El miércoles 14/9/2022 fue presentado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) el nuevo carné de control pediátrico, el cual unifica los cuatro carnés de salud infantil existentes: el del niño, el de la niña, el del niño Down y el de la niña Down. En la tapa se cita el decreto-ley 14852 por el cual fue creado en la última dictadura militar y el decreto 542 de 2007 del Dr. Tabaré Vázquez.

Queremos advertir que erróneamente en su interior se informa que «presentarlo será requisito para la inscripción a los centros educativos«. En primar lugar, decimos que esa información es incorrecta porque en Uruguay la educación es un derecho humano fundamental según se establece en la ley 18437 (ley general de educación) y por eso NO establece condiciones para ejercerlo. En particular la ley no cita carné alguno como requisito para la escolarización. Y ninguna circular está por encima de la ley.

Alertamos además que por ley 18335 (derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de servicios de salud), la historia clínica en custodia del prestador de salud es el único documento y con carácter de reservado que todo ciudadano tiene derecho a tener para su asistencia. La misma ley obliga a los médicos a registrar en ella cada evento en la salud desde el nacimiento hasta la muerte y no menciona ningún carné. Por lo tanto el carné carece de valor legal tanto en el ámbito asistencial como fuera de él.

Destacamos también, que en Uruguay está vigente la ley 18331 (protección de datos personales) la cual establece que la información de salud es de carácter sensible y nadie puede ser obligado a proporcionarla. Eso determina que la información de salud no puede constar en un documento de identidad como es el carné pediátrico y el de salud en general.

Finalmente advertimos que los controles pediátricos no son obligatorios. Lo son para los prestadores de salud que cobran las metas asistenciales al MSP si demuestran que sus afiliados los realizan. Pero de ninguna manera son obligatorios para los afiliados. En Uruguay los procedimientos médicos no son obligatorios.

La protección a la salud es un derecho y no una obligación.

Vacunate con derechos y serás inmune a los atropellos.

El 7/3/2022 un medio informaba que Uruguay exporta sangre humana a Rusia y Ucrania. Googleando (sin éxito) por otras fuentes de la misma noticia, un rato más tarde la publicación había sido modificada: una nota rectificatoria al pie declara que se trata de un error. Es que la ley 18307 prohibe la comercialización de sangre humana con fines de lucro. Este curioso evento motivó una investigación con resultado sorprendente que dio origen a varios pedidos de informes.

El 26 de mayo Libertad Sanitaria Uruguay (LSuy) presentó a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) una solicitud de acceso a la información pública en su poder (ley 18381) con cinco preguntas:

1) normativa nacional que habilita a exportar sangre humana y sus hemoderivados,
2) autorizaciones requeridas por la DNA para habilitar dicha exportación,
3) responsables que intervienen en el proceso,
4) monto y unidades del producto con NCM4 3002 exportados por año y por país destino entre 2001 y 2021,
5) monto y unidades del producto con NCM4 3002 exportados por año y por empresa exportadora entre 2001 y 2021.

La DGA respondió lo siguiente:

1) no está prohibido exportar sangre humana,
2) como no está prohibido, no se exigen habilitaciones,
3) intervienen exportador y despachante,
4) adjunta un listado completo con monto y unidades del producto con NCM4 3002 exportados por año y por país destino entre 2001 y 2021,
5) omite respuesta por considerar que es información confidencial.

Ante esto, y sin ninguna evidencia de la supuesta «confidencialidad» de la información solicitada, decidimos contactar al Dr.Cipriano Curuchet para iniciar las acciones legales tendientes a obtener la respuesta a la pregunta 5. El proceso se realizó ante el Juzgado Letrado en Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno intimando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de quien depende la DNA.

El lunes 22/8/2022 nos presentamos en dicho juzgado a la audiencia convocada por el juez Dr. Carlos Waldemar Aguirre Daniele. Esta primera audiencia colmó de asombro a quienes concurrimos a la misma. No sólo porque el motivo expuesto en la contestación a la demanda ya no se basaba en la confidencialidad de la información requerida, sino porque argumentaban que la identificación del producto era imprecisa, pues debía contener diez dígitos en lugar de los cuatro referidos, lo que permitiría identificar correctamente el producto. Lo endeble y totalmente falso del argumento queda de manifiesto en el hecho de que, en la pregunta 4 esta «imprecisión» no fue obstáculo para que nos adjuntaran la información solicitada para ese producto identificado sólo con cuatro dígitos como respuesta a la pregunta 4. Pero aún obviando esto, el juez señaló que se estaba planteando un defecto formal en el pedido, lo que hacía pertinente que fuera salvado allí mismo para lograr llevar a buen término una conciliación y no hacer perder tiempo y dinero a nadie, en particular, al Estado. Sin embargo, el abogado de la parte demandada se negó rotundamente a ello diciendo que no estaba habilitado para aceptar eso. Fue sorprendente presenciar la paciencia y el buen actuar del juez insistiendo con esto una y otra vez para obtener siempre la misma absurda respuesta similar a la de los niños encaprichados que no razonan. ¿Debemos creer que un abogado experto, como el propio juez señaló, pues le conocía, no entendía la falta de fundamento de su negativa a conciliar?

Además, el MEF aportó la contestación a la demanda como es de rigor, pero no aportó copia de la prueba para nosotros como también corresponde y el juez dispuso tres días para que cumplieran con dicho requisito legal de todos los juicios. ¿Debemos creer en las casualidades, también?

Ver acta de la audiencia.

Así quedó esta primera audiencia, dejándonos en la investigación de los –ahora famosos entre nuestro grupo– diez dígitos requeridos, aunque entendiéramos que no eran necesarios a nuestro pedido.

Luego que el MEF entregara la copia faltante del expediente 1069, el juez fijó la nueva audiencia para proceder a obtener las respuestas pedidas al MEF ante el juzgado. Fue realizada el día 31 de agosto con el juez Gabriel Ohanián. A la misma se presentó el Ing. Matías Prieto, Gerente de Tecnologías de la Información como representante del MEF. De sus declaraciones surgió claramente que la DNA tiene la información acerca de si se exporta sangre humana, a quién y en qué cantidades, a partir de su sistema de gestión aduanera, el sistema «Lucía». De las respuestas no solo surge esto, sino que el MEF envió una persona que desconoce la información sobre la que se está preguntando, excepto lo que refiere al funcionamiento informático del sistema, y así lo declara. ¿Hemos de entender que la DNA carece de personal calificado para contestar algo tan simple y que refiere expresamente a sus funciones plasmadas en el Código Aduanero (CAROU) aprobado en la ley Nº 19276 del 2014?

Ver acta de la audiencia.

A la salida de esa audiencia ya fuera del juzgado, hablamos informalmente con el abogado y el experto del MEF. El asombro en grado de estupefacción nos envuelve…. Se comprometieron a enviarnos el enlace al sistema «Lucía», la fuente en su web ¡donde podríamos obtener la información que buscábamos! Esa información nos llegó dos días después por mail.

Pudimos constatar de esa fuente pública surge que cada declaración única aduanera (DUA) contiene toda la información solicitada, como se aprecia para la información obtenida sólo para el 2022. El sistema «Lucía» permite ver DUA a DUA y no en forma global, como aportaría el listado. Además no pudimos indagar para los años anteriores al 2022. Es decir que, obviamente, no es una información confidencial ni nada que se le parezca, como argumentaron. ¿Debemos pensar que alguien nos niega exprofeso la información que buscamos?, ¿con qué fin?, ¿y qué es lo que se quiere ocultar?

Quedó fijado el miércoles 7 para la presentación de los alegatos finales. Así se hizo y ya el día siguiente, el juez actuante, en esta oportunidad Pablo Javier Gandini Bottini, dictó sentencia condenando al MEF a proporcionar en 72 horas la información que solicitáramos y nos negaran.

No podemos dejar de reconocer que sentimos una gran satisfacción de que se nos amparara en nuestros derechos. Indudablemente, el MEF podría apelar, aunque sin fundamento alguno. Pero son los sinsentidos de la «justicia». Por el momento, quedamos a la espera de la información y confiando en la justicia.

Para financiar los gastos judiciales de estas acciones confiando en la justicia, están abiertas las cuentas:

Con motivo de una carrera a realizarse en Rocha y para la cual se exigía la presentación del carné de salud, el Edil Fernando Vicente presentó su rechazo a tal exigencia en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de Rocha del día 30/8/2022.

Mucha gente no se inscribió a la carrera. Otros se inscribieron, pagaron y no les permitieron correr por no presentar el carné. Ese requisito refuerza la idea de que la actividad física es mortal, lo cual contradice las recomendaciones de los médicos: no se quede quieto y haga ejercicio!

Desde LSU apoyamos esta denuncia y aspiramos a que sea prontamente diligenciada de acuerdo a lo solicitado por su promotor.

El año pasado nos reunimos con el Senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto y el Diputado César Vega del PERI.

Hace unos días nos reunimos con los diputados Elsa Capillera, Rafael Menéndez y Nazmi Camargo, de Cabildo Abierto.

Hoy nos reunimos con el Diputado Daniel Martínez del Partido Nacional.

A todos les informamos de los cuatro proyectos de ley que presentamos para adecuar la normativa sobre vacunas y sobre carné de salud.

Martínez se comprometió a contactarnos con el Dr. Alfredo de Mattos, actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Documento entregado.

El 27 de junio publicábamos la cronología de la investigación sobre la exportación de sangre humana que iniciamos en marzo. Ver.

La normativa vigente impide comercializar sangre humana y la exportación implicaría la violación a dicha norma. A la gente se la induce a donar sangre por solidaridad con compatriotas que la necesitarían pero empresas y el mismo estado estarían obteniendo ganancias por ella, además del estado obteniendo impuestos por esa exportación.

La Dirección General de Aduana declaró confidencial el detalle de las exportaciones de sangre por empresa. Entendemos que esa información no debería considerarse confidencial puesto que UruguayXXI reporta un listado completo de esas empresas.

El martes 16/8/2022 nos presentamos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para solicitar que el juez intime a la DGA a revelar dicha información. Se generó el expediente 2-42297-2022. El lunes 22 está citada la audiencia a la cual concurriremos acompañados del Dr.Cipriano Curuchet.

Mientras, el Hemocentro de Maldonado sigue cerrando acuerdos con más intendencias para canjear licencias de conducir por donación de sangre en el hemobus.

Quien quiera colaborar con los gastos judiciales de esta acción, puede aportar a la causa de Libertad Sanitaria Uruguaya a través de las cuentas en ABITAB colectivo nro 119302 (a nombre de Libertad Sanitaria Uruguay) y Red pagos (mi dinero) cuenta 3701050180 a nombre de Libertad Sanitaria Uruguay y la cédula es la del contador: 3.786.468-1.

Ya hay por lo menos dos casos de familias no vacunadas contra covid19 que sufren discriminación y mala praxis en el momento del parto, así como amenazas con judicializar al bebé. Son los casos de Amedrin en Fray Bentos y de ASSE en el Pereira Rosell. A continuación están disponibles los links con ambos testimonios:

Lorena y Rodrigo (Fray Bentos)

Janine Carballo (Montevideo)

Las embarazadas deben tener presente los siguientes derechos:

1) las vacunas y el hisopado no son obligatorios para las embarazadas, quienes pueden invocar el derecho al previo consentimiento establecido en el artículo 11 de la ley 18335 para rechazar ambos.

2) las embarazadas sin hisopar ni vacunar tienen derecho por ley 17386 a estar acompañadas en todo el proceso y hasta el parto por alguien de su confianza.

3) las vacunas y el hisopado en bebés no son obligatorios para el alta de los recién nacidos. Basta que la madre solicite firmar las historias clínicas (la de ella y la del bebé) para retirarse del centro de salud con su bebé, si considera que el personal vulnera sus derechos y los de su bebé. Es el artículo 24 de la misma ley 18335 la que ampara esa decisión personal de retirarse sin el alta de ella ni la de su bebé.

4) la ley 19286 del código de ética médica vigente en Uruguay desde 2014 obliga a todos los médicos en ejercicio en Uruguay a respetar esas decisiones de las embarazadas.

El miércoles 10 de agosto fuimos invitados a participar en este prestigioso medio de Tacuarembó. Hablamos de la no obligatoriedad de las vacunas en Uruguay, de los riesgos de los chequeos en personas sanas, de los mamógrafos de 2a mano a los que se exponen las mujeres de todo el país y más.

Agradecemos a La Kandela el espacio y el micrófono para divulgar las acciones y objetivos es LSU.

Un chofer profesional tuvo un problema de salud del que se recuperó. Pero al renovar su licencia de conducir en Montevideo, la Intendencia estampó en ella unos códigos cuyo significado se podía obtener en la misma web de la IMM.

Como consecuencia de ello, fue rechazado en postulaciones a ofertas laborales. El caso llegó al área jurídica de la IMM.

La sala de abogados del Congreso de Intendentes hizo lugar al planteo del ciudadano y determinó que se le entregara un nuevo documento sin esa información y sin costo para el titular.

Pero el tema abrió el debate para suprimir esos datos de la licencia de conducir y más allá: se plantea eliminar todas las restricciones de salud que hoy constan en los documentos. (Ver Nota en El Observador).

Desde LSU estamos impulsando ante los legisladores un proyecto de ley para que la información de salud deje de constituir un documento por si mismo: proponemos la derogación del carné de salud y que en su lugar se promueva la realización de esos chequeos.

Por un URUGUAY sin CARNÉS adhiere con tu firma!

Ayer, 1o de agosto, se conoció la sentencia 127-2022 de revocación al segundo fallo del juez Alejandro Recarey recaído contra el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En ese texto se transcribe la sentencia de Recarey, la apelación del Ministerio del Interior, del MSP, el alegato de quienes impulsaron el amparo y el fallo del TA.

La sentencia de Recarey imponía al MSP cumplir con su obligación de realizar el control de calidad de las vacunas establecida en la ley 9202, art.2, inciso 5: «El Ministerio de Salud Pública contraloreará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas.» Además imponía no discriminar a los no vacunados al exigirles un PCR negativo para regresar a su país.

La apelación del MSP se agraviaba porque el juez había redactado la sentencia en tan sólo «55 páginas«, sin haber leído los «miles de hojas de prueba documental» que le había aportado en respuesta a sus 16 preguntas. Más de la mitad de ese material está en inglés: el juez debía fallar en español.

De ese material, el que más destaca es el que aporta para descartar la presencia de excipientes tóxicos en las vacunas. Esto confirma contundentemte que el MSP no realiza control de calidad a las vacunas. Y lo más sorprendente es que se basa en un fact checker de la agencia Reuters como «información científica» de las vacunas. Es la referencia-3 de la pregunta–6.

Un evento curioso y fuera del libreto en la audiencia del amparo impulsado por Dentone, fue la intervención disruptiva de la abogada en representación de la Presidencia, Dra.María del Carmen Gonzalez. Escuchar el audio. La abogada tenía el rol de defender los contratos confidenciales con Pfizer. Sin embargo reveló su situación personal que ni el juez (a quien pretendió recusar por falta de imparcilidad) le habia preguntado: ella no se había vacunado por indicación de su médico, ya que habría padecido cáncer. Entre el material que aportó el MSP al juez está la priorización de la campaña de vacunación anticovid. En ella se consideraba a los pacientes de cáncer como de alto riesgo de sufrir Covid y por eso eran de los primeros en recibirla. Sin embargo ella no acató la directiva del MSP, parte del equipo de gobierno al que ella defendía.

Otro documento clasificado como confidencial que gracias a este proceso se hizo público, es el registro de autorización a Pfizer por el MSP, el cual establece que la vacuna se debe entregar «bajo receta profesional«. Notar al pie la leyenda por la cual el MSP ocultó este documento por el art.10 de la ley 18381. Esto desconoció el importante rol que Pfizer reconocía a los pediatras.

Esta revocación hizo dolete contra el estado de derecho y a favor de la dctadura sanitaria. Es la campaña de manipulación masiva más grande en acuerdo del oficialismo y la oposición, del sindicalismo y las patronales.

En julio de 2021 se informaba sobre las miocarditis y pericarditis derivadas de la vacunación anticovid en el Boletín Farmacológico. Pero un artículo científico uruguayo (uno de cuyos autores es el Dr. Gustavo Giachetto) advierte que esos efectos adversos también se observan en la vacuna antivariólica (la vacuna contra la viruela del mono, por ejemplo).

Fuente: aquí

Para descargar el archivo, aquí.

Otras fuentes con referencias a miocarditis por la antivariólica:

Recomendaciones de organismos internacionales y agencias reguladoras de medicamentos acerca de la vacuna contra la viruela símica (Perú, julio’22)

La vacuna contra la viruela del mono es a virus vivo. La ficha técnica en español está disponible aquí.