Entre la startup y la vaquita solidaria
Durante la pandemia de COVID-19, Gonzalo Moratorio fue elevado a la categoría de referente científico y vocero legitimador de la estrategia sanitaria. Su trabajo en tests diagnósticos y su rol en el Institut Pasteur de Montevideo lo colocaron en el centro de la escena pública, desde donde promovió activamente la vacunación masiva, en sintonía con el discurso oficial.
En junio de 2025 anunció que padecía un tumor cerebral “muy agresivo”. La enfermedad no tardó en mostrar su crudeza: pérdida de funciones motoras y sensitivas, cirugías, tratamientos complejos en el Hospital Sirio Libanés de San Pablo.
Pero hay un elemento que marca una diferencia estructural difícil de ignorar: Moratorio no solo es paciente; también es parte del sistema que produce conocimiento y eventualmente soluciones. Su startup biotecnológica —Guska, cofundada con Pilar Moreno— reorientó líneas de investigación hacia tumores cerebrales a partir de su propio caso. Tiene, al menos en teoría, la posibilidad de empujar investigación sobre la enfermedad que lo afecta.
Ahora bien, incluso con acceso a ciencia, redes y capacidad de investigación, la urgencia clínica termina dependiendo de tratamientos disponibles en el mercado global.
Pero al intentar acceder a esos tratamientos de altísimo costo fuera del esquema estándar del SNIS, el Ministerio de Salud Pública le dijo que no. La respuesta fue la vía judicial. Con asesoramiento legal, presentó un recurso de amparo y logró lo que miles no consiguen: que el sistema se doblegue.
La Justicia falló a su favor, invocando el derecho a la salud, el riesgo vital y la evidencia médica. En los hechos, confirmó algo incómodo: en Uruguay, el acceso a tratamientos excepcionales no depende solo de la necesidad clínica, sino de la capacidad de litigar, de visibilizar y de incidir.
Otro uruguayo, Ayrton Olivera Luján, sin tribuna, sin aparato, sin ninguna posibilidad de incidir en la producción de conocimiento sobre su propia condición y, sobre todo, condenado por el negacionismo del desastre de la vacuna de Pfizer, también lucha por su vida.
Ayrton era un adolescente de Nueva Palmira que entrenaba para ingresar al liceo militar en plena pandemia. Pero debía cumplir con un requisito excluyente: vacunarse contra el COVID-19. En 2021 recibió la vacuna de Pfizer, a pesar de que ese requisito discriminatorio era contrario al Código de Nüremberg porque se trataba de una vacuna experimental como había informado el GACH.
Seis semanas después, su vida cambió de forma brutal. Sin presentar antecedentes ni síntomas previos de ningún tipo, desarrolló una encefalitis severa, asociada a un cuadro tipo Guillain-Barré, asistida durante dos meses en CTI. Desde entonces padece secuelas neurológicas permanentes: parálisis parcial, dificultades en el habla, dependencia para tareas básicas. Un quiebre total en su proyecto de vida, tan sólo a partir de una vacunación experimental a la que se sometió por la coacción estatal.
En febrero de 2022, su médico tratante reconoció la vinculación con la vacunación y el caso habría sido reportado como evento adverso severo. Y sin embargo, ahí se terminó la respuesta del sistema.
No hubo investigación orientada a su caso. Así como tampoco hubo investigación ninguna para explicar el record de muertes en 2021, claramente derivadas de la vacunación anti COVID-19. Un típico caso de ceguera estructural: la incapacidad —o resistencia organizada— de una institución, grupo o sistema para mirar aquello que, si fuera reconocido, pondría en crisis sus propios objetivos, intereses, relatos legitimadores o formas de funcionamiento. Es la ceguera que aparece cuando ver la verdad obligaría a cuestionar la estructura que sostiene a quien mira.
No hubo reparación. No hubo acompañamiento estructural. No hubo alternativa terapéutica de vanguardia. No hubo nada.
Uruguay no tiene un sistema de compensación para daños por vacunas. El resultado es brutalmente simple: si te toca, suertempila.
La familia de Ayrton enfrentó sola los gastos, las secuelas y el abandono. En agosto de 2022 fue sometido a una craneoplastia para colocarle una placa de titanio. Hoy sigue en tratamiento, sosteniendo una lucha cotidiana contra limitaciones severas.
Mientras tanto, la única red concreta ha sido la solidaridad: un colectivo en Abitab a nombre de su madre, María Eugenia Luján, número 123132.
Dos historias. Dos respuestas del mismo sistema.
Cuando hay capital simbólico, visibilidad y acceso a herramientas legales, el sistema puede flexibilizarse, reinterpretarse, incluso contradecirse. Cuando no, se vuelve rígido, burocrático y distante.
No es solo una cuestión de salud. Es una cuestión de poder.
Y la pregunta incómoda sigue ahí: ¿el derecho a la salud es realmente universal, o depende —en la práctica— de quién lo reclame y con qué fuerza?
