Varicelagate

En 1999 se incorporó la vacuna contra la varicela en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV): dos dosis para los niños de 12 meses y 5 años. Cerrado el año 2025, llega el momento de los balances. Y cuando el propio Ministerio de Salud Pública publica su boletín epidemiológico, ya no hay margen para el relato: los brotes de varicela se duplicaron respecto al año anterior, de 450 a 881. Los rangos etarios afectados son los menores de 5 años y de 15 a 29 años, o sea: en personas vacunadas. Los números hablan solos del fracaso de la vacuna. Y pican de solo contarlos.

La reacción oficial

El MSP está obligado por ley a controlar la producción de las vacunas. Sin embargo, las autoridades anunciaron que cambiarán de vacuna. Esto confirma que el MSP incumple la ley y no controla preventivamente la calidad de las vacunas, y recién cuando su falla se hace evidente por los efectos en la población que la recibió confiadamente, accionan disponiendo el cambio de proveedor. Se volvería a la marca aplicada anteriormente.

El problema no es la marca: es la vacuna

Pero el cambio de proveedor no soluciona nada. La razón es tan simple como incómoda: la duración de la protección de la vacuna contra la varicela es desconocida. ¿Sea cual sea el fabricante? Sí, como se lee. No es una teoría conspirativa ni una opinión marginal. Está expresamente reconocida por los propios fabricantes en los prospectos que el mismo MSP publica en su sitio web. Basta con compararlos: la actual SKYVaricella (de SK bioscience) y la anterior Varivax (de Merck). Ambas utilizan el mismo virus vivo (cepa Oka) y ambas advierten las mismas límitaciones. Es decir: el MSP lo sabe.

Y justamente porque se desconoce la duración de la protección, los fabricantes:

• no recomiendan refuerzos universales,
• no garantizan inmunidad duradera.

Inmunidad natural vs inmunidad vacunal

La inmunidad natural contra la varicela es de por vida. Sin embargo, la inmunidad vacunal, no lo es. Luego de la vacunación en la infancia, los anticuerpos disminuyen y aparecen casos de varicela en personas vacunadas. Es decir: la enfermedad se desplaza a edades mayores, que la pueden cursar con más complicaciones y mayor riesgo. Pero hay más. Y no es menor.

Los vacunados como vector de contagio

Ambos prospectos advierten que el vacunado puede contagiar varicela hasta seis semanas después de la inoculación. La advertencia es relevante para las embarazadas no inmunizadas que pueden contraer la enfermedad, con riesgo de malformaciones fetales. En la práctica, sin embargo, no se indica cuarentena alguna a los vacunados que circulan libremente. Los propios vacunados se convierten en un vector de contagio, sin saberlo y sin ser advertidos. Y esto es contrario al derecho al previo consentimiento informado de los vacunados y especialmente de una embarazada que lleve a vacunar a su hijo contra la varicela. Y al día siguiente lo acompaña a la escuela, donde típicamente surgen los brotes de la enfermedad.

Mortalidad por varicela: lo que muestran los datos oficiales

Ante un pedido de información al MSP sobre la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, los datos son elocuentes: la varicela registraba como máximo tres fallecidos por año, desde antes que la vacuna fuera incorporada al CEV en 1999. Entonces —con la vacuna anterior y con la actual— la mortalidad descendió apenas a un fallecido por año en forma esporádica, como se observa en la tabla oficial. La reducción de hasta tres fallecidos por año a uno o ninguno podría interpretarse como un logro. Sin embargo, con cifras tan bajas, no es posible atribuir esa variación a una sola causa. Los propios datos no permiten aislar a la vacunación como explicación exclusiva.

ESAVI y subregistro

Y existe una realidad que incomoda todavía más: la OMS informa que en los países de origen de estas vacunas, existen por ley sistemas de indemnización a los dañados por vacunas. Son los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI). Desde 2010 en Uruguay están publicados los ESAVI que el MSP registra anualmente por las vacunas que distribuye. Son informados por el personal de la salud y es sabido que representa un subregistro de la realidad. Aún así, según el último reporte de ESAVI publicado por el MSP para el año 2024, la vacuna contra la varicela está primera en el ranking por cantidad con 58 casos y tuvo un caso grave por herpes zóster. Reporta sólo 3 casos de varicela debido a la vacunación, muy inferior a los 450 reportados el mismo año como brotes. Si eso no es un subregistro ¿qué es? Es que el subregistro excluye otros efectos directos de la vacunación como:

• quienes se contagiaron por convivir con un vacunado,
• los fetos expuestos durante la gestación cuya madre convivía con un vacunado.

Pagar por dañar

Los sistemas para indemnizar a los que sufren efectos adversos por las vacunas, son financiados por los propios fabricantes. Miles de millones de dólares al año pagan a cambio de la inmunidad jurídica, ya que las demandas, les pesa mucho má$ y afecta su imagen. Si los fabricantes aceptan cubrir daños por vacunas en los países donde se producen, es porque admiten que sus productos no son seguros ni eficaces. Y eso deja en evidencia el eslogan vacío de “las vacunas son seguras” y el mantra anticientífico de que “las vacunas salvan vidas”.

Lo político sobre lo ético

Cuando el Estado sostiene una vacunación masiva de eficacia incierta, que desplaza riesgos a edades mayores, y lo hace sin respetar el derecho al previo consentimiento de las personas y sin garantizarles un mecanismo de reparación a los dañados por las vacunas, deja de ser una política sanitaria y pasa a ser una imposición irresponsable. Estamos ante una decisión ideológica, sostenida por propaganda y protegida del debate.

Los datos están publicados por el propio MSP. Lo que falta no es información. Lo que falta es honestidad.

Y cuando la salud pública se gestiona ocultando límites y trasladando riesgos a la población, el problema deja de ser la varicela. Cuando el MSP no reconoce sus límites ni explica sus errores, deja de cuidar a la población para exponerla a riesgos innecesarios. Experimentando con ella, especialmente los niños y las embarazadas.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) publica semanalmente su boletín epidemiológico. En 2025, el ciclo cerró en la semana 53. Lo que debería ser un instrumento técnico de transparencia y vigilancia sanitaria termina revelando algo muy distinto: una brecha escandalosa entre los datos oficiales y el discurso alarmista que el propio MSP instala mediante miedo cuidadosamente administrado para impulsar políticas como la vacunación. Leer el boletín 53 completo es suficiente para desmontar los eslóganes y el relato.

Qué es este boletín y para qué existe

El Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria establece un sistema de vigilancia nacional basado en la notificación obligatoria de eventos de interés sanitario. Basado en el Decreto 41/2012, clasifica los eventos en Grupo A y Grupo B según la urgencia de notificación:
– Grupo A: dentro de las primeras 24 horas.
– Grupo B: dentro de los primeros siete días desde la sospecha del caso.

El boletín se ha ampliado para incluir eventos emergentes y reemergentes como COVID-19, Zika, Chikungunya, Oropouche y M-pox (viruela del mono), además de enfermedades transmitidas por alimentos y las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), es decir, patologías adquiridas dentro del propio sistema sanitario.

Este boletín es el insumo oficial que debería guiar decisiones basadas en evidencia. Debería. Veamos si lo hace.

2025 bajo la lupa

Nos centraremos exclusivamente en aquellos eventos amplificados mediáticamente por el MSP para inyectar miedo y justificar las campañas de vacunación masivas. Todas las cifras que siguen provienen de la fuente en el propio sitio web del MSP.

Enfermedades históricamente ausentes

Como desde hace décadas, no se registraron casos de tétanos, difteria, rubéola, polio ni viruela (ahora del mono). Aun así, el MSP insiste en vacunar sistemáticamente a embarazadas con la triple bacteriana (tétanos, difteria y tos convulsa) en cada embarazo para evitar la tos convulsa, pese a que en 2024 hubo apenas 7 casos y en todo 2025 solo 17. No hay emergencia. Hay rutina ideológica.

La rubéola integra la triple viral SRP de la que nos ocuparemos más adelante.

Hepatitis: cuando los datos bajan y el relato sube

– Hepatitis A: 39 casos en 2024, solo 11 en 2025.
– Hepatitis B: 170 → 144.
– Hepatitis C: 229 → 193.

Las tres están en descenso. Y un detalle incómodo: para hepatitis C no existe vacuna. Sin embargo, también disminuye (-36) y más que las otras dos (-26 y -28). Curioso, ¿no? Hay evidencia de que la vacunación masiva se introduce en enfermedades que naturalmente están en retroceso para invocar el éxito a su favor. Basta leer a Suzzane Humphries.

Varicela: el relato se cae solo

En 2025 hubo una explosión de casos de varicela. El MSP lo atribuye a los no vacunados o a esquemas incompletos. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere lo contrario: en personas vacunadas. Y por una razón muy simple: el propio fabricante admite en el prospecto de la Sky Varicella que desconoce cuánto dura la protección de la vacuna contra la varicela, razón por la cual ni siquiera recomienda refuerzos. El problema no es la “falta de cobertura”, sino la desinformación por parte del MSP.

Sarampión y paperas

Respecto a los casos de sarampión, se reportan por primera vez desde 2019. Como en aquella oportunidad, fueron importados. Los pocos casos autóctonos fueron sobredimensionados comunicacionalmente para impulsar una cacería de contactos. La situación que describe el MSP contradice sus propios boletines diarios desde el primero publicado el día 22 de diciembre.

En cuanto a las paperas, la incidencia disminuyó de 421 casos en 2024 a 313 en 2025. Además, el fabricante advierte que la vacuna triple viral (SRP contra sarampión, rubéola y paperas) puede producir parotiditis. Otro dato incómodo, convenientemente silenciado.

Silencios que hablan

El boletín omite informar la incidencia del virus del papiloma humano (VPH), infección de transmisión sexual contra la cual existe una vacuna, incluida en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV). Su objetivo es el cáncer de cuello uterino (CCU) con el que estaría asiociado estadísticamente. Sin datos de incidencia del VPH, no puede evaluarse necesidad, impacto ni beneficio real de esa vacunación en relación al CCU. El silencio también es una forma de política sanitaria. ¿Por qué se vacuna masivamente contra una infección que no interesa vigilar?

Meningitis: el caso más elocuente

En julio de 2025 se introdujo la vacunación contra meningitis en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV). El boletín clasifica los casos en tres grupos: meningocócica, bacteriana y meningoencefalitis virales. Veamos qué decían los datos antes de la vacunación masiva, reportados por el boletín de la semana 26:

Los tres grupos estaban en claro descenso, por separado y globalmente. Ahora veamos el cierre de 2025 (boletín semana 53), tras la introducción de la vacunación masiva:

El total apenas baja, porque uno de los grupos, la meningitis bacteriana, aumentó pasando de 61 a 68 casos. A pesar de la vacunación. Exactamente lo contrario de lo prometido. No es prevención. Es fracaso maquillado.

Conclusión

Los boletines epidemiológicos del MSP desmienten semana a semana su propio discurso. Los datos no respaldan ni la urgencia ni la intensidad de las campañas de vacunación, que se imponen como dogma.
No es ciencia. Es narrativa.
Y cuando la política suplanta a la evidencia, las campañas se transforman en propaganda.

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En noviembre, el MSP encendió la alarma por un supuesto brote de sarampión en Río Negro, importado desde Bolivia. Los pacientes eran adultos, convenientemente rotulados como “no vacunados”.

El 6 de diciembre llegó la respuesta automática: jornada nacional de vacunación, dirigida sobre todo a quienes tendrían “solo una dosis”: los nacidos entre 1967 y 1987 cuando seguramente se habría informado a las familias que esa única dosis protegería de por vida, como dice ahora el MSP desde su perfil de Facebook sobre la segunda dosis mediante un mensaje que infantiliza al público objetivo, con emojis, estilo historieta, tartamudeando e invocando sus super héroes contemporáneos a emular como antaño.

Detalle clave: no existe vacuna contra el sarampión. Lo que se aplica es la triple viral: SRP contra sarampión, rubéola y paperas. Según el MSP una dosis “tiene una efectividad del 93%” y la segunda “asciende al 97%”. Hasta ahí, el dogma. Pero el remate es delirante: “La segunda dosis confiere protección a quienes no respondieron tras la primera dosis, no es una dosis de refuerzo”. Si la primera no funcionó, ¿cómo la segunda eleva la eficacia global de 93 a 97? Y si la primera sí funcionó, ¿qué es ese 4% adicional si no un refuerzo? No es inmunología: es un trabalenguas cazabobos.

Antes de Navidad, el MSP anunció que en 2026 se adelantará la campaña de vacunación antigripal debido a una “nueva cepa” que estaría causando estragos en el hemisferio norte. El miedo viaja en avión y siempre aterriza con una jeringa recargada.

El 3 de enero se publicó el acta de la última sesión de 2025 de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, donde se resolvió impulsar una nueva campaña anticovid con la vacuna “actualizada” para Ómicron. Otra vuelta más a la calesita.

El 7 de enero llegó el plato fuerte: vacunación de embarazadas con CUATRO vacunas. Antigripal, anti-COVID, triple bacteriana y anti-VSR. Cuatro vacunas por embarazo. Vacunas que no fueron ensayadas clínicamente en embarazadas, porque —dato menor que se omite— no se experimenta con fetos.

El 15 de enero, nuevo golpe de efecto: el MSP amplía la alerta por sarampión. Ahora en Montevideo. Un caso importado de Chile habría contagiado a un trabajador del transporte colectivo. El comunicado enumera líneas de ómnibus, días y horarios con precisión quirúrgica. No para informar, sino para inquietar, para reinstalar el clima de pánico, para justificar otra ofensiva vacunatoria.

Terminamos el año viejo con temporada de vacunas y empezamos el nuevo año con más vacunas. Nada de esto es casual. La obsesión por vacunar no responde a una emergencia sanitaria real en pleno verano, sino a una estrategia política. En marzo de 2030 termina este gobierno y la ministra Dra. Cristina Lustemberg construye, desde el MSP, un montaje de indicadores alineados con la Agenda 2030 que dedica un capítulo para la vacunación. Gestión visible, campañas constantes, métricas exportables. Un currículum en tiempo real, con la esperanza de correr mejor suerte que el ex ministro Dr. Daniel Salinas tras la vacunación anticovid, cuando aspiró sin éxito a la dirección de la OPS.

El mensaje es claro: las vacunas no son una política sanitaria por el bien común y pasaron a ser una campaña de marketing político, con el MSP como plataforma de lanzamiento personal.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una campaña dirigida a embarazadas que recomienda CUATRO vacunas durante la gestación: triple bacteriana (tétanos, difteria y tos convulsa), antigripal, anti-COVID-19 y anti-VSR. Sí, cuatro vacunas. En un mismo embarazo. Por cada embarazo. Sin aval científco.
El objetivo declarado no es proteger a la mujer, sino transferir anticuerpos al feto. Es decir: se expone a un tercero que no puede consentir, rechazar ni evaluar riesgos.

¿Están probadas las vacunas en embarazadas? La respuesta es NO. No están probadas de a una ni combinadas.

Las vacunas no se ensayan clínicamente en embarazadas antes de su aprobación por una razón ética básica: no se experimenta con fetos. La supuesta evidencia que luego se invoca como “seguridad” proviene de estudios observacionales posteriores y retrospectivos, como el registrado en la EMA para la vacuna contra el VRS en mujeres uruguayas y argentinas, sesgados para usarlos como propaganda del fabricante. No proviene de ensayos controlados diseñados para evaluar riesgos fetales.

Desde hace décadas hay una regla no negociable: el feto no puede ser sujeto experimental. Ese principio no nació de debates académicos. Nació de tragedias reales: la talidomida y el dietilestilbestrol (DES).

Talidomida: cuando el daño obligó a decir la verdad

A fines de los años 50, la talidomida fue recetada a embarazadas contra las náuseas. No había ensayos en embarazadas, pero se extrapoló la seguridad desde adultos. Fue aprobada por autoridades, avalada por expertos y promocionada con lenguaje tranquilizador. Es el sesgo de autoridad.

El resultado: más de 10.000 niños con focomelia y malformaciones irreversibles. La focomelia es la ausencia de elementos óseos y musculares en los miembros superiores o inferiores. Puede afectar a un solo miembro o a varios. El miembro afectado queda reducido a un muñón. Hay fotos impactantes en la web.

La droga atravesó la placenta, actuó sobre un organismo en desarrollo y produjo daño estructural permanente. El reconocimiento fue tardío. Las responsabilidades, difusas. Aún hoy existen procesos judiciales y administrativos en curso. De esa catástrofe surgió un consenso ético claro:

• exclusión de embarazadas de los ensayos,
• reconocimiento de que el feto es vulnerable y debe ser protegido,
• principio de precaución elevado a dogma.

DES para prevenir abortos

Las hijas del DES, como se las conoce actualmente, corren el riesgo de padecer un tipo raro de cáncer vaginal o cervical. El DES, un fármaco que se daba a mujeres embarazadas entre 1938 y 1971 para prevenir abortos, aumentó significativamente el riesgo de ciertos cánceres y problemas reproductivos en sus hijas, incluyendo anomalías uterinas y problemas de fertilidad. Todo eso sin haber ingerido jamás el fármaco. El daño ocurrió antes de nacer, cuando el organismo estaba en formación y era más vulnerable. No se evidenció en el nacimiento como la talidomida, sino años más tarde.

Ya se sabía que el DES no prevenía abortos. Ya había estudios negativos en los años 50. Pero el fármaco siguió indicándose durante dos décadas más. El DES no fue un “error médico”: fue uno de los antecedentes jurídicos más contundentes que demuestran el daño prenatal causado por decisiones sanitarias avaladas por el Estado.

La talidomida fue el daño visible a corto plazo en niñas y niños; el DES, el daño silencioso a mediano y largo plazo sólo en niñas.

Vacunas y autismo

Desde 1998, al menos, existe una sospecha pública persistente sobre una posible relación entre las vacunas infantiles y los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo. No surgió de redes sociales ni de teorías marginales: fue publicada en la principal revista médica del mundo, The Lancet. La reacción fue fulminante. El estudio se convirtió en un tabú y su posterior retractación fue utilizada no solo para desactivar el debate científico, sino para estigmatizar y desacreditar a familias que relataban experiencias directas imposibles de borrar con comunicados oficiales.

A partir de entonces, se instaló un consenso defensivo: no investigar más, no preguntar más, no escuchar más. El mantra «las vacunas salvan vidas» se instaló y cualquier duda fue etiquetada como ignorancia, miedo o conspiración. Las agencias sanitarias, con el CDC a la cabeza, cerraron filas y transformaron una cuestión científica abierta en una certeza política inamovible. Y comenzó la estigmatización por «antivacunas» a quienes se oponen a la vacunación compulsiva.

Décadas después, el propio CDC ha modificado recientemente su sitio web, reconociendo que se investigará la hipótesis de una posible relación entre las vacunas y los trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo.

Si a los efectos no investigados de las vacunas administradas durante el embarazo, se le suman los efectos adversos de las vacunas infantiles aplicadas a los bebés desde el nacimiento, el resultado no es una política sanitaria: es un combo nefasto para un experimento sin sustento.

Un doble frente de exposición —prenatal y neonatal— presentado como cuidado, blindado por consignas y sostenido por una certeza ciega que no admite preguntas. Primero se interviene al feto a través del cuerpo de la madre; luego, al recién nacido. Todo en nombre de un supuesto beneficio. No es ciencia avanzar sin datos: es fe. La carga de la prueba debe estar en quien recomienda, no en quien duda.

Biopolítica en lugar de ciencia

La recomendación del MSP es vacunar en CADA embarazo, independientemente de su espaciado. Entonces la pregunta es obvia: ¿cuánto dura realmente la protección de las vacunas? Las vacunas en embarazadas pueden producir abortos, partos prematuros y malformaciones. Esto no es inmunología. Es biopolítica aplicada al calendario reproductivo.

La talidomida y el DES enseñaron algo fundamental:
=> la autoridad puede errar,
=> el daño puede manifestarse tarde,
=> la certeza retrospectiva no protege a quienes fueron expuestos primero.

Madre:

La talidomida y el DES lo probaron de la peor manera: dejaron escrito en cuerpos reales que el daño prenatal no admite excusas. Por eso resulta obsceno que hoy se indiquen vacunas a las embarazadas. Tu decisión vale por DOS vidas: la tuya y la de tu bebé.

Cómo una alarma fabricada se desvía para el acoso laboral

En noviembre de 2025, cuando el año lectivo agonizaba en todas las ramas de la educación, el Ministerio de Salud Pública decidió encender una alarma sanitaria. El motivo: un supuesto “brote” de sarampión originado en cuatro casos importados desde Bolivia, diagnosticados a personas que regresaron al departamento de Río Negro. A esos casos se les atribuyeron ocho contagios autóctonos, todos vinculados al mismo núcleo inicial. Doce casos en total.

Ningún fallecido. Un solo internado. Pero el relato fue otro.

Según informó el propio MSP, se desplegó personal de salud para recorrer casa por casa las comunidades rusas de San Javier y Ofir, convertidas de golpe en protagonistas involuntarios de una cacería sanitaria, señaladas por su supuesta “filosofía antivacuna”.

El libreto del pánico sanitario

El MSP y los medios de siempre activaron de inmediato el viejo manual: urgencia, alarma, presión social y vacuna como única salida posible. Para el sábado 6 de diciembre se convocó con bombos y platillos a una jornada nacional de vacunación contra el sarampión. Sin embargo, se desconoce su resultado. No se publicaron cifras, no hubo balances, no se informó cuántas personas concurrieron a los vacunatorios especialmente montados para la ocasión. Mucho despliegue, mucho titular… y un silencio elocuente cuando llega la hora de rendir cuentas.

Conviene recordar un dato sistemáticamente omitido: no existe una vacuna “solo contra el sarampión” en uso programático. Lo que se administra es la triple viral, que combina sarampión, rubéola y paperas, todos virus vivos. En adultos que ya atravesaron una o más de estas infecciones en la infancia, el sistema inmune conserva memoria inmunológica, y una vacunación indiscriminada puede desencadenar respuestas hiperinmunes, sin beneficio clínico alguno. El Dr. Gerardo Valiero, Director de Salud Pública en Río Negro, tuvo que ser ingresado en CTI del Sanatorio Americano en Montevideo. Estaría padeciendo el síndrome de Guillain–Barre, un efecto adverso típico de las vacunas. En Uruguay no existe por ley un sistema de indemnización por daños de vacunas, como informa la OMS que existe desde 1961 en los países que las crean.

Pero esta vez el clima no acompañó. No era marzo de 2020. No había confinamiento, ni clases suspendidas, ni una población paralizada por el miedo. El intento de reinstalar la épica pandémica llegó tarde y mal.

Cuando no prende en la población, se apunta al personal

A comienzos de diciembre, la sociedad ya estaba en modo cierre de año: fiestas, licencias, escuelas vacías. No había margen para disciplinar a las familias con el carné de vacunas ni para montar operativos de vacunación en los centros educativos cerrados.

Entonces el foco se desplazó. Y el blanco fue otro: el propio personal de la salud.

Con la excusa del “cambio de número de dosis” para los nacidos entre 1967 y 1987, los prestadores de salud —en particular ASSE— desataron una verdadera cacería de los no vacunados «contra sarampión» entre sus trabajadores.

Comunicaciones intimidatorias sin ley ni firma

Las exigencias se instrumentaron mediante comunicaciones que simulan provenir del MSP, de Jurídica de ASSE o de supuestos Comités de Infecciones. Comunicaciones que no resisten el menor análisis administrativo ni jurídico. Los mensajes recibidos lo demuestran con claridad:

• no existe un texto oficial común;
• los plazos para “regularizar” la situación vacunal son arbitrarios y contradictorios;
• no figura ninguna autoridad responsable que asuma la comunicación;
• en la mayoría de los casos no se cita norma alguna que fundamente la exigencia;
• y en al menos un caso, la normativa invocada está mal identificada.

Esto no es prevención. Es presión sin derecho.

El dato que el Estado oculta

Todo el operativo se apoya en un hecho clave que el Estado omite deliberadamente: el registro informático nacional de vacunas comenzó recién en 2017. Antes de esa fecha, el propio Estado carece de información histórica confiable sobre vacunación con la triple viral.

La supuesta “falta” no es del trabajador. Es del sistema.

El sector privado copia el desorden

En el sector privado el panorama no mejora. También allí circulan comunicados dirigidos al personal bajo el rótulo de “concientización”, pero son igual de heterogéneos y contradictorios: uno dice obedecer una directiva del MSP; el otro ni siquiera la menciona.

Improvisación, presión y silencio normativo.

Reportes diarios para fabricar crisis

Hacia fines de diciembre, el MSP dio un paso más y comenzó a emitir reportes diarios de sarampión, copiando el formato y el clima comunicacional de la pandemia de covid-19: conteos cotidianos, confirmados, sospechosos, lenguaje de crisis.

El objetivo es evidente: fabricar sensación de emergencia.

Pero los propios reportes oficiales desmienten el relato alarmista.

Los números no acompañan el relato

A enero de 2026, los casos confirmados siguen siendo los mismos doce de diciembre de 2025, todos circunscritos a Río Negro. El sarampión no pasó de año ni de frontera departamental.

Los casos sospechosos, investigados en distintas zonas del país, disminuyen día tras día, pese al esfuerzo explícito por “encontrar” contagios fuera del foco inicial.

La evidencia del desorden

Compartimos a continuación los comunicados difundidos por los prestadores de salud que nos han hecho llegar sus trabajadores, donde quedan expuestas la informalidad, las inexactitudes, contradicciones, superposiciones y la absoluta falta de respaldo legal:

• ASSE Paysandú: martes 13 de enero jornada de vacunación para completar esquema vacunal, Comité de Infecciones Hospitalarias.
• ASSE Paysandú: relevamiento para acreditar vacuna antisarampionosa antes del 16/1/2026.
• ASSE Paysandú mensaje WhatsApp: relevamiento antes del 30/1/2026 de la vacuna triple viral en cumplimiento de decreto ley inexistente.
• ASSE Región Sur: acreditar vacuna antisarampionosa “antes del miércoles” y yaquestamos, reforzar Hepatitis B y tétanos.
• ASSE Río Branco: relevamiento antes del 5/1/2026 para acreditar vacuna antisarampionosa.
• ASSE Río Negro: cita un informe jurídico inexistente, decretos inexistentes, uso del verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad
• ASSE Salto: “en cumplimiento del comunicado del MSP” se insta acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.
• Asistencial Médica: sin fecha, revisar y recomendar.
• Hospital Evangélico: en nombre del MSP utiliza el verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad, pero sin plazo para acreditar vacuna antisarampionosa.
• SMI: “por recomendación del MSP” acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.

Los que mandan vacunar, ¿están vacunados?

Para cerrar el círculo de la hipocresía institucional, vale recordar un antecedente reciente: el año pasado, la diputada Dra. Nicolle Salle solicitó al MSP el estado vacunal de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, cuya presidenta es la ministra Dra. Cristina Lustemberg. La respuesta fue negativa, amparándose en la ley de protección de datos personales.

La transparencia, una vez más, se exige hacia abajo y se niega hacia arriba. Tener bien presente esa respuesta hoy permite entender por qué estos “relevamientos” no son prevención ni legalidad: son disciplinamiento sin derecho.

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El 3/12/2025 sesionó la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del MSP. La resolución fue tan previsible como automática: en 2026 se continuará promoviendo la vacunación contra COVID-19, ahora bajo la fórmula de la “variante actualizada”. La pandemia terminó. El negocio, no.

Tal como consta en el acta, en esa comisión participó con voz y voto la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una corporación médica que recibe financiamiento directo de Pfizer, fabricante de la vacuna recomendada. No es una sospecha ni una interpretación maliciosa: es un hecho público. El conflicto de interés es grosero, estructural y completamente normalizado. Y, sin embargo, nadie parece advertirlo. O peor aún: todos lo ven y lo toleran. No asesoran: venden. No deliberan: alinean.

El propio material de difusión de la SUP lo expone sin pudor: el flyer publicado en su sitio web. Que una organización financiada por un laboratorio intervenga en la definición de políticas públicas que benefician directamente a ese mismo laboratorio no es ciencia, no es salud pública y no es ética. Es captura regulatoria. Es lobby sanitario con bata blanca. Y debería bastar para poner en cuestión la legitimidad de todas las resoluciones de la CNAV e incluso para exigir responsabilidades políticas al MSP.

El problema se agrava cuando se constata que la ministra de Salud Pública —pediatra de profesión— figura como afiliada a la propia SUP, según su padrón de socios. El conflicto de interés ya no es periférico: alcanza a la máxima autoridad sanitaria del país. Aun así, nadie se inmuta. No hay escándalo, no hay debate, no hay rendición de cuentas. Silencio administrativo.

Como si fuera poco, se anunció además el adelantamiento de la vacunación antigripal, consolidando el combo COVID-19 + gripe. Ya no se trata solo de niños, sometidos a un calendario vacunal cada vez más inflado, sino de toda la población convertida en clientela cautiva del complejo médico-industrial.

Lo que deliberadamente no se informa a la ciudadanía es un punto central: si la vacuna contra COVID-19 cuenta hoy con aprobación definitiva de los reguladores de referencia o si continúa amparada únicamente en la habilitación de emergencia de la FDA bajo la cual fue aplicada durante la pandemia, como informaba el GACH. No es menor que el contrato permanece clasificado como confidencial: el gobierno actual negó su acceso a una periodista. Ver aquí.

La pandemia pasó.
El miedo quedó instalado.
Y la maquinaria vacunal sigue facturando: sin emergencia, sin debate y sin pudor.

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