El 19 de junio, una familia de Carmelo disfrutaba del feriado, cuando recibió una llamada de la comisaría para concurrir a notificarse de una convocatoria a comparecer al juzgado el día siguiente, jueves 20.

Sin saber de qué se trataba, la familia se presentó como se le pidió ante la juez letrada Dra. Stefanía Vittori. En dicha instancia los padres fueron notificados de una denuncia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) contra ellos por vulnerar los derechos de su hija de dos años de edad al no haber recibido las vacunas del certificado esquema de vacunación (CEV). La juez dispuso un plazo de cinco días para que presentaran el cumplimiento del supuesto mandato vacunal.

En la audiencia llevada a cabo el 25 de junio, actuaba la juez subrogante Dra. Judith Álvarez, quien había designado dos abogadas defensoras: una para la niña y otra para los padres. Pero la defensora de éstos se manifestó contraria a su expreso rechazo a vacunar, por lo que se opusieron a su patrocinio. Ellos llevaban una carta para presentar a la juez en sustitución del CEV requerido, en la que fundamentaban su posición respecto a la vacunación. Pero la juez se negó a recibirla y a escucharlos. A su vez, sin considerar una nueva instancia para que los padres pudieran concurrir debidamente asesorados, los intimó a que en el plazo de diez días vacunaran a su hija o se exponían a un proceso penal en el que un juez podría retirarles la patria potestad de su hija.

Los medios desplegaron todo su poder y el caso se hizo público no solo en todo el país, sino hasta en el exterior. Recordemos que también en Colonia pero hace treinta años, bajo otro marco normativo, los niños Borgogno-Arce, en un caso tristemente famoso, fueron expulsados de la escuela pública por no cumplir el esquema de vacunación de la época. El motivo para ello era que sufrían de alergia a los componentes de las vacunas, y a pesar de presentar los certificados médicos previstos en la normativa vigente en aquel momento para estos casos, las autoridades educativas los rechazaron por considerarlos apócrifos.

En el presente, la familia de Carmelo se vio obligada entonces a obtener asesoramiento letrado. Habiéndolo logrado se procedió a impugnar la decisión judicial por estar viciada de legalidad. El Dr.Cipriano Curuchet, quien resultara el patrocinante en este caso, es el autor del escrito disponible aquí argumentando esta impugnación. En el escrito presentado el viernes 26 de julio se destaca lo siguiente:

1. La nulidad del proceso a una familia indefensa ante una jueza que vulnera su derecho al debido proceso.
2. La normativa que obliga a los médicos a respetar las decisiones de los padres que rechazan la vacunación de sus hijos, reconocida por el propio Ministerio de Salud Pública, y que, por lo tanto, expone a los médicos del hospital de ASSE de Carmelo a ser denunciados por incumplirla.
3. Dos antecedentes en la mismísima justicia uruguaya en los que los jueces decidieron respetar la decisión de los padres de no vacunar a sus hijos.

Hacemos propicia esta ocasión para agradecer a la familia de Carmelo por brindar toda la información respecto a su caso y permitir su difusión. Seguramente, ella inspirará y ayudará a otras familias en situación similar a hacer valer sus derechos.