¿Complicidad de nuestra autoridad sanitaria y la industria farmaceútica?

¿O simple negligencia?

El 13 de marzo de 2020 fue decretada la emergencia sanitaria por COVID-19 en Uruguay.

El 15 de marzo, el Dr. Pedro Bordaberry fue diagnosticado con COVID-19 a partir de una prueba de laboratorio. Según su testimonio brindado al programa Desayunos Informales, su médico tratante, Dr. Jorge Facal, le habría indicado un tratamiento contra la malaria: se trataba de la hidroxicloroquina (HCQ).

En abril, la empresa Roemmers Megalabs concretó “una importante donación de Droxiquina (hidroxicloroquina) al Ministerio de Salud Pública, demostrando su apoyo al Gobierno en el combate contra COVID-19.” Allí consta que el destino de la donación era el tratamiento de pacientes con COVID-19, mencionando incluso su demostrada eficacia en dicho tratamiento.

Decidimos investigar sobre esta “importante donación” y los resultados de su aplicación para el destino dispuesto por el donante: tratamiento de pacientes con COVID-19. Para eso nos dirigimos ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ante la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA). En este trabajo pudimos constatar que:

En síntesis, de las respuestas obtenidas resulta que fueron entregadas 5000 cajas de HCQ a la DNSFFAA con el fin de tratar la COVID19. El ensayo habría sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital Militar, pero nunca puesto a consideración de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación (CNEI), como establece la normativa vigente en Uruguay sobre ensayos clínicos en humanos. Eso derivó en la renuncia de diez de los miembros de la CNEI.

Finalmente la HCQ no fue usada para el destino que motivó la donación de Roemmers Megalabs, que era tratar pacientes con COVID-19. En la respuesta de la DNSFFAA se justifica esta decisión afirmando que “no se contaba con evidencia científica que avalara la indicación formal”. La HCQ fue destinada a “la reposición según los retiros para el uso habitual”, nos respondió la DNSFFAA.  Ahora bien, el “uso habitual” de la HCQ es como antiparasitario contra la malaria. En Uruguay no hay malaria. Pero en los destinos donde el Ministerio de Defensa despliega las misiones de paz, esa enfermedad está presente y constituye un riesgo para los efectivos. De modo que el MSP derivó la donación al único destinatario que le podría dar el uso original y despreció la voluntad del donante de la HCQ. ¿Por qué?

Uruguay no fue el único que recibió HCQ en carácter de donación. Varios países en desarrollo fueron destinatarios de esta iniciativa de apariencia tan altruista: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay. ¿Y por qué la industria farmacéutica habría de tener este rapto de generosidad?

Se hizo público a nivel mundial un escándalo de corrupción para promover un medicamento antiviral y que involucraba a la HCQ como chivo expiatorio. A pesar del beneficio de la HCQ en el tratamiento de la COVID-19, Francia prohibió su uso en base a un estudio publicado pero fraudulento que apenas unos días después fue desacreditado por la prestigiosa The Lancet. En el estudio se había usado una dosis intencionalmente alta en un intento de hacer que la HCQ resultara tóxica. Además, durante la pandemia, se reveló que Gilead Sciences (fabricante de Remdesivir) pagó a médicos académicos que se manifestaban públicamente contra el uso de HCQ. A pesar de que Remdesivir no tiene beneficios clínicos estadísticamente significativos y que es altamente tóxico para los riñones y los pulmones, se firmó un contrato de 1000 millones de euros entre Gilead y la Unión Europea. Esto desplazó la HCQ –más barato, además, que el Remdesivir–,  del mercado europeo y alentó a sus promotores a intentar introducirlo en los países de segunda. Justo antes de que se firmara este contrato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el uso de Remdesivir debido a su ineficacia, alta toxicidad renal y alto costo.

Es evidente que jamás estuvo en los planes del MSP adoptar un tratamiento terapéutico y barato contra el COVID-19. Su elección fue apostar al único tratamiento impulsado desde la OMS: la vacunación experimental amparada en contratos secretos multimillonarios, sin importar el altísimo costo económico, pero sobre todo en vidas y salud de la población. En consecuencia hubo muchas vidas perdidas supuestamente víctimas de un virus, cuando en realidad lo fueron por la obediencia casi militar a directrices, sin un análisis crítico; y salud afectada por los efectos adversos de vacunas experimentales que se aplicaron a mansalva sin criterio alguno.