El mantra “las vacunas salvan vidas” no es ciencia: es un acto de fé sostenido contra la evidencia. Es propaganda. ¿La prueba? Los propios datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Lejos de confirmar el relato oficial, sus registros lo desmienten o, en el mejor de los casos, lo dejan sin sustento. Basta analizarlos para que aparezca lo que se oculta: contradicciones, vacíos y una evidencia incómoda que nunca llega al discurso público.

Ya es conocida la publicación oficial anual de los efectos adversos por vacunas o ESAVI (efectos supuestamente atribuídos a vacunación e inmunización) en el sitio web del MSP. Pero faltaba otro tipo de información no contabilizada como efecto adverso: los vacunados que enferman y hasta mueren por la misma enfermedad contra la que se vacunaron. Se creían protegidos ellos y creían que era un acto de solidaridad para cuidar a los demás.

Mediante un pedido de acceso a la información pública, solicitamos datos sobre las vacunas incluidas en el Certificado Esquema de Vacunación (CEV) y aplicadas en la población uruguaya durante el período 2019–2025. En particular, pedimos:

1. la cantidad de casos de enfermedades inmunoprevenibles en personas vacunadas contra ellas, y
2. la cantidad de fallecidos por esas mismas enfermedades en personas también vacunadas.

El CEV incluye 15 vacunas contra enfermedades inmunoprevenibles: tuberculosis, tétanos, difteria, tos convulsa, polio, sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A, hepatitis B, haemophilus influenzae tipo B, meningitis tipo B, meningitis ACWXY, varicela y VPH.

La respuesta oficial, disponible públicamente, resulta elocuente pero también problemática. Los datos son difíciles de comparar: algunos registros abarcan únicamente un año, mientras otros cubren todo el período solicitado. Esta falta de uniformidad metodológica limita cualquier análisis serio, aunque no impide advertir ciertos patrones relevantes.

De los propios registros del MSP surge que personas vacunadas —adultos y niños— enfermaron de patologías contra las cuales supuestamente habían sido inmunizadas, y que incluso se registraron fallecimientos. Esto no debería sorprender: los propios fabricantes advierten en sus prospectos que las vacunas no garantizan protección absoluta. Sin embargo, el eslógan «las vacunas son seguras» excluye esa información del discurso público oficial.

Repasando las 15 vacunas y los datos proporcionados, se observa que sobre hepatitis A faltarían datos. Sobre difteria, polio y rubéola, el MSP informa que no se registran casos y por lo tanto no hay fallecidos. Y sobre el VPH reconoce que no existen datos porque no es una enfermedad de notificación obligatoria según el decreto 41/012. En otras palabras, no existe un registro sistemático de su incidencia en Uruguay. Esto abre interrogantes inevitables: ¿sobre qué base empírica se promueve la vacunación contra el VPH? ¿Cómo se evalúa su impacto? ¿Cómo se justifica su costo? Si se desconoce las personas con VPH y los fallecidos por VPH, ¿qué sentido tiene la vacunación contra VPH? ¿Cómo se evalúa el costo-beneficio de la vacuna entre su supuesto beneficio y los graves efectos adversos que genera a la persona vacunada?

Una posible respuesta es que la vacuna contra el VPH no pretende erradicar el VPH sino que apunta a prevenir ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de cuello uterino (CCU). Sin embargo, aquí aparece otra inconsistencia: el tradicional PAP para detectar el CCU ha sido reemplazado por el test de VPH para detectar la infección por el virus. Si se promueve activamente la detección de la infección mediante nuevas herramientas diagnósticas, debería existir también un sistema robusto de registro y seguimiento. De lo contrario, se genera una paradoja: se busca detectar lo que no se mide. Y además, ¡se debería tratar la infección por VPH para evitar el cáncer!

En definitiva, más que certezas, lo que emerge es un conjunto de vacíos, inconsistencias y decisiones difícilmente justificables desde una perspectiva de salud pública basada en evidencia sólida. Y surge la legítima suspicacia de quiénes son los que se benefician…

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El MSP agita la meningitis sin vacunas disponibles

Un mes antes de comenzar el año lectivo, a comienzos de febrero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció con bombos y platillos que este año vacunaría a menores de 11 años con TRES vacunas en las escuelas: la nueva vacuna contra el VPH, la antimeningocócica (MenFive®) y la triple bacteriana habitual.

Desde entonces advertimos que la escuela no es un vacunatorioy que cualquier intervención de este tipo requiere el consentimiento expreso de los padres. También alentamos a presentar una carta ante los centros educativos para desactivar en la plataforma GURI la opción oculta a los padres que habilita la vacunación en el ámbito escolar.

Ante la magnitud del anuncio, se solicitó información formal al MSP sobre aspectos básicos que deberían haber estado resueltos antes de cualquier comunicación pública: registro y habilitación de las vacunas, prospectos en español, evidencia sobre la seguridad de la coadministración, textos de consentimiento informado y datos precisos sobre stock, lotes, vencimientos y entregas previstas.

El 2 de marzo comenzaron las clases pero las vacunas faltaron sin aviso. La gente con contactaba preocupada por la falta de información. Por eso muchos se adelantaron a presentar la carta para desautorizar la vacunación en GURI.

Apenas dos semanas después, el 16 de marzo, falleció una escolar de cinco años por meningitis. Los titulares no se hicieron esperar: “Infectólogo Galiana exhortó a la vacunación contra el meningococo en niños y adolescentes tras caso de muerte de alumna de Escuela 182”.

Sin embargo…

Una semana después de esa tragedia, el 23 de marzo, la respuesta oficial del MSP confirmó lo que el anuncio inicial había omitido: no hay stock para cumplir con la vacunación prometida en las escuelas. La partida de la vacuna contra el VPH no ha llegado y la antimeningocócica ni siquiera tiene fecha de arribo. Es decir, la política fue anunciada sin respaldo logístico.

Frente a este vacío, el MSP reorientó la agenda hacia la vacunación antigripal, en una maniobra que parece buscar desplazar el foco del bochornoso incumplimiento en el ámbito escolar.

Mientras tanto, las familias que opten por cumplir la agenda vacunal de los menores de 11 años deben saber que la vacuna contra el VPH actualmente disponible en los vacunatorios es la tetravalente (no la nonavalente anunciada). La disponibilidad de triple bacteriana puede ser lo aceptable para muchas familias.

El cuadro es preocupante: anuncios grandilocuentes sin sustento, información incompleta y una ejecución irresponsable que queda muy por detrás de lo prometido. El resultado es más grave que un problema de comunicación: desde el año pasado se está generando alarma por el riesgo de muerte por meningitis mientras el propio sistema no cuenta con las vacunas necesarias para responder a la demanda de vacunas derivada de la preocupación generada a los padres por las mismas autoridades.

No es un problema de comunicación ni de percepción. Es una forma de irresponsabilidad sanitaria: advertir sobre un riesgo grave sin garantizar, al mismo tiempo, los medios materiales para enfrentarlo.

¡Se terminó el recreo!

Documentos oficiales recientemente publicados en Estados Unidos confirman que funcionarios de la Casa Blanca del gobierno de Biden maquillaron los informes del CDC sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 en enero de 2023, cambiando la descripción de «moderadamente elevado» a «ligeramente elevado» para el riesgo de accidente cerebrovascular, eliminando por completo las palabras «riesgo potencial».

Todo esto ocurrió mientras la misma administración impulsaba agresivamente la vacunación de refuerzo y acusaba públicamente a investigadores de salud independientes de difundir desinformación.

Esto está documentado. Y para quienes vivimos la censura coordinada de las plataformas digitales, es una confirmación que llega con todo el peso de la reivindicación por la desconfianza que manifestamos en su momento. Fueron años desfigurando la palabra «vacuna» en las redes para eludir la policía cibernética: los algoritmos sesgados.

La cronología de los hechos es demoledora. A principios de 2022, los CDC detectaron cientos de señales de seguridad para las vacunas originales contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna en la base de datos VAERS. Las señales indicaban que las vacunas podían causar ciertos problemas de salud. En otoño de 2022, las autoridades estadounidenses autorizaron las vacunas de Pfizer y Moderna sin disponer de datos en humanos. La autorización se expidió con carácter de emergencia hasta hoy, ya que nunca tramitaron la definitiva. La vacuna se sigue vendiendo.

En noviembre de 2022 emerge la señal de alerta sobre el ictus isquémico. En lugar de comunicarlo de forma transparente al público, lo que siguió fue una operación editorial burocrática. Un correo electrónico interno del 12 de enero de 2023 confirma que funcionarios de la Casa Blanca habían revisado el informe del CDC y lo habían devuelto con modificaciones para minimizar la alarma pública, con la instrucción de que «no querían volver a ver este documento».

No se trataba de un desacuerdo científico. Se trataba de una intervención política en la comunicación sobre salud pública respecto a una señal de seguridad confirmada. Peor continuaron recomendando que los adultos mayores recibieran las vacunas contra la COVID-19 simultáneamente con las vacunas antigripales, la combinación precisa que luego se identificó como la causante del elevado riesgo de accidente cerebrovascular.

Posteriormente, en marzo de 2023, apareció una segunda señal de accidente cerebrovascular isquémico en la base de datos VAERS. Pero las autoridades federales la revisaron y declararon que no existía evidencia de problemas de seguridad. Un año después, en marzo de 2024, investigadores de la FDA confirmaron un riesgo elevado de accidente cerebrovascular no hemorrágico en personas mayores tras la vacunación, un riesgo que persistía específicamente entre quienes habían recibido la vacuna contra la gripe junto con la vacuna contra la COVID-19. El gobierno había recomendado esa combinación.

Desde la detección inicial de la señal de seguridad a finales de 2022 hasta al menos setiembre de 2024, las autoridades continuaron declarando que la vacuna era segura mientras, simultáneamente, ocultaban las pruebas que lo contradecían.

El detalle más indignante: la cancelación por decir la verdad

Mientras los funcionarios de la Casa Blanca suavizaban el lenguaje sobre el riesgo de sufrir un derrame cerebral, las autoridades convocaban conferencias de prensa nacionales acusando de «matar gente» a quienes compartían informes sobre las lesiones causadas por las vacunas y abogaban por la transparencia.

Documentos internos confirmaron posteriormente que la Casa Blanca, en coordinación con las grandes plataformas tecnológicas, orquestó una campaña sistemática para eliminar de las redes sociales contenido sobre daños causados ​​por las vacunas. Se trató de suprimir información médica verificada; información que, de haber llegado al público, podría haber cambiado las condiciones para millones de personas, incluidos los adultos mayores que ahora se sabe que enfrentaron un mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a la combinación de vacunas que se estaba promocionando agresivamente en ese preciso momento.

El Código de Núremberg existe por una razón: el consentimiento informado para la experimentación en humanos no es una cortesía, sino un principio fundamental de la ética médica y los derechos humanos. Lo que se llevó a cabo aquí fue su violación sistemática, coordinada entre agencias gubernamentales, plataformas privadas e instituciones académicas, con el propósito vacunar con un producto experimental a expensas de la información sobre la seguridad del paciente.

La operación de los influencers

Lo que hace aún más reprobable el encubrimiento del derrame cerebral por parte de la Casa Blanca es que la supresión de datos de seguridad no fue meramente pasiva. Se llevó a cabo en paralelo con una agresiva operación de propaganda financiada con los impuestos de los ciudadanos, diseñada para anular cualquier señal contraria.

Los documentos revelan que los CDC reclutaron activamente a celebridades e influencers de redes sociales para promover las vacunas como inequívocamente seguras y efectivas. Además se les alentó a ridiculizar y avergonzar a quienes planteaban dudas, presentando las preocupaciones legítimas como peligrosas teorías conspirativas.

Los CDC habían obtenido acceso secreto a un portal de contenido de Twitter para marcar y eliminar publicaciones que no se ajustaban a la narrativa del gobierno. El Proyecto de Viralidad de Stanford, que operaba con el respaldo de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, marcaba y suprimía simultáneamente relatos de primera mano sobre lesiones causadas por vacunas, no porque fueran falsos, sino precisamente porque eran veraces y capaces de generar lo que los funcionarios denominaron «reticencia a la vacunación».

El gobierno pagaba a personas influyentes para que les dijeran a los jóvenes que las vacunas no presentaban riesgos. Luego eliminaba en secreto las cuentas de quienes reportaban lesiones que esos mismos jóvenes sufrían.

Más inquietante aún: los documentos revelan que los CDC estaban explorando cómo vacunar a los niños incluso cuando un padre no estaba presente, en un momento en que el riesgo de miocarditis en varones jóvenes por las vacunas de ARNm ya era una preocupación documentada en los sistemas de monitoreo federales.

Esto no fue una campaña de salud pública. Fue una operación de control, que utilizó la maquinaria de los medios de comunicación modernos, los fact-checkers, la cobertura de las instituciones académicas y el alcance coercitivo del gobierno de Estados Unidos para fabricar una realidad contraria a los datos que sus propias agencias generaban.

Mark Zuckerberg reconoció públicamente que Facebook fue presionado por el gobierno para censurar contenido. Sin embargo, este reconocimiento no repara el daño. Se afectaron vidas de familias que fueron engañadas al creer que la vacuna era segura, justo cuando los propios científicos del gobierno estaban monitoreando en tiempo real una señal de accidente cerebrovascular. Se persiguió a quienes denunciaron irregularidades. Las personas afectadas fueron manipuladas psicológicamente; sus testimonios y experiencias fueron sistemáticamente etiquetados como desinformación por el mismo aparato institucional que, internamente, era consciente de las señales que reflejaban dichas experiencias. Y ocultándolas a sabiendas, era el desinformador por excelencia.

Para tener en cuenta

Aún en la actualidad se siguen aplicando conjuntamente las vacunas anticovid19 y antigripal, incluso a las embarazadas, a pesar del riesgo documentado desde la pandemia.

¿Qué debe suceder ahora?

Nos tacharon de “especie de espoleta peligrosa que deambula por las calles” mientras los líderes a nivel global ocultaban información arruinando millones de vidas. Más que nunca esto amerita la investigadora del Poder Legislativo uruguayo para determinar las responsabilidades de las autoridades locales, incluído el GACH y la CNAV (Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones), por ocultar a sabiendas información relevante y todos desinformadores por excelencia. Recordamos el sincericidio del Dr.Juan Gil, integrante de ambos ¡porque es la evidencia de que sabían y ocultaron información acerca de los componentes de las vacunas contra COVID-19!

La larga lucha por la transparencia en la investigación biomédica y contra la censura editorial

Durante gran parte del siglo XX, la investigación biomédica se desarrolló bajo un modelo editorial relativamente opaco. Los resultados de los ensayos clínicos dependían casi exclusivamente de la decisión de investigadores, patrocinadores o revistas para ser publicados. Con el tiempo se hizo evidente que este sistema podía producir distorsiones importantes: estudios negativos que nunca se publicaban, resultados reportados de manera selectiva o evidencia dispersa difícil de evaluar en conjunto.

Los horrores de la experimentación médica durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior formulación del Código de Núremberg (1947) establecieron principios éticos fundamentales: consentimiento informado, respeto por los sujetos y obligación de que la investigación tenga un propósito beneficioso. Sin embargo, casos como el estudio de Tuskegee (1932–1972) —donde se observó a hombres afroamericanos con sífilis sin ofrecer tratamiento efectivo— muestran que incluso décadas después, los principios éticos podían ser ignorados, y que la opacidad y el sesgo podían tener consecuencias graves para la salud de poblaciones enteras.

A partir de la década de 1970 comenzaron a surgir iniciativas destinadas a mejorar la calidad metodológica de la investigación clínica y, sobre todo, a aumentar la transparencia del sistema científico biomédico. Estas iniciativas —provenientes de investigadores, revistas, organizaciones independientes y movimientos de ciencia abierta— han ido creando progresivamente mecanismos para hacer visible la evidencia completa y reducir el sesgo de publicación.

Cronología de las iniciativas
En 1972 el epidemiólogo británico Archie Cochrane publicó el libro «Effectiveness and Efficiency» donde señalaba que gran parte de los tratamientos médicos utilizados en la práctica clínica no se basaban en evidencia científica rigurosa. Este libro suele considerarse uno de los puntos de partida intelectuales de lo que más tarde se conocería como medicina basada en evidencia.

En 1981 se fundó la revista independiente Prescrire, dedicada a la evaluación crítica de medicamentos mediante el análisis de su balance beneficio-riesgo. Con el tiempo se convirtió en uno de los primeros observatorios independientes de la industria farmacéutica.

En 1993 se creó la Cochrane Collaboration, con el objetivo de promover revisiones sistemáticas y metaanálisis de todos los ensayos clínicos disponibles. La iniciativa buscaba evitar decisiones clínicas basadas en estudios aislados o seleccionados de forma parcial.

En 1996 se publicaron las primeras guías CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), destinadas a mejorar la calidad del reporte de los ensayos clínicos aleatorizados. Estas guías introdujeron estándares internacionales para describir el diseño, la metodología y los resultados de los estudios clínicos.

En el año 2000 se estableció el registro público de ensayos clínicos ClinicalTrials.gov, con la exigencia de registrar los estudios antes de su inicio. El objetivo era reducir el llamado sesgo de publicación: la desaparición de ensayos con resultados negativos o no favorables.

En 2003 se publicaron las guías STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), destinadas a mejorar la transparencia y calidad del reporte de estudios observacionales en epidemiología.

En 2003 estalló la controversia sobre el uso de antidepresivos en adolescentes. Investigaciones regulatorias mostraron que varios ensayos clínicos con resultados negativos o con señales de riesgo no habían sido publicados. El episodio puso de relieve el problema del sesgo de publicación en la industria farmacéutica.

En 2004 se retiró del mercado el antiinflamatorio Vioxx, producido por Merck & Co., después de evidencias de aumento del riesgo cardiovascular asociadas al medicamento. El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos farmacéuticos de la historia reciente y reforzó la demanda de mayor acceso a losdatos completos de los ensayos clínicos.

En 2005 varias grandes revistas médicas comenzaron a exigir el registro previo del ensayo clínico como requisito para publicar resultados. Esta política fue impulsada por el International Committee of Medical Journal Editors.

En 2007 se aprobó en Estados Unidos la ley FDA Amendments Act, que estableció la obligación legal de registrar ensayos clínicos y reportar resultados en ClinicalTrials.gov para muchos estudios financiados o regulados por la Food and Drug Administration (FDA).

En 2009 se publicaron las guías PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) que estandarizaron el reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis.

En 2010 investigadores de Cochrane Collaboration iniciaron una larga disputa científica con Roche para acceder a los datos completos de los ensayos clínicos del antiviral Tamiflu comercializado el año anterior durante la pandemia por la gripe H1n1. Tras varios años de presión científica y mediática, parte de los informes regulatorios fueron finalmente liberados, revelando discrepancias entre los datos completos y las publicaciones originales.

Ese mismo año se creó el sitio Retraction Watch, dedicado al seguimiento sistemático de retractaciones científicas. El proyecto monitorea artículos retractados, fraude científico y errores graves en publicaciones.

En 2013 se lanzó la campaña AllTrials, impulsada por investigadores y organizaciones médicas, que exige el registro de todos los ensayos clínicos, la publicación de todos los resultados y el acceso a los datos completos de los estudios.

En 2014 la Open Knowledge Foundation lanzó el proyecto OpenTrials, destinado a integrar en una base de datos abierta registros de ensayos, artículos científicos e informes regulatorios.

En 2015 surgió la RIAT Initiative (Restoring Invisible and Abandoned Trials), cuyo objetivo es recuperar ensayos clínicos abandonados o mal reportados. La iniciativa busca publicar ensayos nunca divulgados, corregir estudios reportados de forma incompleta y acceder a los datos que permanecen invisibles para la comunidad científica.

Entre 2018 y 2020 se expandió el movimiento de ciencia abierta. Se consolidaron prácticas como el acceso abierto a publicaciones, los repositorios de datos y los servidores de preprints, que permiten que los estudios circulen antes de la revisión editorial tradicional.

La historia de estas iniciativas muestra que la transparencia en la investigación biomédica no surgió como una evolución natural del sistema científico, sino como respuesta a problemas reiterados de opacidad, sesgo de publicación y acceso restringido a los datos. Desde las advertencias de Archie Cochrane hasta las campañas contemporáneas por el acceso abierto a los datos de los ensayos clínicos, cada una de estas iniciativas intenta corregir una limitación estructural del sistema editorial: su capacidad para examinar críticamente lo que se publica, pero evidencia su dificultad para detectar lo que nunca llega a publicarse.

Pese a tratarse de un estudio bien diseñado, el trabajo nunca fue publicado debido a presiones internas. Los autores Lamerato y Zervos reconocieron que no lo publicaron porque, entre otras razones, la Dra. Lamerato no quería incomodar a los médicos y el Dr. Zervos no quería perder su trabajo en Henry Ford. Según Siri “Si este estudio hubiera demostrado que los niños vacunados eran más sanos, no me cabe duda de que se habría publicado rápida y fácilmente. No se envió para su publicación precisamente porque arrojó el resultado opuesto.”

Este episodio ilustra un fenómeno particularmente difícil de rastrear: el conocimiento que nunca llega a ingresar en la literatura biomédica. Cuando un estudio no se publica, no puede ser revisado por pares, criticado, replicado ni incorporado a metaanálisis o revisiones sistemáticas. En cambio, los mecanismos para detectar lo que nunca se publica son mucho más débiles o hasta inexistentes.

En contraste, la retractación en The Lancet del artículo de Andrew Wakefield, que reportaba efectos adversos graves asociados a la vacuna triple viral, se convirtió en uno de los episodios más citados de corrección científica. Wakefield fue posteriormente sancionado y expulsado del ejercicio médico en el Reino Unido. Como si fuera la reencarnación de Galileo Galilei.

El caso de Andrew Wakefield resulta más que elocuente por las repercusiones hasta hoy. Su trabajo en 1998 tocaba intereses económicos sensibles, y estas tensiones contribuyeron a su cancelación en 2010. El caso fue tan ejemplarizante que, diez años después, en 2020 los investigadores Lamerato y Zervos concluyeron su estudio que nunca se animaron a publicar. ¿Cuántos estudios relevantes permanecen ocultos por temor a represalias similares a las sufridas por Wakefield?

La comparación sugiere una paradoja del sistema editorial biomédico: publicar abre la puerta al escrutinio, la crítica y eventualmente a la sanción; no publicar, en cambio, mantiene los resultados fuera del debate científico y a espaldas de los consumidores para perpetuar mantras anticientíficos como «las vacunas salvan vidas«.

Publicar expone.
Omitir encubre.
Descubrir libera.

Durante siglos la práctica médica se apoyó principalmente en tratados médicos, relatos de casos y experiencia clínica individual. La autoridad de médicos prestigiosos era el principal criterio de validación. El conocimiento médico se producía como acumulación de observaciones clínicas individuales, más que como resultado de comparaciones sistemáticas entre tratamientos.

1- Las primeras revistas médicas

En el siglo XIX surgieron las primeras revistas médicas modernas, entre ellas: The Lancet y The New England Journal of Medicine. Estas publicaciones comenzaron a estructurar una comunidad científica internacional. Sin embargo, el conocimiento que circulaba en ellas dependía enteramente de lo que los médicos decidían comunicar, lo que ya introducía un primer sesgo estructural: los resultados considerados exitosos o interesantes tenían mayor probabilidad de difundirse que los fracasos terapéuticos.

2. Nacimiento del ensayo clínico moderno (mediados del siglo XX)

El desarrollo de la estadística y la epidemiología transformó la investigación médica. Un punto de inflexión fue el ensayo clínico de estreptomicina contra la tuberculosis en 1948 dirigido por Austin Bradford Hill. Este estudio introdujo principios metodológicos fundamentales:

• asignación aleatoria
• grupo control
• análisis estadístico formal.

El ensayo clínico aleatorizado (ECA o RCT por su sigla en inglés: randomized control trial) se convirtió en el estándar para evaluar tratamientos. Sin embargo, aunque el método permitía producir evidencia más rigurosa, la evidencia disponible seguía dependiendo de cuáles ensayos llegaban a publicarse.

3. Regulación moderna tras tragedias sanitarias

La necesidad de controles más estrictos en la aprobación de medicamentos se hizo evidente con el escándalo de la talidomida, indicada a embarazadas para náuseas y sedación. El medicamento provocó miles de malformaciones congénitas en recién nacidos. Este episodio llevó a fortalecer los requisitos regulatorios antes de la aprobación de medicamentos. Sin embargo, el sistema regulatorio quedó atado a los datos generados por los propios fabricantes, lo que mantuvo una dependencia estructural entre producción de evidencia y desarrollo comercial de medicamentos.

4. Consolidación de la revisión por pares

Las revistas médicas institucionalizaron el proceso de revisión por pares, mediante el cual expertos independientes evalúan los artículos antes de su publicación.

La publicación en revistas revisadas por pares se convirtió en el principal mecanismo de legitimación científica. Sin embargo, este sistema evalúa los manuscritos enviados, no la totalidad de los estudios realizados. Por lo tanto, la revisión por pares no elimina el sesgo estructural de publicación: simplemente filtra la calidad de los trabajos que ya fueron seleccionados para enviarse a publicación.

5. Cambio estructural en la economía de la investigación biomédica

Un cambio importante en el sistema de investigación ocurrió en 1980 con la aprobación en Estados Unidos de la ley Bayh-Dole. Esta ley permitió que universidades y centros de investigación patentaran descubrimientos financiados con fondos públicos y los licenciaran a empresas privadas.

Como resultado, la investigación biomédica se integró más estrechamente con el desarrollo comercial de medicamentos. Esto introdujo incentivos económicos directos en la producción de conocimiento científico, aumentando la probabilidad de que los estudios con resultados favorables para productos comercializables fueran priorizados para publicación.

6- La crisis del sida y la aprobación acelerada de medicamentos

Durante la epidemia de VIH/SIDA en los años 1980 surgió una fuerte presión social para acelerar el acceso a tratamientos experimentales. La FDA creó en 1992 el programa de aprobación acelerada de medicamentos. Si bien el objetivo era responder a una emergencia sanitaria, este modelo reforzó la posibilidad de que medicamentos llegaran al mercado con evidencia clínica incompleta, trasladando parte de la verificación de eficacia al período posterior a la comercialización.

7. Crisis de transparencia en ensayos clínicos

A comienzos del siglo XXI surgieron controversias sobre la publicación selectiva de resultados.

Reanálisis de datos regulatorios mostraron que algunos ensayos con resultados negativos no se habían publicado inicialmente, lo que podía generar una percepción exagerada de eficacia terapéutica en la literatura científica.

Un episodio emblemático fue el retiro del antiinflamatorio Vioxx (Rofecoxib) en 2004, tras detectarse aumento del riesgo cardiovascular.

Este caso puso de relieve cómo la información disponible en la literatura publicada puede no reflejar completamente el conjunto de datos generados durante el desarrollo de un medicamento.

8. Escándalo de ghostwriting en artículos médicos

Investigaciones revelaron que algunas compañías farmacéuticas habían utilizado ghostwriters para redactar artículos científicos que luego eran firmados por médicos académicos. Este fenómeno impulsó reformas en: declaración de conflictos de interés, transparencia en autoría y políticas editoriales. El episodio evidenció que la producción del conocimiento publicado podía estar influida no sólo por la selección de resultados, sino también por la forma en que esos resultados eran presentados en la literatura científica.

9. Digitalización de la literatura biomédica

La investigación médica pasó a organizarse en bases de datos electrónicas globales como PubMed.

Esto permitió un acceso masivo al conocimiento científico. Sin embargo, la digitalización amplificó una característica estructural del sistema: las bases de datos reflejan la literatura publicada, no necesariamente el conjunto completo de estudios realizados. Por lo tanto, el acceso masivo a la información no elimina el sesgo de origen si parte de la evidencia permanece inédita.

10-Las multas a la industria farmacéutica

La talidomida, el Vioxx y otros escándalos han derivado en sanciones económicas contra la industria farmacéutica. Han sido numerosas desde los años 1990 por casos relacionados con:

• ocultamiento o minimización de efectos adversos
• marketing engañoso sobre riesgos o eficacia
• promoción ilegal “off-label” (uso no aprobado)
• manipulación o no divulgación de datos de seguridad
• fraude en programas públicos de salud por sobrefacturación
• pagos ilegales a médicos para incentivar la prescripción.

Entre 1991 y 2021 las farmacéuticas pagaron más de 49 000 millones de dólares sólo en EE. UU por violaciones civiles y criminales en más de 200 acuerdos federales. A continuación se detalla el ranking de los mayores escándalos farmacéuticos ordenado por monto pagado o acordado (multas penales + acuerdos civiles):

Año / período	Empresa	Medicamento / caso	Problema principal	Sanción aproximada
2020–2025	Purdue Pharma	OxyContin	Marketing engañoso que minimizó el riesgo de adicción en la crisis de opioides	≈ US$7.4 mil millones
2012	GlaxoSmithKline	Paroxetine, Rosiglitazone	Promoción ilegal, ocultación de datos de seguridad, pagos a médicos	US$3 mil millones
2009	Pfizer	Bextra y otros	Marketing off-label y fraude a programas públicos de salud	US$2.3 mil millones
2013	Johnson & Johnson	Risperdal	Promoción para indicaciones no aprobadas (ancianos con demencia)	US$2.2 mil millones
2012	Abbott Laboratories	Depakote	Promoción ilegal para demencia y trastornos psiquiátricos	US$1.5 mil millones
2009	Eli Lilly and Company	Zyprexa	Marketing off-label y ocultación de riesgos metabólicos	US$1.42 mil millones
2011	Merck & Co.	Vioxx	Ocultación del riesgo cardiovascular	≈ US$950 millones en sanciones federales (más ≈ US$4.85 mil millones en acuerdos civiles)
2012	Amgen	varios biológicos	Promoción ilegal y pagos a médicos	US$762 millones
2010	AstraZeneca	Seroquel	Marketing off-label para trastornos no aprobados	US$520 millones
2018	Actelion	fármacos para hipertensión pulmonar	Esquema de sobornos y fundaciones pantalla	US$360 millones

11. Inteligencia artificial y síntesis automatizada del conocimiento

La etapa más reciente es el uso de modelos de inteligencia artificial capaces de:

• analizar grandes volúmenes de artículos
• sintetizar evidencia
• asistir en decisiones clínicas.

Estos sistemas se entrenan con la literatura científica existente y, por lo tanto, reproducen los características del sistema editorial biomédico que generó esa literatura, perpetuando así los sesgos. En la medida en que los modelos se alimentan principalmente de artículos publicados, tienden a reflejar el conocimiento disponible en la literatura, mientras que:

• estudios no publicados
• resultados negativos no difundidos
• retractaciones poco visibles

están ausentes en los sistemas de síntesis automatizada del conocimiento.

Como los buscadores que popularizó internet, la IA tiende a reafirmar y reforzar el consenso de todo el conocimiento previo publicado con el que fue entrenada. Más de lo mismo.

En la próxima publicación informaremos sobre las iniciativas independientes de la industria que se impulsan para acceder al conocimiento censurado o que por algún motivo no es localizado entre lo publicado.

En 2024 el MSP comenzó a indicar la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a las embarazadas en Uruguay a partir de la semana 32. Se trata de Abrysvo fabricada por Pfizer. Casualmente desde ese mismo año está en curso un estudio para probar su eficacia en uruguayas y argentinas, registrado en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

A continuación, presentamos una publicación de 2023 con los entretelones de los dudosos ensayos mediante los cuales ese año la FDA aprobó Abrysvo en un procedimiento acelerado.

En la década de 1960, fracasaron las pruebas de una vacuna contra el VRS para niños. Los vacunados desarrollaron una forma más grave de la enfermedad al infectarse naturalmente después con el VSR. Hubo hospitalizaciones masivas y muertes entre los niños vacunados. Ese ensayo permitió identificar el «aumento de la enfermedad respiratoria asociado a la vacuna». Fue el principal obstáculo para el desarrollo de vacunas contra VSR durante décadas.

Bronquiolitis: Los encubrimientos y presiones de Pfizer para imponer una vacuna riesgosa para la salud infantil

En 2023 Pfizer lanzó una «vacuna materna» contra el VSR, principal virus responsable de la bronquiolitis. La idea es vacunar a las embarazadas para proteger a sus bebés. El Dr. Peter Selley, investigó los resultados de Pfizer. Descubrió que la vacuna era menos efectiva de lo que afirmaba el fabricante y duplicaba el riesgo de parto prematuro. El artículo publicado en 2022 muestra que el riesgo de parto prematuro es 3,5 veces mayor en el grupo que recibió la vacuna que en el grupo que recibió el placebo. En otro artículo publicado en el New England Journal of Medicine se reporta que los nacimientos antes de las 34 semanas (un embarazo normal dura entre 40 y 41 semanas) son el doble de frecuentes entre las madres vacunadas.

“Me llamaron la atención los casos de ictericia, una afección estrechamente relacionada con el parto prematuro”, relata Peter Selley. Nacer prematuramente puede tener consecuencias dramáticas, a veces fatales, para el bebé: cuanto antes nazca, mayores serán los riesgos. Los bebés prematuros son particularmente vulnerables a virus, como el VRS, responsable de la mayoría de los casos de bronquiolitis.

El recuento de ictericia y prematuridad observado en el ensayo de Pfizer muestra cómo los casos fueron distribuidos artificialmente en grupos para atenuar su impacto. En lugar de clasificar los casos en una sola categoría de ictericia, Pfizer los dividió en cinco grupos y además dividió la población vacunada en cuatro grupos según la dosis y la presencia o ausencia de adyuvante. La maniobra con los datos diluye el resultado estadístico. Pero los números siguen diciendo lo mismo: la ictericia se reportó con el doble de frecuencia en bebés de madres vacunadas. La ictericia, generalmente benigna, puede causar complicaciones. Los bebés prematuros son mucho más susceptibles a presentar ictericia.

Además, la vacuna no muestra ningún beneficio en términos de mortalidad ni hospitalizaciones por infecciones respiratorias. El fabricante afirma una reducción del 82 % en el riesgo de VRS para el bebé pero ese es el riesgo relativo. Si se calcula el riesgo absoluto, es de alrededor del -0,5 %.

Ante estos hallazgos el British Medical Journal (BMJ) en mayo de 2023 publicó un editorial y un artículo que instaban a la vigilancia.

El ensayo de Pfizer involucró a 14.763 personas en más de 400 centros de 18 países. Más del 45 % de los participantes se inscribieron en Estados Unidos, donde la compensación ofrecida a los voluntarios fue considerable: más de 1.000 dólares.

El protocolo del ensayo —el documento que describe sus objetivos y procedimientos— especificaba que los nacimientos prematuros estarían sujetos a una mayor monitorización. En la jerga médica, esto se conoce como un «evento adverso de especial interés«. Curiosamente, el laboratorio estadounidense no consideró necesario comunicar esta información en el consentimiento que debieron suscribir los participantes del ensayo, señala el BMJ.

Esta decisión es aún más impactante si se tiene en cuenta que un ensayo clínico posterior realizado por GSK, con una vacuna prácticamente idéntica a la de Pfizer, tuvo que suspenderse en febrero de 2022. ¿Las razones de esta suspensión? Un mayor número de nacimientos prematuros en el grupo que recibió la vacuna. Este grupo también vio duplicarse las muertes neonatales.

En agosto de 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó Abrysvo, mediante un procedimiento acelerado, teóricamente pensado para «innovaciones revolucionarias», pero que se está convirtiendo en la norma bajo la presión de las farmacéuticas. La UE hizo lo mismo dos días después.

La alerta también se refiere al formulario para participar del ensayo de Pfizer, que presuntamente presentaba severas fallas. El formulario contenía una fórmula médicamente muy cuestionable:

“Usted podría experimentar los riesgos asociados con la vacuna del estudio (RSVpreF o placebo), pero no su bebé, ya que este no recibirá la vacuna del estudio ni el placebo directamente”.

Los formularios de consentimiento son documentos que firman todos los participantes en un ensayo clínico, en particular para confirmar su acuerdo de participar libre y conscientemente en este proceso, y para dar fe de que han recibido la información necesaria. Curiosamente, los firmados por algunos participantes en el ensayo de Pfizer incluyen otra declaración más abajo, que contradice la primera:

«Sin embargo, el equipo del ensayo no conoce todos los efectos que la vacuna en estudio, o la participación suya o de su bebé en este ensayo, puede tener sobre usted o su bebé. Estos efectos pueden ser leves o graves. En algunos casos, estos efectos pueden ser duraderos o permanentes, e incluso podrían suponer un riesgo de muerte. El equipo del ensayo puede decidir si usted o su bebé requieren medidas o medicación adicionales para abordar los efectos adversos. El médico a cargo del ensayo también puede decidir retirarle a usted o a su bebé del ensayo».

¿Cómo se explica esta contradicción? Podría tratarse de un simple descuido: los autores podrían haber estado pensando en las reacciones típicas tras una inyección: enrojecimiento y dolor localizados en el sitio de punción y fiebre. Los efectos de la punción no afectan al feto pero la fiebre en la madre puede afectar al niño. Un Comité de Ética de Investigación (CRI) es un comité de ética responsable de garantizar el respeto de los derechos de los participantes en un ensayo clínico. En Estados Unidos, los CRI se están privatizando cada vez más.

El gran misterio de la lactancia materna

Otra inconsistencia importante en los resultados de estos ensayos es que no especifican si los bebés fueron amamantados o no, ni ofrecen ningún análisis de este factor. La lactancia materna reduce el riesgo de que un bebé contraiga bronquiolitis aproximadamente a la mitad, y si la contrae, disminuye su gravedad. Por lo tanto, determinar el impacto de este factor en un ensayo de vacunas contra la bronquiolitis es esencial. Porque la bronquiolitis evitada al reción nacido, sería consecuencia de la lactacia materna y no de la vacunación de la madre durante el embarazo.

“Los científicos llevan décadas observando que la lactancia materna reduce a la mitad el riesgo de que el bebé contraiga VSR y su gravedad. Pfizer ha omitido comunicar el impacto de la lactancia materna en la eficacia de la vacuna”. Sin embargo, parece que la EMA sí obtuvo esta información, en un documento europeo que evaluaba la vacuna:

Entre los factores que aumentan el riesgo de bronquiolitis se incluyen la prematuridad, los antecedentes familiares de asma y no haber recibido lactancia materna o haberla interrumpido precozmente.

Para la industria y las principales farmacéuticas, el VRS está demostrando ser un excelente negocio. Mientras tanto, la vacuna contra VSR en embarazadas aumenta los nacimientos prematuros y estos aumentan en bebés la ocurrencia de la misma bronquiolitis que se pretende prevenir con la vacunación materna.

Situación en Uruguay

En Uruguay, se redujo la indicación de lactancia materna de 2 años a 6 meses.

En la EMA hay registrado un estudio retrospectivo para la vacuna contra VSR Abrysvo de Pfizer en el que participan uruguayas. Comenzó en 2024 y su finalización está prevista para 2027.

El MSP elaboró un informe sobre la aplicación de tres vacunas en el embarazo durante 2025: contra VSR, antigripal y triple bacteriana (TdaP), disponible aquí. El tono del informe es exitista. Reporta sólo la supuesta disminución de la bronquiolitis en los recién nacidos por efecto de la vacunación contra VSR, sin aportar datos sobre abortos, partos prematuros, ictericia ni ningún otro efecto no buscado.

En 2026 el MSP persiste en la política de vacunar en el embarazo contra VSR. Además de la vacuna antigripal y la triple bacteriana, agregó la anticovid.

Sobre el consentimiento informado previo a la vacunación en el embarazo con tres vacunas durante 2025 y de cuatro vacunas durante 2026, el MSP respondió una solicitud de información en estos términos:

La Unidad de Inmunizaciones informa que las vacunas administradas en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud Pública no requieren la firma de un consentimiento informado escrito, en tanto se trata de intervenciones sanitarias de carácter preventivo, incluidas en políticas públicas nacionales, con indicación basada en evidencia científica y aval regulatorio vigente.

Es evidente que la base científica del MSP excluye la advertencia de vigilancia por el BMJ y todas las fuentes aquí presentadas.

Dos publicaciones aparecidas en la primera semana de marzo en fuentes diferentes, parecen independientes pero sin embargo encienden una señal de alerta sobre dos pilares en los que nuestro Ministerio de Salud Pública dice apoyar su autoridad: la literatura médica y los organismos reguladores de la industria farmacéutica. A continuación examinaremos cada una: los pediatras de Canadá y la FDA de Estados Unidos. Al final, proponemos una reflexión sobre lo que revela su inquietante convergencia.

1- La decadencia de la bibliografía médica (Canadá)

«Los estudios revisados por pares lo dicen«, nos repiten como un mantra para silenciar cualquier duda o pregunta legítima de los pacientes.

Retraction Watch es un sitio web especializado en monitorear y documentar las retractaciones de artículos científicos y otros problemas de integridad en la investigación. Fundado en 2010 por los periodistas científicos Ivan Oransky y Adam Marcus, hoy es gestionado por la organización sin fines de lucro Center for Scientific Integrity.

El 3 de marzo publicó el informe titulado“Una revista médica afirma que los informes de casos que ha publicado durante 25 años son, de hecho, ficción.”

La revista de la Sociedad Canadiense de Pediatría (equivalente a la Sociedad Uruguaya de Pediatría) emitió correcciones a 138 artículos publicados entre 2000 y 2025, aclarando que las notas educativas presentadas como “informes de caso” eran en realidad ficticias y se habían creado como herramientas didácticas.

Aunque algunos lineamientos editoriales sugerían que las notas podían ser ficticias, los artículos publicados no lo indicaban explícitamente y por lo tanto inducían a interpretarlos como informes clínicos reales, ya que estaban estructurados y revisados por pares como los de casos auténticos.

El problema se hizo público el 26/1/2026 por un artículo en The New Yorker que examinó el caso “Baby boy blue”. Uno de los autores admitió que ese caso era inventado. Una fake new.

Aunque la revista afirma que esos artículos no estaban indexados en bases bibliográficas de referencia, tenían DOI, aparecían en bases académicas y fueron citados más de 200 veces, influyendo potencialmente en la literatura científica.

Algunos expertos consideran que una simple corrección es insuficiente. Y que un caso inventado presentado como real debería retractarse, porque se comporta como información falsa en el registro científico, y es indistinguible de una fabricación de datos.

Incluso dentro de los 138 artículos corregidos había al menos un caso real, lo que revela inconsistencia editorial en la aplicación del criterio de “caso ficticio”.

El episodio expone una falla estructural de la literatura médica. Cuando materiales didácticos se publican con el mismo formato, revisión y apariencia de artículos científicos reales, pasan a formar parte del archivo del conocimiento. La posterior aclaración editorial no revierte el error. Durante años, esos textos circularon, se citaron y potencialmente influyeron en interpretaciones clínicas o académicas. El caso pone en cuestión los mecanismos que garantizan la trazabilidad y autenticidad del conocimiento publicado. En un sistema donde la forma de un artículo funciona como señal de veracidad, la ambigüedad entre ficción pedagógica y observación clínica termina erosionando el prestigio del propio registro científico.

A este problema se suma otro: además, de financiar ensayos clínicos, análisis estadísticos, redacción médica profesional, la industria farmacéutica financia los costos de publicación en las revistas científicas. Si bien este financiamiento no invalida los resultados, introduce incentivos que pueden influir en qué investigaciones se realizan, cómo se interpretan los datos, qué resultados llegan finalmente a publicarse y cuáles productos se aprueban. En un sistema donde la producción de conocimiento depende en gran medida de actores con intereses económicos directos, la frontera entre evidencia científica y estrategia comercial puede volverse más difusa. Un caso concreto enfoca un problema sistémico del ecosistema científico.

2- La fragilidad del regulador (Estados Unidos)

El Dr. Anish Koka tiene un blog sobre cardiología. El 7 de marzo presentaba la crónica de un cambio en la FDA que duró poco bajo el título “Cómo llegó Vinay Prasad a Washington y por qué todo iba a terminar así”.

Vinay Prasad es un médico e investigador en políticas de salud conocido por sus críticas a la metodología con que se diseñan muchos ensayos clínicos por los que se aprueban medicamentos. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, Prasad consideraba que la Food and Drug Administration (FDA) había relajado considerablemente los estándares existentes.

Cuando la administración Trump asumió en 2025 y comenzó a reestructurar el aparato regulatorio, Prasad contaba con el perfil, las credenciales y la trayectoria para desempeñar un puesto de alto nivel en la FDA. Fue nombrado director del Centro de Vacunas y Productos Biológicos (CBER) de la FDA.

Durante su gestión intentó aplicar estándares más estrictos de evidencia clínica, cuestionando aprobaciones basadas únicamente en ensayos clínicos que consideraba metodológicamente débiles. Sus decisiones afectaron directamente a compañías cuyos productos dependían de la aprobación regulatoria para sostener su valor económico.

Es recurrente dentro del sector biotecnológico que cuando un ensayo clínico produce resultados ambiguos o negativos, las empresas recurren a campañas públicas en los medios para presentar al regulador como el obstáculo burocrático que impide a pacientes acceder a terapias prometedoras. Los grupos de defensa de pacientes —con frecuencia financiados por las propias compañías— amplifican ese mensaje, generando presión política y mediática para forzar decisiones regulatorias favorables.

Tras una reunión extraoficial de Prasad con periodistas sobre una disputa regulatoria, se publicó un artículo que, aunque no mencionaba su nombre, incluía detalles biográficos suficientes para identificarlo. La ética periodística, interpreta esto como una violación del principio básico de protección de fuentes. Expone al informante a represalias y se debilita la confianza necesaria para que funcionarios puedan explicar decisiones regulatorias complejas fuera de los canales formales.

Los periodistas que cubren biotecnología suelen depender de relaciones cercanas con empresas, analistas financieros e inversores cuyo interés central es la aprobación de nuevos medicamentos. En ese contexto, las narrativas mediáticas tienden a centrarse en los reguladores como villanos cuando bloquean terapias con gran valor económico potencial.

La acumulación de presiones —industriales, mediáticas y políticas— terminó generando un problema institucional para la FDA. Poco después de estas controversias, se anunció el cese de Prasad.

El caso evidencia la dificultad de mantener estándares científicos estrictos en la regulación biomédica cuando los incentivos económicos, el activismo de pacientes y la cobertura mediática pueden converger para presionar en sentido contrario. Este episodio muestra hasta qué punto la regulación biomédica opera en un terreno de presiones cruzadas.

¿Qué nos dejan ambas publicaciones?

En conjunto, ambos episodios —los casos ficticios en la literatura médica canadiense y el cese de Vinay Prasad en la FDA— parecen hechos independientes. Sin embargo, juntos, evidencian más que nunca la gran grieta en la práctica médica contemporánea. Cuando el sistema que produce la evidencia tolera ambigüedades y el que debería evaluarla enfrenta presiones constantes para flexibilizar sus criterios, la medicina pierde dos de sus pilares fundamentales: la confiabilidad del conocimiento y la independencia del marco regulatorio. La consecuencia no es solamente un problema interno de la comunidad científica. Es una crisis de credibilidad en el sistema biomédico.

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Entre 2010 y 2017, Epstein buscó acceder a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, el brazo de investigación insignia del Pentágono) a través de Bill Gates.

En 2010, Epstein le ordenó a Boris Nikolic (el asesor científico de Bill Gates) que «organizara a la señora de DARPA». Ese mismo año, la directora de DARPA había aprobado un programa llamado ADEPT (Diagnóstico Autónomo para Facilitar la Prevención y la Terapéutica), que invertiría $291 millones durante nueve años en vacunas de ácido nucleico, detección rápida de patógenos y contramedidas biológicas. Las primeras inversiones de ese programa incluyeron $25 millones para una pequeña empresa emergente de Cambridge llamada Moderna.

Para 2014, DARPA había creado una oficina completamente nueva, la Oficina de Tecnologías Biológicas, dedicada a aprovechar las propiedades biológicas para la seguridad nacional. Para 2017, DARPA lanzó la Plataforma de Prevención de Pandemias, cuyo objetivo declarado era desarrollar una contramedida médica contra cualquier pandemia en un plazo de sesenta días utilizando tecnologías basadas en ácidos nucleicos.

La arquitectura financiera y de gobernanza de pandemias requería un despliegue. DARPA la estaba construyendo. Y Epstein buscaba acceder a DARPA a través de las mismas personas, la misma oficina y los mismos meses en que se construyó dicha arquitectura.

Más de veinte documentos de los archivos de Epstein que abarcan desde 2009 hasta 2017 revelan no solo una relación social con personas cercanas a DARPA, sino un esfuerzo activo para participar en la agenda de investigación de la agencia, llegando en un momento a un posible programa de DARPA cuya declaración de visión se atribuyó al propio Epstein y cuyas aplicaciones se reconocieron explícitamente como potencialmente armamentísticas.

El Canal Nikolic: el asesor científico de Gates como conducto de DARPA

Boris Nikolic, como asesor principal de Gates en ciencia y tecnología, tenía acceso institucional a los más altos niveles de investigación en defensa y salud. Posteriormente, sería nombrado albacea del testamento de Epstein. Los archivos de Epstein revelan que Nikolic sirvió como intermediario directo entre Epstein y DARPA durante al menos un año.

En noviembre de 2010. Epstein le ordena a Nikolic que organice una reunión con el director de DARPA y le pregunta si visitaría Nueva York: «Ya sea la semana del 29 o la del 14, veamos si podemos organizar a la dama de DARPA«, escribió Epstein, «pregúntale si viene a Nueva York«.

Por la «dama de DARPA» se refería a Regina Dugan, quien había sido su directora desde julio de 2009. En 2010, el mismo año en que Epstein intentó por primera vez acceder a ella, Dugan había aprobadola propuesta para ADEPT, un programa para desarrollar vacunas de ácido nucleico como una contramedida rápida contra una pandemia. Esa aprobación puso en marcha una cadena de inversiones que sentarían las bases para las vacunas contra la COVID-19 de Moderna y Pfizer. Si Epstein conocía ADEPT en esta etapa no surge de los documentos. Pero su objetivo de contactar a la «dama de DARPA» coincide con el de acceder a la funcionaria que acababa de autorizar el programa de defensa biológica más importante en décadas.

En julio de 2011, Nikolic le envió a Epstein un correo electrónico con el asunto «Regina Dugan», adjuntando un perfil del director de DARPA publicado en el New York Times y una copia del testimonio de DARPA ante el Congreso de 2011. «¡Te gustaría mucho!«, escribió Nikolic. «Necesitamos programar un viaje a Washington D. C. pronto«. Los archivos adjuntos son significativos. Nikolic no mencionaba el nombre de Dugan de pasada. Le enviaba a Epstein material informativo —un perfil de prensa y el testimonio formal de la agencia ante el Congreso—, la preparación que uno se da antes de una reunión importante. El «viaje a Washington D. C.» propuesto tenía como objetivo explícito facilitar una presentación.

El 6 de septiembre de 2011, la asistente ejecutiva de Epstein, Lesley Groff, le envió un mensaje que decía: «Recordatorio: Regina, DARPA«.

Esta secuencia de documentos entre 2010 y 2011 describe no solo un esfuerzo por llegar a la directora de DARPA a través del asesor científico de Gates, sino una progresión: desde la instrucción inicial de Epstein de organizar una reunión, hasta los materiales informativos de Nikolic y el viaje propuesto a DC, hasta Epstein fijando personalmente una fecha para «regina, darpa» y su personal ejecutando el recordatorio a tiempo, hasta que Nikolic continuó informando sobre las reuniones de DARPA como una cuestión de rutina.

Cuatro meses después del recordatorio de Groff, en noviembre de 2011, Nikolic envió a Epstein otro correo electrónico, esta vez con una actualización informal entre chismes personales. «Todo el día en reuniones…«, escribió Nikolic. «Acabo de terminar la reunión con DARPA, desde las 8 de la mañana«. La respuesta de Epstein fue invitar a Nikolic a su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses .

Los documentos no establecen si Epstein finalmente conoció a Dugan. Pero la trayectoria —desde la presentación, la reunión informativa, la fecha programada personalmente, la ejecución del personal y la elaboración de informes continuos— , realizada íntegramente después de su condena en 2008, demuestra que el esfuerzo superó con creces las aspiraciones.

La conexión entre Nikolic y DARPA no terminó con la muerte de Epstein en agosto de 2019. Un documento del FBI no revelado previamente —un formulario confidencial de denuncia de fuentes humanas FD-1023, con fecha del 23 de noviembre de 2021— revela que la oficina local del FBI en San Francisco rastreó las actividades de Nikolic más de dos años después. La fuente informó que Nikolic, identificado como director general de bng0 y Biomatics Capital, y señalado como «albacea designado del patrimonio de Jeffrey Epstein», estaba interesado en invertir en una empresa de inteligencia artificial con sede en EE. UU. que buscaba financiación de DARPA y otras fuentes gubernamentales. El informe se presentó con el número de caso 272-SJ-3262541 y fue gestionado por el Escuadrón H1 de la división de San Francisco.

El documento no describe la naturaleza ni el alcance de la investigación del FBI. Sin embargo, su existencia establece que el FBI consideró el nexo Nikolic-DARPA un asunto que justificaba la divulgación confidencial de las fuentes, y que la intersección de las figuras vinculadas a Epstein, la inversión en inteligencia artificial y la financiación de la investigación de defensa siguió siendo una preocupación activa para los investigadores federales mucho después del fallecimiento del principal protagonista.

(Elaborado a partir de la traducción automática al español de esta fuente)

NOTAS de LSuy:

El 10/8/2019 Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en Nueva York.

El 18/10/2019 se realizó el EVENTO 201 en Nueva York.

El 31/10/2019 fue publicada una foto en X por el científico Gonzalo Moratorio del Institut Pasteur de Montevideo. Documenta un encuentro social con pares del “PREEMPT team” de DARPA previo a una reunión en Arlington (Virginia) frente a Washington DC.

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La última receta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el fracaso: cómo tres cepas, 200 virus y un paradigma en colapso exponen la promesa incumplida de la vacuna contra la gripe.

El 27 de febrero de 2026, la OMS seleccionó tres cepas de influenza para que se desarrollara la vacuna antigripal para la próxima temporada 2026-2027 en el hemisferio norte. Tres cepas, elegidas por un comité con meses de anticipación entre más de 200 virus respiratorios, fabricados en huevos de gallina e inyectados en cientos de millones de brazos a un costo cercano a los 18 mil millones de dólares anuales. La evidencia ha destrozado cada pilar sobre el que se sustenta.

La selección de tres cepas por parte de la OMS es una imposibilidad estructural. Dos veces al año, la OMS convoca su Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe para seleccionar tres cepas virales que integrarán la fórmula de la vacuna antigripal de la próxima temporada.  

La vacuna antigripal apunta a las influenzas que representan  aproximadamente el 10% de todos los virus respiratorios circulantes. El 90% restante (rinovirus, coronavirus, VRS, adenovirus, etc) produce el mismo cuadro clínico y no se ve afectado en absoluto por la vacunación contra la influenza. El propio informe de la OMS de febrero de 2026 documentó la aparición de una variante en agosto de 2025 y su rápida propagación por todo el mundo, impulsando temporadas de gripe más tempranas de lo habitual con niveles de actividad más elevados. Esta variante surgió después de establecida la composición de la vacuna hace un año.

La Colaboración Cochrane ocupa una posición singular en la medicina basada en la evidencia. Sus revisiones sistemáticas son ampliamente consideradas como las evaluaciones disponibles más fiables de las intervenciones médicas. En cuanto a la vacunación contra la gripe, sus conclusiones deberían haber zanjado el debate hace años. Cuantificó el absurdo fundamental: más de 200 virus causan influenza y enfermedades similares a la influenza, con síntomas idénticos. Sin pruebas de laboratorio, los médicos no pueden distinguirlos. 

La base de evidencia de Cochrane está vacía en todos los grupos demográficos. Cincuenta y dos ensayos clínicos con más de 80.000 adultos mostraron poco o ningún efecto en las hospitalizaciones o la pérdida de días de trabajo. En el caso de los niños menores de dos años, solo existe un estudio de seguridad. El estándar de oro de la medicina basada en la evidencia ha evaluado la vacuna contra la gripe y la ha encontrado deficiente.

La vacuna no solo falla, sino que puede causar daño. Un estudio en empleados de la Clínica Cleveland en 2025 reveló que los trabajadores vacunados tenían un riesgo 27 %, mayor de contraer influenza. Datos canadienses de la pandemia de 2009 corroboran que la vacunación contra la gripe estacional se asoció con una mayor susceptibilidad a la gripe pandémica H1N1. La intervención podría estar comprometiendo activamente la función inmunitaria que pretende reforzar. Y más allá de la disminución de la eficacia, la seguridad no puede considerarse una preocupación secundaria. Un análisis de la literatura biomédica y clínica documenta más de 100 posibles efectos adversos asociados con la vacunación contra la gripe, que abarcan resultados neurológicos, autoinmunes, hematológicos e inflamatorios.

El paradigma subyacente se está derrumbando. La investigación revolucionaria del viroma revela que los virus no son patógenos externos monolíticos, sino entidades dependientes del huésped que comparten una arquitectura central con los exosomas del propio organismo, y que las infecciones virales crónicas confieren beneficios inmunitarios simbióticos, como la resistencia bacteriana y la compensación de la inmunodeficiencia genética. Las vacunas pueden privar al organismo de los efectos inmunomoduladores favorables de algunas infecciones virales. El marco de la teoría de los gérmenes, del que depende el ritual anual de la OMS, está siendo desmantelado por las mismas ciencias que afirma representar.

(Elaborado a partir de la traducción automática al español de esta fuente.)

NOTAS de LSuy:

«Me vacuné contra la gripe y ahora estoy con la peor gripe de mi vida» pero el médico te dice: «Es que te agarraste otra cepa» ¿Te resuena este diálogo?

¿Por qué solo TRES? Si hay 200 cepas de gripe y cada año se formula una vacuna con sólo TRES de ellas, se necesitarían 67 años para vacunarse contra todas y eventualmente erradicar la enfermedad. No parece que ese sea el objetivo.

¿Se evidencia una disminución de las muertes por las cepas contra las que ya se vacunó el planeta desde que se introdujo la primera fórmula?

¿Cómo prueban los fabricantes la seguridad y efectividad de la vacuna anual en sólo un año, cuando ese proceso lleva varias fases durante muchos años? La misma duda surge con la anti covid que ya lleva varias fórmulas sin que transcurra el tiempo necesario para probarla. Y por eso mantiene la autorización de emergencia. Nunca fue aprobada.

La vacuna antigripal es una estafa, porque es inútil contra la enfermedad y en cambio, ¿qué otras cosas le inyectan a la gente? Y ¿qué efectos tienen? Casualmente se recomienda especialmente a los adultos mayores a los que junto con la anticovid se aplican anualmente hasta el fin de la vida…

La OMS es financiada por los fabricantes de vacunas. La decisión no es científica. Es económica y biopolítica.

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