Cómo una alarma fabricada se desvía para el acoso laboral

En noviembre de 2025, cuando el año lectivo agonizaba en todas las ramas de la educación, el Ministerio de Salud Pública decidió encender una alarma sanitaria. El motivo: un supuesto “brote” de sarampión originado en cuatro casos importados desde Bolivia, diagnosticados a personas que regresaron al departamento de Río Negro. A esos casos se les atribuyeron ocho contagios autóctonos, todos vinculados al mismo núcleo inicial. Doce casos en total.

Ningún fallecido. Un solo internado. Pero el relato fue otro.

Según informó el propio MSP, se desplegó personal de salud para recorrer casa por casa las comunidades rusas de San Javier y Ofir, convertidas de golpe en protagonistas involuntarios de una cacería sanitaria, señaladas por su supuesta “filosofía antivacuna”.

El libreto del pánico sanitario

El MSP y los medios de siempre activaron de inmediato el viejo manual: urgencia, alarma, presión social y vacuna como única salida posible. Para el sábado 6 de diciembre se convocó con bombos y platillos a una jornada nacional de vacunación contra el sarampión. Sin embargo, se desconoce su resultado. No se publicaron cifras, no hubo balances, no se informó cuántas personas concurrieron a los vacunatorios especialmente montados para la ocasión. Mucho despliegue, mucho titular… y un silencio elocuente cuando llega la hora de rendir cuentas.

Conviene recordar un dato sistemáticamente omitido: no existe una vacuna “solo contra el sarampión” en uso programático. Lo que se administra es la triple viral, que combina sarampión, rubéola y paperas, todos virus vivos. En adultos que ya atravesaron una o más de estas infecciones en la infancia, el sistema inmune conserva memoria inmunológica, y una vacunación indiscriminada puede desencadenar respuestas hiperinmunes, sin beneficio clínico alguno. El Dr. Gerardo Valiero, Director de Salud Pública en Río Negro, tuvo que ser ingresado en CTI del Sanatorio Americano en Montevideo. Estaría padeciendo el síndrome de Guillain–Barre, un efecto adverso típico de las vacunas. En Uruguay no existe por ley un sistema de indemnización por daños de vacunas, como informa la OMS que existe desde 1961 en los países que las crean.

Pero esta vez el clima no acompañó. No era marzo de 2020. No había confinamiento, ni clases suspendidas, ni una población paralizada por el miedo. El intento de reinstalar la épica pandémica llegó tarde y mal.

Cuando no prende en la población, se apunta al personal

A comienzos de diciembre, la sociedad ya estaba en modo cierre de año: fiestas, licencias, escuelas vacías. No había margen para disciplinar a las familias con el carné de vacunas ni para montar operativos de vacunación en los centros educativos cerrados.

Entonces el foco se desplazó. Y el blanco fue otro: el propio personal de la salud.

Con la excusa del “cambio de número de dosis” para los nacidos entre 1967 y 1987, los prestadores de salud —en particular ASSE— desataron una verdadera cacería de los no vacunados «contra sarampión» entre sus trabajadores.

Comunicaciones intimidatorias sin ley ni firma

Las exigencias se instrumentaron mediante comunicaciones que simulan provenir del MSP, de Jurídica de ASSE o de supuestos Comités de Infecciones. Comunicaciones que no resisten el menor análisis administrativo ni jurídico. Los mensajes recibidos lo demuestran con claridad:

• no existe un texto oficial común;
• los plazos para “regularizar” la situación vacunal son arbitrarios y contradictorios;
• no figura ninguna autoridad responsable que asuma la comunicación;
• en la mayoría de los casos no se cita norma alguna que fundamente la exigencia;
• y en al menos un caso, la normativa invocada está mal identificada.

Esto no es prevención. Es presión sin derecho.

El dato que el Estado oculta

Todo el operativo se apoya en un hecho clave que el Estado omite deliberadamente: el registro informático nacional de vacunas comenzó recién en 2017. Antes de esa fecha, el propio Estado carece de información histórica confiable sobre vacunación con la triple viral.

La supuesta “falta” no es del trabajador. Es del sistema.

El sector privado copia el desorden

En el sector privado el panorama no mejora. También allí circulan comunicados dirigidos al personal bajo el rótulo de “concientización”, pero son igual de heterogéneos y contradictorios: uno dice obedecer una directiva del MSP; el otro ni siquiera la menciona.

Improvisación, presión y silencio normativo.

Reportes diarios para fabricar crisis

Hacia fines de diciembre, el MSP dio un paso más y comenzó a emitir reportes diarios de sarampión, copiando el formato y el clima comunicacional de la pandemia de covid-19: conteos cotidianos, confirmados, sospechosos, lenguaje de crisis.

El objetivo es evidente: fabricar sensación de emergencia.

Pero los propios reportes oficiales desmienten el relato alarmista.

Los números no acompañan el relato

A enero de 2026, los casos confirmados siguen siendo los mismos doce de diciembre de 2025, todos circunscritos a Río Negro. El sarampión no pasó de año ni de frontera departamental.

Los casos sospechosos, investigados en distintas zonas del país, disminuyen día tras día, pese al esfuerzo explícito por “encontrar” contagios fuera del foco inicial.

La evidencia del desorden

Compartimos a continuación los comunicados difundidos por los prestadores de salud que nos han hecho llegar sus trabajadores, donde quedan expuestas la informalidad, las inexactitudes, contradicciones, superposiciones y la absoluta falta de respaldo legal:

• ASSE Paysandú: martes 13 de enero jornada de vacunación para completar esquema vacunal, Comité de Infecciones Hospitalarias.
• ASSE Paysandú: relevamiento para acreditar vacuna antisarampionosa antes del 16/1/2026.
• ASSE Paysandú mensaje WhatsApp: relevamiento antes del 30/1/2026 de la vacuna triple viral en cumplimiento de decreto ley inexistente.
• ASSE Región Sur: acreditar vacuna antisarampionosa “antes del miércoles” y yaquestamos, reforzar Hepatitis B y tétanos.
• ASSE Río Branco: relevamiento antes del 5/1/2026 para acreditar vacuna antisarampionosa.
• ASSE Río Negro: cita un informe jurídico inexistente, decretos inexistentes, uso del verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad
• ASSE Salto: “en cumplimiento del comunicado del MSP” se insta acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.
• Hospital Evangélico: en nombre del MSP utiliza el verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad, pero sin plazo para acreditar vacuna antisarampionosa.
• SMI: “por recomendación del MSP” acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.

Los que mandan vacunar, ¿están vacunados?

Para cerrar el círculo de la hipocresía institucional, vale recordar un antecedente reciente: el año pasado, la diputada Dra. Nicolle Salle solicitó al MSP el estado vacunal de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, cuya presidenta es la ministra Dra. Cristina Lustemberg. La respuesta fue negativa, amparándose en la ley de protección de datos personales.

La transparencia, una vez más, se exige hacia abajo y se niega hacia arriba. Tener bien presente esa respuesta hoy permite entender por qué estos “relevamientos” no son prevención ni legalidad: son disciplinamiento sin derecho.

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