El British Medical Journal (BMJ), en una muy reciente investigación publicada el 26 de agosto, analiza el caso del cardiólogo británico Kim Fox, quien recibió más de £50 millones entre 2006 y 2015 de compañías farmacéuticas, entre ellas Servier, fabricante de la ivabradina, un medicamento utilizado para tratar la angina. Fox también recibió pagos por asesoramiento relacionado con la ivabradina y participó en ensayos clínicos sobre el medicamento.

El problema adquiere otra dimensión porque Fox fue posteriormente presidente de la European Society of Cardiology (ESC) y participó en la elaboración de las guías clínicas de la organización que recomendaban la ivabradina, mientras mantenía vínculos económicos con la industria que comercializaba el medicamento.

Fox sostiene que no hizo nada ilegal y que declaró sus intereses económicos conforme a las reglas de la ESC. Sin embargo, la propia ESC terminó considerando que su conducta constituía una falta grave por incumplimiento de sus normas sobre conflictos de interés.

Fox significa zorro en inglés.

Y hay otro elemento que no debería pasar inadvertido: el BMJ señala que Fox habría sido cardiólogo de la reina Isabel II. Un antecedente que, sin demostrar por sí mismo ninguna conducta indebida, contribuye a explicar el enorme prestigio y autoridad que acumuló dentro de la medicina británica.

Declarar el conflicto no es suficiente

Este es el punto central que plantea el BMJ: declarar un conflicto de interés no hace desaparecer el conflicto.

Una persona que mantiene intereses financieros con una industria no debería integrar un comité encargado de elaborar guías clínicas que puedan favorecer los productos de esa misma industria.

El problema no es solamente si el médico puede actuar objetivamente. Es también si debe estar en una posición en la que sus intereses económicos puedan entrar en conflicto con las decisiones que está llamado a tomar.

El BMJ señala que existe evidencia de que los conflictos financieros están asociados con recomendaciones más favorables hacia medicamentos y dispositivos en guías clínicas, informes de comités asesores, artículos de opinión y revisiones narrativas.

Por eso reclama políticas mucho más estrictas: quienes tengan intereses financieros relevantes deberían quedar fuera de los comités encargados de elaborar guías clínicas, independientemente de su prestigio, experiencia o de que declaren sus vínculos.

Pero ¿qué ocurre con el propio BMJ?

El BMJ recibe ingresos publicitarios de la industria farmacéutica. La revista sostiene que mantiene una separación estricta entre sus áreas comerciales y editoriales y que sus decisiones editoriales no están influidas por esos ingresos.

Pero la contradicción merece ser planteada.

Si declarar un conflicto de interés no alcanza para garantizar la independencia de un médico que participa en una guía clínica, ¿por qué debería ser suficiente la declaración de independencia de una publicación que recibe dinero de la misma industria?

¿Y qué sabemos de la ivabradina?

El caso Fox obliga a formular una pregunta elemental todavía más incómoda: ¿qué ocurre con los pacientes que reciben ese medicamento basándose en una guía elaborada bajo las condiciones expuestas?

Porque el problema no termina cuando se descubre el conflicto de interés.

El problema empieza ahí.

La revista independiente Prescrire ha cuestionado severamente el balance beneficio-riesgo de la ivabradina y advierte sobre sus efectos cardiovasculares adversos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA), por su parte, también revisó el medicamento y advirtió sobre riesgos cardiovasculares, señalando además que, en la angina, la ivabradina no había demostrado reducir el riesgo de infarto ni de muerte cardiovascular. Esto es: la ivabradina produce lo mismo que dice tratar…

Es decir, el debate no se limita a quién recibió dinero y cuánto recibió. También importa cuántos pacientes son tratados hoy a partir de recomendaciones viciadas por ese conflicto de interés.

Uruguay tampoco está al margen

La ivabradina está disponible en Uruguay, por lo menos, bajo los nombres comerciales Procoralan y Anginodil. Este mismo año ASSE realizó una compra directa de Procoralan para distribuir a sus pacientes tratados con ella. Ni siquiera por licitación. Por eso, el caso Kim Fox no es un episodio lejano.

Surge otra pregunta incómoda: ¿qué mecanismos existen en Uruguay para garantizar que las decisiones sobre medicamentos estén realmente protegidas de los conflictos de interés de quienes elaboran las recomendaciones que orientan su utilización?

Respuesta: ninguno. De hecho, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que recibe financiamiento de fabricantes de vacunas, integra con voz y voto la comisión de vacunas del MSP y desde allí promueve más dosis para su público objetivo: la infancia. Las vacunas también se adquieren por compra directa: a GSK, el patrocinador histórico de la SUP.

Si quienes tienen intereses económicos en la industria integran organismos que elaboran recomendaciones, el conflicto de interés deja de ser un problema privado del médico y se convierte en un problema de salud pública.

Cuando autoridades o medios de información “garganteen” con supuestos estudios científicos arbitrados por pares y publicados en revistas especializadas para justificar recomendaciones sanitarias, recordá al zorro encubierto del BMJ.

Si conocés a alguien en tratamiento con ivabradina, compartile este informe. Tal vez le salves la vida, hoy, en manos de un zorro...