Propaganda y evidencia: dogma vs ciencia

El mantra “las vacunas salvan vidas” no es ciencia: es un acto de fé sostenido contra la evidencia. Es propaganda. ¿La prueba? Los propios datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Lejos de confirmar el relato oficial, sus registros lo desmienten o, en el mejor de los casos, lo dejan sin sustento. Basta analizarlos para que aparezca lo que se oculta: contradicciones, vacíos y una evidencia incómoda que nunca llega al discurso público.

Ya es conocida la publicación oficial anual de los efectos adversos por vacunas o ESAVI (efectos supuestamente atribuídos a vacunación e inmunización) en el sitio web del MSP. Pero faltaba otro tipo de información no contabilizada como efecto adverso: los vacunados que enferman y hasta mueren por la misma enfermedad contra la que se vacunaron. Se creían protegidos ellos y creían que era un acto de solidaridad para cuidar a los demás.

Mediante un pedido de acceso a la información pública, solicitamos datos sobre las vacunas incluidas en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) y aplicadas en la población uruguaya durante el período 2019–2025. En particular, pedimos:

  1. la cantidad de casos de enfermedades inmunoprevenibles en personas vacunadas contra ellas, y
  2. la cantidad de fallecidos por esas mismas enfermedades en personas también vacunadas.

El CEV incluye 15 vacunas contra enfermedades inmunoprevenibles: tuberculosis, tétanos, difteria, tos convulsa, polio, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A, hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B, meningitis tipo B, meningitis ACWXY, varicela y VPH.

La respuesta oficial, disponible públicamente, resulta elocuente pero también problemática. Los datos son difíciles de comparar: algunos registros abarcan únicamente un año, mientras otros cubren todo el período solicitado. Esta falta de uniformidad metodológica limita cualquier análisis serio, aunque no impide advertir ciertos patrones relevantes.

De los propios registros del MSP surge que personas vacunadas —adultos y niños— enfermaron de patologías contra las cuales supuestamente habían sido inmunizadas, y que incluso se registraron fallecimientos. Esto no debería sorprender: los propios fabricantes advierten en sus prospectos que las vacunas no garantizan protección absoluta. Sin embargo, el eslógan «las vacunas son seguras» excluye esa información del discurso público oficial.

Repasando las 15 vacunas y los datos proporcionados, se observa que sobre hepatitis A faltarían datos. Sobre difteria, polio y rubéola, el MSP informa que no se registran casos y por lo tanto no hay fallecidos. Y sobre el VPH reconoce que no existen datos porque no es una enfermedad de notificación obligatoria según el decreto 41/012. En otras palabras, no existe un registro sistemático de su incidencia en Uruguay. Esto abre interrogantes inevitables: ¿sobre qué base empírica se promueve la vacunación contra el VPH? ¿Cómo se evalúa su impacto? ¿Cómo se justifica su costo? Si se desconoce las personas con VPH y los fallecidos por VPH, ¿qué sentido tiene la vacunación contra VPH? ¿Cómo se evalúa el costo-beneficio de la vacuna entre su supuesto beneficio y los graves efectos adversos que genera a la persona vacunada?

Una posible respuesta es que la vacuna contra el VPH no pretende erradicar el VPH sino que apunta a prevenir ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de cuello uterino (CCU). Sin embargo, aquí aparece otra inconsistencia: el tradicional PAP para detectar el CCU ha sido reemplazado por el test de VPH para detectar la infección por el virus. Si se promueve activamente la detección de la infección mediante nuevas herramientas diagnósticas, debería existir también un sistema robusto de registro y seguimiento. De lo contrario, se genera una paradoja: se busca detectar lo que no se mide. Y además, ¡se debería tratar la infección por VPH para evitar el cáncer!

En definitiva, más que certezas, lo que emerge es un conjunto de vacíos, inconsistencias y decisiones difícilmente justificables desde una perspectiva de salud pública basada en evidencia sólida. Y surge la legítima suspicacia de quiénes son los que se benefician…


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