El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilita el bloqueo puberal a partir de los 9 años en las niñas y de los 10 años en varones. Eso consta en la nueva versión de la guía para profesionales de la salud sobre «Salud y Diversidad Sexual», edición 2025, publicada el 3 de setiembre en el sitio del MSP.

Alerta a las familias

La novedad en la nueva guía es el capítulo 8, «Infancias, adolescencias y diversidad sexual«. Es preocupante la abolición de la patria potestad que declara en página 251: «Desmantelar la idea de familia tradicional es clave para posicionarnos desde una atención centrada en la persona«. A partir de eso, la guía no considera el consentimiento de los padres sino la autonomía de la «persona» para consentir, esto es, de un menor de edad en etapa escolar.

«Desmantelar la idea de familia tradicional» ¿no es acaso un discurso de odio contra parte de la sociedad?

Al promover la hormonización de los menores para intervenir sobre su desarrollo biológico, la autopercepción de género diferente al sexo de nacimiento es considerada un problema de salud pública por el MSP. Una cuestión de identidad y experiencia personal es trasladada al terreno médico y se crea la necesidad de intervenir sobre el cuerpo desde el inicio del desarrollo mediante hormonas y controles. Así en lugar de tratar la disforia de género, se medicaliza la pubertad. En la página 268 dice:

«Para el uso del tratamiento se debe constatar clínicamente el inicio de la pubertad (Tanner 2), definido por el crecimiento incipiente mamario (botón mamario), en las personas asignadas niñas en el nacimiento, y el aumento del tamaño de los testículos (volumen testicular mayor o igual a 4 ml con el orquidómetro de Prader), en quienes fueron asignados niños.»

Es llamativo que la medicina, aún usando una escala biológica para distinguir los sexos, adhiera al lenguaje artificial que caracteriza ese discurso deformante de la naturaleza humana («asignado» al nacer) para forzar un tratamiento que simule lo que no es.

Una de las autoras de ese capítulo es la prosecretaria del Comité de Sexualidad y Diversidad Sexual de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), que como ya informamos en publicaciones anteriores, recibe financiamiento de la industria farmacéutica.

Cuando se analizaba el proyecto de la ley trans, un grupo de médicas endocrinólogas alertó que varios estudios internacionales concluyen que la gran mayoría de los niños trans se amigan con su sexo biológico una vez superada la pubertad. La acción natural de las hormonas sexuales correspondientes al sexo biológico durante la adolescencia hacen que la auto-percepción de pertenecer al género opuesto desaparezca. El tratamiento médico bloquea el desarrollo sexual, impide que las hormonas actúen y, por lo tanto, se inhibe la realineación espontánea que se da en la mayoría de los casos.

Medicalización y iatrogenia

Medicalizar significa convertir un asunto, situación o conducta en un problema definido y tratado como médico, sometiéndolo a diagnósticos, controles o intervenciones propias de la medicina.

La medicalización ocurre cuando la medicina extiende su ámbito de intervención a aspectos de la vida que antes se consideraban normales, sociales, personales o propios de otras esferas.

De esta forma, situaciones normales como el desarrollo puberal son convertidas en patologías que requieren diagnóstico, control e intervención médica.

Una persona sana no es un paciente. No necesita ser diagnosticada, tratada ni sometida a intervenciones médicas por el solo hecho de estar sana. La medicalización rompe esa frontera: convierte al sano en paciente y al paciente en cliente dependiente del sistema de salud.

Las intervenciones médicas no son inocuas. Todas tienen efectos secundarios no esperados. A veces se informan para que el paciente junto con el médico tratante decidan en función del costo-beneficio. Pero no siempre se declaran. Muchas veces se ocultan.

La iatrogenia es el daño causado por la propia intervención médica. Es habitual en adultos que siendo sanos se someten a chequeos médicos para supuestamente detectar precozmente ciertas patologías. Una cosa es la iatrogenia en adultos pero si es a sabiendas en menores de edad, es perverso y antiético. Y esta es la novedad en la guía del MSP que habilita esa práctica para niñas desde 9 años y niños desde los 10.

Convertir menores sanos en pacientes hormonizados constituye una vil explotación del cuerpo infantil por parte del cuerpo médico que trata la infancia: los pediatras.

Y aquí aparece una de las grandes zonas de incertidumbre de este modelo: ¿qué ocurre con quienes más tarde se arrepienten? Hay quienes interrumpen los tratamientos y detransicionan. Pero las consecuencias a largo plazo de esas decisiones todavía no están adecuadamente estudiadas. La evidencia disponible es limitada y, en muchos casos, carece de períodos de seguimiento suficientemente prolongados. Hasta puede afectar la salud mental porque cuando una persona descubre que una decisión produjo consecuencias que ya no puede revertir, la carga psicológica es enorme.

Medicalización y fidelización

Cuando la salud se convierte en mercado, el paciente deja de ser solamente una persona que necesita atención: se convierte en cliente. El incentivo económico es evidente: cuanto mayor sea el universo de personas consideradas pacientes, mayor será el universo de clientes de consultas, controles, medicamentos, tratamientos y procedimientos. Y la cronificación de una patología fideliza al paciente como cliente.

Tratar sanos como enfermos no corresponde a un problema sanitario. Es un mecanismo deliberado para obtener beneficios que evidencia la corrupción de la medicina: secuestrar la salud de personas sanas, convertirlas en pacientes crónicos desde la infancia y, al medicalizarlas, provocar la iatrogenia que crea las condiciones para que se conviertan en consumidores permanentes de tratamientos y más intervenciones médicas que jamás necesitarían.

¿Qué posición hay en el mundo desarrollado sobre este tratamiento?

Desde 2024 en Inglaterra está prohibida la venta y el suministro de estas hormonas a menores de 18 años. La fuente es oficial. Pero ¿qué ocurre si a los padres se les advierte eso y se les informa de que la evidencia sobre las consecuencias a largo plazo, el arrepentimiento y la detransición es todavía limitada? ¿Qué ocurre si se les dice claramente que ni siquiera conocemos adecuadamente qué sucede con quienes posteriormente se arrepienten de haber iniciado estos tratamientos? ¿Que la capacidad reproductiva se puede ver afectada? Tal vez no aceptarían esa intervención. Y cuestionarían la falacia de atribuir a un menor de 9-10 años una autonomía suficiente para decidir sobre intervenciones médicas de consecuencias imprevisibles. La información adecuada podría llevarlos a rechazar la medicalización de un proceso que ellos mismos transitaron en forma natural. Sin médicos. Sin fármacos.

Y en plena campaña de vacunación masiva de niños y adolescentes contra el meningocuco, surge una cuestión adicional: si se les reconoce la autonomía progresiva para decidir sobre su autopercepción de género, ¿se les permite decidir sobre la vacunación?

¿Por qué, con agendas médicas ya saturadas, se crean pacientes para intervenir innecesariamente? Y aún peor: la medicación que se destina a los menores de 9 y 10 años para el bloqueo puberal se financia con los mismos recursos que los medicamentos de alto precio retaceados a pacientes que los necesitan y mueren sin acceder a ellos. Así como los recursos que se destinan a las cirugías de cambio de sexo son los mismos que para la cirugía reconstructiva de tantos casos dramáticos.

Este gobierno dice tener como bandera la lucha contra la pobreza infantil. Pero ¿qué tiene que ver la hormonización de menores con sacar a un niño de la pobreza? ¿Es esta una prioridad para la infancia uruguaya vulnerada? Desmantelar una idea de familia, ¿no es una forma vulnerar la infancia?

La inversión de las prioridades en el sistema de salud es escandalosa: mientras se destinan recursos públicos para medicalizar menores saludables de familias desmanteladas por los médicos, hay pacientes muriendo que esperan una decisión judicial para acceder a tratamientos que necesitan para vivir.