En 2022, el MSP había lanzado el nuevo carné de salud del niño. La novedad era que se unificaban los carnés basados en la clasificación por sexo biológico. El nuevo carné unisex incorpora el enfoque inclusivo. Son relevantes las declaraciones de la entonces coordinadora del Programa de Salud de la Niñez, Dra. Alicia Fernández, al presentarlo a la prensa:

La entrevista completa fue realizada el 14/9/2022 y está disponible aquí.

El carné de salud carece de valor legal. El pediatra está obligado por ley a registrar el acto médico en la historia clínica. No en el carné.

El formato PDF del nuevo carné está disponible aquí. Las escalas de Tanner son dos y se encuentran a partir de la página 39. Son la referencia obligada del pediatra para indicar la inhibición puberal.

En el informe «Bloqueo puberal: explotación médica de menores» analizábamos los riesgos de la medicalización de un proceso natural como es el desarrollo puberal.

Identidad de género VS disforia de género

La identidad de género refiere a la percepción personal que un individuo tiene de sí mismo en relación con su sexo biológico. La disforia de género alude al malestar o sufrimiento asociado a la discrepancia entre esa autopercepción y el sexo biológico. Sin embargo, es posible experimentar una autopercepción distinta de la realidad biológica sin presentar una disforia clínicamente significativa y sin necesidad de medicalizarla.

¿Cómo se pasa del supuesto sufrimiento emocional a una intervención farmacológica? ¿Qué evidencia respalda esa decisión cuando se trata de menores de edad? ¿Qué información permite evaluar sus resultados y sus posibles consecuencias a largo plazo?

La guía «Salud y Diversidad Sexual» del MSP informa que el bloqueo puberal está disponible para niñas desde los 9 años y niños desde los 10 años.

La Dra. Alicia Fernández no es una vocera cualquiera. Es pediatra y fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP). Ver fuente.

¿Qué posición tiene la SUP sobre el bloqueo o inhibición puberal?

La SUP ha publicado material favorable a considerar el bloqueo puberal en menores trans, como explica la Dra. Alicia Fernández. El trabajo «Guías para el abordaje de infancias y adolescencias trans en el primer nivel de atención» fue avalado por todos los integrantes del Comité de Adolescencia de la SUP y aprobado por unanimidad por el Comité Editorial de la revista institucional. Ver fuente.

Esto fue en 2022, el mismo año que su ex presidenta presentó en nombre del MSP el nuevo carné de salud unisex para los menores de edad. «Los autores declaran no tener conflictos de intereses«, pero el Comité Editorial de la revista responde a la SUP y ésta recibe financiamiento de la industria (ver),

El apartado «Inhibición puberal», califica el tratamiento como «totalmente reversible y seguro» y recomienda considerarlo al inicio de la pubertad, esto es, cuando el desarrollo del menor presenta estadio 2 de Tanner. Pero…. ¿qué evidencia científica utilizaron las autoras para afirmar que el tratamiento es «totalmente reversible y seguro»?

La Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, es médica pediatra y afiliada a la SUP.

Y aquí empiezan las preguntas que el MSP debería poder responder:

• ¿Qué fármacos se indican para bloquear la pubertad?
• ¿Cuál para niñas y cuál para niños?
• ¿Qué información se les aporta previo a iniciar el bloqueo?
• ¿Desde cuándo se utilizan con ese fin en Uruguay?
• ¿Cuántos menores han recibido este tratamiento?
• ¿Cuál es la distribución por sexo y por contexto socioeconómico?
• ¿Cuántos lo han abandonado y por qué motivos?

No son preguntas accesorias. Se trata de conocer el alcance de una intervención farmacológica sobre menores de edad en el ámbito del Sistema Nacional Integrado de Salud, sus características de aplicación y la evolución de quienes la reciben.

Presentamos una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 18.381, como hacemos habitualmente. La respuesta oficial, disponible en esta fuente, fue la siguiente:

«El MSP no dispone de la información solicitada, dado que la prescripción y dispensación de estos fármacos se realiza en el ámbito asistencial y no es de carácter obligatorio su remisión al MSP para su consolidación estadística».

Vale decir: el MSP publica una guía que incluye el bloqueo puberal en menores desde edades tan tempranas como los 9 años, pero no dispone de estadísticas sobre cuántos reciben ese tratamiento, ni cuántos lo abandonan. No es un tratamiento cualquiera. Está incluido en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y el Formulario
Terapéutico de Medicamentos (FTM) vigente.

La paradoja es difícil de aceptar: el MSP dispone de estadísticas sobre intentos de autoeliminación en menores de edad, cirugías de reasignación de género en lista de espera y muchas más, pero afirma no disponer de datos sobre los menores sometidos a bloqueo puberal.

¿Cómo se puede evaluar, supervisar y transparentar una política sanitaria sin conocer su alcance?

No estamos preguntando por datos irrelevantes. Estamos preguntando por intervenciones farmacológicas en menores de edad y por decisiones sanitarias con posibles consecuencias y hasta irreversibles en los adultos que serán en el futuro.

Sra. Ministra de Salud Pública: la pregunta es directa y la sociedad merece una respuesta.

¿CONFIANZA CIEGA O LIBERTAD DE DECIDIR?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una hoja de ruta enfocada a «derrotar la meningitis para 2030«. Por eso la campaña de vacunación en Uruguay continúa y ahora se extiende más allá de los adolescentes: están convocados los mayores de 65 años. Ver noticia.

¿Sobran vacunas? ¿Falta confianza?

Cada vez más personas desconfían del relato oficial.

Y hay una pregunta que las autoridades deberían responder antes de reclamar confianza: ¿quién controla la calidad de las vacunas que se administran a la población?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) está obligado por la ley 9202 a controlar las vacunas. Pero ¿lo hace?

Ya habíamos investigado en el gobierno anterior qué ocurría con las vacunas contra la COVID-19 durante la pandemia: no se controlaban en Uruguay a pesar de que al menos Japón había detectado en 2021 partidas contaminadas de una vacuna anticovid. Ver noticia.

Este año volvimos a investigar para comprobar si, superada aquella situación excepcional, los controles funcionaban con normalidad. La respuesta, recibida esta semana, es contundente: no se controla ninguna vacuna. La información abarca las vacunas adquiridas desde 2025, incluidas las antimeningocócicas que se están aplicando desde julio de 2025. Ver expediente. Allí se puede leer:

«No se cuenta con información sobre análisis fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos realizados sobre muestras físicas de lotes de vacunas ingresados al país desde 2025.«

Controlar la calidad no es una formalidad burocrática. Es una cuestión de seguridad sanitaria. Y los antecedentes internacionales demuestran que los problemas de calidad no son una hipótesis descartable.

Al investigar posibles contaminaciones de vacunas antimeningocócicas encontramos dos antecedentes relevantes: en Inglaterra se informó de contaminación con estafilococo dorado; en Australia, de contaminación con residuos metálicos. Los lotes contaminados fueron retirados del mercado para que no fueran aplicados.

Estos antecedentes llevan a otra pregunta: ¿cómo se detectan en Uruugay las partidas contaminadas de vacunas?

Hay un antecedente documentado pero…. en el ámbito veterinario. El laboratorio Rubino, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), determinó que se dejara sin efecto la compra de vacunas antiaftosa por presentar una contaminación. Ver resolución. Es para evitar que los países que nos compran la carne rechacen embarques en los que detectan sustancias extrañas.

¿Y las vacunas de uso humano? El MSP cuenta con un laboratorio certificado por la OMS, el Centro de Control de Calidad de Medicamentos (CCCM). Sin embargo, según la información obtenida, este laboratorio no interviene en el control de las vacunas de uso humano. En el mismo expediente se puede leer:

«No se registran lotes de vacunas que hayan sido restringidos, suspendidos, inmovilizados, retirados o sometidos a medidas regulatorias por motivos de seguridad o efectos adversos desde 2025.»

El MSP afirma que «las vacunas son seguras». Pero ¿qué controles permiten sostener ese mantra? ¿Cómo se comprueba que el producto entregado corresponde a lo declarado por el fabricante? Eso no ocurre y por lo tanto el MSP incurre en publicidad engañosa.

Si, como queda en evidencia, el MSP no verifica adecuadamente la calidad de las vacunas que adquiere, sus afirmaciones categóricas sobre su seguridad carecen del respaldo que la población tiene derecho a exigir. Y si la información sobre los controles no se comunica de manera transparente, ¿cómo puede una persona decidir libremente si acepta o rechaza una intervención sanitaria?

En Uruguay no hay un subsidio para las personas que padecen los efectos adversos por vacunas como existe en muchos países desde 1961, aún por las que pasan el control de calidad. Ver informe de OMS.

En un informe anterior analizábamos el carácter mágico atribuido a la prevención, en particular el de las vacunas presentadas como un agua bendita capaz de prevenir infecciones mortales. El mantra “las vacunas salvan vidas” parece un conjuro que nos convierte en inmortales.

También cuestionábamos el problema ético para demostrar que una vacuna es eficaz.

¿Cuál es el verdadero efecto de la vacunación?

La vacunación estimula el sistema inmunitario para desarrollar anticuerpos contra un patógeno. Esto significa que las vacunas no “previenen”, sino que intervienen el sistema inmunitario para inducir la producción de anticuerpos con capacidad de neutralizar o eliminar el agente infeccioso.

Esto es: la vacunación no es más que un tratamiento destinado a revertir una carencia o insuficiencia inmunitaria, que representaría la patología a tratar.

Algo parecido ocurre cuando se inyecta insulina a una persona diabética. Pero, en ese caso, primero se mide la glucemia —el azúcar, por analogía con el patógeno— para determinar la dosis de insulina que se debe administrar y así corregir la insuficiencia insulínica que está detrás de la hiperglucemia, equivalente, en esta analogía, a una colonia de patógenos que habría que combatir. Del mismo modo, antes de administrar un antihipertensivo, se mide la presión arterial para determinar si es necesario intervenir y orientar el tratamiento.

Si la vacunación interviene una insuficiencia inmunitaria, surge una pregunta elemental: ¿cómo se establece esa insuficiencia? ¿Se diagnostica? ¿Se evalúa la situación inmunitaria de la persona antes de intervenir? ¿O se presume que todos necesitan la misma cantidad de dosis, con independencia de su estado?

En medicina, la decisión de tratar a una persona no debería basarse únicamente en la existencia de un medicamento capaz de modificar una variable biológica. Primero se evalúa su estado, se diagnostica, se determina si existe una necesidad terapéutica y se ponderan los beneficios y los riesgos del tratamiento.

¿Por qué habría de abandonarse este principio de racionalidad cuando se trata de intervenir sobre el sistema inmunitario?

La vacunación también requiere evaluar la necesidad individual. Es decir: antes de aplicar una vacuna habría que determinar el grado de carencia o insuficiencia inmunitaria para establecer la necesidad de intervenir y cuántas dosis se justifican.

La existencia de anticuerpos puede medirse. Entonces ¿por qué administrar una vacuna sin comprobar primero si la persona ya cuenta con el nivel de anticuerpos que se pretende conseguir?

Una intervención en personas sanas no se vuelve inocua por llamarla preventiva. La vacunación puede ocasionar efectos adversos, como cualquier intervención médica. Y si la intervención es innecesaria y provoca un daño, entonces estamos ante un caso de iatrogenia.

Intoxicación por sobredosis vacunal

Si una persona ya dispone de inmunidad frente al agente infeccioso, ¿qué justifica la estimulación inmunitaria? ¿No plantea esto el problema de una posible sobredosis inmunológica?

La estimulación inmunitaria no está exenta de riesgos: puede desencadenar reacciones adversas, incluidas respuestas inflamatorias, reacciones de hipersensibilidad y, en determinados casos, fenómenos autoinmunes.

A propósito de la reacción hiperinmune recordemos lo que nos advertía el Dr. Daniel Salinas durante la pandemia, mientras indicaba la vacunación a los que habían padecido la enfermedad:

Ahora bien, de personas recuperadas de covid19 se extrajo plasma hiperinmune para inyectarlo a los que estaban padeciendo la enfermedad. Es decir: los recuperados de covid19 eran vacunas vivientes; sus organismos producían anticuerpos que podían extraerse y utilizarse para tratar a otros enfermos. Ver noticia.

¿Qué sentido tenía vacunar a una persona recuperada de covid19 si su organismo producía anticuerpos, tanto para sí misma como para otras personas?

Aún así los mandaron vacunar, a pesar del riesgo potencial de sufrir una reacción adversa a la vacuna.

Ahora bien, padecer la enfermedad covid19 no genera inmunidad; muchas personas la padecieron varias veces. Entonces ¿qué inmunidad otorga la vacuna?

“Me vacuné y me enfermé”

Otro riesgo potencial de la vacunación es la enfermedad potenciada asociada a la vacuna. Es un fenómeno en el que una persona vacunada, al infectarse posteriormente con el patógeno contra el que está vacunada, puede desarrollar una enfermedad más grave que la que habría desarrollado sin esa vacunación. Sin embargo el médico lo atribuye a una cepa diferente a la formulada en la vacuna….

El principio propuesto es sencillo: no presumir la necesidad de una intervención cuando esa necesidad puede evaluarse previamente para decidir en función del equilibrio costo-beneficio.

Medir, justificar y ponderar los riesgos antes de intervenir el cuerpo de una persona constituye un derecho básico del consumidor de productos y servicios de salud.

No a la magia: antes de vacunar, hay que demostrar por qué y para qué.

Se promueve la vacunación como prevención de las enfermedades transmisibles. “Las vacunas salvan vidas” es el mantra o conjuro, como si de una suerte de agua bendita se tratara para librarnos de la enfermedad y de la muerte.

Pero ¿qué significa realmente prevenir?

Prevenir es actuar antes de que ocurra un evento, con el propósito de evitarlo. La prevención opera sobre el riesgo y no sobre el evento.

¿Qué ocurre con las vacunas?

Tomemos como ejemplo Bexsero, la vacuna contra el meningococo B que se aplica a los bebés uruguayos. El prospecto del fabricante publicado en el sitio web del MSP es bien didáctico. Describe estudios en los que se obtuvieron muestras de sangre antes de la primera dosis y después de completar el esquema, para determinar los niveles de anticuerpos bactericidas producidos en respuesta a la vacuna y compararlos con los valores previos.

Es decir, se mide una característica inmunológica considerada relevante para la protección frente al patógeno y se la convierte en un supuesto indicador de protección. Entonces las vacunas no previenen nada. Son tan solo un tratamiento contra una carencia o insuficiencia inmunitaria preexistente. Y para evitar los riesgos de una sobredosis, todas las personas deberían ser estudiadas antes de recibir una vacuna que no necesitan.

Pero esta forma de probar la eficacia de una vacuna está traída de los pelos, porque pretende demostrar que el vacunado no contraerá la infección ni padecerá la enfermedad.

¿Cómo es esto?

Hay una diferencia conceptual entre tratar una enfermedad ya presente y prevenir una enfermedad que todavía no ocurrió.

La eficacia de un tratamiento terapéutico puede evaluarse observando qué sucede con el paciente: desaparecen o disminuyen los síntomas, se recuperan funciones y mejora su estado de salud. La evolución clínica permite valorar si el tratamiento fue eficaz.

En cambio, la persona vacunada está sana de la enfermedad contra la que se vacuna y el objetivo es que persista saludable. Esto es: no debe experimentar cambio alguno.

Si la vacuna cumple su supuesto cometido, nunca experimentará aquello que, presuntamente, le evitó. El supuesto beneficio consiste precisamente en que algo no suceda. Es contrafáctico: el vacunado que no enferma nunca sabrá por experiencia propia si fue gracias a la vacuna o si habría permanecido sano sin ella y por otro motivo.

Para comprobar la real eficacia de la vacuna habría que someter al vacunado al agente infeccioso y observar si contrae la infección o desarrolla la enfermedad y muere. Pero eso no sería ético, porque… ¿y si la vacuna no funciona?

Entonces ¿cómo se pasa de medir anticuerpos a afirmar que se ha prevenido una enfermedad y evitado la muerte? Mediante una inferencia. Es lo que declara el fabricante en el prospecto publicado por el MSP:

“La eficacia de BEXSERO no ha sido evaluada a través de ensayos clínicos. La eficacia de la vacuna se ha deducido demostrando la inducción de respuestas de anticuerpos bactericidas…”.

Pero una cosa es medir anticuerpos y otra muy distinta es demostrar que un participante de un ensayo no contrajo la infección, no desarrolló la enfermedad ni murió a causa de ella, gracias a la vacunación. Entre la vacunación y su supuesto efecto protector hay una cadena de inferencias que debe ser demostrada en lugar de proclamada.

Y aquí es donde la retórica de la vacunación empieza a parecerse peligrosamente a un acto de fe: a un marcador biológico se le atribuye una capacidad protectora, se presume que esa protección se traducirá en un determinado resultado clínico y, finalmente, se presenta bajo el mantra “las vacunas previenen enfermedades y salvan vidas”.

Una cadena de razonamiento que contiene incertidumbres, supuestos y extrapolaciones no debe ser transformada mágicamente en certeza por repetición institucional.

Mucho menos usada para convertir esa certeza presunta en una obligación jurídica impuesta sobre el cuerpo de una persona.

Y si a esa cadena de suposiciones sobre la protección individual se le agrega el otro mantra —el supuesto efecto rebaño de la vacunación masiva—, la cadena se convierte en especulación: de una presunta protección individual se deriva una presunta protección colectiva invocada para justificar la intervención sobre todos. El efecto rebaño ni siquiera está reportado en los prospectos de las vacunas, ni en Uruguay ni en el mundo.

Los efectos adversos que producen las vacunas, en cambio, sí constituyen acontecimientos clínicos observables y registrables. Y están advertidos en los prospectos.

Cuando una vacuna provoca un daño, ese daño no es una inferencia: es experiencia pura y dura. Sin embargo, esos daños se ocultan y se niegan sistemáticamente, especialmente cuando es el afectado quien señala que aparecieron tras la vacunación.

Muchas veces hasta se citan cifras de personas salvadas por vacunas, lo cual es especulación pura por lo que ya explicamos sobre la indemostrabilidad del efecto de la vacunación. En cambio, quienes sufren sus efectos adversos tienen nombre y apellido. Por eso en los países desarrollados que crean las vacunas existen sistemas de indemnización financiados por la misma industria a los dañados por los efectos adversos de sus productos. Ver informe de la OMS.

Cuando se niega la evidencia de los daños y se prioriza la inferencia favorable al supuesto beneficio, cuando las inferencias se presentan como presunciones y las presunciones se convierten en dogmas, la ciencia traiciona su esencia y se convierte en religión: el brujo de la tribu levanta un frasco, pronuncia unas palabras incomprensibles y declara que, porque apareció el signo esperado, el mal ha sido conjurado.

En una sociedad que pretende regirse por la razón, la fe vacunal no puede ser el fundamento de una obligación médica.

Cuando quienes quieren cambiar el mundo se confían en que alguien lo cambie por ellos

La pandemia fue un evento disruptivo a nivel sanitario pero sobre todo social. Una vuelta de tuerca nos hace tomar conciencia del poder de la comunidad para asumir el destino con esperanza.

En marzo de 2020, Alemania estaba gobernada por Angela Merkel, en su cuarto y último mandato como canciller hasta diciembre de 2021. El país atravesaba, además, un período de fragmentación política.

En plena pandemia de COVID-19, cuando en numerosos países se aplicaron medidas para contener la expansión del virus, en Alemania surgieron distintos movimientos de protesta contra las medidas adoptadas por el gobierno.

Querdenken se organizó mediante grupos locales y convocó grandes manifestaciones en distintas ciudades alemanas. Una de ellas tuvo lugar el 29 de agosto de 2020, en Berlín, en la que Robert F. Kennedy Jr. fue el orador principal. Su presencia convirtió el acto en uno de los episodios internacionales más visibles de las protestas alemanas de aquel período y fue su plataforma del lanzamiento internacional de Children’s Health Defense Europe.

En Kassel se organizó el grupo Freie Bürger Kassel (Ciudadanos Libres de Kassel), que convocó a salir a las calles contra las medidas restrictivas frente a la COVID-19. Esa experiencia comenzó a conectarse con grupos de otros países a través de las redes sociales con el hashtag #wewillALLbethere y dio origen a World Wide Rally for Freedom (WWRFF). En Uruguay también hubo marchas, caravanas y ciudadanos detenidos.

En Berlín surgió una voz que prometía llevar a los responsables de las medidas pandémicas ante un «Segundo Nüremberg». Esa voz era la del abogado Reiner Fuellmich, quien lideró el Comité Corona.

El Comité Corona fue una iniciativa privada creada en 2020, con el propósito declarado de investigar y documentar las medidas adoptadas frente a la pandemia. Reiner Fuellmich lo convirtió rápidamente en una plataforma internacional de crítica a las políticas oficiales frente a la pandemia. En sus intervenciones hablaba de un «Nüremberg 2.0», expresión que posteriormente se convirtió en una de las consignas asociadas a su actividad y la del Comité Corona.

En 2021 Fuellmich dio el salto a la política. Se incorporó a dieBasis, el partido surgido en 2020 en torno al movimiento de protesta contra las medidas adoptadas durante la pandemia. Para las elecciones federales de setiembre de 2021, Fuellmich fue elegido como candidato a canciller por dieBasis, esto es, para suceder a Merkel.

La aventura política de Fuellmich no tuvo continuidad: dieBasis obtuvo el 1,4 % de los votos en las elecciones federales de 2021.

Pero el capítulo más controvertido de la historia de Fuellmich no llegó desde la política ni desde sus investigaciones sobre la pandemia. Llegó desde el dinero.

Surgieron conflictos internos relacionados con el manejo de los fondos del Comité Corona. Esos conflictos terminaron en un proceso penal contra Fuellmich.

¿Qué era exactamente esa organización, quién la financiaba y por qué Fuellmich fue condenado?

Hay que separar tres cosas que con frecuencia aparecen mezcladas: el Comité Corona como iniciativa de investigación, la estructura jurídica que lo sostenía y el conflicto por el dinero.

1. ¿Qué era exactamente el Comité Corona?

No era una comisión oficial del Parlamento alemán ni un organismo estatal. Era una iniciativa privada de cuatro abogados: Reiner Fuellmich, Viviane Fischer, Justus Hoffmann y Antonia Fischer.

El Comité Corona organizaba sesiones públicas con expertos y testigos, las transmitía por internet y publicaba sus contenidos. Su objetivo declarado era investigar distintos aspectos de la pandemia: el origen y las características del virus, las pruebas PCR, las medidas sanitarias, los confinamientos, las vacunas, los daños económicos y las posibles responsabilidades jurídicas.

Desde sus primeras sesiones, el Comité Corona adoptó una posición fuertemente crítica respecto de las políticas oficiales de COVID-19. La expresión «Nüremberg 2.0» terminó asociándose a la expectativa de llevar a juicio a quienes, según esa corriente, habían cometido delitos durante la pandemia.

2. ¿Quién lo financiaba?

Fundamentalmente, donantes particulares. El capital inicial había sido apenas de 500 euros. La organización tenía gastos de funcionamiento, producción audiovisual, traducciones, proveedores y otros servicios, por lo que solicitaba públicamente donaciones para financiar sus actividades.

La iniciativa nunca llegó a inscribirse como la fundación que pretendían crear. La propia escritura establecía que los ingresos generados por las donaciones debían utilizarse para los fines de la sociedad y posteriormente transferirse a la fundación proyectada.

Por tanto, no se trataba simplemente de cuatro abogados realizando entrevistas sin estructura económica detrás. Existía una organización con cuentas, gastos y fondos provenientes de donaciones.

3. ¿Qué ocurrió con el dinero?

El tribunal regional de Göttingen determinó que Fuellmich había utilizado para fines propios 700.000 € provenientes de fondos destinados al Comité Corona. Los hechos juzgados correspondían a 2020 y 2021. Fuellmich fue detenido y encarcelado el 13 de octubre de 2023, tras ser devuelto desde México a Alemania.

Según la acusación y las pruebas examinadas durante el proceso, el dinero había llegado a su patrimonio mediante dos operaciones principales: aproximadamente 500.000 € a una cuenta de Fuellmich y unos 200.000 € a una cuenta de su esposa.

Fuellmich negó haber cometido administración desleal. Reconoció que el dinero se había puesto a salvo de posibles acciones del Estado en represalia contra el movimiento y que él tenía derecho a disponer de esos fondos para resguardarlos. También sostuvo que se trataba de una reserva de liquidez y que tenía intención de devolverla.

El tribunal no aceptó esa explicación y el 24 de abril de 2025 lo condenó por administración desleal en dos casos a una pena conjunta de 3 años y 9 meses de prisión. El tribunal consideró probado que los fondos habían sido utilizados en perjuicio del Comité Corona.

Y hay una actualización importante: la condena ya no está pendiente de revisión. El 25 de agosto de 2026, el Tribunal Federal de Justicia de Alemania examinó el recurso presentado por Fuellmich y confirmó la decisión del tribunal de Göttingen. La condena quedó así firme.

El verdadero foco de la condena

Hay una distinción importante: la condena penal se refiere al manejo de los fondos. No significa que el tribunal haya declarado fraudulentas todas las actividades, entrevistas o investigaciones realizadas por el Comité Corona.

La historia que había comenzado en 2020 con la promesa de investigar la pandemia y llevar a sus responsables ante un «Segundo Nüremberg» terminó, en cambio, con su principal impulsor condenado por el manejo fraudulento de los fondos del propio movimiento que había contribuido a construir y perjudicando a quienes habían confiado en él.

¿Qué pasó con el Comité Corona?

El Comité Corona no desapareció completamente: se reconvirtió en el ICIC (International Crimes Investigative Committee). El sitio del ICIC informa que Fuellmich y su equipo están desarrollando el trabajo iniciado en el Comité Corona, ahora bajo el formato de “investigaciones internacionales”, mientras alrededor de su principal figura se construye otra narrativa: la del líder perseguido, convertido en símbolo y mártir de la propia disidencia.

Fuellmich no fue condenado por investigar la pandemia. Lo fue por malversar fondos en su beneficio y así estafar a sus socios, patrocinadores y seguidores.

Finalizada la pandemia

Fuellmich nunca devolvió el dinero. Aún está en prisión. Su destino contrasta con el del también abogado Robert Kennedy, quien desde 2025 es el ministro de salud de Estados Unidos. Querdenken y WWRFF siguen activos pero enfocados en asuntos como la guerra Rusia-Ucrania.

Y lo más triste de todo es que nunca hubo Segundo Nüremberg. Sólo unos pocos juicios exitosos promovidos en algunos países por personas afectadas por la vacunación contra la COVID-19.

Porque ningún profeta va a salvarnos. Cuando la disidencia se convierte en culto a un líder, dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en espectadores y operadores. Y mientras esperamos que otro actúe, quienes deciden avanzan atropellando.

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En 2008 se publicó un inventario de los mamógrafos operativos en Uruguay. Su autora, la Dra.Rosario Berterretche, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP), había constatado la existencia de 62 mamógrafos en todo el país y relevado su estado.

La mayoría habían sido adquiridos de segunda mano y muchos funcionaban sin garantía del fabricante y/o sin mantenimiento. Mientras en Montevideo la mayoría de los mamógrafos habían sido comprados nuevos, en el interior, la mayoría eran usados. El más viejo del país estaba instalado en el departamento de San José y tenía 35 años en funcionamiento.

Según Berterretche, la European Coordination Committee of the Radiological and Electromedical Industries, diseñó reglas para evaluar la edad de los equipos médicos:

De acuerdo a esas reglas, los 62 mamógrafos de 2008 se clasificaban asì:

Dieciséis años después

En octubre de 2024, con motivo del mes de concientización sobre el cáncer de mama, quisimos saber qué había pasado con los 62 mamógrafos del inventario de 2008. Solicitamos información al MSP y publicamos un informe sobre la cantidad y la antigüedad de los mamógrafos existentes en Uruguay, 16 años después. La respuesta fue que al 2024 había 84 mamógrafos en todo el país. De 7 de ellos no había datos, el más nuevo tenía 1 año de antigüedad y el más viejo 34 años.

HOY

En 2026 decidimos solicitar nuevamente al MSP la misma información, con la expectativa lógica de obtener una actualización. Y aquí aparece lo insólito. El MSP nos contestó con la misma información de 2024. Sí: dos años después, la misma información y así tal cual lo expresa. Los mismos 84 mamógrafos, pero ahora, naturalmente, dos años más viejos: el más nuevo con 3 años y el más viejo 36; los mismos 7 sin datos.

La siguiente tabla resume ambas situaciones y las compara con las reglas de la comisión europea que Uruguay ni siquiera alcanzaba en 2024:

¿Dos años de evolución y la misma base de datos aún con 7 equipos sin datos? ¿Qué fiscalización realiza el MSP sobre los mamógrafos?

Pero hay algo todavía más llamativo.

Durante estos dos años hubo cinco nuevos mamógrafos puestos en servicio: dos en instituciones privadas y tres en instituciones oficiales. Veamos:

Año	Fecha	Institución	Localidad	Fuente
2024	01/07/2024	Círculo Católico	Playa Pascual	Círculo Católico
2024	20/08/2024	COMERO	Rocha	Canal 9
2025	31/10/2025	Hospital Policial	Montevideo	Ministerio del Interior
2026	05/02/2026	Hospital Central de las FF.AA.	Montevideo	Sanidad de las FF.AA.
2026	10/08/2026	ASSE – Hospital de Treinta y Tres	Treinta y Tres	Presidencia / ASSE

El mamógrafo adquirido este año por el HFFAA sustituyó el anterior que, ya con 12 años de antigüedad, en lugar de ser descartado fue reparado y trasladado al Centro de Especialidades C.A.P. Nº 13, Durazno. Hay noticia con bombos y platillos.

Cinco equipos nuevos. Otro reciclado. Seis anuncios públicos. Y, sin embargo, el MSP sigue informando los mismos 84 mamógrafos de 2024 y exactamente en la misma situación.

Y no estamos hablando de cualquier equipamiento

Los mamógrafos aplican radiación ionizante para obtener la imagen de la mama, sea con tecnología analógica o digital. Una mamografía consiste en 4 imágenes: 2 en cada mama. La dosis de radiación aplicada a una mama equivale a la aplicada en una radiografía de tórax. Por lo tanto una mamografía concentra en las mamas la dosis de radiación de 4 radiografías de tórax.

La radiación produce cáncer. El recuerdo de Chernobil, a 40 años del desastre que en tiempos de paz convirtió una ciudad al estilo de Hiroshima y Nagasaki, no es caprichosa.

La mamografía es el test de screening del cáncer de mama. El screening del cáncer de cuello de útero se hace con el PAP. El screening del cáncer de próstata con el PSA. El screening del cáncer colorrectal con el fecatest. El de mama es el único que se hace con lo mismo que produce cáncer: la radiación ionizante. La mamografía se exige en el carné de salud cada dos años a las mujeres a partir de los 50. Pero los ginecólogos la indican anualmente a partir de los 40. ¿Cuánta radiación recibe una mujer fiel al mandato médico?

Pero lo más relevante de todo es ¿cuántos mamógrafos producen imágenes con la calidad necesaria para detectar correctamente un cáncer de mama?

Porque aquí no estamos hablando de una planilla burocrática que puede quedar dos años sin actualizar. Estamos hablando de mamografías. De imágenes a partir de las cuales se toman decisiones médicas. De falsos negativos, falsos positivos, diagnósticos, biopsias, tratamientos agresivos, pelucas y hasta prótesis para reparar amputaciones.

Y, en definitiva, de la vida, el cuerpo y la salud de miles de uruguayas.

Estás en el liceo y entra un equipo de vacunación. Por unos instantes te sentís en el 2020, reviviendo la pandemia.

Te dicen que vas a recibir la vacuna contra el meningococo. Y antes de que llegue el pinchazo, llega el material a la clase para «convencerte« de que te vacunes sin tiempo para estudiarlo ni para dudar.

Un dato que quizás no sabías es que en Uruguay mueren más menores por ahogamiento sólo en verano que por enfermedad meningocócica en todo el año.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce que la enfermedad meningocócica “no es muy frecuente y la probabilidad de adquirirla hoy es baja”.

Y en ese contexto aparece MenFive, la vacuna experimental pentavalente ACWXY, que te van a inocular.

No está aprobada por los organismos reguladores de Norteamérica (FDA) y Europa (EMA). Como no se aplica, no existen registros de efectos adversos en los sistemas de farmacovigilancia de referencia mundial (VAERS y Eudravigilance). Esto impide investigar su seguridad.

Sin aprobación y sin registro de farmacovigilancia, esta vacuna queda excluída de los sistemas de indemnización por daños de vacunas en los países donde existe por ley. En Uruguay no se resarce a los afectados por vacunas quienes son abandonados a su suerte, como es de público conocimiento el caso dramático de un joven como vos.

Entonces: ¿por qué quieren vacunarte a vos y todo tu grupo?

Porque la OMS fijó una hoja de ruta mundial para “derrotar a la meningitis para 2030”.

MenFive, tan sólo precalificada por la OMS, el mismo que impuso la hoja de ruta a todos los países. Eso se llama conflicto de interés.

Además la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) del MSP recomienda otra vacuna antimeningocócica: la tetravalente ACWY. ¿Quién decidió por vos ignorar la CNAV y preferir la OMS?

MenFive fue desarrollada en India para ser aplicada en África, donde las epidemias de la enfermedad meningocócica alcanzan al 1 % de la población.

Pero Uruguay no es África.

Con 3,5 millones de habitantes, el 1 % serían unos 35.000 casos de enfermedad meningocócica. Desde el comienzo del año hubo sólo 30 casos de enfermedad meningocócica en todo el Uruguay, según los boletines semanales que publica el MSP en su web.

Esto es: el 0,0000086% de la población uruguaya.

¿Qué te van a inocular?

El MSP no controla las vacunas. Si ni el MSP sabe lo que contiene la jeringa, menos saben tu docente y tu médico.

¿Qué efectos tiene el pinchazo a mediano y largo plazo? ¿Autismo? ¿Cáncer? ¿Infertilidad? Nadie.

Entonces ¿por qué toda esta movida?

Porque sería un éxito político llegar a 2030 presentando como erradicada una enfermedad poco frecuente en un país de apenas 3,5 millones de habitantes.

Hace una década que sostenemos una lucha incómoda pero necesaria:

Por la soberanía sobre nuestros cuerpos, frente a cualquier imposición.
Por la autonomía para decidir sobre nuestra salud, sin tutelas ni dogmas.
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De 2020 a 2022, el mundo vivió la pandemia de COVID-19, los encierros y el lanzamiento de una vacuna presentada como la gran solución para salvar a la humanidad. Sin embargo, la vacunación presentó severos efectos adversos que durante un tiempo fueron minimizados, cuestionados o no detectados por los sistemas de vigilancia. Hoy, nuevas investigaciones están sacando a la luz información que permite volver sobre aquellas decisiones y preguntarse si realmente se hizo todo lo posible para proteger la seguridad de la población.

En abril de 2021, se investigaban los reportes de miocarditis tras la vacunación contra la COVID-19 que se acumulaban, especialmente en varones jóvenes y después de la segunda dosis de las vacunas de ARNm.

El 9 de julio de 2021, la OMS advirtió que la evidencia disponible sugería una probable asociación causal entre las vacunas de ARNm y la miocarditis y pericarditis.

Pero en Estados Unidos el sistema oficial de vigilancia no detectaba esa señal.

¿Cómo salió todo esto a la luz?

En 2026, una investigación del Senado estadounidense permitió obtener cientos de documentos internos de la FDA y otras agencias. El British Medical Journal (BMJ), a partir de esos documentos, reconstruyó y publicó esta historia el 16/9/2026.

¿Cómo funcionaba el monitoreo del VAERS?

El algoritmo GPS, desarrollado por el estadístico William DuMouchel para la detección de señales de seguridad en los sistemas de registro como VAERS, había sido publicado a fines de los años noventa y posteriormente evolucionó hacia el MGPS. En 2012, DuMouchel y otros investigadores publicaron una nueva versión denominada RGPS.

Por lo tanto, cuando comenzó la vacunación contra la COVID-19, no se estaba ante una metodología experimental de monitoreo creada para las vacunas COVID. Existía una larga historia de desarrollo de métodos aplicados a la farmacovigilancia.

Durante febrero y marzo de 2021, Ana Szarfman, médica de la FDA especializada en farmacovigilancia que había trabajado con DuMouchel, advirtió dentro de la FDA que el MGPS utilizado por la agencia no representaba el estado del arte y que el método actualizado de DuMouchel, RGPS, era más adecuado.

El 25 de abril de 2021, Szarfman reiteró que RGPS identificaba mejor que MGPS determinadas señales de eventos cardíacos asociados con las vacunas de Pfizer y Moderna.

En mayo de 2021, se le indicó a Szarfman que dejara de producir y distribuir los análisis realizados con RGPS. La FDA mantuvo su vigilancia del VAERS mediante MGPS.

Pero había otro dato.

Desde antes de la pandemia, la FDA y el CDC habían previsto utilizar dos métodos diferentes para la detección de señales en el VAERS: el CDC usaba PRR y la FDA usaba el MGPS. La idea era que ambos métodos se complementaran y que las dos agencias compartieran y discutieran sus resultados sobre la vigilancia.

Sin embargo, durante 2021 la FDA y el CDC decidieron apoyarse sólo en el método de la FDA, por considerarlo “más robusto”. Un eufemismo para “opacidad”, como se verá.

El CDC, en junio de 2021 había encontrado cientos de casos de miocarditis, pericarditis o miopericarditis. Sin embargo, el análisis de la FDA seguía sin reportarlos.

El CDC conocía, por tanto, la discrepancia entre su método y el de la FDA. Entonces en 2022, el CDC comenzó a aplicar el PRR que había estado previsto desde el comienzo. Y aparecieron cientos de señales que alcanzaban los criterios establecidos por la propia agencia, entre ellas miocarditis, pericarditis, parálisis de Bell y tinnitus.

El mismo sistema VAERS. Los mismos reportes de casos. Otro método de análisis.

Y desde entonces ya no se pudo ocultar la verdad.

El algoritmo no “falló” en el vacío. La FDA había sido advertida de que su método podía estar ocultando señales. Recibió análisis que demostraban el problema y una metodología para corregirlo. Y, aun así, mantuvo el método “fallado” y ordenó detener los análisis que advertían sobre sus limitaciones, mientras seguían llegando reportes sobre los eventos que no “detectaba”.

Pero el CDC tampoco puede lavarse las manos. Conocía el problema. Conocía los casos. Conocía la ausencia de señales en el sistema de la FDA. Y, pese a que estaba previsto que realizara su propio análisis mediante PRR, no lo hizo hasta 2022. Durante ese período, ambas agencias siguieron apoyándose sólo en el método de la FDA.

El CDC fue cómplice del sistema que permitió que la ausencia de señal se mantuviera. Encubrió a la FDA que se negaba a cambiar de método.

La investigación del BMJ muestra que la FDA y el CDC a sabiendas ocultaron la información sobre los efectos adversos de la vacunación anticovid mientras desde todas las estructuras de poder y mediática se seguía desacreditando las opiniones que se levantaban en contra. Y acusando ciudadanos de conspiranoicos, antivacunas y espoletas; de viralizar fakenews para desinformar; etc.