Vacuna contra el sarampión: más mortal que la enfermedad

Estados Unidos perdió la categoría de «país libre de sarampión» que ostentaba desde el año 2000, ante la explosión de más de 5000 casos y 10 muertes en este año, 2026. Como es habitual, se atribuyen los brotes al descenso de las tasas de vacunación. Ver noticia reciente.

Ahora bien, ¿por qué se vacunan menos niños?

La vacuna contra el sarampión integra la triple viral, SRP, junto con rubeola y paperas. También existe la tetravalente SRP-V que incluye la varicela. Un estudio de la Fundación McCullough titulado «Muertes tras la vacunación contra SRP y SRP-V en Estados Unidos«, analiza los fallecimientos notificados después de recibir estas vacunas (ver fuente).

A partir de los registros de la base estadounidense de farmacovigilancia VAERS, los investigadores identificaron una señal de alerta por la concentración de fallecimientos en lactantes y niños de hasta 2 años de edad, particularmente a los pocos días de la primera dosis.

Desde 1995, los fallecimientos posteriores a la vacunación con SRP registrados en el VAERS superan ampliamente las muertes por sarampión registrados en el CDC: el VAERS registra 198 fallecimientos por SRP mientras que el CDC registra sólo 11 fallecidos por sarampión, según la actualización publicada en noviembre de 2026 (ver fuente).

El estudio original identificó en el VAERS un total de 536 fallecimientos asociados con la vacunación SRP en todo el mundo, incluidos 299 notificados en Estados Unidos, que constituyeron la población analizada. De los 299 fallecimientos resulta que:

  • 52,8% hombres; 41,1% mujeres; 6,1 % carecían de datos sobre el sexo
  • 182 (60,9%) involucraban a niños menores de dos años.
  • 156 (52,2%) tenían exactamente entre 1,0 y 1,5 años.
  • 120 (40,1%) fallecieron en los 7 días siguientes, 158 (52,8%) en los 14 días siguientes.
  • El 74,6% de las muertes se produjeron por la SRP combinada con otras vacunas, 25,4% fallecieron con sólo la SRP
  • Efectos adversos graves más comunes: muerte súbita 24%, fiebre 15%, convulsiones 12%, paro cardíaco 8%, dificultad respiratoria 7%, encefalitis 3%.
  • El 23,7% fue asistido de urgencia y el 25,4% fue hospitalizado.

Farmacovigilancia y subregistro

Tanto el VAERS como el sistema de registro en Uruguay funcionan mediante la farmacovigilancia pasiva, esto es, notificaciones espontáneas. Y por lo tanto están expuestos al subregistro. Sin embargo, existe una diferencia sustancial: en Estados Unidos el VAERS dispone de una base pública que permite consultar los reportes, identificar patrones y realizar análisis independientes. En Uruguay no existe una base pública equivalente que permita examinar integralmente las notificaciones y auditar el funcionamiento de la farmacovigilancia realizada por el MSP.

Hay, además, un elemento que vuelve todavía más relevante este cuestionamiento. La Ley 18537 establece la obligatoriedad de realizar autopsias a los menores de hasta un año de edad fallecidos por muerte súbita. Los niños de hasta un año incluye a los niños de 1 año y 364 días, o sea, 2 años, como el estudio citado.

La misma ley crea un programa integrado por técnicos del MSP y del Poder Judicial y encomienda al Comité de Muerte Súbita del Lactante elaborar informes anuales sobre las muertes ocurridas y sus causas. Sin embargo los informes concluyen que las muertes se deben a la posición del bebé durante el sueño o a causas indeterminadas. El MSP nos respondió que sobre investigar la hipótesis de que la causa sean las vacunas «no hay información«.

La escala de la población uruguaya en relación a la de Estados Unidos explica una cantidad menor de notificaciones. Pero no justifica la falta de información. Desde la incorporación de la vacuna SRP al esquema nacional han transcurrido décadas. La ausencia de información sobre fallecimientos posteriores a la vacunación no permite concluir que no los hubo.

¿Cuántos fallecimientos fueron notificados? ¿Cuántos se investigaron? ¿Qué vacunas estaban involucradas? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Dónde están los registros históricos?

El MSP debe transparentar la información sobre los ESAVI. La ciudadanía tiene derecho a tomar decisiones en función del balance entre la protección de la vacuna y el riesgo cierto de sus consecuencias.

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