Lo que encubre el caso de Carmelo

El 25 de junio, a instancias de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), un juez decretó la vacunación compulsiva de una niña de 2 años de una familia de Carmelo en un plazo de 10 días. El plazo caía en el medio de la feria judicial, cuando no iba a estar ni el portero para constatar el cumplimiento del decreto, si lo hubiera habido. Ese caso está aún en proceso.

¿Por qué ASSE y todos los prestadores de salud hostigan a las familias que no vacunan a sus hijos? ¿Por qué, más que nunca, hay vacunatorios móviles en lugares públicos concurridos de todo el país? ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública (MSP) retomó este año la vacunación en las escuelas?

Damos una pista… La vacunación está incluida en las Metas Asistenciales 2024-2025.  Se puede verificar en este instructivo que uno de los indicadores de cumplimiento de las metas es el punto «1.4) Cobertura vacunal del Esquema Obligatorio«. Y en la página 76, el apartado “8) PAGO DE LA META» contiene una tabla donde detalla el monto en pesos para cada indicador, en particular para el “1.4) Cobertura vacunal del Esquema Obligatorio”.

Las metas asistenciales son incentivo$ que el MSP paga a todos los prestadores que muestran el cumplimiento de los indicadores como –en este caso– las vacunas administradas a sus afiliados. En particular, a los niños, que antes de los 18 años pueden llegar a recibir hasta sesenta y tres dosis con el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) actual. ¡Sí! Aunque pocas veces lo pensamos: ¡sesenta y tres dosis!

Por lo tanto, vacuna que no se aplica, acto vacunal que el prestador no suma al indicador 1.4 y  pierde de cobrar al MSP por la meta asistencial fijada en este tema. No es un detalle menor a la hora de analizar el interés por vacunar a toda costa.

Las metas, que representan políticas públicas para la prevención de enfermedades, como las prevenibles por vacunación, y la detección precoz de otras, presuponen la elección de medios. Entre ellos, por ejemplo, los controles periódicos por diagnósticos innecesarios, y hasta a veces, dañinos. Esto ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones como el caso de las mamografías.

El gráfico que encabeza esta publicación representa el caduceo médico degradado a símbolo de la moneda. Sintetiza la corrupción de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y los profesionales de la salud que emplea. Es una vil mercantilización que, sumada a la remuneración por acto médico, desvirtúa el juramento hipocrático que tanto debería honrarse.

En cambio, lo que se logra es que muchas veces provoquen iatrogenias de todo tipo, en lugar de aliviar el sufrimiento por enfermedades en curso que afectan la calidad de vida de sus pacientes. Un ejemplo claro y actual de esto, es lo que ocurre con las sentencias que imponen la vacunación de niños. Se realiza en el marco de la judicialización de familias que tan sólo ejercen sus derechos vigentes en Uruguay al no vacunar a sus hijos.

Desde 2014 está vigente en Uruguay la Ley 19286 del Código de Ética Médica, con un capítulo dedicado a la relación médico-paciente. Impone a todos los médicos en ejercicio no sólo el secreto profesional sino fundamentalmente el respeto a la libre decisión del paciente, aún para rechazar las indicaciones del médico tratante. La denuncia de ASSE (y cualquier prestador de salud) que judicializa personas que ejercen sus legítimos derechos, es contraria a la ley 19286 y sus autoridades podrían ser denunciadas ante el Tribunal de Ética Médica que instruye el Colegio Médico del Uruguay, al que están afiliados todos los médicos.

No existe “esquema obligatorio” alguno en Uruguay porque las vacunas NO son obligatorias en su marco normativo actual. No existe un formulario oficial para rechazarlas pero se puede presentar ante el pediatra tratante del prestador de salud este modelo de carta.

Por otra parte, es importante recordar que los centros educativos no están habilitados a exigir la presentación de vacunas, y por lo tanto, esa carta no corresponde presentarla ante ellos ni en ninguna otra instancia ajena al ámbito asistencial. La información de vacunas es información de salud la cual está clasificada como dato sensible por la ley 18331 de Protección de datos personales, cuyo artículo 18 establece que nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles.

Los ciudadanos no somos números y nuestra salud no debe ser moneda de cambio. No permitamos que se nos utilice para subvertir los sagrados valores que la profesión médica debería honrar y nunca abandonar al vil precio de la codicia.