Vacunas oficiales y falsificación ideológica

Este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) inició la campaña de vacunación antigripal en marzo. Sin embargo, cuando ya había transcurrido casi la mitad de 2026, la ministra de Salud Pública,, Dra. Cristina Lustemberg, admitía públicamente sentir «vergüenza como pediatra» porque apenas el 14 % de los niños de entre seis meses y cinco años había recibido esa vacuna.

En la historia clínica de un bebé constan reiteradas indicaciones de su pediatra para que recibiera la vacuna antigripal. Sin embargo, esa vacuna nunca fue administrada. Esta discrepancia pone de manifiesto la falta de integración entre la historia clínica y el registro oficial de vacunación, lo que permite que el vacunador se aparte de la prescripción del profesional tratante sin siquiera dejar constancia formal de esa decisión mediante su firma en el certificado de vacunación que expide.

Pero las inconsistencias no terminan allí.

En la parte superior del Certificado de Vacunación (CV) expedido por el MSP, figura el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) aplicable. Ese esquema fue modificado en 2025 por el Decreto Nº 266, que incorporó las vacunas hexavalente y antimeningocócicas. Sin embargo, al día de hoy, consigna la leyenda «actualizado 2022«.

Surge una contradicción llamativa porque, según ese CEV incorporado al CV, el menor debía recibir determinadas vacunas. No obstante, registra la administración de otras que no figuran en el CEV que exhibe como vigente a 2022 y aplicable.

A ello se suma otra desviación: para la edad del menor al momento de las últimas inoculaciones, el CEV tampoco prevé la administración de dosis. Si el vacunador decidió apartarse del calendario allí establecido para regularizar un eventual atraso en la vacunación, debería existir una justificación documentada que explique el criterio aplicado. El CV, sin embargo, no contiene ninguna.

Tantas irregularidades acumuladas plantean interrogantes sobre la confiabilidad del registro. Si el CV expedido por el propio MSP no refleja las indicaciones médicas y, además, contradice el propio CEV que incorpora, ¿qué garantías ofrece de que registra las vacunas efectivamente administradas? Pero, sobre todo, ¿qué garantías existen de que cada persona reciba las vacunas que necesita?

Tal vez estos defectos pasen inadvertidos para la mayoría de las personas que salen caminando de un vacunatorio. La situación cambia radicalmente cuando un fallecimiento obliga a reconstruir, con precisión, qué vacunas fueron administradas, cuándo, quién, con qué lote y conforme a qué criterio técnico.

El CEV fue creado a partir del decreto-ley 15272 sobre vacunación obligatoria. El CV es el documento público expedido por el MSP que certifica el estricto cumplimiento de dicha normativa por parte de su titular. Es requerido para la obtención de otros documentos como el carné de salud y la residencia legal. Además, es exigido por los jueces en procesos promovidos por los prestadores de salud contra padres que no vacunan a sus hijos.

Precisamente por el valor jurídico que el propio Estado le atribuye, ese documento debe reflejar con exactitud los hechos que certifica. Si el certificado contiene información incompatible con las indicaciones médicas, incorpora un esquema de vacunación que no coincide con las vacunas registradas, omite justificar apartamientos del calendario oficial y carece de elementos que permitan reconstruir adecuadamente el acto vacunatorio, la cuestión deja de ser una mera desprolijidad administrativa. Surge entonces un serio cuestionamiento acerca de si el documento está certificando hechos distintos de los realmente ocurridos, es decir, si incurre en una falsificación ideológica de un documento público.

En esas condiciones, su aptitud para acreditar el cumplimiento del régimen de vacunación obligatoria —tanto dentro del país como ante autoridades extranjeras cuando se exige para viajar o satisfacer requisitos sanitarios internacionales— queda seriamente comprometida.

Lejos de fortalecer la confianza pública, esta grave situación contribuye a erosionar aún más la credibilidad en las políticas de vacunación.


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