En noviembre se detectaron cuatro casos de sarampión importados en Río Negro. Eso desató el rastreo, esto es, la cacería de sus contactos para investigar su condición vacunal o aislarlos. Luego se detectó un chofer de ómnibus urbano de Montevideo con sarampión. Otra cacería sanitaria desatada para rastrear los usuarios de los viajes con los que tuvo contacto.
Es significativo que no se siguió el mismo protocolo con los brotes de varicela, en particular, el detectado en la comitiva de 150 integrantes que viajó a China ida y vuelta, además de compartir múltiples actividades durante una semana. ¿Lo político sobre lo sanitario?
Desde diciembre, ASSE y otros prestadores privados de salud intensificaron el hostigamiento a su personal para fiscalizar el estado vacunal contra el sarampión. Corresponde aclarar que la vacuna contra el sarampión no existe sino que está integrada a la fórmula de la triple viral (SRP) junto con rubeóla y paperas.
Ahora es el turno del INAU, que replica la misma lógica de hostigamiento sobre sus trabajadores, mediante comunicaciones informales, para «presentación obligatoria» de constancia de vacunación o «deberá» vacunarse “contra el sarampión”. Compartimos el comunicado que nos llegó. Es curioso que los convocados son sólo los que «que tengan contacto directo con niños, niñas y adolescentes», como si los niños hubieran sido el foco en los casos de Río Negro y el chofer de Montevideo. ¿ANEP someterá a lo mismo con el comienzo del año lectivo en marzo a los docentes de todos los niveles?
El mensaje es ambiguo, con tono intimidatorio y cero respaldo jurídico explícito. Por lo que corresponde ignorarlo. Una vez más, se constata que la manipulación del lenguaje es la clave para lograr el acatamiento ciego.
Se recuerda que la vacunación no es obligatoria. El último brote de sarampión en Uruguay data de 1998. Quienes cursaron la enfermedad, adquirieron inmunidad natural de por vida y por lo tanto no deben vacunarse.
Y cabe preguntarse ¿quién defiende las garantías laborales cuando la administración avanza por la vía de los hechos? ¿Dónde están las organizaciones sindicales frente a este avance que normaliza el control y el amedrentamiento como método?