La Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) tiene un estricto posicionamiento sobre los medicamentos en las escuelas. Por eso su personal no está habilitado a administrar ningún fármaco a los escolares, aún con la autorización de los padres. Como consecuencia de ello, los padres deben concurrir con la medicación a la escuela para administrarla a sus hijos, puesto que el botiquín escolar carece de medicamentos pediátricos, como lo establece la “Guía de acción Ante problemas sanitarios en los locales de enseñanza” aprobada por la circular 43 de 2013 en ANEP.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) nos informa que las vacunas son medicamentos biológicos. Como tales, su presencia y administración en los ámbitos educativos no está justificada. Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS), financiada en gran parte por los fabricantes de vacunas, recomienda la vacunación en las escuelas. Y por eso desde hace tiempo, y siempre en la previa electoral, el MSP va las escuelas a suministrar vacunas en condiciones de alta peligrosidad.

En 2019, el MSP había recorrido escuelas y colegios para vacunar al alumnado de 11 años de edad contra el Virus Papiloma Humano (VPH) y con la vacuna triple bacteriana. En aquella oportunidad, se había requerido a los padres devolver firmado el formulario de autorización para vacunar o no a sus hijos. Sin embargo hubo errores. Menores sin autorización de sus padres y sin considerar su derecho a la autonomía para expresar su voluntad, fueron igualmente vacunados violando sus derechos. El MSP reconoció un error pero fueron más de uno solo. Y este reconocimiento no revierte la vacunación impuesta ilegalmente a esos niños y sus consecuencias. Es de recordar que en Uruguay no existe un sistema de indemnización por daños de vacunas como existe en los países desarrollados. Las razones para no vacunar pueden ser varias, pero la primera de todas es que los niños ya hubieran recibido la misma vacuna, en cuyo caso pueden sufrir una reacción hiperinmune si son revacunados.

Recientemente el MSP anunció que este mes de mayo concurrirá a las escuelas para vacunar al alumnado de 11 años contra el VPH. Hay que recordar que el VPH es una infección de transmisión sexual, esto es, los menores no la contraen en las actividades propias de su edad ni en la escuela, donde habitualmente se transmiten otras enfermedades típicas de la infancia.

La vacuna contra el VPH que hoy se aplica tanto a niñas como a niños, se empezó a aplicar en todo el mundo sólo a las niñas en 2006. El VPH está asociado al desarrollo del cáncer de cuello uterino (CCU) que algunas mujeres padecen luego de los 40 años de edad. Actualmente ninguna de las niñas que recibieron esa vacuna alcanzaron los 40 años y por lo tanto no está probado que la vacuna sea efectiva contra el CCU. En cambio muchas de ellas han sufrido sus efectos adversos y por esa razón se han constituido organizaciones de afectadas por esa vacuna en muchos países alrededor del mundo para denunciar su situación. En nuestro país también se han registrado efectos adversos graves por esa vacuna y en cambio no se ha registrado la disminución del CCU en vacunadas. Aún persisten los testimonios en Internet sobre los casos que en 2018 se hicieron públicos, de la hija de la exsenadora Verónica Alonso y de otra adolescente, que habían perdido la visión. Entre otros efectos adversos de esta vacuna advertidos por el fabricante, los constatados y reportados por el MSP son: neuritis óptica, convulsiones, síncope y parestesia.

El registro personal de las vacunas recibidas es información de salud. La ley 18331 de protección de datos personales determina que la información de salud es dato sensible, como la opción sexual, y que nadie puede ser obligado a proporcionar esos datos. Los centros educativos no están habilitados a exigir el estado vacunal de su alumnado. Muy por el contrario, los padres tienen derecho a exigir desactivar la opción en la plataforma GURÍ que habilita a la escuela a vacunar a sus hijos.

El MSP no controla las vacunas que importa y distribuye. Por eso no está en condiciones de detectar partidas falladas y por lo tanto el personal de ANEP sería cómplice de los daños que esas vacunas no controladas y aplicadas a sus alumnos pudieran ocasionar.

Los centros educativos (públicos y privados), lugares seguros por excelencia para los alumnos, con la presencia del MSP se convierten en peligrosos para ellos al poner en riesgo sus derechos fundamentales. LA ESCUELA NO ES UN VACUNATORIO.