Repudiamos el bullying institucional y mediático que señala a los adolescentes como los “portadores» del meningococo.
Repudiamos el mensaje dirigido hacia ellos con el propósito de atribuirles la culpa y responsabilizarlos por poner en riesgo a los demás.
Repudiamos la presión que reciben sus padres para someterlos a una vacuna experimental que carece de aprobación regulatoria internacional.
Repudiamos el bullying docente que en los chats grupales exponen al escarnio público a los menores cuyas familias ejercen su derecho a no vacunarlos. No se trata de un hecho aislado. Hemos recibido varias denuncias como esta:
Cuando se señala a un niño para disciplinar a sus padres, ya no estamos frente a una política de salud: estamos frente a un abuso de poder.
La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe que un menor sea objeto de discriminación o represalias por decisiones adoptadas por sus padres. Ningún docente, institución educativa o autoridad tiene derecho a estigmatizar, señalar o exponer públicamente a un menor.
El bullying escolar constituye una preocupación creciente. Resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de prevenirlo abusen de esas prácticas y, de ese modo, las legitimen en su propio beneficio. ¿Con qué autoridad moral puede una institución educativa hablar de convivencia, respeto y prevención del bullying escolar si utiliza el señalamiento y el escarnio público como herramienta de presión contra un menor? ¿El bullying es aceptable cuando lo ejerce la autoridad?
Quien normaliza el bullying desde una posición de autoridad deja de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema.