El 27 de junio publicábamos la cronología de la investigación sobre la exportación de sangre humana que iniciamos en marzo. Ver.

La normativa vigente impide comercializar sangre humana y la exportación implicaría la violación a dicha norma. A la gente se la induce a donar sangre por solidaridad con compatriotas que la necesitarían pero empresas y el mismo estado estarían obteniendo ganancias por ella, además del estado obteniendo impuestos por esa exportación.

La Dirección General de Aduana declaró confidencial el detalle de las exportaciones de sangre por empresa. Entendemos que esa información no debería considerarse confidencial puesto que UruguayXXI reporta un listado completo de esas empresas.

El martes 16/8/2022 nos presentamos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para solicitar que el juez intime a la DGA a revelar dicha información. Se generó el expediente 2-42297-2022. El lunes 22 está citada la audiencia a la cual concurriremos acompañados del Dr.Cipriano Curuchet.

Mientras, el Hemocentro de Maldonado sigue cerrando acuerdos con más intendencias para canjear licencias de conducir por donación de sangre en el hemobus.

Quien quiera colaborar con los gastos judiciales de esta acción, puede aportar a la causa de Libertad Sanitaria Uruguaya a través de las cuentas en ABITAB colectivo nro 119302 (a nombre de Libertad Sanitaria Uruguay) y Red pagos (mi dinero) cuenta 3701050180 a nombre de Libertad Sanitaria Uruguay y la cédula es la del contador: 3.786.468-1.

Ya hay por lo menos dos casos de familias no vacunadas contra covid19 que sufren discriminación y mala praxis en el momento del parto, así como amenazas con judicializar al bebé. Son los casos de Amedrin en Fray Bentos y de ASSE en el Pereira Rosell. A continuación están disponibles los links con ambos testimonios:

Lorena y Rodrigo (Fray Bentos)

Janine Carballo (Montevideo)

Las embarazadas deben tener presente los siguientes derechos:

1) las vacunas y el hisopado no son obligatorios para las embarazadas, quienes pueden invocar el derecho al previo consentimiento establecido en el artículo 11 de la ley 18335 para rechazar ambos.

2) las embarazadas sin hisopar ni vacunar tienen derecho por ley 17386 a estar acompañadas en todo el proceso y hasta el parto por alguien de su confianza.

3) las vacunas y el hisopado en bebés no son obligatorios para el alta de los recién nacidos. Basta que la madre solicite firmar las historias clínicas (la de ella y la del bebé) para retirarse del centro de salud con su bebé, si considera que el personal vulnera sus derechos y los de su bebé. Es el artículo 24 de la misma ley 18335 la que ampara esa decisión personal de retirarse sin el alta de ella ni la de su bebé.

4) la ley 19286 del código de ética médica vigente en Uruguay desde 2014 obliga a todos los médicos en ejercicio en Uruguay a respetar esas decisiones de las embarazadas.

El miércoles 10 de agosto fuimos invitados a participar en este prestigioso medio de Tacuarembó. Hablamos de la no obligatoriedad de las vacunas en Uruguay, de los riesgos de los chequeos en personas sanas, de los mamógrafos de 2a mano a los que se exponen las mujeres de todo el país y más.

Agradecemos a La Kandela el espacio y el micrófono para divulgar las acciones y objetivos es LSU.

Un chofer profesional tuvo un problema de salud del que se recuperó. Pero al renovar su licencia de conducir en Montevideo, la Intendencia estampó en ella unos códigos cuyo significado se podía obtener en la misma web de la IMM.

Como consecuencia de ello, fue rechazado en postulaciones a ofertas laborales. El caso llegó al área jurídica de la IMM.

La sala de abogados del Congreso de Intendentes hizo lugar al planteo del ciudadano y determinó que se le entregara un nuevo documento sin esa información y sin costo para el titular.

Pero el tema abrió el debate para suprimir esos datos de la licencia de conducir y más allá: se plantea eliminar todas las restricciones de salud que hoy constan en los documentos. (Ver Nota en El Observador).

Desde LSU estamos impulsando ante los legisladores un proyecto de ley para que la información de salud deje de constituir un documento por si mismo: proponemos la derogación del carné de salud y que en su lugar se promueva la realización de esos chequeos.

Por un URUGUAY sin CARNÉS adhiere con tu firma!

Ayer, 1o de agosto, se conoció la sentencia 127-2022 de revocación al segundo fallo del juez Alejandro Recarey recaído contra el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En ese texto se transcribe la sentencia de Recarey, la apelación del Ministerio del Interior, del MSP, el alegato de quienes impulsaron el amparo y el fallo del TA.

La sentencia de Recarey imponía al MSP cumplir con su obligación de realizar el control de calidad de las vacunas establecida en la ley 9202, art.2, inciso 5: «El Ministerio de Salud Pública contraloreará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas.» Además imponía no discriminar a los no vacunados al exigirles un PCR negativo para regresar a su país.

La apelación del MSP se agraviaba porque el juez había redactado la sentencia en tan sólo «55 páginas«, sin haber leído los «miles de hojas de prueba documental» que le había aportado en respuesta a sus 16 preguntas. Más de la mitad de ese material está en inglés: el juez debía fallar en español.

De ese material, el que más destaca es el que aporta para descartar la presencia de excipientes tóxicos en las vacunas. Esto confirma contundentemte que el MSP no realiza control de calidad a las vacunas. Y lo más sorprendente es que se basa en un fact checker de la agencia Reuters como «información científica» de las vacunas. Es la referencia-3 de la pregunta–6.

Un evento curioso y fuera del libreto en la audiencia del amparo impulsado por Dentone, fue la intervención disruptiva de la abogada en representación de la Presidencia, Dra.María del Carmen Gonzalez. Escuchar el audio. La abogada tenía el rol de defender los contratos confidenciales con Pfizer. Sin embargo reveló su situación personal que ni el juez (a quien pretendió recusar por falta de imparcilidad) le habia preguntado: ella no se había vacunado por indicación de su médico, ya que habría padecido cáncer. Entre el material que aportó el MSP al juez está la priorización de la campaña de vacunación anticovid. En ella se consideraba a los pacientes de cáncer como de alto riesgo de sufrir Covid y por eso eran de los primeros en recibirla. Sin embargo ella no acató la directiva del MSP, parte del equipo de gobierno al que ella defendía.

Otro documento clasificado como confidencial que gracias a este proceso se hizo público, es el registro de autorización a Pfizer por el MSP, el cual establece que la vacuna se debe entregar «bajo receta profesional«. Notar al pie la leyenda por la cual el MSP ocultó este documento por el art.10 de la ley 18381. Esto desconoció el importante rol que Pfizer reconocía a los pediatras.

Esta revocación hizo dolete contra el estado de derecho y a favor de la dctadura sanitaria. Es la campaña de manipulación masiva más grande en acuerdo del oficialismo y la oposición, del sindicalismo y las patronales.

En julio de 2021 se informaba sobre las miocarditis y pericarditis derivadas de la vacunación anticovid en el Boletín Farmacológico. Pero un artículo científico uruguayo (uno de cuyos autores es el Dr. Gustavo Giachetto) advierte que esos efectos adversos también se observan en la vacuna antivariólica (la vacuna contra la viruela del mono, por ejemplo).

Fuente: aquí

Para descargar el archivo, aquí.

Otras fuentes con referencias a miocarditis por la antivariólica:

Recomendaciones de organismos internacionales y agencias reguladoras de medicamentos acerca de la vacuna contra la viruela símica (Perú, julio’22)

La vacuna contra la viruela del mono es a virus vivo. La ficha técnica en español está disponible aquí.

En 2020, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Martín Lema, creó el Programa de Participación Ciudadana (Propaci). El objetivo era que ciudadanos y organizaciones propusieran proyectos de ley, tanto para modificar normativa existente como para legislar sobre situaciones nuevas.

En ese marco, LSU registró estas iniciativas: dos sobre vacunas y dos sobre carnés de salud. El objetivo es sustituir obligación y sanción por promoción y estímulos.

Se agradece difundir y compartir para concientizar a los legisladores. Es necesaria la firma de alguno de ellos para iniciar su trámite parlamentario.

Vacunas

1. establecer que la vacunación es un acto médico para que se actúe como en otros procedimientos médicos (ver).
2. establecer un sistema de indemnización a los dañados por vacunas (ver).

Carnés de salud

1. crear el control de salud voluntario y establecer un día de licencia anual para que cualquier trabajador (tanto de la actividad pública como privada) concurra a realizarlo (ver).
2. crear el control de salud pediátrico voluntario y establecer que se otorgue un bono crianza por cada control pediátrico realizado (ver).

El Tribunal de Apelaciones (TA) revocó la sentencia del juez Alejandro Recarey, que había dispuesto la suspensión, con una nueva sentencia.

Junto con Esteban Queimada analizamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones qe revocó la del juez Alejando Recarey y restableció la vacunación de los menores de 13 años en Uruguay. Comentamos la información obtenida gracias a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obligó al MSP a entregarla a Nicolás Souto. Hablamos sobre la inciativa de proyecto de ley para que la vacunación se registre en la historia clínica y el de indemnización a los dañados por vacunas.

https://drive.google.com/file/d/1kb0WEGEq1Q8_7GfgvW-V1LKxIQMYATCk/view?usp=sharing

El Ministerio de Salud Pública respondió el pedido de información sobre los fallecidos por causa de muerte y estado vacunal en 2021. La respuesta completa del MSP comprende el período desde febrero a diciembre. En total hubo 38.077 fallecidos por todas las causas.

Hubo que buscar la codificación CIE-10 de las causas de muerte y asociarla mediante una función de excel a los códigos para leer mejor la información original.

Luego ordenando por la columna de los no vacunados, quedaron 270 causas de muerte por las cuales fallecieron 386 personas vacunadas y ninguna no vacunada, el 1% de los 38.077.

Esas 270 causas de muerte exclusivas de los vacunados deberían ser investigadas como posibles efectos adversos de las vacunas anticovid.