En Uruguay, cada trabajador está obligado a someterse a una extorsión para ejercer su derecho al trabajo, convirtiendo un derecho constitucional en un privilegio condicionado. Ese chantaje tiene nombre: carné de salud. Sin él, no se puede acceder a un empleo ni conservarlo. Y más macabro aún es que ni siquiera protege la salud.

Pero eso no es todo. El carné de salud impone además el cumplimiento del carné de vacunas, aun cuando en Uruguay rige el derecho al consentimiento previo e informado para cualquier tratamiento, incluida la vacunación. Es decir, te vacunan para someterte, no porque vos lo consientas.

El carné de salud es el carné de la ignominia: un requisito humillante que condiciona un derecho consitucional, impone tratamientos sin consentimiento y somete al ciudadano al control del Estado. Miles de trabajadores son discriminados, controlados y forzados a presentar un documento ilegal para poder ganarse la vida.

También se exige la presentación del carné de salud ante los centros educactivos, pero la ley general de educación vigente establece que la educación es un derecho humano fundamental y eso implica que no se puede condicionar a un requisito discriminatorio como ese.

Desde LSuy, ya en el gobierno anterior, presentamos un proyecto de ley para transformar esta obligación en un verdadero derecho a la protección de la salud, adaptado al tipo de trabajo y a la condición de cada persona. Pedimos audiencia en la comisión parlamentaria que debía tratarlo. Nunca nos recibieron. La casta política, que no se somete a las mismas reglas, prefirió ignorarlo. Y los sindicatos, atrapados en su propia agenda, guardaron silencio ante esta forma de coerción laboral.

En la actual legislatura, el Partido Identidad Soberana retomó la iniciativa, y el 18 de marzo la presentó ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, donde participa la Dra. Nicolle Salle. El proyecto está registrado en la web del parlamento aquí.
Pero aún no se trató.

Ante la pasividad del sistema, la diputada Salle presentó una denuncia ante la OIT, fundamentando la violación sistemática de derechos laborales y humanos que representa esta exigencia, existente sólo en Uruguay. Quizás sea necesaria la deshonra internacional para que, al fin, algo cambie. Ver la nota aquí.

Esta causa no es de un partido ni de un grupo: es de todos los que creemos en el derecho al trabajo, libre y sin condicionamientos.
Por eso te invitamos a sumarte a las más de 22.000 adhesiones de la campaña Uruguay SIN Carnés, para que el carné de salud deje de ser una herramienta de control y se convierta en lo que siempre debió ser: un derecho real a la protección de la salud.

Las vacunas son medicamentos biológicos y como todo medicamento, según la normativa vigente en Uruguay, deben contar con el certificado de registro y la habilitación de venta de especialidad farmacéutica, otorgados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) antes de su uso en el país.

Sin embargo, una solicitud de información realizada al MSP amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública reveló una realidad inquietante: de 25 vacunas actualmente en uso, sólo 8 poseen el certificado de registro y habilitación de venta vigentes. Ver aquí.

El certificado establece varias especificaciones importantes como el período de validez del mismo, el origen, el fabricante, la vida útil y además:

También especifica el público que debería recibir la receta, lo que debería coincidir exactamente con el público objetivo definido en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV). Además la normativa establece que en el certificado «debe figurar la fórmula cuali-cuantitativa completa» Sin embargo eso no consta en los certificados aportados por el MSP en el pedido de información.

Ahora bien, todas las vacunas aplicadas en Uruguay son importadas, lo que hace aún más relevante un control estatal riguroso que garantice su trazabilidad, calidad y seguridad. Por tanto, cuando ingresan y se administran sin el correspondiente certificado de registro y habilitación de venta, se colocan en una zona gris legal, comparable a un medicamento ingresado de contrabando. O también en fase de experimentación…

El MSP, lejos de garantizar el cumplimiento de su propia normativa, admite la omisión: no realiza el control sistemático que la ley le impone. Esto significa que el ciudadano no cuenta con las garantías legales mínimas sobre calidad, seguridad o trazabilidad de productos que el propio Estado distribuye.

La inexistencia de certificados abre un serio vacío de transparencia y responsabilidad pública, que el MSP debería explicar con claridad.

El caso de la vacuna contra la viruela símica es paradigmático e ilustra la situación. Según la respuesta oficial, su ingreso se amparó en una donación proveniente de Chile, como si ese hecho exonerara de cumplir con la normativa vigente. Esa interpretación, de confirmarse, abriría un vacío regulatorio preocupante que merece una aclaración pública, ya que la ley no prevé excepciones por donaciones: toda vacuna utilizada en territorio nacional debe contar con el registro sanitario, independientemente de su origen o forma de adquisición. ¿Quiénes estarían recibiendo esta vacuna? Ver aquí. Si bien la cooperación internacional en salud es valiosa, ninguna donación debería quedar fuera del marco normativo que protege a la población. La ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué condiciones y controles se autoriza el uso de cada vacuna.

Ante esta situación irregular de vacunas sin certificado de registro y habilitación de venta, surgen preguntas legítimas:

• ¿Qué procedimientos se aplican cuando una vacuna carece de certificado vigente?
• ¿Quién asume la responsabilidad legal y técnica por su distribución?
• ¿Qué garantías existen para los ciudadanos ante posibles efectos adversos?

Las vacunas que se deberían rechazar por inexistencia del certificado de registro y habilitación de venta son: BCG, pentavalente, hexavalente, polio, varicela, doble bacteriana (tétanos, difteria),triple bacteriana (tétanos, difteria, tos convulsa), triple viral (SRP, sarampión, rubéola, paperas), meningitis tetravalente ACWY, meningitis pentavalente ACWYX, gripe, hepatitis A, hepatitis B, viruela símica y Haemophilus influenza tipo B (HiB).

Informar sobre lo que se aplica en el cuerpo no es desconfianza: es ciudadanía activa.

…en la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del Ministerio de Salud Pública (MSP)…

La CNAV fue creada por decreto en 1972 como órgano asesor del MSP. Su función es estratégica: opinar e incidir en las decisiones sobre vacunación en el país. Sin embargo, su funcionamiento actual pone en tela de juicio los principios básicos de transparencia, ética pública y separación entre intereses privados y decisiones estatales.

Se reúne entre 2 y 5 veces por año, salvo excepciones como en 2021 —plena pandemia— cuando sesionó en 25 oportunidades, año de introducción de la vacuna anticovid19.

El sitio de la CNAV exhibe el manual operativo que regula su funcionamiento. Impone la presentación de una declaración de conflicto de interés (DCI) a cada representante antes de cada sesión. Detalla qué instituciones la integran con voz y voto: organismos públicos y la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una institución privada.

Que entidades privadas participen como asesoras en comisiones estatales es habitual. Lo que no es habitual —ni aceptable— es que tengan poder de voto. Sin embargo, en el caso de la SUP, goza de ese privilegio sin ningún tipo de cuestionamiento.

El 20 de agosto sesionó la CNAV por primera vez en lo que va de este año y  el nuevo gobierno. El acta de esa sesión identifica los representantes por cada organismo miembro. La SUP estaba representada formalmente por el Dr. Álvaro Galiana. Pero no era el único miembro de la SUP en esa mesa. Habían otros cuatro representantes afiliados a la SUP aunque bajo el paraguas de otras instituciones:

• Dra. Cristina Lustemberg, presidenta de la CNAV,
• Dra. Catalina Pírez, Unidad de Inmunizaciones del MSP,
• Dra. Patricia Barrios, Instituto de Pediatría, Facultad de Medicina, UdelaR,
• Dra. Gabriela Sisto, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

El padrón de afiliados a la SUP está disponible públicamente en su sitio web. Basta revisarlo para confirmar la afiliación de todas las citadas. Así, la SUP no tiene solo un voto en la CNAV: tiene cinco. Uno declarado y cuatro camuflados.

Como las DCI no constan en el acta, las solicitamos al MSP al amparo de la ley 18381. De la respuesta surge que ni la ministra ni la Dra. Pirez presentaron sus DCI. Y las Dras Barrios y Sisto omitieron declarar su vínculo con la SUP.

Pero hay más: la Dra. Catalina Pírez, además de su rol oficial en el MSP, es tesorera del Comité de Vacunas de la SUP, según la propia web de la sociedad. El Dr. Galiana, ex director del Hospital Pereira Rossell, también integra ese comité. Ahora bien, la SUP recibe financiamiento de laboratorios fabricantes de vacunas, como consta en los anuncios de sus eventos. Ni siquiera tiene sede propia y su domicilio es el Hospital Pereira Rossell. ¿Quién asesora a quién? ¿Quién financia a quién?

Todo esto ocurre mientras la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, repite —una y otra vez— que «la infancia es prioridad para este gobierno«. Es que la infancia es el mercado cautivo de la SUP y principal objetivo de las vacunas.

La situación es inaceptable. Una institución privada con múltiples vínculos comerciales participa en un órgano público clave, y lo hace multiplicando su influencia a través de miembros infiltrados en otras instituciones. Y no solo eso: lo hace sin declarar sus conflictos de interés.

Estaríamos, claramente, frente a un cogobierno entre el MSP y la SUP, donde las fronteras entre lo público y lo privado habrían sido borradas. Sin control y sin transparencia. Se hace en nombre de la niñez, pero bajo las reglas del mercado. Un sistema donde la autoridad sanitaria nacional habría cedido soberanía técnica y ética a una corporación profesional con intereses cruzados.

Este no es un detalle técnico. Es un problema estructural. Cuando se trata de salud pública, la confianza no se decreta: se construye con transparencia, independencia y responsabilidad. Y hoy, esa confianza está en cuestión.

Es hora de preguntarse quién decide realmente sobre nuestra salud. Y quién se beneficia.

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Cada 19 de octubre, el mundo se tiñe de rosa para concientizar sobre el cáncer de mama. Sin embargo, detrás de las campañas de prevención y los eslóganes, hay realidades que pocos conocen:

🔎 ¿Sabías que en ningún país del mundo la mamografía es obligatoria?
Muy por el contrario, las mujeres son invitadas y sólo con su consentimiento informado previo se les realiza el estudio en equipos digitales de última generación.

⚠️ ¿Sabías que los mamógrafos que se utilizan en Uruguay son comprados de segunda mano?
Esto plantea serias preguntas sobre la calidad, la precisión de los diagnósticos y la seguridad de los equipos.

⚖️ ¿Sabías que una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la exigencia de la mamografía para el carné de salud?
Esta resolución cuestiona la obligatoriedad de un examen que debería ser opcional y acorde a cada historial clínico.

En el informe de hace un año (19 de octubre: un año más obsoletos) este párrafo está más vigente que nunca:

«Del debate en los países desarrollados sobre la eficacia del cribado mamográfico para disminuir la mortalidad del cáncer de mama, resultó que el Consejo Médico de Suiza recomendó en 2013 el abandono de la mamografía. Le siguió Francia en 2016. Y entonces Uruguay les compra los mamógrafos que ya no utilizan. Para pensar, ¿no?«

¿Qué es el PINKWASHING?
Pinkwashing (o «lavado rosa») es un término crítico que se usa para describir el uso del color rosa y la causa del cáncer de mama —especialmente durante octubre, el «mes rosa»— con fines de marketing, relaciones públicas o para mejorar la imagen de una empresa, gobierno u organización, sin un compromiso real con la salud, la prevención o los derechos de las mujeres. Ejemplos:

Detección precoz no es prevención.
La detección precoz supone enferma a una persona asintomática y le busca un síntoma a tratar. En cambio la prevención reduce el riesgo de que el cáncer se desarrolle. Esto implica actuar sobre factores que aumentan la probabilidad de enfermar, a saber:

¿Por qué es cuestionable la detección precoz?
Porque produce falsos positivos y sobrediagnóstico. Porque nos convierte en hipocondríacos.

¿Por qué es cuestionable la mamografía?
Porque no es una técnica diagnóstica sino una prueba de cribado para la detección precoz del cáncer de mama. La mamografía no lo previene. Confundirla con prevención desinforma y desplaza el foco de las causas reales del cáncer. La mamografía aplica radiación ionizante, la cual radioinduce cáncer. Cualquier cáncer. Detecta lesiones que nunca se transformarían en cáncer peligroso (como el carcinomas ductal in situ), pero igual se tratan con cirugía, quimio y más radiación. El cribado del cáncer de mama que son glándulas externas es el único para el que se usa radiación. El cáncer colorectal, el de próstata y el de cuello de útero se investigan con métodos que no usan radiación en órganos internos que son inaccesibles a la palpación manual.

Además la presión del mamógrafo es dañina. Por algo duele. Se impone como acto preventivo cuando ni previene ni garantiza más salud, y su aplicación obligatoria vulnera el derecho al consentimiento y a la responsabilidad crítica sobre la propia salud.

Desde 2013 el Dr. Peter C. Gotzsche, investigador danés y ex director del Centro Nórdico Cochrane de Copenhague de Dinamarca, advierte que si la mamografía fuera un medicamento estaría prohibido.

El problema no es el color rosa. El problema es usarlo para disfrazar negligencia, vaciar el debate y acallar críticas.

Reivindiquemos el 19 de octubre como un día de lucha informada y crítica, no de marketing. Cuando la medicina se impone sin libertad, deja de ser cuidado y se convierte en mecanismo de control sobre las personas.

Este 19 de octubre, es momento de reflexionar sobre cómo se implementan las políticas de salud y de tomar conciencia de que el derecho al previo consentimiento informado está establecido por ley, para cualquier estudio como el cribado mamográfico.

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Más información internacional aquí.

¿Te imaginarías que el Ministerio de Salud Pública te recomiende vacunarte contra una enfermedad… para la que no existe vacuna?

El sábado 27 de setiembre, publicó en su sitio web una noticia sobre la sífilis, con el título:

“Es fuerte. Una enfermedad que parecía olvidada, hoy es un problema de salud pública.”

Al avanzar en la lectura, el mensaje se complica. El primer párrafo afirma:

“Esta infección bacteriana se transmite por contacto directo con lesiones en piel, genitales o boca, y al igual que otras ITS como VIH, hepatitis y HPV, puede prevenirse con preservativo, controles periódicos y vacunación.”

¿Vacunación? ¿Contra la sífilis y el VIH?

El texto destacado no deja lugar a dudas: la infección bacteriana por sífilis y la viral por VIH, serían prevenibles con vacunas. Y la convocatoria final remata imperativamente:

“Testeate. Vacunate. Protegete.”

Previo a alertar sobre esta afirmación tan desconcertante como irresponsable, decidimos solicitar información al propio MSP. Su respuesta fue categórica: no existen vacunas contra la sífilis ni contra el VIH en Uruguay porque “esas vacunas aún no han sido desarrolladas ni aprobadas en ningún país del mundo”. Entonces, ¿por qué el MSP convoca a vacunarse con ellas?

La estrategia es clara: usar la alarma por una enfermedad para promover las vacunas contra otras. Es una técnica conocida en marketing: ofrecer algo que no está disponible, para captar atención y redirigirla a productos que se pueden entregar. No es un error. Es intencional.

Eso se llama publicidad engañosa. Y no se trata de estar a favor o en contra de las vacunas. Mentir para convencer es una gravísima falta ética. Es síntoma de un sistema desahuciado. Con total impunidad la autoridad sanitaria abusa de la confianza de la población para manipularla con desinformación. Con el mayor descaro invoca una ciencia que, en los hechos, ni siquiera ejerce con rigor. Esta acción demuestra que el MSP carece de legitimidad para imponer sus políticas.

La sífilis se cura con antibióticos desde 1943. No hay vacuna contra ella porque la bacteria Treponema pallidum es difícil de estudiar, evade el sistema inmune y no genera inmunidad duradera. Debido a que es tratada eficazmente con penicilina se redujo el interés en desarrollar una vacuna.

Definitivamente la salud es una responsabilidad personal. La obediencia ciega a instituciones que, una y otra vez, se exponen como falibles, sesgadas o influenciables, es peligrosa para la salud.

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Meses atrás levantamos la voz ante una práctica que raya lo inadmisible: la administración de la vacuna ABRYSVO de Pfizer a embarazadas en Uruguay (y Argentina), en el marco de un supuesto “ensayo” que jamás fue advertido a las usuarias. ¿Consentimiento informado? Brilla por su ausencia. ¿Transparencia institucional? Sepultada bajo tecnicismos y silencios.

El objetivo de la vacunación no es la mujer gestante, sino su bebé nacido vivo. No es una indicación ginecológica, sino una estrategia pediátrica, pensada para blindar a los recién nacidos durante sus primeros seis meses de vida con el objetivo de prevenir las internaciones por el virus sincicial respiratorio (VSR). Así surge del acta de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del 10/4/2024 donde se dispuso la introducción de esta vacuna. Allí consta que el representante de la Clínica Ginecológica C del Hospital Pereira Rossell, FMed-UdelaR, participó sin voto mientras que la Sociedad Uruguaya de Pediatría (única institución privada que es miembro de dicha comisión y que recibe financiamiento de Pfizer) participó con voto.

¿Y quién autorizó este experimento encubierto? Nadie lo sabe. Los medios y las autoridades sanitarias han guardado un silencio inquietante sobre este uso, y lo que es peor: sobre las condiciones éticas y legales en las que se realiza.

Frente a esta situación, la diputada Dra. Nicolle Salle presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP). La respuesta fue más grave de lo esperado: el ensayo no cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación (CNEI). En otras palabras, se está ejecutando por fuera del marco regulatorio que exige el decreto 158/019, que establece condiciones específicas para investigaciones en seres humanos, especialmente en grupos vulnerables como las embarazadas y los menores de edad. El decreto es claro: toda investigación en seres humanos —y más aún en embarazadas— debe cumplir con estrictos requisitos éticos. El artículo 6 inciso r) exige evaluar riesgos, beneficios e interferencias sobre la fertilidad, el embarazo, el embrión, el feto, el parto, el puerperio, la lactancia y el recién nacido. ¿Se cumplió? No. ¿Se informó? Tampoco.

Pero el MSP, lejos de admitir un posible atropello, responde con un tecnicismo que roza lo insultante: define el estudio como “observacional, no intervencional, de carácter retrospectivo”. Una forma sutil de decir que no se está probando una vacuna nueva contra placebo, sino analizando datos históricos… pero de una vacuna recientemente incluida en el vademécum, cuya administración se hizo sin las garantías éticas mínimas.

Más aún: el informe de la CNEI de poco más de una página en el expediente 12/001/3/8338/2024 deja claro que la CNEI ni siquiera pudo expedirse, porque la enmienda que incorpora a Uruguay al protocolo de estudio no le había sido presentada. Como si esto fuera poco, el protocolo disponible corresponde a Argentina, donde sí se detallan los investigadores responsables. De los uruguayos, nada se sabe.

Del protocolo argentino, sin embargo, se desprende información crucial: “la población del estudio incluirá a todos los infantes que hayan sido hospitalizados por infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB), a quienes se les haya realizado la prueba del VSR y que hayan nacido de una persona elegible para la vacunación con Abrysvo durante el embarazo”. Es decir: la población a estudio (menores de edad) no puede decidir su participación en el ensayo.

Lo más escandaloso llega con la respuesta del MSP a otro pedido específico: se solicitaron los formularios de consentimiento informado y de encuesta. ¿La respuesta? No existen. Es decir, se violó abiertamente el artículo 7 del decreto 158/019, que exige que toda investigación se realice únicamente después del consentimiento libre e informado. Y el artículo 9 refuerza: dicho consentimiento debe ser aprobado por un Comité de Ética.

Peor aún: si consideramos que el sujeto real de la investigación es el bebé —que será monitoreado hasta los seis meses de vida—, aplica el artículo 10, que exige una justificación detallada en el protocolo y el consentimiento de los representantes legales del menor. Nada de eso fue respetado.

¿Cómo puede la CNEI estar ajena a un estudio que involucra directamente a embarazadas y recién nacidos? ¿Cómo puede el MSP aceptar que se recojan datos de una intervención médica sin los formularios de consentimiento? ¿En qué momento se volvió tolerable que se prueben estrategias sanitarias sobre mujeres y sus bebés sin siquiera informarlas?

Este caso no es una anécdota. Es una alarma. La salud pública no puede construirse sobre zonas grises ni sobre cuerpos vulnerables sin voz. Esto no es ciencia, es oportunismo disfrazado de política sanitaria.

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En julio la noticia sobre brotes de varicela en todo el país se viralizó entre los medios de comunicación. El mayor brote se habría registrado en la escuela militar de Tacuarembó con más de 30 casos entre sus jóvenes alumnos.

El aumento significativo de casos de varicela en población joven a pesar de que la vacuna fue introducida en el CEV en 1999 (hace 26 años) es explicado por el MSP quien culpabiliza a la gente que no tiene la segunda dosis introducida en el CEV en 2014 o no tiene ninguna dosis. Pero la vacuna tiene defectos informados en el prospecto del fabricante y por eso desde LSuy lo reportábamos como el Varicela-gate.

Una diputada pregunta, el MSP responde (a medias)

La diputada Dra. Nicolle Salle por el Partido Identidad Soberana realizó un pedido de información al MSP sobre la vacuna contra la varicela y las estadísticas de mortalidad por esa infección. El pedido y la respuesta están disponibles aquí y a continuación comentamos los conceptos que destacamos a color.

Ciencia a medias, estudios ocultos y verdades incómodas

El MSP declara que “La efectividad de una vacuna se evalúa a través de estudios científicos que comparan la incidencia de la enfermedad en personas vacunadas frente a no vacunadas, bajo condiciones reales.” ¿Dónde están esos estudios? ¿Por qué no se publican?

Recientemente el Senado de Estados Unidos hizo público uno realizado en 18.468 niños nacidos entre 2000 y 2016 en Michigan para comparar la salud de niños vacunados con no vacunados: los vacunados tienen 2,5 veces de probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. Ver la traducción.

Pero al menos el MSP reconoce de esta manera que la obligatoriedad es anticientífica. Además es antiético azuzar la justicia contra las familias que optan por no vacunar a sus hijos con vacunas notoriamente defectuosas como la anti varicela.

Sobre el origen de las vacunas, el MSP informa que “la vacuna se compra a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Estas vacunas no requieren registro por el Departamento de Medicamentos.” Es decir: las vacunas vienen validadas de organismos supranacionales. ¿Qué sentido tiene crear con la ley de presupuesto una Agencia Regulatoria de Tecnologías Sanitarias para habilitarlas? Recordar además que existe desde 1934 la ley que obliga al MSP a realizar el control del contenido de las vacunas y eso no se cumple.

Preguntado sobre qué medidas se han tomado ante la advertencia del fabricante acerca de que “Se desconoce la duración de la protección frente a la varicela después de la vacunación con SKYVaricella Inj.”, el MSP, en una posición notoriamente negacionista, dice que “existe un error de interpretación ante el planteamiento” y agrega su interpretación de lo que el fabricante no dice para explicar lo que el prospecto disponible en la misma web del MSP especifica tan claramente:

Y respecto a la segunda dosis que el MSP introdujo en el CEV en 2014 el fabricante también es categórico: “No se ha evaluado la efectividad de la repetición de la vacunación. No está definida la necesidad de dosis de refuerzo”. El tercer punto es muy revelador para esta y todas las vacunas: no se garantiza la protección de todos los vacunados.

Relativo a la información del fabricante sobre la transmisión del virus vivo de la varicela hasta 6 semanas después de la inoculación, el MSP declara que se informa de esto a las familias previo a la vacunación. ¿Alguien puede aportarnos testimonios sobre esta situación?

Política pública en lugar de acto médico

El MSP confirma que “la vacunación no se considera un acto médico individual” y por eso no “se encuentra sujeta a los requerimientos formales del consentimiento informado”. Como consecuencia de eso, el MSP reconoce que no se entregan los prospectos de las vacunas a la población. Obviamente tampoco los médicos que se hacen responsables de sus efectos adversos. Por lo tanto no es creíble la respuesta anterior del MSP de que en la consulta con el pediatra se informa a las familias sobre la transmisión del virus vivo de la varicela.

Es por todo esto que en mayo desde LSuy habíamos presentado en la plataforma PROPACI del Poder Legislativo el proyecto de ley para establecer la vacunación como acto médico y el mismo mes fue recogido e impulsado por Identidad Soberana ante la Comisión de Salud y Asistencia Social que Nicolle Salle integra, donde se puede seguir su trámite parlamentario.

Cerramos con lo más grotesco: sobre la mortalidad por varicela en Uruguay el MSP reporta que entre 2015 y 2024 registró cuatro fallecidos, quienes tenían entre 64 y 89 años de edad. Esto nos recuerda los tiempos de pandemia cuando baleados fueron clasificados como fallecidos por covid19. Es decir: a los adultos fallecidos por causas propias de su edad les sumaron la varicela para poder contabilizar fallecidos por ella y así justificar la continuidad de la vacunación y hasta la revacunación desaconsejada por el propio fabricante.

Preguntar, dudar y exigir evidencia con transparencia es responsabilidad ciudadana.

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El Estado desembolsó más de 7 millones de dólares en “esfuerzos comunicacionales” mientras se esquiva la medición real de cuántos niños fueron efectivamente vacunados.

El Ministerio de Salud Pública bajo el gobierno de Lacalle Pou estableció, para el período 2024-2025, el pago de metas asistenciales en base al indicador “1.4) Cobertura vacunal del Esquema Obligatorio”, según el instructivo oficial. El objetivo declarado: alcanzar al menos el 95% de cobertura en dos vacunas claves del calendario obligatorio —la tercera dosis de polio inactivada (IPV) antes del año de vida, y la segunda dosis de la triple viral (SRP) antes de los cinco años. En términos simples: se debería pagar por vacunas dadas, a niños vacunados.

Pero no.

El instructivo no tardó en revelar otra cara: un “indicador cualitativo”, que sustituye la medición de hechos concretos (esto es, la cantidad de vacunas administradas por cada prestador) por acciones como “capacitación sobre vacunación infantil” o “actividades de difusión”. Es decir, se paga por hacer campañas, no por vacunar.

Y eso no es todo.

Cerrado el año 2024, solicitamos al MSP la información sobre cuánto se había pagado a cada prestador por este indicador. La respuesta fue escandalosa: negativa, y sin fundamentos, en abierta violación a la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública. Denunciamos el atropello ante la Unidad correspondiente, y gracias a esa presión, el MSP reculó y entregó los datos. Los resultados hablan por sí solos.

Los números del “esfuerzo”

Durante el año 2024, el Estado desembolsó $298.807.216 (unos US$ 7.288.000) solo por el cumplimiento del “indicador cualitativo”. ¿Y qué se midió a cambio? No la cantidad de niños efectivamente vacunados, sino si se realizaron charlas, talleres o afiches. Lo más grave: el pago se calculó en base al total de afiliados de cada prestador, menores vacunables y todos los demás.

¿El costo de las vacunas reales para el 2025? US$ 10.037.290.

Sí, leíste bien: el “esfuerzo comunicacional” para conscientizar a los padres de menores de 5 años costó el 73% de lo que cuesta vacunar efectivamente a toda la población. Un delirio que confirma, sin lugar a dudas, que las vacunas en Uruguay no son obligatorias. Porque si lo fueran, no haría falta dilapidar casi US$ 17.3 millones en vacunar y “convencer de vacunar”.

No es un plan de salud pública, es un plan de marketing con dinero público.

Ahora bien, nos preguntamos cuánto dinero destina el MSP para hacer el seguimiento post vacunación de los efectos adversos.

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El miércoles 6 de agosto, durante la media hora previa al plenario de la Cámara de Representantes, la diputada Dra. Nicolle Salle, del sector Identidad Soberana, centró su intervención en una de las prácticas más naturalizadas —y menos cuestionadas— del mercado laboral uruguayo: el carné de salud. Lo hizo en el marco de la presentación de un proyecto de ley que propone lo que debería ser obvio pero no lo es: que el carné sea un derecho voluntario y gratuito, no una obligación coercitiva.

Con tono firme, Salle desenmascaró una contradicción tan evidente como incómoda: los legisladores presentes —ella incluida— están exonerados del carné de salud para ejercer sus funciones. Sin embargo, se exige sin excepciones a todo el personal del Poder Legislativo que comparte el mismo espacio con los representantes.

Lo que alguna vez fue concebido como una herramienta de prevención sanitaria en el ámbito laboral terminó convertido en un “peaje para trabajar”: una barrera de entrada que no responde a criterios técnicos y que, mucho menos, respeta el principio de igualdad ante la ley. La exigencia de mantenerlo vigente durante toda la vida laboral, a costa del propio trabajador, no es otra cosa que un abuso legitimado: un impuesto encubierto al derecho al trabajo.

Pero el problema no termina ahí. El carné de salud laboral —un documento que no existe en ningún país del mundo— se ha transformado en una ficción útil: las empresas lo exigen no por sus efectos reales, sino para simular que cuidan a sus empleados. Mientras tanto, los accidentes laborales aumentan así como las enfermedades profesionales, todo ello derivado del incumplimiento sistemático de los convenios de la OIT ratificados por ley en Uruguay.

La diputada cerró su intervención con un llamado directo, claro y urgente a las autoridades competentes: la representación de la OIT en Uruguay, la Dirección Nacional de Trabajo, la Dirección de Salud Laboral, la Comisión Tripartita de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y la Asociación Uruguaya de Medicina del Trabajo.

¿Y los sindicatos? Si su defensa del trabajo digno y su compromiso para proteger la salud de los trabajadores son auténticos, esta es una bandera que no pueden seguir ignorando.

Adherí YA a la campaña Uruguay Sin Carnés aquí!!!

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El 30 de junio de 2025, durante una reunión virtual con la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, anunció una campaña de vacunación dirigida a 136.000 niños y adolescentes con dos vacunas antimeningocócicas, cuyo costo total —según indicó— asciende a dos millones de dólares. Ver el extracto de su exposición:

La versión completa está disponible aquí.

Sin embargo, del análisis de los datos oficiales surge una discrepancia significativa: las dosis adquiridas suman apenas 40.600 entre ambas vacunas. Estas se desglosan de la siguiente manera:

• 600 dosis de la tetravalente ACWY adquiridas al Fondo Rotatorio de OPS por resolución del ex presidente Lacalle Pou y

• 40.000 dosis de la monovalente Bexsero adquiridas a GSK, el histórico patrocinador de la SUP, por resolución de la ministra Lustemberg, pediatra afiliada a la SUP.

Matemáticamente no hay chance de que con 40.600 dosis se vacunen 136.000 personas. Esa diferencia escandalosa entre lo prometido y lo disponible no puede ser ignorada ni minimizada.

La directora general de la Salud, Dra. Fernanda Nozar, aportó pistas para entender esta incoherencia: las dosis adquiridas por el gobierno se destinarán a los niños y adolescentes comprendidos en las franjas etarias comprendidas en el plan, mientras que el resto deberá adquirir las vacunas a través de los prestadores de salud, que obviamente tienen un stock para agotar. Ver extracto de la entrevista a Nozar en Arriba Gente el 2/6/2025:

La versión completa está disponible aquí.

Cabe señalar que esta campaña de vacunación fue lanzada apelando al impacto emocional generado por el fallecimiento de un niño de dos años por meningitis en mayo. En este contexto, la equidad invocada por la ministra se convierte en un eslogan vacío: Uruguay no dispone de 136.000 vacunas antimeningocócicas gratuitas.

Surge entonces la pregunta: ¿por qué el MSP convoca a 136.000 familias a los vacunatorios con la promesa de proteger a sus hijos contra la meningitis? Esta estrategia es una conocida técnica de manipulación o estafa comercial llamada “bait and switch«, cuya traducción al español es “anzuelo y cambio” o “cebo y cambio”, por la cual se anuncia un producto atractivo pero cuando el consumidor acude para obtenerlo, el proveedor le ofrece uno alternativo. La supuesta «alternativa» que ofrece el MSP es que las familias asuman el costo de la vacunación antimeningocócica… o bien se conformen con las vacunas gratuitas del Certificado Esquema de Vacunación (CEV), cuya cobertura —vale recordar— cayó drásticamente durante la pandemia y aún no se ha recuperado.

Todo apunta a que el verdadero objetivo es cumplir con la Agenda de Inmunización 2030 de OMS. Y para eso…, vale todo. Hasta la publicidad engañosa.