El 3/12/2025 sesionó la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del MSP. La resolución fue tan previsible como automática: en 2026 se continuará promoviendo la vacunación contra COVID-19, ahora bajo la fórmula de la “variante actualizada”. La pandemia terminó. El negocio, no.
Tal como consta en el acta, en esa comisión participa con voz y voto la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una corporación médica que recibe financiamiento directo de Pfizer, fabricante de la vacuna recomendada. No es una sospecha ni una interpretación maliciosa: es un hecho público. El conflicto de interés es grosero, estructural y completamente normalizado. Y, sin embargo, nadie parece advertirlo. O peor aún: todos lo ven y lo toleran. No asesoran: venden. No deliberan: alinean.
El propio material de difusión de la SUP lo expone sin pudor: el flyer publicado en su sitio web. Que una organización financiada por un laboratorio intervenga en la definición de políticas públicas que benefician directamente a ese mismo laboratorio no es ciencia, no es salud pública y no es ética. Es captura regulatoria. Es lobby sanitario con bata blanca. Y debería bastar para poner en cuestión la legitimidad de todas las resoluciones de la CNAV e incluso para exigir responsabilidades políticas al MSP.
El problema se agrava cuando se constata que la ministra de Salud Pública —pediatra de profesión— figura como afiliada a la propia SUP, según su padrón de socios. El conflicto de interés ya no es periférico: alcanza a la máxima autoridad sanitaria del país. Aun así, nadie se inmuta. No hay escándalo, no hay debate, no hay rendición de cuentas. Silencio administrativo.
Como si fuera poco, se anunció además el adelantamiento de la vacunación antigripal, consolidando el combo COVID-19 + gripe. Ya no se trata solo de niños, sometidos a un calendario vacunal cada vez más inflado, sino de toda la población convertida en clientela cautiva del complejo médico-industrial.
Lo que deliberadamente no se informa a la ciudadanía es un punto central: si la vacuna contra COVID-19 cuenta hoy con aprobación definitiva de los reguladores de referencia o si continúa amparada únicamente en la habilitación de emergencia de la FDA bajo la cual fue aplicada durante la pandemia, como informaba el GACH. Tal vez el motivo es que ahora se reconoce la toxicidad de la proteína spike y los graves efectos adversos de la tecnología ARNm de la vacuna anti COVID19 de Pfizer. No es menor que el contrato permanece clasificado como confidencial: el gobierno actual negó su acceso a una periodista.
La pandemia pasó. El miedo quedó instalado. Y la maquinaria vacunal sigue facturando: sin emergencia, sin debate y sin pudor.
Hace una década que sostenemos una lucha incómoda pero necesaria:
✊ Por la soberanía sobre nuestros cuerpos, frente a cualquier imposición. ✊ Por la autonomía para decidir sobre nuestra salud, sin tutelas ni dogmas. ✊ Por la libertad de elegir en quién y en qué confiar, sin coerción ni miedo.
Diez años diciendo lo que otros callan. Diez años defendiendo derechos que hoy quieren convertir en permisos.
Lejos de retroceder, redoblamos el compromiso y te convocamos a ser parte activa:
➡️ Firmando y difundiendo la campaña digital Uruguay Sin Carnés ➡️ Aportando como patrocinador, con una colaboración voluntaria acorde a tus posibilidades: la independencia también se sostiene.
Este espacio existe porque hay personas que participan, cuestionan y acompañan. Por eso:
✔️ Leemos y respondemos cada comentario en nuestras publicaciones ✔️ Atendemos cada consulta, duda o pedido de información.
Nada de esto es automático. Nada de esto es neutral. Todo esto es elección, conciencia y acción.
Si creés en la libertad, este es tu lugar. ¡Acompañanos!
Desde el año 2000 rige la ley que otorga un día anual de licencia paga a las trabajadoras que voluntariamente se realicen una mamografía. En 2006 el presidente Tabaré Vázquez la incorporó en el carné de salud con carácter gratuito, lo que convirtió a Uruguay en el único país del mundo en imponerla obligatoria. Cada octubre se organizan más y más eventos para promocionar la detección precoz del cáncer de mama. Gratis y con un día de licencia, la cantidad de mamografías en Uruguay aumenta en forma sostenida.
La mamografía fue desarrollada por un uruguayo en los años ’40: el Dr. Raúl Leborgne. Es decir que las uruguayas son pioneras en el mundo en someterse a ella desde hace ocho décadas.
La respuesta del MSP a un pedido reciente de acceso a la información sobre estadísticas de cáncer en Uruguay deja un dato que no puede pasar inadvertido: la mortalidad por cáncer de pulmón aumentó en mujeres(y disminuyó en hombres), mientras que la mortalidad por cáncer de mama disminuyó.
Uno de los factores de riesgo del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Considerando las estadísticas oficiales de tabaquismo en Uruguay, ha disminuido de forma sostenida desde 2005 en general: tanto hombres como mujeres fuman menos. ¿Por qué esa diferencia tan dispar en la tendencia de mortalidad por cáncer de pulmón entre hombres y mujeres?
Este desplazamiento del patrón de mortalidad en mujeres por cáncer debería encender una señal de alerta, al menos por dos razones que están ausentes del debate público:
La mamografía utiliza radiación ionizante. Una mamografía equivale a cuatro radiografías de tórax, y su repetición periódica implica una exposición acumulativa en una zona anatómica donde se encuentran no solo las mamas, sino también los pulmones.
La radioterapia mamaria no es un tratamiento “local” inocuo. Parte de la radiación inevitablemente alcanza el tejido pulmonar.
A esto se suma un problema estructural de todos los programas de cribado (o detección precoz) en personas asintomáticas: el sobrediagnóstico.
El sobrediagnóstico no es un error ni un falso positivo. Es la detección de una enfermedad real que nunca habría causado síntomas, discapacidad ni muerte durante la vida de la persona, pero que, al ser diagnosticada, activa una cascada de intervenciones médicas (innecesarias para la persona pero redituables para los proveedores). El sobrediagnóstico convierte sanos en enfermos. El cáncer ductal in situ es el típico sobrediagnóstico de cáncer de mama. Dicho de forma simple:
No es un diagnóstico falso.
Es un diagnóstico verdadero… de algo que no necesitaba ser tratado.
La información oficial disponible sobre las estadísticas de cáncer en Uruguay presentan las siguientes gráficas en las páginas 31 y 33:
Las gráficas son elocuentes: a las mujeres les cambiaron el tipo de cáncer como causa de muerte. Los hombres no reciben radiación en el tórax como las mujeres que dejaron de fumar. Aunque se esfuercen por dejar de fumar, a las mujeres les crearon un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: el cribado mamográfico.
Mujer:
La radiación acumulativa, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento no es prevención. Al contrario.
Hace 10 años una sentencia declaró inconstitucional la obligatoriedad de la mamografía en el carné de salud. Descargala de aquí.
La OPS y el uso del lenguaje sanitario como arma para disciplinar, censurar y gobernar el pensamiento: la verdad bajo tutela
La asociación OPS-OMS organiza webinars para el personal de la salud de sus estados miembros que luego difunde como material “formativo”. El webinar del 21/11/2025 se titulaba “Mantener la confianza: cómo los trabajadores de la salud pueden identificar y responder a la desinformación sobre las vacunas”. Vale la pena verlo, no por lo que denuncia, sino por lo que revela. Al conocer las estrategias que dicen combatir queda en evidencia algo incómodo: son exactamente las mismas que ellos utilizan.
Uno de los ejes centrales en el que hicieron foco es el “rol clave” del personal de salud, porque la población confía en él. El posicionamiento de OPS es apropiarse de la verdad y erigir al personal de la salud en los profetas de ella. Traducción sin eufemismos: explotar el sesgo de autoridad como herramienta de persuasión. No informar, no debatir, no transparentar riesgos: convencer desde la asimetría.
Definen desinformación como información falsa creada deliberadamente para confundir y erosionar la confianza en las vacunas, las instituciones y la ciencia. Curioso, porque enumeran patrones utilizados por los pro vacunas. Veamos el detalle:
“Apelación al miedo a los componentes y efectos adversos”: pandemia, viruela del mono, dengue, sarampión y ya anuncian la nueva gripe 2026.
“Teorías conspirativas”: señalan comunidades por supuestos mandatos religiosos contra la vacunación.
“Distorsión de datos científicos”: millones de muertes evitadas gracias a las vacunas sin respaldo metodológico.
“Citas fuera de contexto”: “las vacunas son seguras” ocultando que los ensayos clínicos no usan placebos inertes.
“Falsa autoridad”: abuso explícito del prestigio médico.
“Exagerar daños, minimizar beneficios”: asustan con enfermedades y niegan la inmunidad natural.
“Falacias lógicas”: el mito del efecto rebaño, ausente en cualquier prospecto de vacuna.
“Intereses económicos que promueven tratamientos alternativos o naturales”: la Sociedad Uruguaya de Pediatría recibe financiamiento de los laboratorios y determina desde la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del MSP el aumento de vacunas para su mercado cautivo, la infancia, el grupo etario más vacunado. La OMS está financiada por los fabricantes de vacunas y la OPS negocia con ellos para proveerlas a países como Uruguay.
El disertante admite que “la vacunación se volvió un tema politizado”, sin reconocer que son ellos quienes ideologizan la libertad, llamando antivacunas a quienes ejercen su derecho del consumidor a rechazar un producto. No mencionan registros de eventos adversos, ni sistemas legales de indemnización. Silencio absoluto.
Presentan a Bolivia Verifica, aliado de la OPS, para “combatir desinformación”. Enseñan a desconfiar de mensajes sin autor, fecha o fuente, mientras califican de “bulo” que las vacunas contengan restos de fetos abortados, cuando esa información figura en los propios prospectos. La fuente más oficial posible. Señalan las faltas ortográficas como señal de mensaje no confiable y ellos en su flyer escriben «dsinformación«. Ver el original aquí.
Magnifican el “peligro” de la desinformación mientras persiste la censura en redes contra cualquier cuestionamiento al relato oficial desde la pandemia. Y remiten a los factcheckers como Bolivia Verifica.
Y para cerrar, ante una pregunta sobre autismo de uno de los participantes, vuelven al comodín Wakefield (1998), ignorando deliberadamente que el CDC había actualizado su información dos días antes reconociendo la ausencia de estudios que descarten vínculo causal entre el autismo y las vacunas. Es obvio el boicot institucional a la gestión de Kennedy como ministro de salud de USA, que además se retiró de la OMS.
Entonces…
La pregunta es inevitable: ¿quién desinforma a quién? Si bien el webinar presenta la definición del concepto «desinformación» lo usa intencionalmente con otro sentido: como etiqueta de control.
Desde la lógica elemental: • Que una afirmación contradiga la versión oficial no la convierte en falsa. • Que una institución tenga autoridad no la vuelve incorruptible. • Que algo sea “consenso” no lo vuelve verdadero (falacia ad populum institucional).
El uso del término desinformación por OPS invierte la carga de la prueba: • El poder no demuestra que algo sea falso. • El disidente debe demostrar que no es desinformador, bajo reglas impuestas por el propio poder.
¿Qué es realmente “desinformación” en este uso? En la práctica, hoy el término funciona así: • No describe un error factual comprobado. • No exige contraste empírico transparente. • No admite discusión simétrica.
Funciona como: • Etiqueta moral • Sello de ilegitimidad • Advertencia social • Pretexto para censura o marginación.
En cualquier disputa, ambos bandos pueden acusar al otro de “desinformar”. La diferencia está en quién tiene el poder de imponer la etiqueta como verdad oficial. Esto no es ciencia. Ni racionalidad. Es gestión política del sentido.
Conclusión
Cuando la “desinformación” deja de definirse por la falsedad demostrable y pasa a definirse por la desobediencia al relato oficial, ya no estamos ante un problema comunicacional, sino ante un dispositivo de poder. No se busca corregir errores, sino disciplinar voces. No se protege a la población, se la tutela. En este esquema, la verdad no emerge del contraste de evidencias, sino de la jerarquía de quien habla. Y así, la ciencia —que vive del debate, la duda y la refutación— es degradada a dogma administrativo. La pregunta entonces se vuelve urgente y política: si desinformar es disentir, ¿quién controla al que controla la verdad? Entender este mecanismo no es paranoia ni negacionismo: es el primer paso para defender el pensamiento crítico frente a la propaganda con sello institucional.
En medicina, la seguridad de un fármaco se establece a través de un estándar de oro: el ensayo clínico aleatorizado doble ciego contra un placebo inerte. Este método es la única herramienta científica capaz de aislar los efectos del producto de las variables aleatorias o “ruido de fondo”. Si se administra un medicamento a 100 personas y un placebo inerte a otras 100, y en el primer grupo se registran 10 reacciones adversas graves frente a cero en el segundo, la señal de peligro es inequívoca. Sin embargo, analizando los documentos oficiales de las agencias reguladoras y la legislación estadounidense que ha moldeado el mercado global, surge una realidad inquietante: las vacunas pediátricas gozan de una exención de facto de ese método. Es que desde 1986 la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles en Estados Unidos concedió a los fabricantes de vacunas una inmunidad legal casi total que eliminó el incentivo económico para realizar estudios con placebo. El resultado es que el calendario de vacunación ha pasado de 3 vacunas en 1986 a más de 84 sólo en Estados Unidos en 2025, sin que la seguridad acumulativa o individual de estos nuevos productos haya sido jamás validada con el mismo rigor que se requiere para un medicamento de venta libre.
Comparadores activos en lugar de placebo
La justificación oficial de la ausencia de placebo es de carácter “ético”: No puedes dejar a un niño desprotegido. Por eso en lugar de placebo, se usa un “comparador activo” (otra vacuna), asumiendo que el comparador es seguro porque está aprobado. Esto crea un esquema piramidal de seguridad donde cada nuevo producto se construye sobre cimientos no verificados.
Seguridad a corto plazo
Otro aspecto crítico es la duración de la observación. Para los medicamentos más rentables los ensayos clínicos han monitoreado la seguridad versus placebo durante períodos que van desde 2 a 7 años. En el caso de las vacunas pediátricas, el seguimiento de las reacciones adversas “solicitadas” (las buscadas activamente, como fiebre, llanto, dolor) a menudo se mide en días.
El VPH y la manipulación del ensayo
La vacuna Gardasil (Merck) representa un caso clásico de manipulación metodológica. En los estudios clínicos, el grupo de control no recibió una solución inerte sino una que contenía aluminio, el adyuvante que se encuentra en la vacuna, enmascarando así la toxicidad de la propia vacuna. ¿El resultado? El 2,3% de las niñas del grupo vacunado desarrollaron nuevas afecciones médicas (a menudo autoinmunes) y el 2,3% de las niñas del grupo de control desarrollaron las mismas afecciones. La FDA declaró que la vacuna es segura porque “no hubo diferencias significativas”.
La paradoja de la transmisión y la inmunidad de grupo
Una piedra angular de las campañas de vacunación es la protección comunitaria (inmunidad de grupo), sin embargo, los documentos confirman que muchas vacunas no previenen la transmisión, lo que socava la lógica de la solidaridad. Además los prospectos de los fabricantes no reportan la inmunidad de rebaño.
La excepción que rompe la regla: el rotavirus
Hay una excepción que demuestra la rigurosidad de los estudios cuando los intereses económicos están en riesgo. Tras la retirada de la vacuna Rotashield debido a casos de invaginación intestinal, los fabricantes de las nuevas vacunas contra el rotavirus (Rotarix y RotaTeq) se vieron obligados a realizar los estudios con un placebo real. Esto demuestra que la «justificación ética» para no usar placebos es una excusa: cuando las empresas se enfrentan a la quiebra debido a la responsabilidad del producto, los placebos de repente se convierten en un requisito.
El agujero negro de la vigilancia poscomercialización
Ante la falta de ensayos clínicos adecuados, la seguridad debería garantizarse mediante la vigilancia poscomercialización; sin embargo, las revisiones encargadas por las propias agencias federales presentan un panorama desalentador. En 2012, el Instituto de Medicina (IOM) concluyó que: “la evidencia es inadecuada para aceptar o rechazar una relación causal”. Entre las afecciones que no se han estudiado adecuadamente se encuentran la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide y la diabetes juvenil. Incluso en el caso del autismo, la afección que las autoridades afirman haber estudiado a fondo, la evidencia documental es diferente. En 2020, los CDC se vieron obligados a admitir que no tenían estudios que demostraran que las vacunas administradas en el primer año de vida no causan autismo. Las lagunas se confirman además por el hecho de que los sistemas de seguimiento como V-safe (utilizado para la Covid-19) no fueron diseñados para detectar eventos adversos específicos como la miocarditis, a pesar de que ya se sabía que eran riesgos potenciales. Incluso el sistema VAERS, sufre de un subregistro crónico.
Conclusión
El análisis de documentos revela que el sistema de aprobación de vacunas se basa en una “presunta seguridad” en lugar de en una “seguridad comprobada”. La falta de estudios a largo plazo con un placebo inerte, combinada con períodos de seguimiento cortos y el uso de controles tóxicos, ha creado una enorme brecha de conocimiento respecto de los verdaderos perfiles de riesgo. En ausencia de estos datos, la declaración “las vacunas son seguras”es un acto de fe, en lugar de una conclusión científica basada en el estándar de oro de la medicina.
Referencias
La fuente completa este informe con el análisis de documentos de los ensayos clínicos, vacuna por vacuna disponible AQUÍ
El viernes 19/12/2025 Uruguay estaba en la portada de la BBC: “San Javier, el pueblo ruso que se fundó en Uruguay en busca del paraíso terrenal y vivió un infierno absurdo”. Una crónica que reconstruye el terrorismo de Estado ejercido durante la dictadura uruguaya contra esa comunidad, desatado por una denuncia anónima que los señalaba como agentes de la Unión Soviética y del Partido Comunista. Bastó el rumor, el prejuicio y la xenofobia para habilitar la cacería.
El lunes 22/12/2025, San Javier vivió un día histórico: la crónica de la BBC tuvo su final gracias a una sentencia que condenó a nueve imputados a penas de entre 13 y 15 años de prisión. El fallo reconoce como víctimas a 30 personas secuestradas y torturadas en dos oportunidades (1980 y 1984), entre ellas menores de 16 años. Entre los nombres está el del Dr. Vladimir Roslik, muerto bajo tortura en el Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos en 1984. Tardó décadas, más de 40 años, pero la justicia llegó.
Uno de los condenados fue el ex médico militar Saiz, responsable de la primera autopsia practicada a Vladimir Roslik. Su informe concluyó, sin rubor, que la muerte presentaba “signos compatibles con un paro cardiorrespiratorio, sin violencia”. Una fórmula burocrática destinada a cerrar el caso y ocultar la tortura. Fue la insistencia de la viuda la que forzó una segunda autopsia. Esta vez participaron otros médicos militares, pero también un médico de confianza de la familia. El resultado demolió la versión oficial: la causa de la muerte fue “anemia aguda y síndrome asfíctico”. No un desenlace natural, sino el rastro fisiológico de la violencia. La «ciencia», puesta al servicio del poder, había mentido.
La sentencia es dramática no solo por las condenas, sino porque incorpora un gesto inusual y elocuente: el pedido explícito de disculpas del juez a las víctimas y a sus familiares. No se trata de una cortesía retórica, sino del reconocimiento formal del accionar del Estado como autor de crímenes de lesa humanidad.
Y no sólo contra los pobladores de San Javier. Así amplía el ataque El País: “A 15 kilómetros del pueblo de San Javier, se encuentra la Colonia Ofir, fundada hace 30 años por inmigrantes rusos, donde vive cerca de un centenar de personas, desconectados de las redes sociales en general, que visten atuendos del siglo XIX, y pertenecen a una comunidad religiosa denominada starovery, que son rusos ortodoxos separados de la iglesia oficial. “ Ahora suman una nueva colonia de rusos. La misma artillería estigmatizante y discriminatoria que contra San Javier.
Ahora ya no son “comunistas soviéticos”, sino «fanáticos religiosos ignorantes«.
El viceministro Dr.Briozzo manifestó que “Lo que abrió la puerta para este brote, que está dentro de todo controlado, fue justamente una comunidad que había resuelto no vacunarse con una vacuna que es extremadamente segura, y efectiva para la prevención de esta grave afección». Lo que no reconoce es que él, en lugar de apegarse a la ciencia profesa otro dogma, el vacunal, ya que le atribuye propiedades mágicas a las vacunas: salvar vidas.
Otros médicos, distintos en nombre pero idénticos en su función, vuelven a alinearse con el poder de turno, hoy enmarcado en la Agenda 2030 de la ONU —con la OMS como engranaje legitimador— para arremeter otra vez contra la misma comunidad. Ya no invocan al “enemigo ideológico”; ahora visten la persecución con batablanca y la llaman “salud pública” en defensa del «bien común» invocando un supuesto «efecto rebaño» que no está reportado por ningún fabricante en ningún prospecto de vacuna. Se los señala y estigmatiza por rechazar las vacunas, como si la decisión informada constituyera un delito. Y, una vez más, los medios hacen coro, amplificando el señalamiento y convirtiendo el hostigamiento en espectáculo.
Pero una vez más, tanta propaganda no convence a nadie y simplemente la comunidad reconoce “No confiamos de las vacunas”. Y por algo será.
Ya no se los secuestra con uniforme militar, pero se los expone al linchamiento mediático y al miedo inducido. Ya no es tortura física, es bioterrorismo de Estado y nuevamente bullying institucionalizado y mediatizado.
El País aporta su cuota de escarnio con una descripción cargada de exotización y desprecio: comunidades “desconectadas”, religiosas, distintas, con indumentaria inapropiada. Otra vez la otredad convertida en amenaza.
Nada de esto es casual. Es xenofobia reciclada del siglo XXI, persecución religiosa aggiornada y el mismo reflejo autoritario de siempre: cuando el poder necesita un culpable, lo busca entre los que no encajan, no obedecen o no se parecen.
Como detonante de la pandemia en Uruguay, el poder de turno había elegido a una mujer para culpabilizar. Pero San Javier ya conoce este guión. Y el país debería cancelarlo antes de vovler a salir en la portada de la BBC y que otro juez deba pedir más disculpas.
Si el pastor Martin Niemöller viviera hoy en Uruguay nos advertiría así:
Primero vinieron por los comunistas y no hablé porque yo no era comunista. Luego vinieron por el caso cero de covid19 y tampoco hablé porque yo no era. Luego vinieron por los de San Javier y no dije nada porque yo no era de ahí. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
En los años más oscuros de la ocupación nazi en Polonia, cuando la vida cotidiana estaba marcada por el miedo y la represión, un médico de provincia ideó una estrategia tan audaz como insólita. El Dr. Eugeniusz Łazowski, pediatra y miembro de la resistencia, convirtió la ciencia en un arma silenciosa contra el terror alemán: una epidemia ficticia de tifus que jamás existió, pero que salvó miles de vidas.
El miedo como escudo
El tifus había devastado Europa durante la Primera Guerra Mundial, matando a millones. Se propagaba por piojos, prosperaba en condiciones de hacinamiento y diezmaba ejércitos.
En la Segunda Guerra Mundial los nazis tenían órdenes estrictas:
Si aparecía el tifus…
Cuarentena inmediata.
Cero contacto.
Nadie entra.
Cero deportaciones.
El tifus era la pesadilla de los nazis. En Alemania había sido erradicado, y las tropas temían contagiarse en los territorios ocupados. Łazowski, junto a su colega Stanisław Matulewicz, descubrió que podían manipular la prueba de Weil-Felix inyectando bacterias inofensivas. El resultado: pacientes que parecían infectados sin estarlo.
Pronto, los pueblos de Rozwadów y alrededores comenzaron a mostrar un alarmante número de “positivos”. Los informes médicos hablaban de un brote epidémico. Los alemanes, aterrados, decretaron cuarentenas y evitaron entrar en contacto con la población. Lo que en realidad ocurría era un engaño cuidadosamente orquestado.
Una visita peligrosa
La tensión alcanzó su punto máximo cuando médicos militares alemanes llegaron para inspeccionar. Łazowski organizó la visita con precisión quirúrgica: los oficiales solo vieron a pacientes debilitados por otras enfermedades, reforzando la ilusión de una epidemia. El engaño funcionó. Los nazis se retiraron convencidos de que el tifus se propagaba, y la zona quedó “protegida” por el miedo.
El saldo humano
Gracias a esta ficción médica, más de 8.000 personas escaparon de deportaciones, trabajos forzados y ejecuciones. Hoy existen árboles genealógicos enteros. Hijos. Nietos. Vidas que nunca debieron ocurrir.
Łazowski arriesgó su vida en cada paso: si los nazis descubrían la verdad, la condena era inmediata. Sin embargo, la mentira se sostuvo hasta el final de la guerra. La “epidemia fantasma” quedó en la memoria como una de las más ingeniosas formas de salvar vidas durante el Holocausto.
Cuando la mentira viene de arriba
Manipular una prueba diagnóstica para fabricar una epidemia suena lejano… hasta que deja de serlo. Lo que en la Polonia ocupada fue un acto desesperado de resistencia contra un régimen genocida, décadas más tarde reapareció bajo una forma inquietantemente distinta: no para salvar, sino para disciplinar.
Kary Mullis (Premio Nobel de Química 1993) nunca diseñó el PCR como una prueba de diagnóstico. Y advirtió que la detección de material genético amplificado no equivale a un diagnóstico médico, ni permite inferir por sí sola evidencia de enfermedad activa. Según el propio bioquímico, creador del PCR (Polymerase Chain Reaction), sería un mal uso del PCR afirmar que tiene un significado clínico, ya que permitiría el error de amplificar algo muy insignificante y pequeño para darle una importancia que no tiene.
Sin embargo, el PCR fue usado como prueba de diagnóstico y con ciclos amplificados hasta producir falsos positivos masivos durante la denominada “pandemia Covid19”. No fue un error técnico inocente, sino una decisión política a contrapelo de la ciencia, con consecuencias concretas: confinamientos forzados, coerción social, censura y miedo administrado que redundó en pérdida de derechos. La falsa prueba se convirtió en un instrumento de control social, de sometimiento, haciendo realidad un escenario que pareció más bien de una novela distópica.
El Premio Nobel que lo creó hubiera desaprobado su uso como supuesto método de diagnóstico. Kary Mullis descalificó fuertemente al influyente Anthony Fauci, figura central de la autoridad sanitaria en Estados Unidos durante la crisis Covid, declarando que es un verdadero ignorante, que no entiende ni microscopía ni medicina. De forma llamativa, “casualmente”, Kary Mullis muere justo antes de la crisis Covid, en agosto de 2019.
La diferencia entre la prueba de Weil-Felix y la del PCR es moral y política: Łazowski mintió para proteger a los indefensos de un poder criminal. El Estado uruguayo comunicó y sostuvo afirmaciones anticientíficas que no se correspondían con la realidad, con el objetivo de imponer obediencia, sin debate público, sin proporcionalidad y sin rendición de cuentas. Estas decisiones no fueron el resultado de una sola persona, sino de una estructura institucional que incluyó a la Presidencia, al Ministerio de Salud Pública y a los órganos de asesoramiento científico creados a tal efecto, cuyas recomendaciones fueron presentadas como incuestionables. La responsabilidad, tanto por acción como por omisión, contó además con la complicidad política de la oposición del momento, al punto que el Parlamento actual rechazó en bloque la constitución de una comisión investigadora sobre la gestión de la llamada “emergencia sanitaria”, en una clara conspiración contra la verdad.
Un nuevo brote conveniente
Hoy, en Río Negro, Uruguay, asistimos a otro capítulo de esta lógica perversa: el brote fantasma de sarampión. No se ha informado sobre la supuesta prueba de laboratorio que confirma el diagnóstico clínico de esta enfermedad respiratoria. Un enemigo sanitario convenientemente amplificado, útil para reinstalar el miedo, justificar medidas excepcionales, vacunar y reactivar una narrativa que ya demostró su eficacia: la del peligro invisible que exige sumisión inmediata.
Spoiler
Y para el año que viene el MSP ya anunció que adelantará la campaña de vacunación de la gripe para marzo. Cuando en la pandemia Covid19, la gripe había desaparecido, ahora vuelve recargada: A(H3N2).
Cuando el miedo se fabrica desde el poder, ya no estamos ante salud pública. Estamos ante bioterrorismo de Estado.
La historia de Łazowski nos deja una advertencia incómoda: las epidemias pueden ser inventadas. La pregunta no es si es posible, sino quién miente, para qué y contra quién.
El 9 de octubre denunciábamos una publicación del MSP sobre la SÍFILIS porque informaba sobre la existencia de las vacunas contra esa enfermedad y el VIH. No existen esas vacunas en Uruguay porque no existen en el mundo.
Esta semana el MSP rectificó parcialmente su publicación original. Apenas modificó el párrafo debajo del título, pero el pie de la nota persiste tal cual: “Testeate. Vacunate. Protegete”.
Por lo tanto reiteramos el video de denuncia, para concientizar a la población sobre la INEXISTENCIA de las vacunas contra la sífilis y el VIH.
Y para alertar de la publicidad engañosa con que el MSP manipula habitualmente a la población para inducirla a acudir a un vacunatorio a recibir vacunas que no necesita.
Recordamos que el MSP paga meta$ asistenciale$ a los prestadores de salud por los indicadores sobre las tasas de vacunación. Cada pinchazo se factura y reporta un cobro al vacunatorio donde te lo aplicaron.
Recuerda: cuando un producto es gratis, el producto eres tú.
Desde 1971 existe la donación expresa de órganos en Uruguay. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante (INDT) se creó en 1978 como organismo responsable de coordinar los procesos de donación y trasplante en todo el país.
Pero fue durante el gobierno de José Mujica que se aprobó una ley que instauró el sistema de consentimiento presunto (opt-out) para la donación de órganos en personas mayores de 18 años. En términos claros: el Estado se arrogó la potestad de disponer del cuerpo de los ciudadanos salvo que éstos se presenten activamente a oponerse. No se trató de una innovación ni de un logro original, sino de la importación acrítica de un modelo previamente adoptado por otros países. Francia fue el primer antecedente en 1968; luego siguieron España, Austria, Bélgica, Portugal, Hungría, Polonia, Suecia, Finlandia, República Checa, Eslovaquia, Argentina, Bielorrusia, Chile, Uruguay, Gales, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda.
Conviene recordar una verdad material que el discurso sanitario suele ocultar: todo trasplante requiere la extracción de órganos de una persona con funciones biológicas activas. No existe extracción de órganos viables de un cadáver. Como en los sacrificios humanos de la antigüedad, alguien debe morir —o ser llevado a la muerte— para que otro viva. Para sortear el conflicto ético y jurídico que esto plantea, la medicina contemporánea consolidó la categoría de muerte encefálica, una construcción médico-legal funcional al sistema de trasplantes. Esta definición no exige, en la práctica, evidencia electroencefalográfica concluyente; no existe consenso universal sobre la necesidad de anestesia o sedación durante la ablación; y se administran bloqueantes neuromusculares para evitar movimientos que son eufemísticamente denominados “reflejos del cadáver”, pese a que el cuerpo responde con taquicardia, hipertensión y otros signos fisiológicos propios de un organismo vivo sometido a estrés extremo. «Cadáver a corazón latiente» como lo designa el documento «Pautas de mantenimiento del donante de órganos y tejidos» disponible en el sitio web del INDT. La necesidad de medicación para controlar estas respuestas desmiente la narrativa de muerte biológica. Existen, además, testimonios documentados de personas que recuperaron la conciencia durante el procedimiento de extracción.
En este marco ya de por sí controvertido, la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por el senador Martín Lema que pretende extender el sistema opt-out a menores de 18 años y a personas incapaces declaradas judicialmente. La iniciativa fue impulsada por la Fundación Corazoncitos, encabezada por el Dr. Roberto Canessa (referente en cardiología infantil) y además de Lema, contó con el apoyo de los senadores Gerardo Amarilla, Pedro Bordaberry, Daniel Borbonet, Javier Gandolfo, Patricia Kramer, Aníbal Pereyra y Carmen Tort.
El proyecto será tratado por el plenario del Senado el próximo martes y votado con carácter de urgente en la Cámara de Diputados el miércoles 17 de diciembre. De aprobarse, Uruguay se convertiría en un caso único a nivel mundial: no existe en ningún ordenamiento jurídico vigente un sistema de consentimiento presunto aplicado a menores de edad. La razón es elemental. En el derecho sanitario y civil comparado, los menores carecen de plena capacidad para consentir actos médicos de alta trascendencia. En consecuencia, las decisiones recaen en los padres o representantes legales. Incluir a los menores en un régimen de presunción estatal equivale a expropiar ese rol, vaciándolo de contenido.
Por eso, incluso en países con sistemas opt-out para adultos, la donación pediátrica exige autorización expresa de la familia, configurando un opt-in de hecho. Algunos ordenamientos admiten que adolescentes manifiesten su voluntad, pero jamás la presumen. En la práctica clínica, aun donde la ley es ambigua, los equipos de trasplante consultan siempre a los responsables legales, conscientes de la fragilidad ética y jurídica del acto.
Desde el principio de proporcionalidad, el opt-out pediátrico resulta indefendible. El número de potenciales donantes menores es ínfimo en comparación con los adultos, y su incorporación forzada al sistema tendría un impacto estadísticamente marginal en la disponibilidad de órganos. El costo ético, jurídico y social de esta medida es, en cambio, enorme.
Los sistemas de trasplantes dependen críticamente de la confianza pública. Presumir la donación en menores no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente temerario: introduce un factor de alarma social que amenaza con deslegitimar todo el sistema. No es casual que la mayoría de los países haya evitado cruzar esta frontera.
Desde el derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía superior en Uruguay, impone que toda decisión estatal priorice el interés superior del niño. La donación de órganos no reporta beneficio alguno al menor donante y, por el contrario, lo instrumentaliza como medio para un fin ajeno. Esto exige protecciones reforzadas, no presunciones automáticas. Excluir a los menores del opt-out no es una omisión: es una obligación jurídica.
Resulta alarmante que el sistema político uruguayo —y en particular sectores de la oposición— avance en una iniciativa que revela una deriva biopolítica peligrosa, en un país que además atraviesa una crisis demográfica severa, con caída sostenida de la natalidad.
La diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no se cree médico. La historia bíblica del sacrificio de Isaac por Abraham, central para el judaísmo, el cristianismo y el islam, termina con la intervención divina que detiene el sacrificio del hijo. El límite es claro. ¿Qué parte de esa enseñanza no se comprendió? ¿A los hijos de quiénes van a mandar sacrificar los médicos uruguayos? Aún no se reglamentó la ley de eutanasia para adultos y de esta forma tan simple se instituye para los menores, en forma encubierta.
Se espera que el Ministerio de Salud Pública, encabezado por la Dra. Cristina Lustemberg, quien ha reiterado que la infancia es prioridad de este gobierno, asuma una posición inequívoca contra esta aberración jurídica y ética. Su condición de pediatra no es anecdótica: implica una responsabilidad adicional. De ella no se esperan declaraciones, sino un acto concreto de defensa de los derechos fundamentales de los niños frente al avance de un Estado que pretende disponer incluso de sus cuerpos.
Nota: para manifestar la oposición a la donación de órganos compulsiva los mayores de 18 años deben firmar un documento ante el INDT o también en las direcciones departamentales de salud del MSP en el interior o su prestador de salud.
Con fecha 25/11/2025 se decretaron las modificaciones al Certificado Esquema de Vacunación (CEV) que se comenzaron a aplicar en julio: la introducción de las vacunas antimeningocócicas, hexavalente y 9valente contra VPH. Ver decreto 266/025. A partir de él serían «obligatorias» para los menores comprendidos.
Se disponía de 10 días corridos para interponer el recurso de su revocación. Se obtuvo el asesoramiento letrado de profesionales radicados en Montevideo para encarar esta acción. Esto determinó que se convocara a familias montevideanas. Ambos progenitores de cada familia debían firmar en representación de sus hijos.
El recurso evita atacar las vacunas e invocar las situaciones particulares de los menores demandantes. Está exclusivamente enfocado en los defectos jurídicos que padece el decreto y en consecuencia todo el CEV. Ver texto.
El recurso se presentó el día 5/12/2025. Esto recién empieza. El resultado final podría tener efectos generales. Quien pueda y quiera colaborar económicamente para solventar los honorarios profesionales y gastos, están disponibles varias opciones.
