…en la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del Ministerio de Salud Pública (MSP)…

La CNAV fue creada por decreto en 1972 como órgano asesor del MSP. Su función es estratégica: opinar e incidir en las decisiones sobre vacunación en el país. Sin embargo, su funcionamiento actual pone en tela de juicio los principios básicos de transparencia, ética pública y separación entre intereses privados y decisiones estatales.

Se reúne entre 2 y 5 veces por año, salvo excepciones como en 2021 —plena pandemia— cuando sesionó en 25 oportunidades, año de introducción de la vacuna anticovid19.

El sitio de la CNAV exhibe el manual operativo que regula su funcionamiento. Impone la presentación de una declaración de conflicto de interés (DCI) a cada representante antes de cada sesión. Detalla qué instituciones la integran con voz y voto: organismos públicos y la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una institución privada.

Que entidades privadas participen como asesoras en comisiones estatales es habitual. Lo que no es habitual —ni aceptable— es que tengan poder de voto. Sin embargo, en el caso de la SUP, goza de ese privilegio sin ningún tipo de cuestionamiento.

El 20 de agosto sesionó la CNAV por primera vez en lo que va de este año y  el nuevo gobierno. El acta de esa sesión identifica los representantes por cada organismo miembro. La SUP estaba representada formalmente por el Dr. Álvaro Galiana. Pero no era el único miembro de la SUP en esa mesa. Habían otros cuatro representantes afiliados a la SUP aunque bajo el paraguas de otras instituciones:

• Dra. Cristina Lustemberg, presidenta de la CNAV,
• Dra. Catalina Pírez, Unidad de Inmunizaciones del MSP,
• Dra. Patricia Barrios, Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, UdelaR,
• Dra. Gabriela Sisto, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

El padrón de afiliados a la SUP está disponible públicamente en su sitio web. Basta revisarlo para confirmar la afiliación de todas las citadas. Así, la SUP no tiene solo un voto en la CNAV: tiene cinco. Uno declarado y cuatro camuflados.

Como las DCI no constan en el acta, las solicitamos al MSP al amparo de la ley 18381. De la respuesta surge que ni la ministra ni la Dra. Pirez presentaron sus DCI. Y las Dras Barrios y Sisto omitieron declarar su vínculo con la SUP.

Pero hay más: la Dra. Catalina Pírez, además de su rol oficial en el MSP, es tesorera del Comité de Vacunas de la SUP, según la propia web de la sociedad. El Dr. Galiana, ex director del Hospital Pereira Rossell, también integra ese comité. Ahora bien, la SUP recibe financiamiento de laboratorios fabricantes de vacunas, como consta en los anuncios de sus eventos. Ni siquiera tiene sede propia y su domicilio es el Hospital Pereira Rossell. ¿Quién asesora a quién? ¿Quién financia a quién?

Todo esto ocurre mientras la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, repite —una y otra vez— que «la infancia es prioridad para este gobierno«. Es que la infancia es el mercado cautivo de la SUP y principal objetivo de las vacunas.

La situación es inaceptable. Una institución privada con múltiples vínculos comerciales participa en un órgano público clave, y lo hace multiplicando su influencia a través de miembros infiltrados en otras instituciones. Y no solo eso: lo hace sin declarar sus conflictos de interés.

Estaríamos, claramente, frente a un cogobierno entre el MSP y la SUP, donde las fronteras entre lo público y lo privado habrían sido borradas. Sin control y sin transparencia. Se hace en nombre de la niñez, pero bajo las reglas del mercado. Un sistema donde la autoridad sanitaria nacional habría cedido soberanía técnica y ética a una corporación profesional con intereses cruzados.

Este no es un detalle técnico. Es un problema estructural. Cuando se trata de salud pública, la confianza no se decreta: se construye con transparencia, independencia y responsabilidad. Y hoy, esa confianza está en cuestión.

Es hora de preguntarse quién decide realmente sobre nuestra salud. Y quién se beneficia.

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