GAPIIA: proyecto para la desfamilización de la sociedad uruguaya

El 6 de julio se aprobó por unanimidad en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes (CEPDCRR), el proyecto de ley “Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA)”. Fue presentado por la diputada del Frente Amplio, Dra. Cristina Lustemberg.

Más burocracia

Propone un diseño organizacional para coordinar organismos gubernamentales existentes con el objetivo de crear una política de Estado sobre infancia y adolescencia. Se elaboraría un plan estratégico nacional con base en «un enfoque integral e integrado» de todo lo ya existente en el tema, cuya herramienta básica sea la centralización y ampliación de la información, creando un órgano unificador para su dirección nacional.

El proyecto establece la creación de una superestructura que comprende: un gabinete a cargo del Ministerio de Desarrollo Social con la participación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “en tanto órgano rector en materia de políticas de niñez y adolescencia”, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), una Unidad de Coordinación creada en el Ministerio de Economía y Finanzas y la integración con “sectoriales” a definir por el Gabinete. Además, alcanza a los intendentes de los 19 departamentos.

Todo este aparato para «que coordine, realice una correcta planificación, priorice la inversión, amplíe coberturas y mejore la calidad de los programas para atender a quienes se deben atender y en mejores condiciones, que fomente una política participativa y sostenible que al involucrar distintos actores de la sociedad, los haga corresponsables de la atención integral”, es tan sólo una descripción engañosa de la CEPDCRR en su informe, puesto que el proyecto evita explícitamente asignar recursos que permitan ampliar las coberturas, las cuales se mantienen como hasta el presente. Y mucho menos se puede encontrar dónde está el involucramiento de distintos actores de la sociedad civil (como cita en otro pasaje) puesto que el sistema solo prevé la participación de actores gubernamentales, como hasta el presente.

En el informe de la CEPDCRR abundan las frases bonitas pero totalmente huecas. Es preocupante que la Comisión haya aprobado el proyecto en estas condiciones que hacen dudar de su viabilidad, aún salvando el resto de las críticas que merece.

Medicalización, injusticia y $alud

El proyecto define primera infancia al período comprendido desde el nacimiento a los 5 años de edad, la infancia de los 6 a los 12 y la adolescencia de los 13 a los 17.

Establece que “todo niño, niña o adolescente tiene derecho al más alto nivel de salud» pero omite definir ese concepto. El “más alto nivel en salud” no existe en la normativa uruguaya ni siquiera en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Por lo tanto no hay indicador alguno que permita medir el nivel de salud de un habitante de Uruguay. Como ocurre en estos casos de indefinición, es de esperar que cualquier arbitrariedad resultará de su aplicación.

Incluso, puede ser una patente para que se persiga a los padres por no acatar imposiciones de los pediatras y médicos en general, imposiciones contrarias al derecho del previo consentimiento establecido por ley 18335 y al Código de Ética Médica también establecido por ley, la 19286. Como ejemplo, baste citar que los controles pediátricos y las vacunas no son obligatorios en Uruguay y, sin embargo, hay familias judicializadas por denuncias ilegales a instancias de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) ante los juzgados del interior.

El SNIS instauró las metas asistenciales que paga el Ministerio de Salud Pública a los prestadores de salud. Invocar el “más alto nivel de salud” puede derivar en intervenciones excesivas e innecesarias tan sólo para obtener el rédito económico que reportan dichas metas como ya ocurre en muchos casos.

Inequidad y marginación

El art. 5 propone reducir la mortalidad infantil mediante el diagnóstico precoz de determinadas patologías en el primer trimestre del embarazo y asegurar la atención sanitaria prenatal universal. Sin embargo, dichas prestaciones ya existen y todas las usuarias del SNIS ya tienen acceso a ellas, sean menores de edad o no. La imposibilidad de acceso a la atención sanitaria prenatal sólo la padecen quienes no son usuarias del SNIS, esto es: las mujeres con trabajos informales que no aportan al FONASA, de contextos socio económicos críticos y las privadas de libertad. Este proyecto tampoco las alcanzará ni a sus hijos, como ya ocurre.

En el mismo art.5 pero en el apartado sobre educación, el proyecto establece “asegurar las trayectorias educativas continuas para el desarrollo y la inclusión social”. Esto amparará a los educandos que asisten a los centros educativos pero margina a aquellos que abandonan y sus padres son privados de recibir las asignaciones familiares sólo por ese motivo, como ocurrió el año pasado con 7.430 familias del Plan de Equidad. Sin embargo los progenitores que incumplen servir la pensión alimenticia son perseguidos por el mismo Estado para obligarlos a ello.

El proyecto debería establecer el mecanismo para recuperar a los educandos que abandonan el sistema educativo. En cambio, los desampara, perpetrando represalias contra sus familias que son marginadas del sistema por el propio Estado.

Nuevamente, deseos bonitos en el proyecto, que poco tienen que ver con la realidad que busca mejorar.

Mega control

El GAPIIA persigue la hiper vigilancia global y masiva mediante la integración de sistemas de información existentes para gestionar servicios del estado, cual panóptico de una cárcel. En primer lugar, el art.14 refiere a “un sistema único de información y seguimiento de mujeres gestantes”, el cual es ilegal. Las gestantes no son ciudadanas peligrosas ni hembras preñadas de crías a chipear luego de la parición. Además la gestación no es una patología a la espera de algún tratamiento, por lo que no corresponde un registro para seguimiento, sino tan sólo con fines estadísticos y para la mejor gestión de los recursos que habitualmente demanda esa condición. Es bueno recordar que no es la primera vez que la Dra. Lustemberg intenta someter a las embarazadas y sus nonatos, retrocediendo en derechos conquistados por las mujeres (ver antecedente).

Y en segundo lugar el art.17 crea el Plan de Integración de Información a partir de sistemas existentes como el Sistema Informático Perinatal, el de Certificado de Nacido Vivo, el Sistema de Información para la Infancia y otros sistemas en la órbita de diferentes organismos. Hay que destacar que quienes están marginados de la sociedad, lo están de los sistemas de información, como el de identificación civil. Por más sistemas que se integren, las familias con ingresos precarios o informales están ausentes de varios de ellos y por lo tanto este proyecto es incapaz de alcanzar a los niños marginados de la sociedad por vivir en familias de contexto socio económico crítico o bajo la línea de pobreza.

O sea, que el nuevo sistema es más de lo mismo: un gran aparato que sigue dejando fuera lo que ya estaba sin cobertura.

Estado autoexonerado

El proyecto utiliza muchas veces el verbo “deber” para obligar al Estado pero lo evita en un aspecto determinante. En el art.6 se establece que «La calidad de los planes y las intervenciones será evaluada y monitoreada….«, en lugar de imponerle con un estricto DEBERÁ la obligación de evaluar, monitorear, controlar y auditar que garantiza los derechos a los menores de 0 a 17 años. El art.14 describe las fases de aplicación de la ley donde nuevamente se mencionan los “mecanismos de evaluación y monitoreo” sin el peso de la obligación para asegurar la eficacia del GAPIIA.

Por otra parte, el proyecto no establece la necesidad de presupuesto para los recursos que requieren estas acciones porque considera que los organismos implicados ya disponen de los recursos necesarios. Pero eso es irreal, no solo por la nueva estructura creada, sino observando las negociaciones en curso por la ley de Rendición de Cuentas de este período que huelgan todo comentario al respecto.

Expropiación

El art.7 dispone la “atención transitoria” para situaciones consideradas de emergencia y especiales. La emergencia requiere una “intervención urgente” para evitar “en lo inmediato, la pérdida de la vida” del menor. Las especiales corresponden a medidas de urgencia dispuestas por el Poder Judicial. ¿Cuándo cesa la atención transitoria generada en estos casos? Tampoco está eso definido y es fundamental para evitar que pueda extenderse más de lo estrictamente necesario la separación forzada de un menor de su contexto familiar. Además, sorprende que el objetivo sea tan solo tratar los síntomas sin atacar las causas de las situaciones de emergencia.

Maltratador y abusador de menores

Pero más grave aún es que el proyecto omite establecer un mecanismo especial para evitar la ocurrencia de situaciones de emergencia en los propios organismos mandatados para proteger menores, tal como se desprende de los innumerables informes que persisten en los medios. Tal el sonado caso que terminó con funcionarios procesados por ejercer violencia contra los internos, así como también situaciones recientes de abuso sexual, dentro y fuera de los establecimientos del INAU.

Es sorprendente que el GAPIIA pretenda garantizar derechos de menores por los organismos gubernamentales dedicados a ellos pero que los vulneran sistemáticamente de todas las formas posibles. Es notorio que tanto el INISA como el INAU no están actualmente en condiciones de atender transitoriamente a los menores de edad a su cargo y es de suponer, que con igual presupuesto y mayores responsabilidades resultantes de este proyecto, la situación empeorará. En efecto, los ejemplos abundan: denuncias por maltrato a los internos del INISA,  internos del INAU que son retirados sin autorización, adolescentes víctimas de explotación sexual, el reciente dramático caso por el que el INAU retiró la patria potestad de una madre sobre su hija para entregarla a tíos a cuyo cuidado muere víctima de violencia. Y casos de abuso sexual entre internos y hasta suicidio en el INISA, según declaraciones de sus autoridades.

Adoctrinamiento

No sólo son vulnerados los derechos de los menores internados. Los Centros de Atención a la Infancia (CAIF) reciben diariamente menores acompañados de sus padres. En ellos se dispone el uso de los baños en modo “inclusivo”. La foto al pie de esta nota documenta los baños actuales que usan los menores en clara oposición a la normativa vigente de la Administración Nacional de Enseñanza Primaria (ANEP) que establece “uno por sexo”.

Es, además, una violación a los derechos de las familias: los que prohíben que los niños sean adoctrinados en ideologías y principios que sus padres no autorizan. El INAU no puede decidir por los padres que son los responsables de la educación de sus hijos de acuerdo al artículo 41 de la Constitución. Y este proyecto lejos de garantizar el acceso a la educación que los padres consideren más adecuada para sus hijos, promueve la grieta entre las familias que pueden pagar educación privada acorde con sus principios y las que se ven obligadas a recurrir al Estado para confiarle sus hijos.

Desfamilización de la sociedad

El INAU obtiene su presupuesto en función de la cantidad de los menores que atiende. Cada menor expropiado a una familia, ya sea en régimen de internación o ambulatorio, les reporta mayor presupuesto. En lugar de proteger y amparar a las familias carenciadas para el ejercicio del derecho a la crianza de sus hijos de acuerdo a sus principios, se dedican recursos y se promueve al organismo más incompetente como familia sustituta.

Para proteger a los menores, como es de Perogrullo, lo imperioso es facilitar condiciones dignas a sus familias en lugar de usurpar su rol como legítimos responsables de su educación. Y no hay nada en este proyecto que, por lo menos, tienda a brindar las oportunidades de acceso a dichas condiciones.