El turbio negocio de la $angre humana

El 7 de marzo de 2022 nos había impactado una noticia inquietante: ¡Uruguay exportaba sangre humana! Iniciamos una ardua investigación que presentó escollos sorprendentes que ya hemos relatado exhaustivamente en informes anteriores. Y aún dos años después, seguimos en la pista de la exportación de la sangre humana uruguaya. Y no es por morbosos ni conspiranoicos, sino porque está reportado en la web del Banco Mundial la ubicación de Uruguay en la mitad del ranking 2022 de 77 países exportadores de sangre humana y animal (ver).

En nuestro país, la ley 18307 en 2008 declaró de interés nacional la extracción de sangre humana para fines terapéuticos. Además, prohibió su comercialización con fines de lucro así como también la de los derivados producto de su industrialización. Por esta razón era imperioso averiguar cómo un producto que no se puede comercializar con fines de lucro, llega a ser exportado. Por otra parte, son notorias las campañas para convocar a donar sangre en nuestro país. Últimamente, nada menos que la Universidad de la República ha innovado su estrategia facilitando la concurrencia nocturna a su banco de sangre (ver).

A partir de lo anterior, un pedido de acceso a la información pública de la Aduana que derivó en un juicio, permitió obtener parte de la información solicitada y conocer el sistema en línea LUCIA que provee ese organismo, sitio en el que se puede obtener los datos de cada movimiento aduanero, ya sea de exportación como de importación. Un pedido posterior permitió obtener más datos, a partir de los cuales presentamos el siguiente informe, escueto, pero bien documentado. Para acceder a los detalles de cada transacción, hacer clic en el enlace al Documento Único Aduanero (DUA) correspondiente:

CódigoDescripciónExportador (Uruguay XXI)DestinoUSDDUAFecha
30021038Anticuerpo humano de afinidad específica con el antígeno CD20Roche International LTDParaguay28.8151199908/01/2016
30021038Paraguay72.33515255314/01/2016
30021038Bolivia302.00013061201/02/2016
30021038Paraguay353.14059347912/02/2016
30021038Paraguay137.50052882311/03/2016
30021038Bolivia242.13027402116/03/2016
30021038Bolivia161.75068965621/04/2016
30021038Paraguay146.01591278111/05/2016
30021038Paraguay37.62544847803/06/2016
30021038Bolivia59.40037244210/06/2016
30021038Bolivia296.6005680715/07/2016
30021038Paraguay25.00086405522/07/2016
30021038Bolivia155.95081526330/08/2016
30021038Paraguay3.13548627209/09/2016
30021038Paraguay97.97165556716/09/2016
30021038Paraguay91.84051917407/10/2016
30021038Paraguay1.00018085818/11/2016
30021038Paraguay186.05740492509/12/2016
30021038Paraguay368.88080211616/12/2016
30021038Bolivia17.5005280528/12/2016
30021229«los demás»Inmuebles del Sur SAArgentina197.01034840110/01/2022
30021229Argentina12.16095294128/06/2019
30021229Argentina36.14488238604/09/2020
30021229Argentina36.00045771609/08/2021
30021229Argentina56174727118/10/2021
30021236Seroalbúmina humanaBlaufarmaParaguay4.54032259328/09/2023
30021236Paraguay54041249711/09/2020
30021236Paraguay27010845711/05/2020
30021236Laboratorio Libra SAParaguay5.27689675123/10/2018
30021236Z.F.Montevideo15.12052114909/09/2020
30029092Para sanidad humanaUniversidad Católica del UruguayUSA26097427805/08/2021
30029000«los demás»Hospital BritánicoUSA1080489817/05/2022
30029010«los demás»DIGESA – MSPMéxico4243698111/09/2019

Tomando como referencia la nomenclatura disponible en nuestro Ministerio de Economía y Finanzas y otras, del análisis de esa tabla surgen preguntas obvias:

  1. ¿Cuál es el origen de la materia prima que Roche International LTD usó para producir el anticuerpo humano que exportó y le permitió obtener casi USD 3.000.000?
  2. ¿Por qué una empresa de bienes raíces o inmobiliaria (Inmuebles del SUR) ha exportado hemoderivados (de sangre humana o animal) por más de USD 280.000?
  3. ¿Cuál es el origen de la materia prima que Blaufarma y Laboratorio Libra SA usaron para producir y exportar seroalbúmina humana por más de USD 5.000 y USD 20.000 respectivamente?
  4. ¿Qué exportó la Universidad Católica del Uruguay a Estados Unidos y cómo obtuvo la materia prima para producirlo?
  5. Ídem Hospital Británico: ¿qué exportó y cómo obtuvo la materia prima para producirlo?
  6. ¿Por qué la DIGESA – MSP exportó a México si el Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene sólo un convenio de intercambio con la Universidad de Córdoba en Argentina, como se nos ha informado por el expediente 12/001/1/2365/2022?
  7. ¿Cuánto recauda el Estado uruguayo por la exportación de sangre humana?

Recordemos que la sangre tiene una vida útil de 42 días, a menos que se industrialice para obtener hemoderivados, los cuales presentan mayor vida útil (hasta 3 años). En Uruguay, algunos hemocentros recolectan sangre sólo mediante agenda porque se limitan a obtener la cantidad que necesitan cubrir diariamente. De esa forma, aseguran el stock para la demanda inmediata y minimizan el descarte. Pero otros hemocentros hacen campañas para concentrar donantes en un día, sangre que – obviamente – no será usada en su estado natural por las grandes cantidades obtenidas.

Este 2024 comenzó con el anuncio del Hemocentro Regional de Maldonado (HRM), dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y patrocinado por la Fundación Hemovida del festejo de sus quince años de funcionamiento (ver). Este hemocentro colecta supuestamente el 30% de la sangre en Uruguay, cifra que resulta algo elevada. Y esto, probablemente es el resultado de que Maldonado recorre el país con su «hemobus», el cual expide certificados validados por varias intendencias del interior para otorgar la licencia de conducir sin costo a los ciudadanos que sangre en esa circunstancia, esto es, pagando con su sangre por el equivalente al trámite, lo cual viola la ley 18307 que prohíbe la venta de sangre con fines de lucro. En el mencionado evento se recaudaron fondos para ampliar el hemocentro y para el nuevo emprendimiento que se le anexaría: el primer banco de leche materna regional.

También sigue vigente la exigencia de donantes de sangre como condición para recibir asistencia pública o privada en Uruguay, la que también es flagrantemente ilegal, pero fructífera. Por ejemplo, previo a una cirugía cardíaca se exigen ocho donantes y previo a un parto se exigen dos. En estos casos, la inmensa mayoría de las veces el paciente no recibe ni una sola gota de la sangre de la que debió aportar. Entonces, ¿qué destino tienen estas «donaciones» exigidas ilegalmente?

Parece obvio que la sangre constituye un gran negocio a escala mundial, y Uruguay es funcional a él. En este caso, está camuflado por las campañas que invocan la solidaridad y el altruismo de las personas que creen ayudar a compatriotas que la necesitan. Pero la realidad es que, aparentemente, los ciudadanos donan para que algunas empresas y el propio Estado lucren con la exportación de los subproductos obtenidos de ella sin costo alguno por su obtención. Uruguay, entonces, funciona como una especie de gran corral de humanos donde extraer la sangre necesaria para este fin espurio. Ya va siendo hora que este negocio sea explicado, si es que tiene alguna explicación aceptable, tanto legal como éticamente, o que termine sin más, operando la Justicia sobre las responsabilidades que corresponda penar.

Y mientras estábamos terminando de preparar este informe, seguíamos haciendo interminables gestiones ante el Sistema Nacional de Sangre (SNS) para obtener completo el informe 2022 de actividad de los servicios de hemoterapia del país, con el fin de sumar a los que ya tenemos planillados desde 2010 a 2021. Aún no hemos logrado esa información. ¿Por qué el Banco Mundial ya tiene todos los datos al 2022 y el SNS se niega a brindarlos?

Luego de obtener la certificación UNIT-ISO 9001-2008 y recertificaciones posteriores, el HRM obtuvo el Oro en el Premio Compromiso con la Gestión Pública de 2019. Las certificaciones son requeridas para acceder a los mercados internacionales, porque garantizan el apego a estándares. Carecen de sentido en la interna de un país que tiene regulado el intercambio de sangre por una normativa estricta que no exige tal requisito.

Entonces un importante incendio tuvo lugar recientemente en la sede principal del SNS. El director del HRM Dr. Jorge Curbelo anunciaba a la prensa: “Pasamos a ser el centro de ASSE suplantando ese trabajo del SNS”. Es decir que el único hemocentro del país certificado para operar en mercados internacionales se hizo del control de todo el SNS lo que por un lado parece razonable, pero por otro –habida cuenta de las observaciones anteriores–, puede ser preocupante.

¿Podremos obtener ahora el informe completo 2022 y solicitar el de 2023, que ya debería estar cerrado? ¿O el incendio justificará un nuevo impedimento?

Censo 2023

Este 2023 tocó cumplir con un nuevo censo poblacional. Fue novedosa la posibilidad de autocensarse vía web.
Desde el comienzo de su amplia difusión para convocar a los ciudadanos, los medios se turnaban para informar sobre la obligatoriedad de censarse y amedrentar con que quien no lo hiciera, iba a ser multado «desde un mínimo de 20 UR a un máximo de 50 UR» y anotado en el registro de infractores con que contaría el INE. Hoy, la UR vale $1.634.
La nota de visita no advertía nada de eso.
El director del INE, Diego Aboal, había informado que no se iban a aplicar multas (ver nota de prensa)
Terminado el censo, procesados sus datos e informados los primeros resultados, el INE confirmó la no aplicación de multas. Ver la respuesta de Aboal.
Una vez más, los medios hegemónicos quedan en evidencia de ser los que viralizan FAKE NEWS, siempre funcionales al poder de turno.

Educación, educación y más educación

Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.»

Un derecho humano es intrínseco a la persona, innegociable y por lo tanto no se puede condicionar. Un derecho humano fundamental obliga al estado a garantizar su goce y efectivo ejercicio.

Los centros educativos no están habilitados a exigir condiciones que ni esta ley impone, como las vacunas y el carné de salud. Cualquier disposición de rango inferior a esta ley que sea contraria a lo establecido en ella, es inaplicable porque vulnera este derecho humano fundamental.

¿Son obligatorias las vacunas?

Para contestar esa pregunta, hay que identificar el contexto en el que se nos presenta la situación. Son posibles dos: el asistencial y otro en el que surgen como supuesto requisito de un trámite.

En el ámbito asistencial, la normativa a invocar es la que refiere a los derechos del paciente. Buscar en la web del prestador de salud la Cartilla de derechos y DEBERES del afiliado. Varias de ellas están disponibles desde nuestra web (ver).
En la cartilla, buscar por «consentimiento informado» y se encontrará que es requerido para cualquier procedimiento invasivo. Luego buscar por «vacunas» y no se encontrará nada. Es decir: la vacunación no es un DEBER ni una condición para recibir asistencia ni tampoco para que el pediatra firme la página 24 del carné de salud del niño (aptitud física).
La cartilla recoge parte de la ley 18335 de 2008 de los derechos y OBLIGACIONES de los pacientes y usuarios de servicios de salud, la cual es posterior en el tiempo a ley 15272 de vacunas obligatorias y creación del certificado esquema de vacunación (CEV) en 1982. Por lo tanto quienes rechazan las vacunas, están amparados por la 18335.
No hace falta presentar ninguna carta ni firmar ningún formulario para hacer valer el derecho a no vacunar. Cada prestador de salud lo reconoce en la cartilla que publica.

En el ámbito de un trámite, se debe invocar la ley 18331 de protección de datos personales. Allí se establece que la información de salud es un dato sensible que nadie puede ser obligado a proporcionar, al igual que la opción sexual. La vacunación constituye información de salud y por lo tanto queda comprendida en ese derecho. Derecho a no proporcionar información sobre el estado vacunal.

Específicamente en el ámbito educativo hay que distinguir entre la educación pública y la privada. La ley 18437 de educación general establece que la misma es un derecho humano fundamental, lo cual significa que no se puede condicionar a requisitos como los carnés de salud y de vacunas, en los centros educativos públicos. En los centros privados rige el derecho de admisión. Pero después de pagar, ignorar cualquier exigencia extra porque implica la modificación unilateral del contrato inicial.

Cómo se prueban las vacunas

A fines del siglo XVIII, el padre de las vacunas, Edward Jenner, utilizó a un niño de 8 años para probar la vacuna contra la viruela. Un niño saludable, hijo de un campesino, fue su primer paciente humano. Lo inoculó en el brazo con materia extraída de las lesiones de la mano de una mujer que ordeñaba vacas y había resultado contagiada con la viruela bovina. Tras la inoculación, el niño contrajo la misma enfermedad. Unos días después, superada la dolencia, Jenner inoculó al niño con materia procedente de las pústulas de la viruela humana. El pequeño desarrolló una leve enfermedad entre el 7º y el 9º día manifestada por vesículas en los puntos de la inoculación, que desaparecieron sin complicaciones. Luego repitió estos experimentos con otras veintidos personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades graves ni murió.

Era 1796. No existían los derechos humanos ni el Código de Nüremberg que requiere el consentimiento informado de los participantes en experimentos.

A mediados del siglo XX, Willowbrook State School era un hogar para niños y adultos con enfermedades mentales ubicado en Nueva York. Las familias internaban a sus seres queridos para que recibieran, supuestamente, atención especializada. En 1947 alcanzó los 4000 residentes y luego superó los 6000. Willowbrook era una pesadilla. La enfermedad y el abandono se encontraban en todas partes y los residentes morían a causa de enfermedades y abusos. El Dr. Saul Krugman, un respetado pediatra de Nueva York, quería determinar si había múltiples cepas de hepatitis y si se podía crear una vacuna. Utilizó las condiciones de Willowbrook para su ventaja al reclutar nuevos internos. Había una larga lista de espera. Krugman ofrecía a los padres darles prioridad en dicha lista, si se unían a los experimentos. Los engañó diciéndoles que, dado que la hepatitis ya era frecuente en Willowbrook, sus hijos también podrían tener la oportunidad de vacunarse.

El estudio de Krugman en Willowbrook había sido autorizado por la Oficina de Salud Mental de Nueva York y la Junta Epidemiológica de las Fuerzas Armadas de la Oficina del Cirujano General. De 1955 a 1970, más de 50 niños con discapacidad mental de entre cinco y diez años, fueron inyectados con el virus o se les hizo beber leche achocolatada mezclada con heces de otros menores infectados para estudiar su inmunidad. Según Krugman, era probable que los internos adquirieran la enfermedad por el hacinamiento en el que vivían. Finalmente se descubrió cuánto les tomó a los menores mostrar síntomas de hepatitis. Luego de recuperados, les inocularon el virus nuevamente. Estos experimentos se realizaron para determinar si la hepatitis generaba inmunidad o reinfección.

En 1972, un reportero de la televisión, se coló en los terrenos de la escuela y transmitió las condiciones inhumanas en Willowbrook. Para ese momento, había unos 5300 internos, lo que lo convertía en el centro para enfermos mentales más grande del mundo. Alrededor de 600 tenían hepatitis. Muchos padres interpusieron demandas ante los tribunales de Nueva York por la violación de los derechos de sus hijos. Un juez ordenó en 1975, comenzar el traslado de las personas a otros centros. Willowbrook cerró en 1993. El estado de Nueva York fue condenado a velar de por vida por las óptimas condiciones de los nuevos hogares de los sujetos.

En el siglo XXI, tuvo lugar el mayor experimento para probar una nueva vacuna. No se habría aplicado compulsivamente a niños vulnerables sino que el método utilizado fue otro para que su alcance no estuviera acotado, sino que fuera mundial. En 2019 se liberó en China un supuesto virus mortal. Se amedrentó con el peligro y la amenaza que implicaba para todo el planeta. Se cerraron fronteras, se forzó al confinamiento de sanos y se impuso la higiene extrema. Sin embargo, la población de indigentes que habitaban espacios públicos y no respetaba ninguna de estas absurdas imposiciones supuestamente «preventivas», no sucumbía al mortal virus suelto. En realidad, lo que demostró es que el montaje del terrorífico escenario tenía como objetivo el de crear en la gente la necesidad imperiosa de aceptar una vacuna salvadora y experimentar con ella con todos confinados.

Así, durante el 2020, primer año de pandemia en Uruguay, fallecieron menos personas que el año anterior. La vacuna llegó en febrero de 2021 y a partir de ese momento se dispararon las muertes de las personas añosas y no tanto. Y entre los vacunados sobrevivientes se multiplicaron por tres las muertes súbitas. Pero a la fecha nadie las asocia a la vacuna anticovid19, ni siquiera la especialidad (cardiología) que reportó esa evidencia como significativamente estadística.

La vacuna era experimental porque había sido liberada tan sólo con una habilitación provisoria por los reguladores Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y Agencia Europea de Medicamentos (FDA y EMA por sus siglas en inglés). Sin embargo, las autoridades uruguayas ocultaron a la población esa condición y la propaganda destacaba sólo sus supuestas bondades salvadoras.

En su lanzamiento, la información sobre su supuesta eficacia era exitista para dar confianza en la gente que desesperadamente la ansiaba para ahuyentar la muerte y aferrarse a la vida. Pero a medida que se aplicaba, la verdad sobre su eficacia fue quedando en evidencia, como da testimonio un video basado en los titulares de los medios y desplegados en forma de cuenta regresiva: del 100% inicial a tan sólo 20%. Ese fracaso llevó a que se indujera a revacunar con refuerzos (“booster”). Pero eso tampoco fue suficiente como el final del mismo video documenta. Es obvio que la vacuna resultó un fiasco pero finalmente la vacuna Comirnaty de Pfizer fue aprobada definitivamente para los mayores de 12 años por la FDA.

En Uruguay rige el derecho al previo consentimiento informado tanto para someterse a procedimientos médicos como para participar de experimentos médicos. Pero no habrán juicios contra los fabricantes de las vacunas anticovid19 por el exceso de muertes ni por otros efectos ahora declarados por ellos, porque a los vacunados se les exigió suscribir la renuncia a ese derecho, tanto del propio como también del de los hijos e incapaces que llevaron a vacunar con la vacuna experimental. Mediante el “Acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita” que se le hizo firmar a cada persona como condición para recibir las vacunas anticovid19, los fabricantes obtuvieron la inmunidad jurídica. En 2022 en el transcurso del amparo a cargo del Juez Alejandro Recarey para suspender la vacunación contra COVID-19 en los menores de 13 años, fue convocada la empresa Pfizer pero no se presentó. Eso surge de la sentencia 41/2022: “Respecto del contenido de las vacunas, el Estado reproduce la información que da la propia empresa Pfizer-BioNTech -que no ha respondido a la Justicia uruguaya, y que no tiene personal de nivel gerencial responsable ubicable en el suelo nacional-: la llamada ‘fórmula cuali-cuantitativa’’”. Resulta entonces que es imposible demandar a Pfizer tanto en su país de origen como en Uruguay.

Cuando no existían los derechos, los vulnerables eran abusados sin consecuencias.

Cuando los derechos se conquistaron, se creyó erradicada la impunidad.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. Con claros derechos vigentes, nos convencieron de renunciar a ellos para convertirnos en los cobayos del mayor experimento médico en la historia de la humanidad. Y así se legaliza nuevamente la impunidad de los abusadores.

Oncoalerta en Uruguay

Desde mucho tiempo atrás, las condiciones del equipamiento médico para radiodiagnóstico y radioterapia han sido noticia reiteradas veces en Uruguay. Ni siquiera las dos presidencias de un reputado oncólogo sirvieron para superar los graves problemas denunciados en cada oportunidad y revertir la situación para ponernos a la vanguardia en el mundo. Tan es así, que el Ministerio de Salud Pública (MSP) del actual gobierno en lugar de fiscalizar por sí mismo, solicitó a un tercero -la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)- que destacara una misión para analizar e informar sobre el estado de situación. Entre 2021 y 2022 se llevó acabo esa iniciativa. A través de la prensa tomamos conocimiento del tema y como no encontramos publicado el informe que las autoridades mencionaban, lo solicitamos al MSP. Está disponible en nuestra web. A continuación detallamos algunas citas inquietantes que encontramos en él:

«…el Uruguay cumple los requisitos mínimos de infraestructura, habida cuenta de las necesidades de su población en materia de salud. Deberían actualizarse y reemplazarse equipos,…» en la página 7.

«Hay deficiencias en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros…» en la página 8.

«Hay lagunas en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros…” en la página 80.

«El campo del diagnóstico por la imagen es uno de los más afectados por las tecnologías anticuadas. Se debe implantar el control de la calidad, para así garantizar la calidad de las imágenes y la dosimetría en radiología y, en concreto, en las mamografías.» en la página 55.

«Los servicios de mamografía no se someten a procesos de garantía de la calidad.» en las páginas 6 y 50.

«… un gran número de los equipos médicos están afectados por problemas de obsolescencia y ya no reciben asistencia técnica de los fabricantes. Algunos hospitales no cuentan con ningún plan de mantenimiento de los equipos y cualquier avería puede provocar retrasos en el proceso de prestación del servicio sanitario…» en la página 57.

«... falta de contratos de mantenimiento preventivo y los largos plazos que se deben esperar para obtener piezas de repuestos…” en la página 64.

«...es fundamental promover las inversiones tecnológicas en radioterapia en el Uruguay. Cabe también destacar la necesidad de contratos de mantenimiento preventivo y de servicios para garantizar servicios ininterrumpidos y de calidad.» en la página 7.

«… es fundamental promover un cambio tecnológico gradual en materia de radioterapia en el Uruguay. Cabe también destacar la necesidad de contratos de mantenimiento preventivo para garantizar un servicio ininterrumpido. El conjunto actual de equipos de radioterapia es antiguo. Algunos elementos necesarios para gestionar satisfactoriamente el cambio tecnológico, como los sistemas de registro y verificación, no existen en el Uruguay. Para alentar el cambio tecnológico, es necesario corregir los estándares actuales, proporcionar más capacitación a los equipos profesionales y controlar los tratamientos que se ofrecen a los pacientes, para lo cual se deben aplicar medidas adecuadas de control de la calidad a los equipos de profesionales y los tratamientos.» en la página 64.

«En el Uruguay no existe ninguna sociedad científica de radioterapia, a pesar de que durante los últimos años ha habido varios intentos de crear una.» en la página 62.

«No está implantada para todas las prácticas la obligación de informar al paciente o al representante legal del paciente sobre los beneficios diagnósticos o terapéuticos previstos de los procedimientos radiológicos, ni tampoco sobre los riesgos de la radiación.» en la página 78.

«No hay ningún sistema de control de la calidad para los laboratorios de citología y anatomía patológica.» dice en la página 51. Y en la página siguiente sobre el cribado del cáncer de cuello de útero (CCU) por citología o prueba de Papanicolau (PAP), la OIEA cita que “La OMS recomienda el cribado a partir de los 30 años» y refiere que en Uruguay está establecido a partir de los 21 años. Esta discrepancia entre la recomendación de OMS y la política uruguaya para la e dad de inicio del cribado del CCU incrementa peligrosamente la ocurrencia de falsos positivos del PAP y sobrediagnósticos, agravada por la falta de control de los laboratorios que lo realizan.

Equipamiento para radioterapia

A continuación se presenta la lista de aceleradores lineales (AL) disponibles en el país al 2021, que se encuentra en la página 59 pero reordenada por sus años de uso:

Del análisis del cuadro anterior, surgen datos relevantes. Los seis AL más nuevos están en Montevideo. Los tres más viejos en el interior. Es preocupante que el equipo del Hospital de Clínicas, siendo el más nuevo, no está en uso sino en reparación. Seguramente fue adquirido de segunda mano, como lo son en Uruguay la mayoría de los equipos médicos. Un dato intrigante es que todos los AL en uso son del mismo fabricante: Varian. Este extraño “monopolio” no ocurre con los mamógrafos, sobre los que ya informáramos.

Equipamiento para radiodiagnóstico

Son muy preocupantes las reiteradas menciones a la falta de calidad de la mamografía en el informe de la OIEA aún sin aportar la lista de los mamógrafos disponibles y sus años de uso. La falta de calidad de la mamografía puede producir diagnósticos erróneos. Y su tratamiento con equipamiento de radioterapia obsoleto, puede derivar en iatrogenia. En resumen: las mujeres sin síntomas de cáncer de mama que se someten a una mamografía de control y sin calidad, se sobreexponen a múltiples riesgos innecesarios.

Como ya hemos señalado reiteradamente, hay que tener presente que la prevención no tiene nada que ver con la detección precoz. La prevención supone evitar un daño antes que ocurra. La detección precoz supone la existencia de un daño imperceptible al que va a revelar. Las mamas son glándulas externas, foco de atención de las mujeres durante toda su vida desde su desarrollo. Las campañas a favor de la mamografía en mujeres sin síntomas las subestiman, les induce un miedo irracional que las vuelve vulnerables, infantilizadas y dóciles, entregadas a que les expropien las mamas perdiendo la soberanía sobre su cuerpo.

Y para colmo, el cáncer de mama es el único cáncer que se busca en mujeres asintomáticas con una herramienta carcinogénica, como es la radiación ionizante usada en la mamografía. Como también hemos señalado en muchas oportunidades, esta es una situación que debería ser definitivamente cambiada al más alto nivel en beneficio de la salud de las uruguayas. Y no por campañas mediáticas y marketineras rosadas.

La mamografía forma parte del protocolo del control en salud (ex carné de salud) que se requiere para trabajar, estudiar, realizar actividad deportiva y obtener la licencia de conducir. Pero no es obligatoria sino con carácter de recomendada, como lo documenta el anexo de la ordenanza ministerial 1169/019. En Uruguay no hay procedimientos médicos obligatorios porque rige el derecho al previo consentimiento establecido por la ley 18335 en todos los casos.

No al chantaje con sangre

Una mamá que iba a dar a luz por cesárea programada en el SMI nos consultó sobre la pertinencia de aportar un donante de sangre previo a la internación. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando accedimos a la guía publicada por el prestador y verificamos que ese requisito es para todas las embarazadas a término y no sólo para las que se someten a cesárea programada.

Realizada la consulta al MSP sobre la legalidad de tal exigencia, la respuesta es la siguiente: la normativa vigente establece que la donación debe ser voluntaria y altruista y por lo tanto no se puede exigir donantes como condición a la asistencia. En ningún caso. Ver la fuente.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS URUGUAYOS CON DIABETES

El 14 de Noviembre se conmemora a nivel mundial, un día para hacer visible a la Diabetes, pero sigue pasando inadvertida para cientos de uruguayos y también para nuestras autoridades.

La Fundación Diabetes Uruguay es una organización sin fines de lucro que representa a las personas con Diabetes y su familia, viene trabajando por los derechos de éstas, desde hace más de 14 años. 

Tristeza es lo que se siente hoy, luego de unos nuevos 365 días de espera, al ver que las promesas del año pasado no se han cumplido en su totalidad y que las viejas y nuevas solicitudes, tampoco fueron atendidas.

A pocos días de un nuevo 14 de Noviembre, nuestra organización solamente tuvo la oportunidad de una reunión esperanzadora en Marzo 2023, con la nueva Ministra de Salud Pública, Dra. Karina Rando, en donde se plantearon todas las necesidades de las personas con Diabetes. Año tras año en esta fecha, se aguarda recibir algún anuncio del Ministerio de Salud Pública (MSP) con promesas de mejoras en el tratamiento para quienes viven con esta patología. 

 Promesas del MSP que NO se cumplieron:

– incorporación al Fondo Nacional de Recursos (FNR) de un tipo de insulina de larga duración,

– test de monitoreo flash para las personas con Diabetes para menores de 21 años a partir de enero 2023.

 Necesidades insatisfechas:

– Expediente MSP 12/001/1/3759/2023 que a pesar del tiempo transcurrido, seguimos sin avances.

– Reglamentación de la Ley 19.798 de Diabetes y Enfermedades No Transmisibles.

– Registro Nacional de Diabéticos según Decreto N° 223/021 del 09/07/2021.

– Expediente MSP 12/001/1/1785/2018: petición para incorporar dentro de las prestaciones obligatorias de los servicios de salud, a los sistemas de monitoreo continuo o flash de la glucosa, con Diabetes Tipo 1 en forma igualitaria e independiente del prestador (sin restricción de edades).

– Expediente MSP 12/001/1/244/2019: petición para que se incorpore a las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): tiras reactivas para medir cetonas en sangre, las agujas para lapiceras dosificadoras de insulina y las lancetas de punzores.

Expedientes Archivados por el MSP:

– Expediente MSP 12/001/1/1807/2019: otorgamiento de insulinas ultra-rápidas. 

– Expediente MSP 12/001/1/610/2020 y Expediente MEF 2017.05.001.0000.0.1919: solicitud de exoneración IVA de edulcorantes y alimentos sin azúcar.

Verdaderamente preocupa la falta de diálogo y compromiso de las autoridades a lo largo de los años, preocupa no poder concretar ninguno de los temas planteados. 

Tanto la incorporación de insumos para el tratamiento de la Diabetes, como la reglamentación de la Ley de Diabetes vigente (2019), mejorará la calidad de vida a las personas con Diabetes, garantizando sus derechos y asegurando el acceso a la Educación en Diabetes, pilar del tratamiento. 

“La educación no es una parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento”. Elliot Proctor Joslin (1869-1962) 

FDU agradece difusión

El MSP viraliza FAKE NEWS

Y los prestadores de salud juegan sucio

Entre el 19 y 26 de setiembre de 2023, la ministra de Salud Pública Dra. Karina Rando participó de las reuniones sobre salud en el marco de la 78a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada en Nueva York, de acuerdo a lo informado por el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública (MSP). El 26 de setiembre de 2023, el mismo MSP publicó en las redes sociales donde tiene presencia, que la ministra Rando habría expuesto ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “sobre cómo alcanzar a los no vacunados a través de registros digitales y herramientas de geolocalización” en Uruguay.

En la versión grabada sobre “Pongamos fin a las enfermedades transmisibles en las Américas: iniciativa de eliminación”, a partir del minuto 57 la Dra. Rando realiza su exposición. La geolocalización de los no vacunados estuvo ausente en la disertación con que la ministra presentó la información y que ella misma dice que es más larga que el tiempo del que dispone para comentarla. Solicitamos entonces al MSP el documento con la información completa de la presentación. Confirmamos que, efectivamente, el documento tampoco refiere a la geolocalización de no vacunados. Resulta entonces que los posteos del MSP en las redes son una tergiversación malintencionada de la presentación de la Dra. Rando ante la OPS.

La Dra. Rando expuso sobre la “Gestión de los datos relacionados a vacunación” y para eso citó los “Análisis realizados con georreferenciación” durante el año 2022, específicamente relacionados con coberturas de vacunación contra el COVID-19, las SRP (sarampión, rubéola y paperas) y el VPH (virus del papiloma humano), además del “Relevamiento geográfico de los puestos de vacunación”. Para eso describió el Sistema Informático de Vacunas (SIV), el cual se inició en 2017 y sólo contiene datos de personas vacunadas desde esa fecha, lo que constituye su historial vacunal.

La estrategia de georreferenciación consistió en la identificación de brechas en cobertura vacunal por localidad a partir de fuentes estadísticas, las cuales son anónimas. El MSP no fue a vacunar a domicilio contra el COVID-19 durante la emergencia sanitaria, ni después contra las SRP ni el VPH. Lo que se buscaba era llegar a la gente tan sólo mejorando la gestión de los vacunatorios y su logística de acuerdo a la concentración de población en el área donde estaban ubicados.

Un mes después el MSP publicó otra noticia sobre el mismo tema, citando nuevamente la georreferenciación como herramienta para fortalecer las coberturas de vacunación y nuevamente sin mencionar la geolocalización de los no vacunados. Eso no está en curso excepto que… se inste a la autoincriminación. ¿Y cómo funciona eso?

Geolocalización vs georreferenciación

La geolocalización es la tecnología que utiliza datos obtenidos de los dispositivos en poder de un individuo para identificar o describir su ubicación en tiempo real cuando usa un servicio basado en ella. Las aplicaciones que usan el GPS o las alertas de proximidad por bluetooth (beacons) como la Coronavirus.uy, permiten la ubicación de su portador en tiempo real.

La georeferenciación es la ubicación física de un objeto o persona con relación a un sistema de coordenadas para acceder posteriormente a ella. Cuando declaramos nuestro domicilio, pueden ser georreferenciados nuestro lugar de residencia u hogar.

Historia vacunal vs historia clínica

El MSP gestiona el ya mencionado SIV, el cual contiene datos sólo de los vacunados, es decir, sus historiales vacunales. Son los prestadores de salud los que poseen datos de usuarios por ser los custodios de sus historias clínicas, pero ignorando su estado vacunal, puesto que las vacunas no se registran en ellas. Por eso el MSP necesita de la complicidad de los prestadores para llegar a los no vacunados.

Autoincriminación

Para acatar una indicación médica, la normativa vigente en Uruguay establece el registro de la misma en la historia clínica por parte del médico así como el consentimiento del paciente. No se establece obligación alguna para personas sanas en caso de rechazar indicaciones sin registrar.

Hemos tomado conocimiento de que algunos prestadores de salud, requieren a las familias que no vacunan a sus hijos la firma de un formulario para declarar esa condición. Eso es completamente ilegal y falto de ética porque carece de: la indicación del médico responsable, la información sobre las vacunas indicadas y el logo identificatorio del servicio responsable del relevamiento de los datos. Y no se declara ni el destino ni la finalidad de los datos personales recabados, como mandata la ley 18331 de protección de datos personales.

La normativa vigente garantiza el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos terapéuticos para la patología que padecen, luego de diagnosticada la misma. Y la vacunación es un tratamiento terapéutico para una supuesta insuficiencia inmunitaria, aunque ni siquiera es diagnosticada. Por lo tanto, en nuestro país las personas sanas no pueden ser obligadas a someterse a tratamiento terapéutico alguno, y entonces las vacunas no son obligatorias en Uruguay.

Actualmente los prestadores de salud contactan telefónicamente a sus usuarios para inducirlos a agendar controles que no solicitaron. Por ejemplo, a las mujeres para la prueba de Papanicolau (PAP) o para la mamografía y a los padres de los menores de edad, para los controles pediátrico, odontológico, oftalmológico, etc.

Entonces, para evitar la geolocalización, desactivar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés) y las alertas de proximidad por bluetooth en el celular. Y para evitar la georreferenciación y posterior contacto telefónico que apremie a la vacunación, no corresponde declarar por escrito, ni firmar el rechazo a la vacunación.

Atención, choferes profesionales!

La vacuna antitetánica no es obligatoria para la expedición de la licencia de conducir profesional por la Intendencia de Montevideo. Escuchar el testimonio de Wilson, quien hoy 1/11/2023 la renovó sin ese requisito.

¡¡Muchas gracias, Wilson, por compartir tu experiencia!!

NOTA:

Las licencias de conducir no están unificadas a nivel nacional.

Los plazos por los que la Intendencia de Montevideo expide las licencias de conducir amateur y profesional están determinados por esta tabla. La omisión de vacunación antitetánica no es una patología comprendida en ella. Tampoco está comprendida en la lista de patologías que requieren certificados médicos complementarios.

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