Lo que debería ser un comité independiente para cuidar la salud de todos, se habría convertido en un engranaje más de un negocio disfrazado de ciencia.
La Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), órgano clave del Ministerio de Salud Pública (MSP), fue creada para asesorar sobre el uso de vacunas. Pero hoy, ocho de sus integrantes ostentan cargos de dirección en la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), institución privada que recibe financiamiento de los mismos laboratorios que fabrican las vacunas que luego recomiendan. GSK y Pfizer, entre otros, aparecen como patrocinadores de los eventos científicos de la SUP año tras año.
Pese a que la CNAV debería funcionar con transparencia, las declaraciones de conflicto de interés (DCI) de sus miembros previo a cada sesión están incompletas, no estandarizadas, y muchas veces omiten vínculos clave con la SUP. Aun cuando la SUP tiene un solo voto en la CNAV, sus autoridades votan en representación de otros organismos públicos, multiplicando su peso en las decisiones.
La SUP ha tenido participación decisiva en sesiones de la CNAV como la vacunación contra COVID en niños y contra VRS en embarazadas, así como en la reciente incorporación de las vacunas antimeningocócicas. La pentavalente ACWYX diseñada para África, no está aprobada por la FDA ni la EMA. La Bexsero contra el serotipo B es provista por el principal patrocinador de las actividades de la SUP.
Además, el Ministerio de Salud Pública parece haber delegado la política de vacunación en la SUP. En reuniones públicas, la ministra reconoce abiertamente su pertenencia a la SUP y coordina las acciones directamente con sus autoridades antes de asumir su cargo. El resultado: una campaña de vacunación masiva impulsada desde lo privado, pero pagada con fondos públicos.
Los contratos de vacunas COVID se mantienen en reserva. Las vacunas se importan y no hay pruebas de que su contenido sea auditado por el MSP, como mandata la Ley Nº9202 en su artículo 2, inciso 5. ¿Estamos vacunando con biológicos o placebos, sin saber que nuestra infancia participa en ensayos clínicos encubiertos? Aun están publicados: uno en prestador privado de Montevideo entre 2017 y 2018, otro en el interior del país entre 2011 y 2014.
En resumen:
- La CNAV está cooptada por actores con múltiples vínculos a una institución privada cuyas actividades son financiadas por los laboratorios.
- Las decisiones sobre vacunas se toman con conflictos de interés ocultos o directamente ignorados.
- La SUP impone su agenda en la salud pública con el aval del MSP y bajo el pretexto de “expertise científica”.
- Se utilizan vacunas no aprobadas por los principales reguladores internacionales.
- No hay contralor efectivo de las vacunas aplicadas en Uruguay.
Mientras se promueve la vacunación como un deber social, las decisiones se toman a puertas cerradas, por grupos cruzados por intereses privados y farmacéuticos, sin que la ciudadanía tenga acceso pleno a la información ni a las verdaderas motivaciones detrás de cada pinchazo.
