¡Se terminó el recreo!

Documentos oficiales recientemente publicados en Estados Unidos confirman que funcionarios de la Casa Blanca del gobierno de Biden maquillaron los informes del CDC sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 en enero de 2023, cambiando la descripción de «moderadamente elevado» a «ligeramente elevado» para el riesgo de accidente cerebrovascular, eliminando por completo las palabras «riesgo potencial».

Todo esto ocurrió mientras la misma administración impulsaba agresivamente la vacunación de refuerzo y acusaba públicamente a investigadores de salud independientes de difundir desinformación.

Esto está documentado. Y para quienes vivimos la censura coordinada de las plataformas digitales, es una confirmación que llega con todo el peso de la reivindicación por la desconfianza que manifestamos en su momento. Fueron años desfigurando la palabra «vacuna» en las redes para eludir la policía cibernética: los algoritmos sesgados.

La cronología de los hechos es demoledora. A principios de 2022, los CDC detectaron cientos de señales de seguridad para las vacunas originales contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna en la base de datos VAERS. Las señales indicaban que las vacunas podían causar ciertos problemas de salud. En otoño de 2022, las autoridades estadounidenses autorizaron las vacunas de Pfizer y Moderna sin disponer de datos en humanos. La autorización se expidió con carácter de emergencia hasta hoy, ya que nunca tramitaron la definitiva. La vacuna se sigue vendiendo.

En noviembre de 2022 emerge la señal de alerta sobre el ictus isquémico. En lugar de comunicarlo de forma transparente al público, lo que siguió fue una operación editorial burocrática. Un correo electrónico interno del 12 de enero de 2023 confirma que funcionarios de la Casa Blanca habían revisado el informe del CDC y lo habían devuelto con modificaciones para minimizar la alarma pública, con la instrucción de que «no querían volver a ver este documento».

No se trataba de un desacuerdo científico. Se trataba de una intervención política en la comunicación sobre salud pública respecto a una señal de seguridad confirmada. Peor continuaron recomendando que los adultos mayores recibieran las vacunas contra la COVID-19 simultáneamente con las vacunas antigripales, la combinación precisa que luego se identificó como la causante del elevado riesgo de accidente cerebrovascular.

Posteriormente, en marzo de 2023, apareció una segunda señal de accidente cerebrovascular isquémico en la base de datos VAERS. Pero las autoridades federales la revisaron y declararon que no existía evidencia de problemas de seguridad. Un año después, en marzo de 2024, investigadores de la FDA confirmaron un riesgo elevado de accidente cerebrovascular no hemorrágico en personas mayores tras la vacunación, un riesgo que persistía específicamente entre quienes habían recibido la vacuna contra la gripe junto con la vacuna contra la COVID-19. El gobierno había recomendado esa combinación.

Desde la detección inicial de la señal de seguridad a finales de 2022 hasta al menos setiembre de 2024, las autoridades continuaron declarando que la vacuna era segura mientras, simultáneamente, ocultaban las pruebas que lo contradecían.

El detalle más indignante: la cancelación por decir la verdad

Mientras los funcionarios de la Casa Blanca suavizaban el lenguaje sobre el riesgo de sufrir un derrame cerebral, las autoridades convocaban conferencias de prensa nacionales acusando de «matar gente» a quienes compartían informes sobre las lesiones causadas por las vacunas y abogaban por la transparencia.

Documentos internos confirmaron posteriormente que la Casa Blanca, en coordinación con las grandes plataformas tecnológicas, orquestó una campaña sistemática para eliminar de las redes sociales contenido sobre daños causados ​​por las vacunas. Se trató de suprimir información médica verificada; información que, de haber llegado al público, podría haber cambiado las condiciones para millones de personas, incluidos los adultos mayores que ahora se sabe que enfrentaron un mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a la combinación de vacunas que se estaba promocionando agresivamente en ese preciso momento.

El Código de Núremberg existe por una razón: el consentimiento informado para la experimentación en humanos no es una cortesía, sino un principio fundamental de la ética médica y los derechos humanos. Lo que se llevó a cabo aquí fue su violación sistemática, coordinada entre agencias gubernamentales, plataformas privadas e instituciones académicas, con el propósito vacunar con un producto experimental a expensas de la información sobre la seguridad del paciente.

La operación de los influencers

Lo que hace aún más reprobable el encubrimiento del derrame cerebral por parte de la Casa Blanca es que la supresión de datos de seguridad no fue meramente pasiva. Se llevó a cabo en paralelo con una agresiva operación de propaganda financiada con los impuestos de los ciudadanos, diseñada para anular cualquier señal contraria.

Los documentos revelan que los CDC reclutaron activamente a celebridades e influencers de redes sociales para promover las vacunas como inequívocamente seguras y efectivas. Además se les alentó a ridiculizar y avergonzar a quienes planteaban dudas, presentando las preocupaciones legítimas como peligrosas teorías conspirativas.

Los CDC habían obtenido acceso secreto a un portal de contenido de Twitter para marcar y eliminar publicaciones que no se ajustaban a la narrativa del gobierno. El Proyecto de Viralidad de Stanford, que operaba con el respaldo de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, marcaba y suprimía simultáneamente relatos de primera mano sobre lesiones causadas por vacunas, no porque fueran falsos, sino precisamente porque eran veraces y capaces de generar lo que los funcionarios denominaron «reticencia a la vacunación».

El gobierno pagaba a personas influyentes para que les dijeran a los jóvenes que las vacunas no presentaban riesgos. Luego eliminaba en secreto las cuentas de quienes reportaban lesiones que esos mismos jóvenes sufrían.

Más inquietante aún: los documentos revelan que los CDC estaban explorando cómo vacunar a los niños incluso cuando un padre no estaba presente, en un momento en que el riesgo de miocarditis en varones jóvenes por las vacunas de ARNm ya era una preocupación documentada en los sistemas de monitoreo federales.

Esto no fue una campaña de salud pública. Fue una operación de control, que utilizó la maquinaria de los medios de comunicación modernos, los fact-checkers, la cobertura de las instituciones académicas y el alcance coercitivo del gobierno de Estados Unidos para fabricar una realidad contraria a los datos que sus propias agencias generaban.

Mark Zuckerberg reconoció públicamente que Facebook fue presionado por el gobierno para censurar contenido. Sin embargo, este reconocimiento no repara el daño. Se afectaron vidas de familias que fueron engañadas al creer que la vacuna era segura, justo cuando los propios científicos del gobierno estaban monitoreando en tiempo real una señal de accidente cerebrovascular. Se persiguió a quienes denunciaron irregularidades. Las personas afectadas fueron manipuladas psicológicamente; sus testimonios y experiencias fueron sistemáticamente etiquetados como desinformación por el mismo aparato institucional que, internamente, era consciente de las señales que reflejaban dichas experiencias. Y ocultándolas a sabiendas, era el desinformador por excelencia.

Para tener en cuenta

Aún en la actualidad se siguen aplicando conjuntamente las vacunas anticovid19 y antigripal, incluso a las embarazadas, a pesar del riesgo documentado desde la pandemia.

¿Qué debe suceder ahora?

Nos tacharon de “especie de espoleta peligrosa que deambula por las calles” mientras los líderes a nivel global ocultaban información arruinando millones de vidas. Más que nunca esto amerita la investigadora del Poder Legislativo uruguayo para determinar las responsabilidades de las autoridades locales, incluído el GACH y la CNAV (Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones), por ocultar a sabiendas información relevante y todos desinformadores por excelencia. Recordamos el sincericidio del Dr.Juan Gil, integrante de ambos ¡porque es la evidencia de que sabían y ocultaron información acerca de los componentes de las vacunas contra COVID-19!