Ayer, 1o de agosto, se conoció la sentencia 127-2022 de revocación al segundo fallo del juez Alejandro Recarey recaído contra el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En ese texto se transcribe la sentencia de Recarey, la apelación del Ministerio del Interior, del MSP, el alegato de quienes impulsaron el amparo y el fallo del TA.

La sentencia de Recarey imponía al MSP cumplir con su obligación de realizar el control de calidad de las vacunas establecida en la ley 9202, art.2, inciso 5: «El Ministerio de Salud Pública contraloreará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas.» Además imponía no discriminar a los no vacunados al exigirles un PCR negativo para regresar a su país.

La apelación del MSP se agraviaba porque el juez había redactado la sentencia en tan sólo «55 páginas«, sin haber leído los «miles de hojas de prueba documental» que le había aportado en respuesta a sus 16 preguntas. Más de la mitad de ese material está en inglés: el juez debía fallar en español.

De ese material, el que más destaca es el que aporta para descartar la presencia de excipientes tóxicos en las vacunas. Esto confirma contundentemte que el MSP no realiza control de calidad a las vacunas. Y lo más sorprendente es que se basa en un fact checker de la agencia Reuters como «información científica» de las vacunas. Es la referencia-3 de la pregunta–6.

Un evento curioso y fuera del libreto en la audiencia del amparo impulsado por Dentone, fue la intervención disruptiva de la abogada en representación de la Presidencia, Dra.María del Carmen Gonzalez. Escuchar el audio. La abogada tenía el rol de defender los contratos confidenciales con Pfizer. Sin embargo reveló su situación personal que ni el juez (a quien pretendió recusar por falta de imparcilidad) le habia preguntado: ella no se había vacunado por indicación de su médico, ya que habría padecido cáncer. Entre el material que aportó el MSP al juez está la priorización de la campaña de vacunación anticovid. En ella se consideraba a los pacientes de cáncer como de alto riesgo de sufrir Covid y por eso eran de los primeros en recibirla. Sin embargo ella no acató la directiva del MSP, parte del equipo de gobierno al que ella defendía.

Otro documento clasificado como confidencial que gracias a este proceso se hizo público, es el registro de autorización a Pfizer por el MSP, el cual establece que la vacuna se debe entregar «bajo receta profesional«. Notar al pie la leyenda por la cual el MSP ocultó este documento por el art.10 de la ley 18381. Esto desconoció el importante rol que Pfizer reconocía a los pediatras.

Esta revocación hizo dolete contra el estado de derecho y a favor de la dctadura sanitaria. Es la campaña de manipulación masiva más grande en acuerdo del oficialismo y la oposición, del sindicalismo y las patronales.