El Poder Legislativo uruguayo tiene previsto aprobar el ingreso de Uruguay y su sumisión al Instituto Internacional de Vacunas (IIV).

El IIV es una organización internacional con sede en Seúl, creada en 1997 bajo auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su foco principal ha sido el desarrollo, evaluación y distribución de vacunas, sobre todo para países de ingresos bajos y medios.

Constituye el mayor laboratorio de ensayos clínicos de vacunas en países subdesarrollados previo a su comercialización en los desarrollados.

Financiamiento

El IIV ha recibido financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Es socio técnico en programas de vacunación impulsados por GAVI (la Global Alliance for Vaccines and Immunization), que financia la compra y distribución de vacunas en países pobres. IIV ha trabajado generando evidencia o apoyando implementación de campañas.

Ha participado en proyectos vinculados a preparación frente a brotes con CEPI (la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) que financia el desarrollo exprés de vacunas ante epidemias. Es decir: colaboración en I+D y preparación pandémica.

Un dato políticamente relevante

Existe una fuerte concentración de influencia alrededor de un núcleo de organizaciones (Gates, Gavi, CEPI, OMS y socios asociados), debido a los flujos de financiamiento cruzados y la participación recurrente de las mismas instituciones en consejos asesores, programas y proyectos.

Por otro lado, los defensores de este modelo sostienen que esas alianzas permiten coordinar recursos, investigación y acceso a vacunas a escala mundial, especialmente en países con menos capacidad científica o financiera.

En otras palabras, la existencia de vínculos entre IIV, Gates, Gavi y CEPI es un hecho documentado; lo que genera debate es cómo interpretar el alcance e impacto de esos vínculos en la formulación de políticas sanitarias globales.

La acción del IIV mantiene dependencia de un sistema global donde la tecnología y decisiones siguen concentradas. En particular, preserva el sistema de patentes sobre las fórmulas y procesos de fabricación. Las alianzas globales de las que se vale el IIV no eliminan patentes, sino que:

• negocian precios,
• financian acceso,
• coordinan distribución.

Es decir: fomentan la permanente introducción de nuevas vacunas como otra forma de exquilmar a los países mediante contratos secretos.

Como en cualquier área con mucho dinero y política pública, existen zonas sensibles:

• Lobby o incidencia: reuniones, asesoramiento técnico, promoción de políticas.
• Puertas giratorias: personas que pasan de organismos internacionales a gobiernos o viceversa.
• Conflictos de interés: expertos vinculados a industria o financiadores.

Esto es reconocido incluso por organismos internacionales. Han existido casos de corrupción en las compras públicas en distintos países. Esto agrega intermediarios lo que genera sobreprecios en adquisiciones irregulares. Es un ejemplo de eso, la compra directa de la vacuna contra la meningitis en 2025 por 2 millones de dólares a GSK, el patrocinador histórico de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), de la cual es socia la Ministra Dra. Cristina Lustemberg. Además la directora de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, Dra. Catalina Pírez, que junto a Lustemberg integra la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del MSP es simultáneamente la tesorera del Comité de vacunas de la SUP. Y hete aquí que este proyecto de ley tiene la firma de Lustemberg.

El MSP de Uruguay está obligado por ley a controlar la preparación de las vacunas. Sin embargo el fallo de la vacuna contra la varicela, reconocido por las autoridades en enero, evidencia que eso no se cumple y que en Uruguay las vacunas se prueban en la población.

La OMS registra sistemas para indemnizar a los dañados por vacunas en varios países del mundo desarrollado. En los países laboratorio, como Uruguay, no hay garantías para la gente cuando experimenta los efectos adversos de vacunas falladas.

Desde LSuy apelamos al respeto de legisladores a la soberanía de la población a la que representan, desprotegida ante tantas irregularidades, para que rechacen ese proyecto de ley que convertiría ciudadanos uruguayos en cobayos del mundo.