Se lanzó la campaña de vacunación contra la gripe. Pero detrás del mensaje oficial hay algo más: se impulsa, al mismo tiempo, la vacunación contra COVID-19. No es casual. Es una decisión.

La propia directora de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Dra. Catalina Pírez, lo deja claro en su discurso público: convoca a aplicarse ambas vacunas y justifica que no se requiera receta médica porque “son vacunas inactivadas”. El mensaje baja alineado, sin matices.

La vacuna contra COVID-19 que se administra es la Comirnaty, de Pfizer, de acuerdo al prospecto publicado por el MSP en su sitio web. El dato no es menor. Menos aún cuando el contrato con ese laboratorio sigue siendo confidencial. Sí: confidencial. El actual presidente denegó la información a una periodista.

Pero hay más. Mucho má$.

La Dra. Catalina Pírez no solo forma parte del organismo estatal que define y ejecuta la política de vacunación. También integra y ocupa un rol directivo en el Comité de Vacunas de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) como informa el sitio web de dicho comité:

Es su tesorera. Y esa misma sociedad recibe financiamiento de Pfizer, como muestran las convocatorias a sus actividades académicas:

Es decir: quien recomienda, quien decide y quien participa en estructuras vinculadas a organizaciones financiadas por el proveedor… es la misma persona.

¿Conflicto de interés? Como mínimo, una situación que exige explicaciones claras. Eso se denomina transparencia.

La pregunta ya no es solo si vacunarse o no. La pregunta es otra: ¿quién decide y con qué intereses se sienta a en la mesa?