Varicelagate

En 1999 se incorporó la vacuna contra la varicela en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV): dos dosis para los niños de 12 meses y 5 años. Cerrado el año 2025, llega el momento de los balances. Y cuando el propio Ministerio de Salud Pública publica su boletín epidemiológico, ya no hay margen para el relato: los brotes de varicela se duplicaron respecto al año anterior, de 450 a 881. Los rangos etarios afectados son los menores de 5 años y de 15 a 29 años, o sea: en personas vacunadas. Los números hablan solos del fracaso de la vacuna. Y pican de solo contarlos.

La reacción oficial

El MSP está obligado por ley a controlar la producción de las vacunas. Sin embargo, las autoridades anunciaron que cambiarán de vacuna. Esto confirma que el MSP incumple la ley y no controla preventivamente la calidad de las vacunas, y recién cuando su falla se hace evidente por los efectos en la población que la recibió confiadamente, accionan disponiendo el cambio de proveedor. Se volvería a la marca aplicada anteriormente.

El problema no es la marca: es la vacuna

Pero el cambio de proveedor no soluciona nada. La razón es tan simple como incómoda: la duración de la protección de la vacuna contra la varicela es desconocida. ¿Sea cual sea el fabricante? Sí, como se lee. No es una teoría conspirativa ni una opinión marginal. Está expresamente reconocida por los propios fabricantes en los prospectos que el mismo MSP publica en su sitio web. Basta con compararlos: la actual SKYVaricella (de SK bioscience) y la anterior Varivax (de Merck). Ambas utilizan el mismo virus vivo (cepa Oka) y ambas advierten las mismas límitaciones. Es decir: el MSP lo sabe.

Y justamente porque se desconoce la duración de la protección, los fabricantes:

• no recomiendan refuerzos universales,
• no garantizan inmunidad duradera.

Inmunidad natural vs inmunidad vacunal

La inmunidad natural contra la varicela es de por vida. Sin embargo, la inmunidad vacunal, no lo es. Luego de la vacunación en la infancia, los anticuerpos disminuyen y aparecen casos de varicela en personas vacunadas. Es decir: la enfermedad se desplaza a edades mayores, que la pueden cursar con más complicaciones y mayor riesgo. Pero hay más. Y no es menor.

Los vacunados como vector de contagio

Ambos prospectos advierten que el vacunado puede contagiar varicela hasta seis semanas después de la inoculación. La advertencia es relevante para las embarazadas no inmunizadas que pueden contraer la enfermedad, con riesgo de malformaciones fetales. En la práctica, sin embargo, no se indica cuarentena alguna a los vacunados que circulan libremente. Los propios vacunados se convierten en un vector de contagio, sin saberlo y sin ser advertidos. Y esto es contrario al derecho al previo consentimiento informado de los vacunados y especialmente de una embarazada que lleve a vacunar a su hijo contra la varicela. Y al día siguiente lo acompaña a la escuela, donde típicamente surgen los brotes de la enfermedad.

Mortalidad por varicela: lo que muestran los datos oficiales

Ante un pedido de información al MSP sobre la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, los datos son elocuentes: la varicela registraba como máximo tres fallecidos por año, desde antes que la vacuna fuera incorporada al CEV en 1999. Entonces —con la vacuna anterior y con la actual— la mortalidad descendió apenas a un fallecido por año en forma esporádica, como se observa en la tabla oficial. La reducción de hasta tres fallecidos por año a uno o ninguno podría interpretarse como un logro. Sin embargo, con cifras tan bajas, no es posible atribuir esa variación a una sola causa. Los propios datos no permiten aislar a la vacunación como explicación exclusiva.

ESAVI y subregistro

Y existe una realidad que incomoda todavía más: la OMS informa que en los países de origen de estas vacunas, existen por ley sistemas de indemnización a los dañados por vacunas. Son los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI). Desde 2010 en Uruguay están publicados los ESAVI que el MSP registra anualmente por las vacunas que distribuye. Son informados por el personal de la salud y es sabido que representa un subregistro de la realidad. Aún así, según el último reporte de ESAVI publicado por el MSP para el año 2024, la vacuna contra la varicela está primera en el ranking por cantidad con 58 casos y tuvo un caso grave por herpes zóster. Reporta sólo 3 casos de varicela debido a la vacunación, muy inferior a los 450 reportados el mismo año como brotes. Si eso no es un subregistro ¿qué es? Es que el subregistro excluye otros efectos directos de la vacunación como:

• quienes se contagiaron por convivir con un vacunado,
• los fetos expuestos durante la gestación cuya madre convivía con un vacunado.

Pagar por dañar

Los sistemas para indemnizar a los que sufren efectos adversos por las vacunas, son financiados por los propios fabricantes. Miles de millones de dólares al año pagan a cambio de la inmunidad jurídica, ya que las demandas, les pesa mucho má$ y afecta su imagen. Si los fabricantes aceptan cubrir daños por vacunas en los países donde se producen, es porque admiten que sus productos no son seguros ni eficaces. Y eso deja en evidencia el eslogan vacío de “las vacunas son seguras” y el mantra anticientífico de que “las vacunas salvan vidas”.

Lo político sobre lo ético

Cuando el Estado sostiene una vacunación masiva de eficacia incierta, que desplaza riesgos a edades mayores, y lo hace sin respetar el derecho al previo consentimiento de las personas y sin garantizarles un mecanismo de reparación a los dañados por las vacunas, deja de ser una política sanitaria y pasa a ser una imposición irresponsable. Estamos ante una decisión ideológica, sostenida por propaganda y protegida del debate.

Los datos están publicados por el propio MSP. Lo que falta no es información. Lo que falta es honestidad.

Y cuando la salud pública se gestiona ocultando límites y trasladando riesgos a la población, el problema deja de ser la varicela. Cuando el MSP no reconoce sus límites ni explica sus errores, deja de cuidar a la población para exponerla a riesgos innecesarios.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) publica semanalmente su boletín epidemiológico. En 2025, el ciclo cerró en la semana 53. Lo que debería ser un instrumento técnico de transparencia y vigilancia sanitaria termina revelando algo muy distinto: una brecha escandalosa entre los datos oficiales y el discurso alarmista que el propio MSP instala mediante miedo cuidadosamente administrado para impulsar políticas como la vacunación. Leer el boletín 53 completo es suficiente para desmontar los eslóganes y el relato.

Qué es este boletín y para qué existe

El Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos de Notificación Obligatoria establece un sistema de vigilancia nacional basado en la notificación obligatoria de eventos de interés sanitario. Basado en el Decreto 41/2012, clasifica los eventos en Grupo A y Grupo B según la urgencia de notificación:
– Grupo A: dentro de las primeras 24 horas.
– Grupo B: dentro de los primeros siete días desde la sospecha del caso.

El boletín se ha ampliado para incluir eventos emergentes y reemergentes como COVID-19, Zika, Chikungunya, Oropouche y M-pox (viruela del mono), además de enfermedades transmitidas por alimentos y las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), es decir, patologías adquiridas dentro del propio sistema sanitario.

Este boletín es el insumo oficial que debería guiar decisiones basadas en evidencia. Debería. Veamos si lo hace.

2025 bajo la lupa

Nos centraremos exclusivamente en aquellos eventos amplificados mediáticamente por el MSP para inyectar miedo y justificar las campañas de vacunación masivas. Todas las cifras que siguen provienen de la fuente en el propio sitio web del MSP.

Enfermedades históricamente ausentes

Como desde hace décadas, no se registraron casos de tétanos, difteria, rubéola, polio ni viruela (ahora del mono). Aun así, el MSP insiste en vacunar sistemáticamente a embarazadas con la triple bacteriana (tétanos, difteria y tos convulsa) en cada embarazo para evitar la tos convulsa, pese a que en 2024 hubo apenas 7 casos y en todo 2025 solo 17. No hay emergencia. Hay rutina ideológica.

La rubéola integra la triple viral SRP de la que nos ocuparemos más adelante.

Hepatitis: cuando los datos bajan y el relato sube

– Hepatitis A: 39 casos en 2024, solo 11 en 2025.
– Hepatitis B: 170 → 144.
– Hepatitis C: 229 → 193.

Las tres están en descenso. Y un detalle incómodo: para hepatitis C no existe vacuna. Sin embargo, también disminuye (-36) y más que las otras dos (-26 y -28). Curioso, ¿no? Hay evidencia de que la vacunación masiva se introduce en enfermedades que naturalmente están en retroceso para invocar el éxito a su favor. Basta leer a Suzzane Humphries.

Varicela: el relato se cae solo

En 2025 hubo una explosión de casos de varicela. El MSP lo atribuye a los no vacunados o a esquemas incompletos. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere lo contrario: en personas vacunadas. Y por una razón muy simple: el propio fabricante admite en el prospecto de la Sky Varicella que desconoce cuánto dura la protección de la vacuna contra la varicela, razón por la cual ni siquiera recomienda refuerzos. El problema no es la “falta de cobertura”, sino la desinformación por parte del MSP.

Sarampión y paperas

Respecto a los casos de sarampión, se reportan por primera vez desde 2019. Como en aquella oportunidad, fueron importados. Los pocos casos autóctonos fueron sobredimensionados comunicacionalmente para impulsar una cacería de contactos. La situación que describe el MSP contradice sus propios boletines diarios desde el primero publicado el día 22 de diciembre.

En cuanto a las paperas, la incidencia disminuyó de 421 casos en 2024 a 313 en 2025. Además, el fabricante advierte que la vacuna triple viral (SRP contra sarampión, rubéola y paperas) puede producir parotiditis. Otro dato incómodo, convenientemente silenciado.

Silencios que hablan

El boletín omite informar la incidencia del virus del papiloma humano (VPH), infección de transmisión sexual contra la cual existe una vacuna, incluida en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV). Su objetivo es el cáncer de cuello uterino (CCU) con el que estaría asiociado estadísticamente. Sin datos de incidencia del VPH, no puede evaluarse necesidad, impacto ni beneficio real de esa vacunación en relación al CCU. El silencio también es una forma de política sanitaria. ¿Por qué se vacuna masivamente contra una infección que no interesa vigilar?

Meningitis: el caso más elocuente

En julio de 2025 se introdujo la vacunación contra meningitis en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV). El boletín clasifica los casos en tres grupos: meningocócica, bacteriana y meningoencefalitis virales. Veamos qué decían los datos antes de la vacunación masiva, reportados por el boletín de la semana 26:

Los tres grupos estaban en claro descenso, por separado y globalmente. Ahora veamos el cierre de 2025 (boletín semana 53), tras la introducción de la vacunación masiva:

El total apenas baja, porque uno de los grupos, la meningitis bacteriana, aumentó pasando de 61 a 68 casos. A pesar de la vacunación. Exactamente lo contrario de lo prometido. No es prevención. Es fracaso maquillado.

Conclusión

Los boletines epidemiológicos del MSP desmienten semana a semana su propio discurso. Los datos no respaldan ni la urgencia ni la intensidad de las campañas de vacunación, que se imponen como dogma.
No es ciencia. Es narrativa.
Y cuando la política suplanta a la evidencia, las campañas se transforman en propaganda.

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En noviembre, el MSP encendió la alarma por un supuesto brote de sarampión en Río Negro, importado desde Bolivia. Los pacientes eran adultos, convenientemente rotulados como “no vacunados”.

El 6 de diciembre llegó la respuesta automática: jornada nacional de vacunación, dirigida sobre todo a quienes tendrían “solo una dosis”: los nacidos entre 1967 y 1987 cuando seguramente se habría informado a las familias que esa única dosis protegería de por vida, como dice ahora el MSP desde su perfil de Facebook sobre la segunda dosis mediante un mensaje que infantiliza al público objetivo, con emojis, estilo historieta, tartamudeando e invocando sus super héroes contemporáneos a emular como antaño.

Detalle clave: no existe vacuna contra el sarampión. Lo que se aplica es la triple viral: SRP contra sarampión, rubéola y paperas. Según el MSP una dosis “tiene una efectividad del 93%” y la segunda “asciende al 97%”. Hasta ahí, el dogma. Pero el remate es delirante: “La segunda dosis confiere protección a quienes no respondieron tras la primera dosis, no es una dosis de refuerzo”. Si la primera no funcionó, ¿cómo la segunda eleva la eficacia global de 93 a 97? Y si la primera sí funcionó, ¿qué es ese 4% adicional si no un refuerzo? No es inmunología: es un trabalenguas cazabobos.

Antes de Navidad, el MSP anunció que en 2026 se adelantará la campaña de vacunación antigripal debido a una “nueva cepa” que estaría causando estragos en el hemisferio norte. El miedo viaja en avión y siempre aterriza con una jeringa recargada.

El 3 de enero se publicó el acta de la última sesión de 2025 de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, donde se resolvió impulsar una nueva campaña anticovid con la vacuna “actualizada” para Ómicron. Otra vuelta más a la calesita.

El 7 de enero llegó el plato fuerte: vacunación de embarazadas con CUATRO vacunas. Antigripal, anti-COVID, triple bacteriana y anti-VSR. Cuatro vacunas por embarazo. Vacunas que no fueron ensayadas clínicamente en embarazadas, porque —dato menor que se omite— no se experimenta con fetos.

El 15 de enero, nuevo golpe de efecto: el MSP amplía la alerta por sarampión. Ahora en Montevideo. Un caso importado de Chile habría contagiado a un trabajador del transporte colectivo. El comunicado enumera líneas de ómnibus, días y horarios con precisión quirúrgica. No para informar, sino para inquietar, para reinstalar el clima de pánico, para justificar otra ofensiva vacunatoria.

Terminamos el año viejo con temporada de vacunas y empezamos el nuevo año con más vacunas. Nada de esto es casual. La obsesión por vacunar no responde a una emergencia sanitaria real en pleno verano, sino a una estrategia política. En marzo de 2030 termina este gobierno y la ministra Dra. Cristina Lustemberg construye, desde el MSP, un montaje de indicadores alineados con la Agenda 2030 que dedica un capítulo para la vacunación. Gestión visible, campañas constantes, métricas exportables. Un currículum en tiempo real, con la esperanza de correr mejor suerte que el ex ministro Dr. Daniel Salinas tras la vacunación anticovid, cuando aspiró sin éxito a la dirección de la OPS.

El mensaje es claro: las vacunas no son una política sanitaria por el bien común y pasaron a ser una campaña de marketing político, con el MSP como plataforma de lanzamiento personal.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó una campaña dirigida a embarazadas que recomienda CUATRO vacunas durante la gestación: triple bacteriana (tétanos, difteria y tos convulsa), antigripal, anti-COVID-19 y anti-VSR. Sí, cuatro vacunas. En un mismo embarazo. Por cada embarazo. Sin aval científco.
El objetivo declarado no es proteger a la mujer, sino transferir anticuerpos al feto. Es decir: se expone a un tercero que no puede consentir, rechazar ni evaluar riesgos.

¿Están probadas las vacunas en embarazadas? La respuesta es NO. No están probadas de a una ni combinadas.

Las vacunas no se ensayan clínicamente en embarazadas antes de su aprobación por una razón ética básica: no se experimenta con fetos. La supuesta evidencia que luego se invoca como “seguridad” proviene de estudios observacionales posteriores y retrospectivos, como el registrado en la EMA para la vacuna contra el VRS en mujeres uruguayas y argentinas, sesgados para usarlos como propaganda del fabricante. No proviene de ensayos controlados diseñados para evaluar riesgos fetales.

Desde hace décadas hay una regla no negociable: el feto no puede ser sujeto experimental. Ese principio no nació de debates académicos. Nació de tragedias reales: la talidomida y el dietilestilbestrol (DES).

Talidomida: cuando el daño obligó a decir la verdad

A fines de los años 50, la talidomida fue recetada a embarazadas contra las náuseas. No había ensayos en embarazadas, pero se extrapoló la seguridad desde adultos. Fue aprobada por autoridades, avalada por expertos y promocionada con lenguaje tranquilizador. Es el sesgo de autoridad.

El resultado: más de 10.000 niños con focomelia y malformaciones irreversibles. La focomelia es la ausencia de elementos óseos y musculares en los miembros superiores o inferiores. Puede afectar a un solo miembro o a varios. El miembro afectado queda reducido a un muñón. Hay fotos impactantes en la web.

La droga atravesó la placenta, actuó sobre un organismo en desarrollo y produjo daño estructural permanente. El reconocimiento fue tardío. Las responsabilidades, difusas. Aún hoy existen procesos judiciales y administrativos en curso. De esa catástrofe surgió un consenso ético claro:

• exclusión de embarazadas de los ensayos,
• reconocimiento de que el feto es vulnerable y debe ser protegido,
• principio de precaución elevado a dogma.

DES para prevenir abortos

Las hijas del DES, como se las conoce actualmente, corren el riesgo de padecer un tipo raro de cáncer vaginal o cervical. El DES, un fármaco que se daba a mujeres embarazadas entre 1938 y 1971 para prevenir abortos, aumentó significativamente el riesgo de ciertos cánceres y problemas reproductivos en sus hijas, incluyendo anomalías uterinas y problemas de fertilidad. Todo eso sin haber ingerido jamás el fármaco. El daño ocurrió antes de nacer, cuando el organismo estaba en formación y era más vulnerable. No se evidenció en el nacimiento como la talidomida, sino años más tarde.

Ya se sabía que el DES no prevenía abortos. Ya había estudios negativos en los años 50. Pero el fármaco siguió indicándose durante dos décadas más. El DES no fue un “error médico”: fue uno de los antecedentes jurídicos más contundentes que demuestran el daño prenatal causado por decisiones sanitarias avaladas por el Estado.

La talidomida fue el daño visible a corto plazo en niñas y niños; el DES, el daño silencioso a mediano y largo plazo sólo en niñas.

Vacunas y autismo

Desde 1998, al menos, existe una sospecha pública persistente sobre una posible relación entre las vacunas infantiles y los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo. No surgió de redes sociales ni de teorías marginales: fue publicada en la principal revista médica del mundo, The Lancet. La reacción fue fulminante. El estudio se convirtió en un tabú y su posterior retractación fue utilizada no solo para desactivar el debate científico, sino para estigmatizar y desacreditar a familias que relataban experiencias directas imposibles de borrar con comunicados oficiales.

A partir de entonces, se instaló un consenso defensivo: no investigar más, no preguntar más, no escuchar más. El mantra «las vacunas salvan vidas» se instaló y cualquier duda fue etiquetada como ignorancia, miedo o conspiración. Las agencias sanitarias, con el CDC a la cabeza, cerraron filas y transformaron una cuestión científica abierta en una certeza política inamovible. Y comenzó la estigmatización por «antivacunas» a quienes se oponen a la vacunación compulsiva.

Décadas después, el propio CDC ha modificado recientemente su sitio web, reconociendo que se investigará la hipótesis de una posible relación entre las vacunas y los trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo.

Si a los efectos no investigados de las vacunas administradas durante el embarazo, se le suman los efectos adversos de las vacunas infantiles aplicadas a los bebés desde el nacimiento, el resultado no es una política sanitaria: es un combo nefasto para un experimento sin sustento.

Un doble frente de exposición —prenatal y neonatal— presentado como cuidado, blindado por consignas y sostenido por una certeza ciega que no admite preguntas. Primero se interviene al feto a través del cuerpo de la madre; luego, al recién nacido. Todo en nombre de un supuesto beneficio. No es ciencia avanzar sin datos: es fe. La carga de la prueba debe estar en quien recomienda, no en quien duda.

Biopolítica en lugar de ciencia

La recomendación del MSP es vacunar en CADA embarazo, independientemente de su espaciado. Entonces la pregunta es obvia: ¿cuánto dura realmente la protección de las vacunas? Las vacunas en embarazadas pueden producir abortos, partos prematuros y malformaciones. Esto no es inmunología. Es biopolítica aplicada al calendario reproductivo.

La talidomida y el DES enseñaron algo fundamental:
=> la autoridad puede errar,
=> el daño puede manifestarse tarde,
=> la certeza retrospectiva no protege a quienes fueron expuestos primero.

Madre:

La talidomida y el DES lo probaron de la peor manera: dejaron escrito en cuerpos reales que el daño prenatal no admite excusas. Por eso resulta obsceno que hoy se indiquen vacunas a las embarazadas. Tu decisión vale por DOS vidas: la tuya y la de tu bebé.

Cómo una alarma fabricada se desvía para el acoso laboral

En noviembre de 2025, cuando el año lectivo agonizaba en todas las ramas de la educación, el Ministerio de Salud Pública decidió encender una alarma sanitaria. El motivo: un supuesto “brote” de sarampión originado en cuatro casos importados desde Bolivia, diagnosticados a personas que regresaron al departamento de Río Negro. A esos casos se les atribuyeron ocho contagios autóctonos, todos vinculados al mismo núcleo inicial. Doce casos en total.

Ningún fallecido. Un solo internado. Pero el relato fue otro.

Según informó el propio MSP, se desplegó personal de salud para recorrer casa por casa las comunidades rusas de San Javier y Ofir, convertidas de golpe en protagonistas involuntarios de una cacería sanitaria, señaladas por su supuesta “filosofía antivacuna”.

El libreto del pánico sanitario

El MSP y los medios de siempre activaron de inmediato el viejo manual: urgencia, alarma, presión social y vacuna como única salida posible. Para el sábado 6 de diciembre se convocó con bombos y platillos a una jornada nacional de vacunación contra el sarampión. Sin embargo, se desconoce su resultado. No se publicaron cifras, no hubo balances, no se informó cuántas personas concurrieron a los vacunatorios especialmente montados para la ocasión. Mucho despliegue, mucho titular… y un silencio elocuente cuando llega la hora de rendir cuentas.

Conviene recordar un dato sistemáticamente omitido: no existe una vacuna “solo contra el sarampión” en uso programático. Lo que se administra es la triple viral, que combina sarampión, rubéola y paperas, todos virus vivos. En adultos que ya atravesaron una o más de estas infecciones en la infancia, el sistema inmune conserva memoria inmunológica, y una vacunación indiscriminada puede desencadenar respuestas hiperinmunes, sin beneficio clínico alguno. El Dr. Gerardo Valiero, Director de Salud Pública en Río Negro, tuvo que ser ingresado en CTI del Sanatorio Americano en Montevideo. Estaría padeciendo el síndrome de Guillain–Barre, un efecto adverso típico de las vacunas. En Uruguay no existe por ley un sistema de indemnización por daños de vacunas, como informa la OMS que existe desde 1961 en los países que las crean.

Pero esta vez el clima no acompañó. No era marzo de 2020. No había confinamiento, ni clases suspendidas, ni una población paralizada por el miedo. El intento de reinstalar la épica pandémica llegó tarde y mal.

Cuando no prende en la población, se apunta al personal

A comienzos de diciembre, la sociedad ya estaba en modo cierre de año: fiestas, licencias, escuelas vacías. No había margen para disciplinar a las familias con el carné de vacunas ni para montar operativos de vacunación en los centros educativos cerrados.

Entonces el foco se desplazó. Y el blanco fue otro: el propio personal de la salud.

Con la excusa del “cambio de número de dosis” para los nacidos entre 1967 y 1987, los prestadores de salud —en particular ASSE— desataron una verdadera cacería de los no vacunados «contra sarampión» entre sus trabajadores.

Comunicaciones intimidatorias sin ley ni firma

Las exigencias se instrumentaron mediante comunicaciones que simulan provenir del MSP, de Jurídica de ASSE o de supuestos Comités de Infecciones. Comunicaciones que no resisten el menor análisis administrativo ni jurídico. Los mensajes recibidos lo demuestran con claridad:

• no existe un texto oficial común;
• los plazos para “regularizar” la situación vacunal son arbitrarios y contradictorios;
• no figura ninguna autoridad responsable que asuma la comunicación;
• en la mayoría de los casos no se cita norma alguna que fundamente la exigencia;
• y en al menos un caso, la normativa invocada está mal identificada.

Esto no es prevención. Es presión sin derecho.

El dato que el Estado oculta

Todo el operativo se apoya en un hecho clave que el Estado omite deliberadamente: el registro informático nacional de vacunas comenzó recién en 2017. Antes de esa fecha, el propio Estado carece de información histórica confiable sobre vacunación con la triple viral.

La supuesta “falta” no es del trabajador. Es del sistema.

El sector privado copia el desorden

En el sector privado el panorama no mejora. También allí circulan comunicados dirigidos al personal bajo el rótulo de “concientización”, pero son igual de heterogéneos y contradictorios: uno dice obedecer una directiva del MSP; el otro ni siquiera la menciona.

Improvisación, presión y silencio normativo.

Reportes diarios para fabricar crisis

Hacia fines de diciembre, el MSP dio un paso más y comenzó a emitir reportes diarios de sarampión, copiando el formato y el clima comunicacional de la pandemia de covid-19: conteos cotidianos, confirmados, sospechosos, lenguaje de crisis.

El objetivo es evidente: fabricar sensación de emergencia.

Pero los propios reportes oficiales desmienten el relato alarmista.

Los números no acompañan el relato

A enero de 2026, los casos confirmados siguen siendo los mismos doce de diciembre de 2025, todos circunscritos a Río Negro. El sarampión no pasó de año ni de frontera departamental.

Los casos sospechosos, investigados en distintas zonas del país, disminuyen día tras día, pese al esfuerzo explícito por “encontrar” contagios fuera del foco inicial.

La evidencia del desorden

Compartimos a continuación los comunicados difundidos por los prestadores de salud que nos han hecho llegar sus trabajadores, donde quedan expuestas la informalidad, las inexactitudes, contradicciones, superposiciones y la absoluta falta de respaldo legal:

• ASSE Paysandú: martes 13 de enero jornada de vacunación para completar esquema vacunal, Comité de Infecciones Hospitalarias.
• ASSE Paysandú: relevamiento para acreditar vacuna antisarampionosa antes del 16/1/2026.
• ASSE Paysandú mensaje WhatsApp: relevamiento antes del 30/1/2026 de la vacuna triple viral en cumplimiento de decreto ley inexistente.
• ASSE Región Sur: acreditar vacuna antisarampionosa “antes del miércoles” y yaquestamos, reforzar Hepatitis B y tétanos.
• ASSE Río Branco: relevamiento antes del 5/1/2026 para acreditar vacuna antisarampionosa.
• ASSE Río Negro: cita un informe jurídico inexistente, decretos inexistentes, uso del verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad
• ASSE Salto: “en cumplimiento del comunicado del MSP” se insta acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.
• Hospital Evangélico: en nombre del MSP utiliza el verbo “deber” como sinónimo de obligatoriedad, pero sin plazo para acreditar vacuna antisarampionosa.
• SMI: “por recomendación del MSP” acreditar vacuna antisarampionosa antes del 30/12/2025.

Los que mandan vacunar, ¿están vacunados?

Para cerrar el círculo de la hipocresía institucional, vale recordar un antecedente reciente: el año pasado, la diputada Dra. Nicolle Salle solicitó al MSP el estado vacunal de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, cuya presidenta es la ministra Dra. Cristina Lustemberg. La respuesta fue negativa, amparándose en la ley de protección de datos personales.

La transparencia, una vez más, se exige hacia abajo y se niega hacia arriba. Tener bien presente esa respuesta hoy permite entender por qué estos “relevamientos” no son prevención ni legalidad: son disciplinamiento sin derecho.

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El 3/12/2025 sesionó la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del MSP. La resolución fue tan previsible como automática: en 2026 se continuará promoviendo la vacunación contra COVID-19, ahora bajo la fórmula de la “variante actualizada”. La pandemia terminó. El negocio, no.

Tal como consta en el acta, en esa comisión participó con voz y voto la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una corporación médica que recibe financiamiento directo de Pfizer, fabricante de la vacuna recomendada. No es una sospecha ni una interpretación maliciosa: es un hecho público. El conflicto de interés es grosero, estructural y completamente normalizado. Y, sin embargo, nadie parece advertirlo. O peor aún: todos lo ven y lo toleran. No asesoran: venden. No deliberan: alinean.

El propio material de difusión de la SUP lo expone sin pudor: el flyer publicado en su sitio web. Que una organización financiada por un laboratorio intervenga en la definición de políticas públicas que benefician directamente a ese mismo laboratorio no es ciencia, no es salud pública y no es ética. Es captura regulatoria. Es lobby sanitario con bata blanca. Y debería bastar para poner en cuestión la legitimidad de todas las resoluciones de la CNAV e incluso para exigir responsabilidades políticas al MSP.

El problema se agrava cuando se constata que la ministra de Salud Pública —pediatra de profesión— figura como afiliada a la propia SUP, según su padrón de socios. El conflicto de interés ya no es periférico: alcanza a la máxima autoridad sanitaria del país. Aun así, nadie se inmuta. No hay escándalo, no hay debate, no hay rendición de cuentas. Silencio administrativo.

Como si fuera poco, se anunció además el adelantamiento de la vacunación antigripal, consolidando el combo COVID-19 + gripe. Ya no se trata solo de niños, sometidos a un calendario vacunal cada vez más inflado, sino de toda la población convertida en clientela cautiva del complejo médico-industrial.

Lo que deliberadamente no se informa a la ciudadanía es un punto central: si la vacuna contra COVID-19 cuenta hoy con aprobación definitiva de los reguladores de referencia o si continúa amparada únicamente en la habilitación de emergencia de la FDA bajo la cual fue aplicada durante la pandemia, como informaba el GACH. No es menor que el contrato permanece clasificado como confidencial: el gobierno actual negó su acceso a una periodista. Ver aquí.

La pandemia pasó.
El miedo quedó instalado.
Y la maquinaria vacunal sigue facturando: sin emergencia, sin debate y sin pudor.

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Desde el año 2000 rige la ley que otorga un día anual de licencia paga a las trabajadoras que voluntariamente se realicen una mamografía. En 2006 el presidente Tabaré Vázquez la incorporó en el carné de salud con carácter gratuito, lo que convirtió a Uruguay en el único país del mundo en imponerla obligatoria. Cada octubre se organizan más y más eventos para promocionar la detección precoz del cáncer de mama. Gratis y con un día de licencia, la cantidad de mamografías en Uruguay aumenta en forma sostenida.

La mamografía fue desarrollada por un uruguayo en los años ’40: el Dr. Raúl Leborgne. Es decir que las uruguayas son pioneras en el mundo en someterse a ella desde hace ocho décadas.

La respuesta del MSP a un pedido reciente de acceso a la información sobre estadísticas de cáncer en Uruguay deja un dato que no puede pasar inadvertido: la mortalidad por cáncer de pulmón aumentó en mujeres (y disminuyó en hombres), mientras que la mortalidad por cáncer de mama disminuyó.

Uno de los factores de riesgo del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Considerando las estadísticas oficiales de tabaquismo en Uruguay, ha disminuido de forma sostenida desde 2005 en general: tanto hombres como mujeres fuman menos. ¿Por qué esa diferencia tan dispar en la tendencia de mortalidad por cáncer de pulmón entre hombres y mujeres?

Este desplazamiento del patrón de mortalidad en mujeres por cáncer debería encender una señal de alerta, al menos por dos razones que están ausentes del debate público:

1. La mamografía utiliza radiación ionizante. Una mamografía equivale a cuatro radiografías de tórax, y su repetición periódica implica una exposición acumulativa en una zona anatómica donde se encuentran no solo las mamas, sino también los pulmones.
2. La radioterapia mamaria no es un tratamiento “local” inocuo. Parte de la radiación inevitablemente alcanza el tejido pulmonar.

A esto se suma un problema estructural de todos los programas de cribado (o detección precoz) en personas asintomáticas: el sobrediagnóstico.

El sobrediagnóstico no es un error ni un falso positivo. Es la detección de una enfermedad real que nunca habría causado síntomas, discapacidad ni muerte durante la vida de la persona, pero que, al ser diagnosticada, activa una cascada de intervenciones médicas (innecesarias para la persona pero redituables para los proveedores). El sobrediagnóstico convierte sanos en enfermos. El cáncer ductal in situ es el típico sobrediagnóstico de cáncer de mama. Dicho de forma simple:

1. No es un diagnóstico falso.
2. Es un diagnóstico verdadero… de algo que no necesitaba ser tratado.

Si además tenemos en cuenta que los mamógrafos uruguayos son adquiridos de segunda mano, tenemos un serio problema de calidad de las imágenes que potencia aún más el riesgo del sobrediagnóstico.

En el caso de la mamografía de rutina, el circuito es claro:

mamografía → sobrediagnóstico → tratamiento innecesario → radioterapia → irradiación pulmonar

La información oficial disponible sobre las estadísticas de cáncer en Uruguay presentan las siguientes gráficas en las páginas 31 y 33:

Las gráficas son elocuentes: a las mujeres les cambiaron el tipo de cáncer como causa de muerte. Los hombres no reciben radiación en el tórax como las mujeres que dejaron de fumar. Aunque se esfuercen por dejar de fumar, a las mujeres les crearon un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: el cribado mamográfico.

Mujer:

La OPS y el uso del lenguaje sanitario como arma para disciplinar, censurar y gobernar el pensamiento: la verdad bajo tutela

La asociación OPS-OMS organiza webinars para el personal de la salud de sus estados miembros que luego difunde como material “formativo”. El webinar del 21/11/2025 se titulaba “Mantener la confianza: cómo los trabajadores de la salud pueden identificar y responder a la desinformación sobre las vacunas”. Vale la pena verlo, no por lo que denuncia, sino por lo que revela. Al conocer las estrategias que dicen combatir queda en evidencia algo incómodo: son exactamente las mismas que ellos utilizan.

Uno de los ejes centrales en el que hicieron foco es el “rol clave” del personal de salud, porque la población confía en él. El posicionamiento de OPS es apropiarse de la verdad y erigir al personal de la salud en los profetas de ella. Traducción sin eufemismos: explotar el sesgo de autoridad como herramienta de persuasión. No informar, no debatir, no transparentar riesgos: convencer desde la asimetría.

Definen desinformación como información falsa creada deliberadamente para confundir y erosionar la confianza en las vacunas, las instituciones y la ciencia. Curioso, porque enumeran patrones utilizados por los pro vacunas. Veamos el detalle:

• “Apelación al miedo a los componentes y efectos adversos”: pandemia, viruela del mono, dengue, sarampión y ya anuncian la nueva gripe 2026.
• “Teorías conspirativas”: señalan comunidades por supuestos mandatos religiosos contra la vacunación.
• “Distorsión de datos científicos”: millones de muertes evitadas gracias a las vacunas sin respaldo metodológico.
• “Citas fuera de contexto”: “las vacunas son seguras” ocultando que los ensayos clínicos no usan placebos inertes.
• “Falsa autoridad”: abuso explícito del prestigio médico.
• “Exagerar daños, minimizar beneficios”: asustan con enfermedades y niegan la inmunidad natural.
• “Falacias lógicas”: el mito del efecto rebaño, ausente en cualquier prospecto de vacuna.
• “Intereses económicos que promueven tratamientos alternativos o naturales”: la Sociedad Uruguaya de Pediatría recibe financiamiento de los laboratorios y determina desde la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del MSP el aumento de vacunas para su mercado cautivo, la infancia, el grupo etario más vacunado. La OMS está financiada por los fabricantes de vacunas y la OPS negocia con ellos para proveerlas a países como Uruguay.

El disertante admite que “la vacunación se volvió un tema politizado”, sin reconocer que son ellos quienes ideologizan la libertad, llamando antivacunas a quienes ejercen su derecho del consumidor a rechazar un producto. No mencionan registros de eventos adversos, ni sistemas legales de indemnización. Silencio absoluto.

Presentan a Bolivia Verifica, aliado de la OPS, para “combatir desinformación”. Enseñan a desconfiar de mensajes sin autor, fecha o fuente, mientras califican de “bulo” que las vacunas contengan restos de fetos abortados, cuando esa información figura en los propios prospectos. La fuente más oficial posible. Señalan las faltas ortográficas como señal de mensaje no confiable y ellos en su flyer escriben «dsinformación«. Ver el original aquí.

Magnifican el “peligro” de la desinformación mientras persiste la censura en redes contra cualquier cuestionamiento al relato oficial desde la pandemia. Y remiten a los factcheckers como Bolivia Verifica.

Y para cerrar, ante una pregunta sobre autismo de uno de los participantes, vuelven al comodín Wakefield (1998), ignorando deliberadamente que el CDC había actualizado su información dos días antes reconociendo la ausencia de estudios que descarten vínculo causal entre el autismo y las vacunas. Es obvio el boicot institucional a la gestión de Kennedy como ministro de salud de USA, que además se retiró de la OMS.

Entonces…

La pregunta es inevitable: ¿quién desinforma a quién? Si bien el webinar presenta la definición del concepto «desinformación» lo usa intencionalmente con otro sentido: como etiqueta de control.

Desde la lógica elemental:
• Que una afirmación contradiga la versión oficial no la convierte en falsa.
• Que una institución tenga autoridad no la vuelve incorruptible.
• Que algo sea “consenso” no lo vuelve verdadero (falacia ad populum institucional).

El uso del término desinformación por OPS invierte la carga de la prueba:
• El poder no demuestra que algo sea falso.
• El disidente debe demostrar que no es desinformador, bajo reglas impuestas por el propio poder.

¿Qué es realmente “desinformación” en este uso? En la práctica, hoy el término funciona así:
• No describe un error factual comprobado.
• No exige contraste empírico transparente.
• No admite discusión simétrica.

Funciona como:
• Etiqueta moral
• Sello de ilegitimidad
• Advertencia social
• Pretexto para censura o marginación.

En cualquier disputa, ambos bandos pueden acusar al otro de “desinformar”. La diferencia está en quién tiene el poder de imponer la etiqueta como verdad oficial. Esto no es ciencia. Ni racionalidad. Es gestión política del sentido.

Conclusión

Cuando la “desinformación” deja de definirse por la falsedad demostrable y pasa a definirse por la desobediencia al relato oficial, ya no estamos ante un problema comunicacional, sino ante un dispositivo de poder. No se busca corregir errores, sino disciplinar voces. No se protege a la población, se la tutela. En este esquema, la verdad no emerge del contraste de evidencias, sino de la jerarquía de quien habla. Y así, la ciencia —que vive del debate, la duda y la refutación— es degradada a dogma administrativo. La pregunta entonces se vuelve urgente y política: si desinformar es disentir, ¿quién controla al que controla la verdad? Entender este mecanismo no es paranoia ni negacionismo: es el primer paso para defender el pensamiento crítico frente a la propaganda con sello institucional.

Para ver el webinar, acceder a la fuente AQUÍ.

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En medicina, la seguridad de un fármaco se establece a través de un estándar de oro: el ensayo clínico aleatorizado doble ciego contra un placebo inerte. Este método es la única herramienta científica capaz de aislar los efectos del producto de las variables aleatorias o “ruido de fondo”. Si se administra un medicamento a 100 personas y un placebo inerte a otras 100, y en el primer grupo se registran 10 reacciones adversas graves frente a cero en el segundo, la señal de peligro es inequívoca.
Sin embargo, analizando los documentos oficiales de las agencias reguladoras y la legislación estadounidense que ha moldeado el mercado global, surge una realidad inquietante: las vacunas pediátricas gozan de una exención de facto de ese método. Es que desde 1986 la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles en Estados Unidos concedió a los fabricantes de vacunas una inmunidad legal casi total que eliminó el incentivo económico para realizar estudios con placebo. El resultado es que el calendario de vacunación ha pasado de 3 vacunas en 1986 a más de 84 sólo en Estados Unidos en 2025, sin que la seguridad acumulativa o individual de estos nuevos productos haya sido jamás validada con el mismo rigor que se requiere para un medicamento de venta libre.

Comparadores activos en lugar de placebo

La justificación oficial de la ausencia de placebo es de carácter “ético”: No puedes dejar a un niño desprotegido. Por eso en lugar de placebo, se usa un “comparador activo” (otra vacuna), asumiendo que el comparador es seguro porque está aprobado. Esto crea un esquema piramidal de seguridad donde cada nuevo producto se construye sobre cimientos no verificados.

Seguridad a corto plazo

Otro aspecto crítico es la duración de la observación. Para los medicamentos más rentables los ensayos clínicos han monitoreado la seguridad versus placebo durante períodos que van desde 2 a 7 años. En el caso de las vacunas pediátricas, el seguimiento de las reacciones adversas “solicitadas” (las buscadas activamente, como fiebre, llanto, dolor) a menudo se mide en días.

El VPH y la manipulación del ensayo

La vacuna Gardasil (Merck) representa un caso clásico de manipulación metodológica. En los estudios clínicos, el grupo de control no recibió una solución inerte sino una que contenía aluminio, el adyuvante que se encuentra en la vacuna, enmascarando así la toxicidad de la propia vacuna. ¿El resultado? El 2,3% de las niñas del grupo vacunado desarrollaron nuevas afecciones médicas (a menudo autoinmunes) y el 2,3% de las niñas del grupo de control desarrollaron las mismas afecciones. La FDA declaró que la vacuna es segura porque “no hubo diferencias significativas”.

La paradoja de la transmisión y la inmunidad de grupo

Una piedra angular de las campañas de vacunación es la protección comunitaria (inmunidad de grupo), sin embargo, los documentos confirman que muchas vacunas no previenen la transmisión, lo que socava la lógica de la solidaridad. Además los prospectos de los fabricantes no reportan la inmunidad de rebaño.

La excepción que rompe la regla: el rotavirus

Hay una excepción que demuestra la rigurosidad de los estudios cuando los intereses económicos están en riesgo. Tras la retirada de la vacuna Rotashield debido a casos de invaginación intestinal, los fabricantes de las nuevas vacunas contra el rotavirus (Rotarix y RotaTeq) se vieron obligados a realizar los estudios con un placebo real. Esto demuestra que la «justificación ética» para no usar placebos es una excusa: cuando las empresas se enfrentan a la quiebra debido a la responsabilidad del producto, los placebos de repente se convierten en un requisito.

El agujero negro de la vigilancia poscomercialización

Ante la falta de ensayos clínicos adecuados, la seguridad debería garantizarse mediante la vigilancia poscomercialización; sin embargo, las revisiones encargadas por las propias agencias federales presentan un panorama desalentador. En 2012, el Instituto de Medicina (IOM) concluyó que: “la evidencia es inadecuada para aceptar o rechazar una relación causal”. Entre las afecciones que no se han estudiado adecuadamente se encuentran la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la diabetes juvenil. Incluso en el caso del autismo, la afección que las autoridades afirman haber estudiado a fondo, la evidencia documental es diferente. En 2020, los CDC se vieron obligados a admitir que no tenían estudios que demostraran que las vacunas administradas en el primer año de vida no causan autismo. Las lagunas se confirman además por el hecho de que los sistemas de seguimiento como V-safe (utilizado para la Covid-19) no fueron diseñados para detectar eventos adversos específicos como la miocarditis, a pesar de que ya se sabía que eran riesgos potenciales. Incluso el sistema VAERS, sufre de un subregistro crónico.

Conclusión

El análisis de documentos revela que el sistema de aprobación de vacunas se basa en una “presunta seguridad” en lugar de en una “seguridad comprobada”. La falta de estudios a largo plazo con un placebo inerte, combinada con períodos de seguimiento cortos y el uso de controles tóxicos, ha creado una enorme brecha de conocimiento respecto de los verdaderos perfiles de riesgo. En ausencia de estos datos, la declaración “las vacunas son seguras”es un acto de fe, en lugar de una conclusión científica basada en el estándar de oro de la medicina.

Referencias

La fuente completa este informe con el análisis de documentos de los ensayos clínicos, vacuna por vacuna disponible AQUÍ

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