario al Código de Nüremberg porque se trataba de una vacuna experimental como había informado el GACH.

Seis semanas después, su vida cambió de forma brutal. Sin presentar antecedentes ni síntomas previos de ningún tipo, desarrolló una encefalitis severa, asociada a un cuadro tipo Guillain-Barré, asistida durante dos meses en CTI. Desde entonces padece secuelas neurológicas permanentes: parálisis parcial, dificultades en el habla, dependencia para tareas básicas. Un quiebre total en su proyecto de vida, tan sólo a partir de una vacunación experimental a la que se sometió por la coacción estatal.

En febrero de 2022, su médico tratante reconoció la vinculación con la vacunación y el caso habría sido reportado como evento adverso severo. Y sin embargo, ahí se terminó la respuesta del sistema.

No hubo investigación orientada a su caso. Así como tampoco hubo investigación ninguna para explicar el record de muertes en 2021, claramente derivadas de la vacunación anti COVID-19. Un típico caso de ceguera estructural: la incapacidad —o resistencia organizada— de una institución, grupo o sistema para mirar aquello que, si fuera reconocido, pondría en crisis sus propios objetivos, intereses, relatos legitimadores o formas de funcionamiento. Es la ceguera que aparece cuando ver la verdad obligaría a cuestionar la estructura que sostiene a quien mira.

No hubo reparación. No hubo acompañamiento estructural. No hubo alternativa terapéutica de vanguardia. No hubo nada.

Uruguay no tiene un sistema de compensación para daños por vacunas. El resultado es brutalmente simple: si te toca, suertempila.

La familia de Ayrton enfrenta sola los gastos, las secuelas y el abandono. En agosto de 2022 fue sometido a una craneoplastia para colocarle una placa de titanio. Hoy sigue en tratamiento, sosteniendo una lucha cotidiana contra limitaciones severas.

Mientras tanto, la única red concreta ha sido la solidaridad: un colectivo en Abitab a nombre de su madre, María Eugenia Luján, número 123132.

Dos historias. Dos respuestas del mismo sistema.

Cuando hay capital simbólico, visibilidad y acceso a herramientas legales, el sistema puede flexibilizarse, reinterpretarse, incluso contradecirse. Cuando no, se vuelve rígido, burocrático y distante.

No es solo una cuestión de salud. Es una cuestión de poder.

Y la pregunta incómoda sigue ahí: ¿el derecho a la salud es realmente universal, o depende —en la práctica— de quién lo reclame y con qué fuerza?