El Estado desembolsó más de 7 millones de dólares en “esfuerzos comunicacionales” mientras se esquiva la medición real de cuántos niños fueron efectivamente vacunados.
El Ministerio de Salud Pública bajo el gobierno de Lacalle Pou estableció, para el período 2024-2025, el pago de metas asistenciales en base al indicador “1.4) Cobertura vacunal del Esquema Obligatorio”, según el instructivo oficial. El objetivo declarado: alcanzar al menos el 95% de cobertura en dos vacunas claves del calendario obligatorio —la tercera dosis de polio inactivada (IPV) antes del año de vida, y la segunda dosis de la triple viral (SRP) antes de los cinco años. En términos simples: se debería pagar por vacunas dadas, a niños vacunados.
Pero no.
El instructivo no tardó en revelar otra cara: un “indicador cualitativo”, que sustituye la medición de hechos concretos (esto es, la cantidad de vacunas administradas por cada prestador) por acciones como “capacitación sobre vacunación infantil” o “actividades de difusión”. Es decir, se paga por hacer campañas, no por vacunar.
Y eso no es todo.
Cerrado el año 2024, solicitamos al MSP la información sobre cuánto se había pagado a cada prestador por este indicador. La respuesta fue escandalosa: negativa, y sin fundamentos, en abierta violación a la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública. Denunciamos el atropello ante la Unidad correspondiente, y gracias a esa presión, el MSP reculó y entregó los datos. Los resultados hablan por sí solos.
Los números del “esfuerzo”
Durante el año 2024, el Estado desembolsó $298.807.216 (unos US$ 7.288.000) solo por el cumplimiento del “indicador cualitativo”. ¿Y qué se midió a cambio? No la cantidad de niños efectivamente vacunados, sino si se realizaron charlas, talleres o afiches. Lo más grave: el pago se calculó en base al total de afiliados de cada prestador, menores vacunables y todos los demás.
¿El costo de las vacunas reales para el 2025? US$ 10.037.290.
Sí, leíste bien: el “esfuerzo comunicacional” para conscientizar a los padres de menores de 5 años costó el 73% de lo que cuesta vacunar efectivamente a toda la población. Un delirio que confirma, sin lugar a dudas, que las vacunas en Uruguay no son obligatorias. Porque si lo fueran, no haría falta dilapidar casi US$ 17.3 millones en vacunar y “convencer de vacunar”.
No es un plan de salud pública, es un plan de marketing con dinero público.
Ahora bien, nos preguntamos cuánto dinero destina el MSP para hacer el seguimiento post vacunación de los efectos adversos.