Desde 1971 existe la donación expresa de órganos en Uruguay. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT) se creó en 1978 como organismo responsable de coordinar los procesos de donación y trasplante en todo el país.
Pero fue durante el gobierno de José Mujica que se aprobó una ley que instauró el sistema de consentimiento presunto (opt-out) para la donación de órganos en personas mayores de 18 años. En términos claros: el Estado se arrogó la potestad de disponer del cuerpo de los ciudadanos salvo que éstos se presenten activamente a oponerse. No se trató de una innovación ni de un logro original, sino de la importación acrítica de un modelo previamente adoptado por otros países. Francia fue el primer antecedente en 1968; luego siguieron España, Austria, Bélgica, Portugal, Hungría, Polonia, Suecia, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, Argentina, Bielorrusia, Chile, Uruguay, Gales, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda.
Conviene recordar una verdad material que el discurso sanitario suele ocultar: todo trasplante requiere la extracción de órganos de una persona con funciones biológicas activas. No existe extracción de órganos viables de un cadáver. Como en los sacrificios humanos de la antigüedad, alguien debe morir —o ser llevado a la muerte— para que otro viva. Para sortear el conflicto ético y jurídico que esto plantea, la medicina contemporánea consolidó la categoría de muerte encefálica, una construcción médico-legal funcional al sistema de trasplantes. Esta definición no exige, en la práctica, evidencia electroencefalográfica concluyente; no existe consenso universal sobre la necesidad de anestesia o sedación durante la ablación; y se administran bloqueantes neuromusculares para evitar movimientos que son eufemísticamente denominados “reflejos del cadáver”, pese a que el cuerpo responde con taquicardia, hipertensión y otros signos fisiológicos propios de un organismo vivo sometido a estrés extremo. «Cadáver a corazón latiente» como lo designa el documento «Pautas de mantenimiento del donante de órganos y tejidos» disponible en el sitio web del INDT. La necesidad de medicación para controlar estas respuestas desmiente la narrativa de muerte biológica. Existen, además, testimonios documentados de personas que recuperaron la conciencia durante el procedimiento de extracción.
En este marco ya de por sí controvertido, la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por el senador Martín Lema que pretende extender el sistema opt-out a menores de 18 años y a personas incapaces declaradas judicialmente. La iniciativa fue impulsada por la Fundación Corazoncitos, encabezada por el Dr. Roberto Canessa (referente en cardiología infantil) y además de Lema, contó con el apoyo de los senadores Gerardo Amarilla, Pedro Bordaberry, Daniel Borbonet, Javier Gandolfo, Patricia Kramer, Aníbal Pereyra y Carmen Tort.
El proyecto será tratado por el plenario del Senado el próximo martes y votado con carácter de urgente en la Cámara de Diputados el miércoles 17 de diciembre. De aprobarse, Uruguay se convertiría en un caso único a nivel mundial: no existe en ningún ordenamiento jurídico vigente un sistema de consentimiento presunto aplicado a menores de edad. La razón es elemental. En el derecho sanitario y civil comparado, los menores carecen de plena capacidad para consentir actos médicos de alta trascendencia. En consecuencia, las decisiones recaen en los padres o representantes legales. Incluir a los menores en un régimen de presunción estatal equivale a expropiar ese rol, vaciándolo de contenido.
Por eso, incluso en países con sistemas opt-out para adultos, la donación pediátrica exige autorización expresa de la familia, configurando un opt-in de hecho. Algunos ordenamientos admiten que adolescentes manifiesten su voluntad, pero jamás la presumen. En la práctica clínica, aun donde la ley es ambigua, los equipos de trasplante consultan siempre a los responsables legales, conscientes de la fragilidad ética y jurídica del acto.
Desde el principio de proporcionalidad, el opt-out pediátrico resulta indefendible. El número de potenciales donantes menores es ínfimo en comparación con los adultos, y su incorporación forzada al sistema tendría un impacto estadísticamente marginal en la disponibilidad de órganos. El costo ético, jurídico y social de esta medida es, en cambio, enorme.
Los sistemas de trasplantes dependen críticamente de la confianza pública. Presumir la donación en menores no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente temerario: introduce un factor de alarma social que amenaza con deslegitimar todo el sistema. No es casual que la mayoría de los países haya evitado cruzar esta frontera.
Desde el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía superior en Uruguay, impone que toda decisión estatal priorice el interés superior del niño. La donación de órganos no reporta beneficio alguno al menor donante y, por el contrario, lo instrumentaliza como medio para un fin ajeno. Esto exige protecciones reforzadas, no presunciones automáticas. Excluir a los menores del opt-out no es una omisión: es una obligación jurídica.
Resulta alarmante que el sistema político uruguayo —y en particular sectores de la oposición— avance en una iniciativa que revela una deriva biopolítica peligrosa, en un país que además atraviesa una crisis demográfica severa, con caída sostenida de la natalidad.
La diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no se cree médico. La historia bíblica del sacrificio de Isaac por Abraham, central para el judaísmo, el cristianismo y el islam, termina con la intervención divina que detiene el sacrificio del hijo. El límite es claro. ¿Qué parte de esa enseñanza no se comprendió? ¿A los hijos de quiénes van a mandar sacrificar los médicos uruguayos? Aún no se reglamentó la ley de eutanasia para adultos y de esta forma tan simple se instituye para los menores, en forma encubierta.
Se espera que el Ministerio de Salud Pública, encabezado por la Dra. Cristina Lustemberg, quien ha reiterado que la infancia es prioridad de este gobierno, asuma una posición inequívoca contra esta aberración jurídica y ética. Su condición de pediatra no es anecdótica: implica una responsabilidad adicional. De ella no se esperan declaraciones, sino un acto concreto de defensa de los derechos fundamentales de los niños frente al avance de un Estado que pretende disponer incluso de sus cuerpos.
Nota: para manifestar la oposición a la donación de órganos compulsiva los mayores de 18 años deben firmar un documento ante el INDT o también en las direcciones departamentales de salud del MSP en el interior o su prestador de salud.
Dejando de lado que los políticos son todos iguales en general. La verdad que todo lo que pasó el viejo nefasto en la cárcel, en lugar de capitalizarlo como un aprendizaje positivo, doloroso sí e injusto tal vez, no… Todo lo contrario.
Y lamentablemente no hay nadie que haga algo.
Los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, una vez cada 5 años votando anulado, pero no…. La gran mayoria olvida y apoya 😞
Qué terrible y lamentable todo esto. Y entiendo yo que hasta inconstitucional ya que por más que fallecidos, siguen o deberian seguir siendo, responsabilidad de sus padres. En fin…. Como decía aquella propaganda… Algún día….. Algún día te vas a avivar.
Gracias por informar y en particular por compartir las «Pautas…» Esclarecedor. Me pregunto cuántas personas saben que a quien tiene muerte encefálica se lo considera un paciente, un nuevo ingreso a la mutualista, un nuevo acto médico donde además no se puede fallar. ¿Dónde están las garantías para el paciente y su familia de que no lo desconecten porque un paciente receptor espera un órgano? ¿Se pondrá el mismo esmero que como se plantea en estas pautas? Con el aumento de la muerte en niños y jóvenes con esta ley cerrá y vamos. Y no hay reacción. Son años de promoción de la donación como acto humanitario y muy poco se muestra esta zona oscura y éticamente cuestionable en un mundo donde el único valor parece estar en el poderoso caballero Don Dinero.
No me preocupa mucho ese estado en el que te sacan los órganos, de ahí no se vuelve (bien diagnosticado). Me preocupa el Estado prepotente que se considera dueño de la gente, de ahí viene la idea de que todo vale si es para algún bien. Cualquier cosa que se le ocurra a alguien que suene bienintencionado son capaces de hacerlo sin pensar en consecuencias o en qué derecho pisotean. Después estaremos orgullosos de ser el primer/único país que hace tal cosa… Estamos para esa pavada.
Si el Estado se cree dueño del cuerpo de los vivos, mira si no se va a creer dueño de los muertos. Al menos en esto sí permiten elegir, eso es lo llamativo.
Si ya habían hecho enojar a medio mundo con lo de los mayores, ahora parecería que quisieran poner a todo el mundo en contra de la donación.
El Estado avasallando, arremetiendo contra los ciudadanos… asusta.