En lo que va de 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha generado dos alertas sanitarias y patrocinado dos campañas de vacunación masiva: una en verano, contra el sarampión; otra en invierno, contra la enfermedad meningocócica.

Ambas vacunas integran el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) y, por lo tanto, son gratuitas para toda la población, tenga o no prestador de salud, sea este público o privado.

Además la población objetivo de las vacunas en su mayoría son los menores de edad y por eso son los más vacunados. Tanto los destinatarios de los planes contra la pobreza infantil como todos los demás. Es decir: alcanza a todos los menores de edad y sus familias.

Pero también alcanza a ese ciudadano adulto que mañana puede ser contactado por un encuestador y consultado sobre si aprueba o desaprueba al gobierno, lo haya votado o no.

Y también alcanza a los potenciales votantes de todos los partidos que lleguen a las urnas en 2029.

La campaña masiva de vacunación en 2021 contra covid-19 con 10 millones de dosis aplicadas supera a todas las campañas juntas que el gobierno actual se empeñe en encarar en estos cinco años de gobierno.

Pero parecería que alguien estuviera manejando los hilos para emular aquella operación sin precedentes. Es que la vacunación masiva tiene amplio rédito político: constituye un botín político demasiado tentador.

Las campañas de vacunación masiva admiten varias lecturas. Hay una, sin embargo, que rara vez aparece en el debate: la vacunación como una forma de asistencialismo, el sanitario.

El Estado compra las vacunas con recursos públicos, organiza su distribución, financia su aplicación y las ofrece gratuitamente a la población.

Gratis para quien la recibe. La cuenta, en cambio, la paga el Estado. Y el Estado somos todos.

Pero el asistencialismo no tiene solamente un costo económico. También genera rédito político.

Una prestación gratuita, visible y de alcance masivo permite al gobierno presentarse como proveedor de soluciones, particularmente cuando la población ha sido previamente colocada bajo la amenaza de una determinada enfermedad mortal.

Alarma. Necesidad. Campaña. Prestación gratuita.

Una secuencia casi perfecta: las autoridades con la complicidad de los medios instalan el peligro, construyen la necesidad y mágicamente el gobierno aparece oportunamente con la solución.

El círculo se cierra.

El gobierno aparece como quien detecta el peligro, quien dispone la respuesta y quien garantiza gratuitamente la protección.

Y esa puesta en escena puede convertirse en aprobación, respaldo y capital político. No solamente frente a la ciudadanía, como herramienta para marcar diferencias con la oposición, sino también dentro de la propia interna del partido de gobierno, donde mostrar capacidad de gestión, movilizar recursos y ocupar la agenda pública también tiene su precio —y su premio— político.

Por eso, cuando se anuncian cientos de miles de dosis, la pregunta no debería limitarse a cuántas personas necesitan vacunarse. También habría que preguntar:

¿Cuánto cuesta cada campaña y cuánto rédito político producen?

Porque cuando la política sanitaria se convierte en espectáculo de gestión, la vacuna puede terminar funcionando no solamente como herramienta sanitaria, sino también como herramienta de legitimación política. Aunque parece que no aprendieron de la pandemia: a pesar del gran despliegue vacunal en 2021, el resultado de 2024 fue el contrario al esperado; al año siguiente hubo cambio de partido en el gobierno.

Las vacunas no compran votos. El asistencialismo vacunal es un balazo en el pie.