El martes 13 de octubre comparecimos ante la Comisión de Salud del Senado invocando la representación de las más de 22.500 adhesiones, para denunciar dos situaciones que exigen respuestas y decisiones políticas.

¿Quién controla a quienes deciden sobre las vacunas?

Denunciamos graves conflictos de interés en la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) del MSP. La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), financiada por fabricantes de vacunas, tiene voz y voto en las decisiones, mientras que el Instituto de Pediatría de la Facultad de Medicina (máxima autoridad en el tema pero financiado por el Estado) también integra la Comisión. Además, señalamos omisiones en las declaraciones de conflictos de interés y vínculos que comprometen la independencia de sus integrantes.

A esto se suma un sistema de metas asistenciales que premia económicamente a los prestadores por aumentar la cobertura de vacunación infantil. Un mecanismo que termina alimentando denuncias judiciales contra familias que deciden no vacunar a sus hijos y a las que acompañamos en su defensa.

También denunciamos que el MSP incumple su obligación legal de controlar la preparación de las vacunas de uso humano. No realiza esos controles, no existe un sistema de compensación para quienes sufren daños y, sin embargo, se afirma que las vacunas son seguras.

¿Y quién protege a los trabajadores de la coacción del carné de salud?

Reclamamos la abolición del carné de salud laboral, un mecanismo anacrónico que condiciona el derecho a trabajar y cobrar el salario a la presentación de un documento, bajo amenaza de retención de haberes. Una exigencia discriminatoria, sin relación necesaria con los riesgos de cada actividad, que somete a los trabajadores a controles obligatorios mientras los propios legisladores y los organismos responsables de imponerla están exentos.

No aceptamos trabajadores de primera y de segunda. La prevención de accidentes y enfermedades laborales debe recaer sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo seguras, no convertirse en una herramienta de coacción sobre los trabajadores.

No fuimos al Senado a pedir explicaciones: fuimos a exigir respuestas, transparencia y acciones concretas.

Por eso solicitamos a nuestros representantes que se investiguen los conflictos de interés en la política de vacunación, que el MSP entregue la información que viene negando y que el Parlamento impulse la abolición del carné de salud laboral.

Dos asuntos distintos, una misma exigencia: que el Estado cumpla sus obligaciones y respete los derechos de las personas.

Nuestra exposición completa, los argumentos, las denuncias y los pedidos de información están en el acta taquigráfica de la Comisión de Salud del Senado. (Ver aquí)

LSuy cumple 10 años de lucha y seguimos en acción. Cada adhesión fortalece nuestra voz y cada aporte económico nos permite sostener esta tarea independiente, ampliar nuestro trabajo y seguir defendiendo la libertad de decisión y los derechos de todos. Sumate a LSuy, difundí nuestra causa y convertite en protagonista del cambio. ¡Diez años y vamos por más!

Para aportar una donación, hay varias opciones disponibles como Patrocinadores.