El 3/12/2025 sesionó la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) del MSP. La resolución fue tan previsible como automática: en 2026 se continuará promoviendo la vacunación contra COVID-19, ahora bajo la fórmula de la “variante actualizada”. La pandemia terminó. El negocio, no.

Tal como consta en el acta, en esa comisión participó con voz y voto la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), una corporación médica que recibe financiamiento directo de Pfizer, fabricante de la vacuna recomendada. No es una sospecha ni una interpretación maliciosa: es un hecho público. El conflicto de interés es grosero, estructural y completamente normalizado. Y, sin embargo, nadie parece advertirlo. O peor aún: todos lo ven y lo toleran. No asesoran: venden. No deliberan: alinean.

El propio material de difusión de la SUP lo expone sin pudor: el flyer publicado en su sitio web. Que una organización financiada por un laboratorio intervenga en la definición de políticas públicas que benefician directamente a ese mismo laboratorio no es ciencia, no es salud pública y no es ética. Es captura regulatoria. Es lobby sanitario con bata blanca. Y debería bastar para poner en cuestión la legitimidad de todas las resoluciones de la CNAV e incluso para exigir responsabilidades políticas al MSP.

El problema se agrava cuando se constata que la ministra de Salud Pública —pediatra de profesión— figura como afiliada a la propia SUP, según su padrón de socios. El conflicto de interés ya no es periférico: alcanza a la máxima autoridad sanitaria del país. Aun así, nadie se inmuta. No hay escándalo, no hay debate, no hay rendición de cuentas. Silencio administrativo.

Como si fuera poco, se anunció además el adelantamiento de la vacunación antigripal, consolidando el combo COVID-19 + gripe. Ya no se trata solo de niños, sometidos a un calendario vacunal cada vez más inflado, sino de toda la población convertida en clientela cautiva del complejo médico-industrial.

Lo que deliberadamente no se informa a la ciudadanía es un punto central: si la vacuna contra COVID-19 cuenta hoy con aprobación definitiva de los reguladores de referencia o si continúa amparada únicamente en la habilitación de emergencia de la FDA bajo la cual fue aplicada durante la pandemia, como informaba el GACH. No es menor que el contrato permanece clasificado como confidencial: el gobierno actual negó su acceso a una periodista. Ver aquí.

La pandemia pasó.
El miedo quedó instalado.
Y la maquinaria vacunal sigue facturando: sin emergencia, sin debate y sin pudor.

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