Para reportar un efecto adverso de vacunas (ESAVI) no es obligatorio tener teléfono ni una app especial instalad en él. Se realiza la denuncia directamente ante la autoridad sanitaria MSP accediendo a la siguiente página web aquí.
Cualquier ciudadano (y sin aval médico ni del prestador de salud) puede reportarlo en nombre propio o un tercero a su cargo.
En Uruguay las mujeres están obligadas a someterse cada 2 años a la mamografía obligatoria para el carné de salud. Además son acosadas por los ginecólogos y los medios, quienes les inoculan el miedo a sus propias mamas para que la tortura del mamógrafo y la exposición innecesaria a la radiación la cumplan anualmente.
¿Sabías que una mamografía equivale a TRESCIENTAS radiografías de tórax? Así lo informa la Academia Nacional de Medicina de Uruguay en este documento sobre la Ley de Protección Radiológica sancionada en 2013:
La normativa vigente en Uruguay ampara a todas las mujeres que rechazan la imposición de someterse a 300 radiografías. Informate en la web de tu presstador o en la el MSP donde se informa sobre el derecho al consentimiento previo a cualquier recomendación o indicación médica establecido en el art.11 de la ley 18335.
Ejercé la soberanía sobre tu cuerpo. Es tu derecho.
Link al video Tutelaje Radiactivo
El canal de televisión OFICIAL de Uruguay informa por qué la vacunación anticovid no es obligatoria en nuestro país y por qué ningún ciudadano puede ser obligado a recibirla. Explica en un minuto y 23 segundos los artículos 10 y el 54 de nuestra Constitución.
Libertad Sanitaria Uruguay es una iniciativa ciudadana en acción desde 2016 por el respeto y la difusión de los derechos individuales en temas de salud al amparo de la normativa vigente en nuestro país. Es impulsada por casi 11.000 adherentes, comunidad que crece día a día[1].
El pasado 23 de enero de 2021 en conferencia de prensa el Presidente Luis Lacalle Pou anunció la compra de las vacunas contra el SARS-COV2 a Pfizer-Biontech y Sinovac para garantizar el amplio acceso a las mismas. Asimismo reiteró que la vacunación no será obligatoria.
La declaración Universal de Bioética y DDHH aprobada en 2005 por aclamación con la participación de Uruguay establece en su art.3: 1) el respeto pleno de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales; 2) la prioridad de los intereses y el bienestar de la persona respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. La vacunación contra el SARS-COV2 no es obligatoria en ningún país del mundo. En particular el Parlamento Europeo en sesión del 27/1/2021 determinó que la vacunación contra el SARS-COV2 no es obligatoria y que no se puede discriminar a los no vacunados[2].
La OMS no aprueba ni autoriza vacunas. Sólo las recomienda. Las vacunas no han sido aprobadas por ningún regulador porque los fabricantes no han finalizado los procesos requeridos por los reguladores para su aprobación final. Sólo se les concedió autorizaciones de emergencia. Por esta razón las vacunas son experimentales y los contratos garantizan la inmunidad jurídica para sus fabricantes. Los contratos firmados por nuestro país con ambos proveedores están sujetos a compromisos de confidencialidad. No puede ser obligatorio el consumo de un producto cuya información para el consumidor fue blindada por dicha formalidad.
Bregamos para que quienes opten por vacunarse tengan pleno acceso a las vacunas. Se deberá recabar su autorización de acuerdo al art.12 de la ley 18335 que así lo establece para participar de la investigación médica aún en curso sobre estas vacunas experimentales. Destacamos la iniciativa de los activistas por los derechos humanos en Israel que exigen la intervención del Comité de Helsinki[3].
Al 22 de enero en Estados Unidos habían muerto 210 personas luego de ser vacunadas con la vacuna de Pfizer-Biontech, según el registro VAERS, entre otros efectos secundarios serios[4]. Existiendo este riesgo individual para cada uruguayo que le toque recibir esta vacuna, es inmoral y antiético apelar a la solidaridad colectiva para inducir vacunar.
Por todo lo expuesto repudiamos las expresiones de todos quienes tienen responsabilidades públicas en la gestión y/o comunicación de la pandemia, por incitar a coartar la libertad individual y el ejercicio de derechos humanos mediante la obligatoriedad de esta vacunación.
[1] https://www.ls.uy/patrocinadores/
[2] https://pace.coe.int/en/files/29004/html
[3] https://www.ynetespanol.com/tendencias/salud/article/SkkDlm7JO
Con fecha 17/9/2020 el gobierno de Perú firmó el pliego de condiciones vinculante al preacuerdo firmado el 29/7/2020 para la compra de casi 10 millones de dosis de la vacuna a Pfizer por 118 millones de dólares. Probablemente con Uruguay se haya firmado algo parecido a esto: fuente.
