A fines del siglo XVIII, el padre de las vacunas, Edward Jenner, utilizó a un niño de 8 años para probar la vacuna contra la viruela. Un niño saludable, hijo de un campesino, fue su primer paciente humano. Lo inoculó en el brazo con materia extraída de las lesiones de la mano de una mujer que ordeñaba vacas y había resultado contagiada con la viruela bovina. Tras la inoculación, el niño contrajo la misma enfermedad. Unos días después, superada la dolencia, Jenner inoculó al niño con materia procedente de las pústulas de la viruela humana. El pequeño desarrolló una leve enfermedad entre el 7º y el 9º día manifestada por vesículas en los puntos de la inoculación, que desaparecieron sin complicaciones. Luego repitió estos experimentos con otras veintidos personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió.

Era 1796. No existían los derechos humanos ni el Código de Nüremberg que requiere el consentimiento informado de los participantes en experimentos.

A mediados del siglo XX, Willowbrook State School era un hogar para niños y adultos con enfermedades mentales ubicado en Nueva York. Las familias internaban a sus seres queridos para que recibieran, supuestamente, atención especializada. En 1947 alcanzó los 4000 residentes y luego superó los 6000. Willowbrook era una pesadilla. La enfermedad y el abandono se encontraban en todas partes y los residentes morían a causa de enfermedades y abusos. El Dr. Saul Krugman, un respetado pediatra de Nueva York, quería determinar si había múltiples cepas de hepatitis y si se podía crear una vacuna. Utilizó las condiciones de Willowbrook para su ventaja al reclutar nuevos internos. Había una larga lista de espera. Krugman ofrecía a los padres darles prioridad en dicha lista, si se unían a los experimentos. Los engañó diciéndoles que, dado que la hepatitis ya era frecuente en Willowbrook, sus hijos también podrían tener la oportunidad de vacunarse.

El estudio de Krugman en Willowbrook había sido autorizado por la Oficina de Salud Mental de Nueva York y la Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas de la Oficina del Cirujano General. De 1955 a 1970, más de 50 niños con discapacidad mental de entre cinco y diez años, fueron inyectados con el virus o se les hizo beber leche achocolatada mezclada con heces de otros menores infectados para estudiar su inmunidad. Según Krugman, era probable que los internos adquirieran la enfermedad por el hacinamiento en el que vivían. Finalmente se descubrió cuánto les tomó a los menores mostrar síntomas de hepatitis. Luego de recuperados, les inocularon el virus nuevamente. Estos experimentos se realizaron para determinar si la hepatitis generaba inmunidad o reinfección.

En 1972, un reportero de la televisión, se coló en los terrenos de la escuela y transmitió las condiciones inhumanas en Willowbrook. Para ese momento, había unos 5300 internos, lo que lo convertía en el centro para enfermos mentales más grande del mundo. Alrededor de 600 tenían hepatitis. Muchos padres interpusieron demandas ante los tribunales de Nueva York por la violación de los derechos de sus hijos. Un juez ordenó en 1975, comenzar el traslado de las personas a otros centros. Willowbrook cerró en 1993. El estado de Nueva York fue condenado a velar de por vida por las óptimas condiciones de los nuevos hogares de los sujetos.

En el siglo XXI, tuvo lugar el mayor experimento para probar una nueva vacuna. No se habría aplicado compulsivamente a niños vulnerables sino que el método utilizado fue otro para que su alcance no estuviera acotado, sino que fuera mundial. En 2019 se liberó en China un supuesto virus mortal. Se amedrentó con el peligro y la amenaza que implicaba para todo el planeta. Se cerraron fronteras, se forzó al confinamiento de sanos y se impuso la higiene extrema. Sin embargo, la población de indigentes que habitaban espacios públicos y no respetaba ninguna de estas absurdas imposiciones supuestamente «preventivas», no sucumbía al mortal virus suelto. En realidad, lo que demostró es que el montaje del terrorífico escenario tenía como objetivo el de crear en la gente la necesidad imperiosa de aceptar una vacuna salvadora y experimentar con ella con todos confinados.

Así, durante el 2020, primer año de pandemia en Uruguay, fallecieron menos personas que el año anterior. La vacuna llegó en febrero de 2021 y a partir de ese momento se dispararon las muertes de las personas añosas y no tanto. Y entre los vacunados sobrevivientes se multiplicaron por tres las muertes súbitas. Pero a la fecha nadie las asocia a la vacuna anticovid19, ni siquiera la especialidad (cardiología) que reportó esa evidencia como significativamente estadística.

La vacuna era experimental porque había sido liberada tan sólo con una habilitación provisoria por los reguladores Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y Agencia Europea de Medicamentos (FDA y EMA por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades uruguayas ocultaron a la población esa condición y la propaganda destacaba sólo sus supuestas bondades salvadoras.

En su lanzamiento, la información sobre su supuesta eficacia era exitista para dar confianza en la gente que desesperadamente la ansiaba para ahuyentar la muerte y aferrarse a la vida. Pero a medida que se aplicaba, la verdad sobre su eficacia fue quedando en evidencia, como da testimonio un video basado en los titulares de los medios y desplegados en forma de cuenta regresiva: del 100% inicial a tan sólo 20%. Ese fracaso llevó a que se indujera a revacunar con refuerzos (“booster”). Pero eso tampoco fue suficiente como el final del mismo video documenta. Es obvio que la vacuna resultó un fiasco pero finalmente la vacuna Comirnaty de Pfizer fue aprobada definitivamente para los mayores de 12 años por la FDA.

En Uruguay rige el derecho al previo consentimiento informado tanto para someterse a procedimientos médicos como para participar de experimentos médicos. Pero no habrán juicios contra los fabricantes de las vacunas anticovid19 por el exceso de muertes ni por otros efectos ahora declarados por ellos, porque a los vacunados se les exigió suscribir la renuncia a ese derecho, tanto del propio como también del de los hijos e incapaces que llevaron a vacunar con la vacuna experimental. Mediante el “Acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita” que se le hizo firmar a cada persona como condición para recibir las vacunas anticovid19, los fabricantes obtuvieron la inmunidad jurídica. En 2022 en el transcurso del amparo a cargo del Juez Alejandro Recarey para suspender la vacunación contra COVID-19 en los menores de 13 años, fue convocada la empresa Pfizer pero no se presentó. Eso surge de la sentencia 41/2022: “Respecto del contenido de las vacunas, el Estado reproduce la información que da la propia empresa Pfizer-BioNTech -que no ha respondido a la Justicia uruguaya, y que no tiene personal de nivel gerencial responsable ubicable en el suelo nacional-: la llamada ‘fórmula cuali-cuantitativa’’”. Resulta entonces que es imposible demandar a Pfizer tanto en su país de origen como en Uruguay.

Cuando no existían los derechos, los vulnerables eran abusados sin consecuencias.

Cuando los derechos se conquistaron, se creyó erradicada la impunidad.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Con claros derechos vigentes, nos convencieron de renunciar a ellos para convertirnos en los cobayos del mayor experimento médico en la historia de la humanidad. Y así se legaliza nuevamente la impunidad de los abusadores.